Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292 cód. cit. y Acordada 1.790); con costas.
C. 124.021 "COMITE DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO C/ AUTOBUS DARDO ROCHA S.A. S/ EJECUCION DE SENTENCIA (INFOREC 148)"
I. La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, en el marco de un incidente de ejecución de sentencia iniciado por el Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia contra Autobús Dardo Rocha S.A.T., confirmó el fallo que había rechazado la excepción de inhabilidad de título y, en consecuencia, dispuesto llevar adelante la ejecución por el capital reclamado de $ 16.676,46, más el CER desde el 4 de febrero de 2002 -monto por el que se había declarado admisible el crédito contra la ejecutada-. Sostuvo el Tribunal de Alzada, en cuanto al planteo referido a la imposibilidad de fiscalizar la liquidación, que no habiéndose aún calculado el CER la ejecutada tiene la facultad de controlar la liquidación en la oportunidad en que se la efectúe y que, en relación a su situación patrimonial, antes de disponerse el pago del crédito a la ejecutante habrá de contemplarse la eventual existencia de acreedores preferentes. Luego, con respecto al embargo, meritó que a la fecha de la decisión la medida se encontraba vigente, no correspondiendo expedirse sobre las alegaciones sobre el obrar de la ejecutante por escapar al ámbito de la excepción opuesta. Asimismo, en relación a la invocada falta de firmeza de la resolución en ejecución, consideró que la accionada debió probar -y no lo hizo- la promoción, trámite y -en su caso- resultado de un incidente de revisión contra la sentencia verificatoria, por lo que rechazó tal planteo también incoado en sustento de la referida excepción (v. sentencias de fecha 19-III-2019 y 5-XI-2019, en archivos adjuntos a la queja).
Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 28-XI-2019, en archivo adjunto de la presentación cit.).
La Cámara, luego de intimar a la impugnante a que practique liquidación a fin de determinar el valor del agravio y de rechazar la reposición articulada frente a tal emplazamiento, declaró inadmisible la vía extraordinaria incoada teniendo en consideración el incumplimiento de la referida intimación y meritando además -en atención al planteo efectuado- que en el caso no se encontraba involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal (v. resols. de fecha 6-II-2020 y 15-V-2020, adjuntadas a la presentación cit.).
Contra dicha decisión se dedujo una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico del 9-VI-2020).
II. Al respecto, y más allá del motivo en que se fundara la denegatoria de la vía extraordinaria incoada, cabe señalar que reiteradamente se ha sostenido que los pronunciamientos recaídos en la etapa de ejecución de sentencia, en principio, no son susceptibles de ser impugnados por la vía del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial pues, por ser posteriores al fallo definitivo, no reúnen la calidad requerida por el citado artículo, y tales cuestiones, en cuanto corresponden al cumplimiento de lo ya decidido y firme, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (causas C. 121.065, "Sejatovich de Fernández", resol de 21-XII-2016; C. 121.605, "Provincia de Buenos Aires", resol de 29-VIII-2017; C. 122.054, "Reyes", resol. de 29-XI-2017; C. 122.406, "N.B.L.", resol. de 18-IV-2018 y C. 122.975, "Michat", resol. de 10-IV-2019).
Así, en el caso, en que el Tribunal de Alzada confirmó el progreso de la ejecución, desestimando las oposiciones del deudor por los motivos ya reseñados, no se observan motivos de excepción que permitan apartarse del criterio indicado (conf. doctr. causas Ac. 94.433 "Macias", resol. de 1-II-2006; Ac. 96.922, "Caruso", resol. de 4-VII-2007; Ac. 100.396, "Barzi", resol. de 8-VII-2008; C. 103.866, "YPF S.A.", resol. de 4-VIII-2010; C. 114.976, "Rueda,", resol. de 31-VIII-2011 y C. 121.520, "B., C. J.", resol. de 29-VIII-2017).
Asimismo, deviene pertinente destacar que los precedentes de esta Corte que se invocan en cuanto a la definitividad de ciertas decisiones dictadas en etapa de ejecución de sentencia, no resultan aplicables al caso de autos en tanto se refieren a situaciones diversas a la que aquí se trae.
Por otra parte, en lo referente al planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio" (v. pág. 19; Fallos: 308:490 y 311:2478), el mismo carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el trámite de embates que porten agravios federales.
En el sub lite no se advierte - prima facie - la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales (v. págs. 20 y 21), en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (causas Ac. 101.181, "Puntieri", resol. de 4-VII-2007; Ac. 102.752, "Godoy", resol. de 3-IV-2008; C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018 y C. 122.719, "Israel Silicaro", resol. de 11-III-2020).
En consecuencia, la vía extraordinaria intentada deviene inadmisible y se impone el rechazo de la queja (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292 cód. cit. y Acordada 1.790); con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/09/2020 13:53:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 14:11:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 16:57:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/09/2020 19:36:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2020 13:59:39 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/09/2020 11:48:18 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia