Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 76267
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar las quejas traídas (art. 292, CPCC y Acordada 1790). Con costas.
Q.76.267 “NUTRIEN A G SOLUTIONS ARGENTINA S.A. C/ A.R.B.A. S/ EJECUCION DE SENTENCIA. --RECURSO DE QUEJA POR DENEGACION DE REC. EXTR. (INAPL. DE LEY)— (Q.76.727 y Q.76.356)“
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, el apoderado de la empresa "Nutrien A G Solutions Argentina SA" (continuadora de "Agroservicios Pampeanos SA") promovió un incidente de ejecución parcial de sentencia, en los términos de los arts. 63 del Código Contencioso Administrativo y 497 del Código Procesal Civil y Comercial, a efectos de que se haga efectiva la restitución de las sumas ingresadas en el marco del Régimen de Regularización en concepto de "Ajuste por Uso Indebido de la Exención por Actividad Industrial", en atención a lo decidido en el punto 2 de la sentencia de fecha 10-IV-2018 dictada en los autos CCALP N°14.788 caratulados "Agroservicios Pampeanos SA c/ Tribunal Fiscal de Apelación s/ Pretensión Anulatoria" -mediante la cual se había hecho lugar parcialmente a la demanda incoada y ordenado tal devolución-. En su presentación acompañó liquidación -anexo III- por un importe de $ 13.615.332,47, más la suma de $4.680.082,20 en concepto de intereses resarcitorios calculados al 31.03.2019 (v. anexo III y IV -in fine-, escrito del 21-XI-2019, legajo Q.76.267).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó, por prematuro, el referido incidente de ejecución parcial, e impuso las costas a la actora por resultar perdidosa (v. fs. 197/199, íd. legajo).
Con posterioridad, considerando que tal decisión se hallaba firme, reguló -en lo que aquí interesa destacar- los honorarios del doctor Juan Bernardo Garda, en su carácter de apoderado fiscal en la suma de pesos equivalente a …(…) jus , con aplicación de los arts. 1, 9, 10, 16, 21, 41, 44, 54 y cctes. de la ley 14.967 (v. fs. 229 y vta., legajo Q. 76.356).
II. Contra lo así resuelto, el letrado apoderado de la parte actora interpuso sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de fecha 24-X-2019 y fecha 3-XII-2019, respectivamente), los que fueron rechazados con fundamento en la falta de definitividad de los pronunciamientos impugnados (v. fs. 209 y vta.) dando lugar a la deducción de los recursos de queja intentados en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 214/219 vta., del legajo Q. 76.267 y fs. 242/253 vta., del legajo Q. 76.356).
III. De modo liminar, corresponde recordar que esta Corte -en reiteradas oportunidades- ha manifestado que los remedios extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis haciendo imposible su continuación (doctr. causas A. 73.838, "Axion Energy Argentina S.A", resol. de 14-X-2015; Q. 74.865, "Cooperativa de Servicios Públicos Highland Park Ltda.", resol. de 11-X-2017; Q. 75.063, "PBB Polisur S.A.", resol. de 14-II-2018, entre otras).
III.1.a. Ingresando en el análsis de la queja deducida contra la decisión de fecha 5-XI-2019, cabe resaltar que este Tribunal tiene dicho específicamente que los pronunciamientos recaídos en etapa de ejecución de sentencia, no son susceptibles de ser impugnados por la vía del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial pues, por ser posteriores al fallo definitivo, no reúnen la calidad requerida por la citada norma y, en cuanto corresponden al cumplimiento de lo ya decidido y firme, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (doctr. causas A. 75.892, "Castillo", resol. de 22-V-2019; Q. 75.443, "Scarimbolo", resol. de 14-VIII-2019; Q. 75.908, "Unión de Guardavidas Agremiados", resol. de 23-X-2019, entre otras).
En esa inteligencia, el pronunciamiento dictado por Tribunal de Alzada que desestimó el incidente de ejecución parcial por considerar que no resultaba posible escindir, a los fines de una ejecución parcial, el ajuste realizado por la ARBA en la Resolución 3367/2008 por el "uso indebido de la exención por actividad industrial" del efectuado por la "actividad de acopiador", en razón de integrar ambos un único acto administrativo que se hallaba aún pendiente de decisión, no reviste el carácter de definitivo ni deviene equiparable a tal, sin que se observen motivos excepcionales que permitan apartarse del indicado principio.
III.1.b. Por otra parte, en relación al agravio referido a la imposición de costas, es menester recordar que este Tribunal reiteradamente ha expresado que las resoluciones en tal materia, por su carácter accesorio, deben seguir la suerte del principal, razón por la cual no resultan revisables en esta instancia extraordinaria cuando lo juzgado en el pronunciamiento que las impone no reviste naturaleza definitiva en los términos del art. 278 del ordenamiento procesal mencionado, pudiendo atribuirse tal carácter cuando lo decidido puede producir un agravio de imposible reparación ulterior, como cuando, entre otros supuestos, se vinculan a los efectos del principio de cosa juzgada, defectos en la emisión de la sentencia de grado y a su condición o no de vencida (doctr. causas Q. 74.724, "San Andrés Golf Club S.A.", resol. de 23-XII-2013; A. 74.369, "Cervecería Argentina SA Isenbeck", resol. de 28-IX-2016; A. 75.398, "Mancuso", resol de 8-VIII-2018), situaciones ausentes en el presente caso.
III.2. Pasando a analizar el restante recurso de hecho incoado a través de la queja Q. 76.356, se impone señalar que la decisión de la Cámara que reguló los honorarios del doctor Garda en el marco del incidente de ejecución de sentencia intentado por la parte actora, deviene irrecurrible.
Al respecto, esta Corte ha sostenido -con fundamento en la normas procesales o disposiciones arancelarias que así lo expresan- que las decisiones de los tribunales colegiados en materia de honorarios, tanto en lo que hace a la regulación en sí misma como a las bases o pautas ponderadas para llegar a su determinación son, por regla, irrecurribles por vía extraordinaria (arts.57, 2do párrafo, del dec. ley 8904/77 y de la ley 14.967; conf. doctr. causas Q. 72.754, "Fisco", resol. de 23-X-2013; Q. 73.758, "Asociación", resol. de 15-VII-2015; Q. 74.902, "Estivariz", resol. de 8-XI-2017; Q. 75.121, "Gallina", resol. de 3-V-2018; I. 70.683, "Aguirre", resol. de 19-II-2020), no observándose en el caso -en que se cuestiona lo resuelto en relación a las pautas tomadas por el a quo para la fijación de los honorarios del representante fiscal- que concurra alguno de los restringidos supuestos en que, por vía de excepción, se ha admitido el apartamiento de dicho criterio.
En el caso, la propia quejosa ha sido quien ha estimado las sumas por las que promoviera el incidente en, al menos, $ 13.615.332,47 -sin computar los intereses incluidos al inicio- y que motivaran la regulación en favor del doctor Juan Bernardo Garda. Tales honorarios representan el 8,05% de aquel importe.
Siendo que dicho porcentual se encuentra comprendido dentro de los márgenes fijados por las normas arancelarias de aplicación, en el caso, no obstante las alegaciones esgrimidas, no se advierte la concurrencia de ninguno de los mencionados supuestos de excepción en los que se ha admitido el apartamiento del referido criterio (doctr. causas Ac. 100.884, "Marino", resol. del 8-X-2008; Ac. 101.429; "Huth", resol. del 3-VI-2009; C. 108.179, "Speroni de Díaz", resol. de 15-VI-2011).
Finalmente, en lo que atañe a la pretendida violación del derecho a recurrir y al principio de la tutela judicial efectiva, cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial -aplicable al caso, en virtud de lo dispuesto en los arts. 60 y 77 del CCA- (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. del 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Tal como fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. del 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. del 11-IV-2006, Fallos 329:1180, voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay; doctr. causa C. 121.048, "Santos", resol. de 12-VII-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar las quejas traídas (art. 292, CPCC y Acordada 1790). Con costas.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2020 18:28:49 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 29/06/2020 18:47:15 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 01/07/2020 17:20:43 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 03/08/2020 10:23:11 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 03/08/2020 13:03:41 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 05/08/2020 10:00:21 - MARTIARENA Juan Jose
Fin de la sentencia