Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 69572
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 69.572, "Milantic Trans S.A. c/ Ministerio de la Producción (Astillero Río Santiago y ot.) s/ Ejecución de sentencia. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Carral , Kohan , Borinsky .
Esta Suprema Corte rechazó los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos por la actora contra la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, que -en su oportunidad- revocó el fallo de primera instancia mediante el cual se reconoció la validez del laudo arbitral extranjero cuyo cumplimiento se procuró en este juicio, ordenó que se lleve adelante su ejecución e impuso las costas a la demandada (v. fs. 493/529).
Disconforme, la actora interpuso recurso extraordinario federal (v. fs. 535/555), el que a su turno fue concedido por este Tribunal (v. fs. 573/574).
Llegado el caso a su conocimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso extraordinario federal articulado, dejó sin efecto la sentencia recurrida, distribuyó las costas en el orden causado y ordenó la devolución de las actuaciones a este Tribunal a fin de que -por quien correspondiera- se dictase un nuevo pronunciamiento (v. fs. 590/602).
Vueltos los autos, integrado el Tribunal (v. acta electrónica de fecha 2 de marzo de 2022 y resol. del del 7 de marzo de 2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
Visto lo resuelto por la Corte Suprema, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Mediante el pronunciamiento de fs. 493/529, esta Suprema Corte rechazó en primer término el recurso extraordinario de nulidad deducido por la actora.
En sustento de su decisión, este Tribunal consideró que los argumentos planteados a través de dicha vía no expresaban otra cosa que la disconformidad de la impugnante con el modo en que la Cámara interviniente había resuelto la controversia, es decir que no suponían la configuración de ninguno de los vicios contemplados en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, sino que apuntaban a supuestos errores in iudicando , ajenos al recurso extraordinario de nulidad y propios del de inaplicabilidad de ley.
Negó que el Tribunal de Alzada hubiese omitido el tratamiento de una cuestión esencial. Puntualizó, en tal sentido, que la denuncia formulada recaía -en verdad- sobre una supuesta falta de fundamentación, que no fue demostrada por el recurrente.
Precisó que los meros argumentos de hecho o de derecho en que las partes sustentan sus pretensiones o defensas no revisten el carácter de cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento.
Agregó que no se configura la omisión de cuestión esencial si esta fue resuelta en forma implícita, aunque negativamente para las pretensiones del impugnante, sin que ello importe el acierto jurídico de la decisión a los efectos del recurso extraordinario de nulidad.
Concluyó que el recurrente no había puesto de relieve los motivos excluyentes que, según la Constitución provincial, habilitaban el andarivel impugnativo escogido y que había confundido sus causales con las del recurso de inaplicabilidad de ley al alegar absurdo en el fallo atacado.
I.2. En la misma ocasión, esta Suprema Corte desestimó el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora.
Para así decidir, el ponente, señor Juez doctor de Lázzari, cuyo voto acompañaron la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, sostuvo que la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, aprobada en nuestro país mediante la ley nacional 23.619, resultaba aplicable al caso planteado con todas sus cláusulas. Entre estas últimas, destacó las que indican que previamente debe evaluarse si el reconocimiento o ejecución de la sentencia o laudo arbitral son contrarios al orden público interno (v. esp. art. V, pto. 2.b., Convención cit.).
Descartó que la falta de planteamiento por la parte interesada de este tipo de objeciones impida tenerlas en cuenta al momento de resolver. Consideró que el principio dispositivo debe ceder -por ejemplo- cuando se hallan en juego las directrices mayores y de orden público contenidas en la Constitución. En apoyo de esta conclusión, citó la jurisprudencia sentada por la Corte nacional en las causas "Mill de Pereyra", "Banco Comercial de Finanzas" y "Rodríguez Pereyra", entre otras.
Análogamente, entendió que, en cumplimiento del art. V, punto 2.b. de la antes citada Convención de Nueva York, esta Corte debía estudiar si el "contrato de construcción" -motivo de la controversia- pudo celebrarse de la forma y con los alcances con que se lo hizo y, en concreto, si ello no implicó una violación del orden público interno, con independencia de las alegaciones de las partes interesadas.
Recordó un precedente de la Corte federal donde se señaló que la eficacia extraterritorial de una resolución dictada en el extranjero está condicionada a la satisfacción de ciertos requisitos que pueden ser verificados de oficio por el juez requerido, entre los que se encuentran la compatibilidad de lo actuado y resuelto con los principios y leyes de orden público del Estado donde se pida el reconocimiento (CSJN Fallos: 319:2411 cons. 4°). Asimismo, invocó jurisprudencia de dicho Tribunal a tenor de la cual el principio del debido proceso adjetivo, consagrado en el art. 18 de la Constitución nacional, integra el orden público internacional argentino (CSJN Fallos: 319:2411 cons. 5°; 336:503 cons. 4°; e.o.).
También trajo a colación lo expuesto en trabajos especializados de distintos autores; lo dispuesto sobre sentencias de tribunales extranjeros en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de esta Provincia (arts. 517 inc. 4 y 515 inc. 4, respectivamente); lo regulado en materia de laudos arbitrales por el art. 1.656 del Código Civil y Comercial y reflexiones propias sobre las consecuencias de interpretaciones diferentes a la propugnada.
Sentado lo anterior, manifestó que la concreción del "contrato" y el compromiso arbitral objeto del presente litigio resultaban violatorios de nuestro derecho interno por transgredir principios de orden público.
En esa dirección, consideró incumplida una de las condiciones de validez pactada por las partes, consistente en la aprobación del acuerdo "...en forma de una ley específica promulgada por la legislatura de la Provincia". Advirtió que, en el escrito de contestación de demanda, el representante del Fisco aludió a la falta de esa ley, si bien no insistió con tal línea de defensa frente a la sentencia de primera instancia que acogió la pretensión de la actora, sino que -sorprendentemente- limitó su apelación a la condena en costas.
Más allá de esta circunstancia, la Suprema Corte consideró que ni las leyes 11.615, 11.837 y 12.287, ni el decreto 4.154/96 constituyeron la norma que el Estado demandado debía dictar para aprobar el "contrato" suscripto. Puntualizó que la primera ley citada es anterior y que tuvo por objeto ratificar un convenio de transferencia celebrado entre el Estado nacional y el provincial; que las dos siguientes solo autorizaron al Ente Administrador del Astillero Río Santiago a contratar las garantías bancarias necesarias para llevar adelante la construcción de buques destinados a la exportación, sin mayores precisiones y que el decreto restante en modo alguno encuadra en la previsión transcripta.
Observó que la Cámara interviniente desestimó el exequatur por "...ausencia de ley local aprobatoria del acuerdo de composición que trae el contrato celebrado", argumento que -evaluó- no fue debidamente atacado por la recurrente.
Para más, entendió no demostrado que se hubieran llevado a cabo actuaciones indispensables para la validez de la negociación y el posterior arbitraje, tales como la debida intervención del señor Fiscal de Estado (arg. arts. 155, Const. prov.; 1 y 38 inc. "d", dec. ley 7.543/69; e.o.).
Concluyó así que los obstáculos opuestos al reconocimiento de la resolución arbitral, sumados a las falencias técnicas del recurso de inaplicabilidad presentado, conducían a su rechazo, con costas.
I.3. Además de lo ya indicado, el Tribunal ordenó extraer y certificar fotocopias de las presentes actuaciones a fin de remitirlas a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de La Plata, en el entendimiento de que las varias y graves irregularidades constatadas, así como la falta de una apropiada defensa de los intereses públicos y de un activo contralor de las actividades de los distintos cuadros administrativos, advertían sobre la posible comisión de delitos de acción pública.
II. Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario federal.
En su presentación, estimó configurado un conflicto susceptible de ser encuadrado en el art. 14 inc. 3 de la ley 48, en tanto había invocado el derecho al reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral bajo lo dispuesto en un tratado internacional -la Convención de Nueva York- y el fallo impugnado lo denegó.
Añadió que, asimismo, la sentencia recurrida desconoció la firmeza y autoridad de cosa juzgada que la decisión de primera instancia había adquirido al no ser apelada por la Fiscalía de Estado, salvo en lo atinente a la imposición de costas. También planteó que por ese conducto se incurrió en reformatio in pejus, al revocar una decisión que no era objeto de revisión; que se transgredió el principio de congruencia; y que, al avasallar todas estas garantías, se violó el debido proceso, tutelado por los arts. 18 de la Constitución nacional, 8 inc. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Seguidamente sostuvo que la sentencia atacada era confiscatoria del derecho de Milantic al cobro de un crédito emergente de un contrato válidamente celebrado y reconocido por un tribunal internacional, lo cual -a su entender- transgredía el derecho de propiedad tutelado por el art. 17 de la Constitución nacional.
De manera general, consideró que la negligencia o error de la Provincia de Buenos Aires en la preservación de sus intereses no podía obrar en beneficio de esta, liberándola del cumplimiento de sus obligaciones frente a la contraparte.
A continuación, adujo que la celebración del contrato y la ejecución del laudo arbitral en cuestión no violaban el orden público. Desarrolló en ese sentido distintos argumentos tendientes a rebatir la falta de la "ley específica" prevista en el contrato (mencionó como tales a las leyes 11.837 y 12.287), lo relativo a la intervención del señor Fiscal de Estado (negó que fuese necesaria y que omitirla violase el orden público) y la supuesta indefensión procesal sufrida por el Astillero Río Santiago y la Provincia de Buenos Aires en sede arbitral y judicial (nuevamente planteó que no podía imputársele a Milantic la negligencia de su contraparte).
Finalmente, fundó las denuncias de violación del debido proceso y el derecho de propiedad de Milantic, invocando -entre otras- la doctrina de la arbitrariedad.
III.1. En su oportunidad, esta Suprema Corte concedió el recurso extraordinario reseñado, considerando que los agravios referidos a la aplicación de la Convención de Nueva York de 1958 suscitaban cuestión federal suficiente y guardaban relación directa e inmediata con el objeto del pleito.
III.2.a. En el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto la señora Jueza doctora Highton, como el señor Juez doctor Rosenkrantz interpretaron que el remedio federal fue bien concedido en tanto se hallaba controvertida la interpretación y aplicación de una norma de indudable carácter federal, contenida en un tratado internacional.
A su entender, el punto central a dilucidar era si la facultad prevista en el artículo V inc. 2 de la Convención de Nueva York, que habilita a los jueces locales a denegar una solicitud de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral extranjero con fundamento en razones de orden público, autoriza a estos a reintroducir de oficio defensas que han sido planteadas y rechazadas en primera instancia con carácter firme.
A la vez, los señores magistrados nombrados consideraron que las causales de arbitrariedad invocadas por la recurrente se encontraban inescindiblemente vinculadas con los temas federales en discusión, por lo que los distintos planteos debían examinarse en forma conjunta.
III.2.b. De su lado, los señores Jueces doctores Maqueda y Lorenzetti entendieron que, en rigor, la aplicación de la Convención de Nueva York no había sido controvertida por las partes y que todas las cuestiones planteadas por la apelante remitían al examen de circunstancias relacionadas con el derecho público provincial y con aspectos fácticos y procesales del juicio, ajenos en principio a la competencia de la Corte federal, salvo arbitrariedad.
Añadieron que los agravios de la recurrente relacionados con esta última causal de revisión debían ser examinados, aun cuando no se hubiera interpuesto recurso de queja, debido a que no habían sido objeto de desestimación expresa por parte del tribunal de origen y a que las deficiencias de la resolución apelada no podían tener por efecto restringir el derecho de la parte.
Estimaron que las críticas de Milantic, conducentes y oportunamente planteadas ante la Corte local, suscitaban cuestión federal para su consideración por la vía intentada, toda vez que la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis resulta una materia ajena a tal ámbito, pero ello no obsta a la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción.
IV. Independientemente de las apuntadas diferencias entre los miembros de la Corte nacional, relacionadas en lo medular con la admisibilidad de algunos de los agravios vertidos por la impugnante, todos ellos coincidieron en cuanto al fondo de las cuestiones debatidas, en recordar que la jurisdicción de las cámaras se encuentra limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de los recursos concedidos. Puntualizaron que prescindir de esta limitación infringe el principio de congruencia, consagrado en los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.
Abundaron sobre el carácter constitucional de los lineamientos mencionados, como expresión de los derechos de defensa en juicio y de propiedad. Precisaron que la facultad de calificar autónomamente los hechos del caso y subsumirlos en las normas jurídicas que lo rigen ( iura novit curia ) reconoce excepción respecto de los tribunales de alzada, en el ámbito de los puntos resueltos con carácter firme en primera instancia.
Resaltaron que la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y, por ello, no es susceptible de alteración ni aun por vía de la invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior.
Descartaron que las razones brindadas por este Tribunal provincial y por la Cámara que intervino previamente resultaran suficientes para apartarse de los principios enunciados.
En esa dirección, observaron que el recurso de apelación deducido por la demandada contra la sentencia dictada en primera instancia se orientó exclusivamente a cuestionar la imposición de las costas dispuesta por la señora magistrada de grado, sin contener siquiera un pasaje que permitiera sostener que por su intermedio se intentó objetar lo decidido sobre el fondo del asunto.
Desconocieron también que lo resuelto en el precedente "Rodríguez Pereyra" (CSJN Fallos: 335:2333) acerca del control de constitucionalidad de oficio justificase la decisión cuestionada, pues allí se sostuvo que el ejercicio de dicha potestad supone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables, entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, las que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes.
Concluyeron que, en el particular marco reseñado, la intervención oficiosa de los tribunales locales -justificada en una supuesta violación del orden público- implicó un desconocimiento del principio de congruencia y de la cosa juzgada, sin perjuicio de la responsabilidad que eventualmente pudiera caberles a los profesionales que actuaron en representación del Astillero Río Santiago y de la Provincia de Buenos Aires, por la actitud poco diligente en la defensa de los intereses de sus representados.
Por todo lo expuesto, la Corte nacional declaró procedente el recurso extraordinario federal deducido, dejó sin efecto la sentencia dictada por este Superior Tribunal provincial y ordenó la devolución de las actuaciones a fin de que se emitiera un nuevo pronunciamiento, distribuyendo las costas en el orden causado atento la naturaleza de las cuestiones debatidas (conf. art. 68, CPCCN).
V. En este contexto y a tenor de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde ahora a esta Suprema Corte dictar un nuevo pronunciamiento.
En esa labor, en primer lugar, deben analizarse los agravios esgrimidos por la parte actora a fs. 433/437, los que son de recibo atento las directivas supra reseñadas.
Conforme a lo que surge del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la interesada cuestionó el fallo dictado por la Cámara interviniente por extra petita . Para ello advirtió que el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral extranjero no había sido apelado por el apoderado de la Fiscalía de Estado, quien únicamente había reprochado la forma de imposición de las costas decidida por la señora jueza de grado. Con cita de jurisprudencia, invocó en su favor el derecho de defensa, la garantía de debido proceso y los principios de bilateralidad y congruencia.
Como puede advertirse, las críticas indicadas coinciden en lo sustancial con los razonamientos desplegados por la Corte nacional al revocar el fallo emitido por este Tribunal provincial.
En efecto, a través del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, deducido a fs. 393/395, el representante fiscal objetó esta última decisión exclusivamente en cuanto impuso las costas a la vencida por aplicación de la regla prevista en el CPCC (art. 68), argumentando que debieron ser impuestas en el orden causado de acuerdo a la que por entonces consagraba la ley 12.008 (art.51).
Así delimitada la competencia, la Cámara no debió ingresar de oficio en el análisis de las cuestiones de fondo que abordó, ni debió declarar improcedente la pretensión de la actora -rechazando la ejecución del laudo arbitral-, en tanto esta había sido admitida por la señora jueza de grado y ese aspecto de la decisión no fue controvertido por la parte interesada, llegando firme a la instancia superior.
Por lo expuesto, emerge nítido el vicio de incongruencia -por extralimitación de la decisión- que denuncia la recurrente.
En tal sentido, cabe recordar que el principio de congruencia, establecido por el art. 163 inc. 6 y reiterado por el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial, significa que, como regla general, debe existir correspondencia perfe
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.