Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121929
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 121.929, "Paskvan, Daniel Federico y otro contra Ministerio de Seguridad. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ejecución de sentencia" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Pettigiani, Kogan .
La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó parcialmente la resolución de primera instancia que había ordenado capitalizar mensualmente los parámetros de pesificación. A su vez ordenó practicar una nueva liquidación de acuerdo con lo establecido en la resolución de fs. 1.526/1.532, indicando que para el cálculo del reajuste equitativo debía computarse el valor del dólar al momento de cada pago y su saldo resultante al de la efectiva cancelación. Impuso las costas en el orden causado (v. fs. 1.667).
Se interpusieron, por los actores y por la demandada, sendos recursos de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.673/1.684; 1.685/1.691 vta.; respect.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley de fs. 1.673/1.684 y 1.685/1.691 vta.?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Antecedentes:
Los actores promovieron la ejecución de sentencia definitiva dictada en la causa "Paskvan, Daniel Federico y otra c/ Ministerio de Seguridad. Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios" (expediente n° 62.365) presentando una inicial liquidación del crédito adeudado (v. fs. 1.053), la que fue impugnada por la Fiscalía de Estado en razón de que los accionantes no habían computado los pagos parciales efectuados por el Fisco provincial, cuyas constancias obraban en el expediente principal (v. fs. 1.058).
El juez de primera instancia hizo lugar a dicha impugnación y ordenó realizar una nueva liquidación, fijando las pautas para su confección (v. fs. 1.070).
Esta resolución fue apelada por los actores, pero la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial la confirmó (v. fs. 1.438). Luego, los apelantes interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.443), que fue rechazado por esta Suprema Corte, así como la aclaratoria interpuesta ulteriormente (actuación C. 119.079; v. fs. 1.469 y 1.481).
I.2. En tal contexto, regresados los autos a la instancia de origen, los actores realizaron una segunda liquidación de su crédito, de pretendida conformidad con lo resuelto a fs. 1.070 (v. fs. 1.505); sin embargo, la misma fue nuevamente impugnada por la Fiscalía de Estado (v. fs. 1.517).
El juez de primera instancia acogió parcialmente dicha nueva impugnación fiscal y ordenó directamente la realización de una nueva liquidación del crédito reconocido en autos a cargo de la Asesoría Pericial departamental (v. fs. 1.526).
Agregada la nueva pericia contable y ordenado su traslado a las partes, los actores la impugnaron y realizaron una tercera liquidación de su parte, solicitando adicionalmente la designación de una audiencia conciliatoria (v. fs. 1.551). Por su lado, la Fiscalía de Estado también observó la nueva liquidación practicada y pidió explicaciones a la experta (v. fs. 1.561). Corrido el traslado de las impugnaciones, la contadora reformuló su trabajo previo y presentó una segunda liquidación oficial (v. fs. 1.582).
A su turno, el magistrado de primera instancia hizo lugar parcialmente a las impugnaciones ejercidas por las dos partes y dispuso que la perito practicara una tercera liquidación oficial, siguiendo las pautas que en esa resolución se le indicaban (v. fs. 1.619/1.624). Contra esta decisión, las partes presentaron sendos recursos de apelación (v. fs. 1.639; 1.643 y 1.647, respect.).
Elevados nuevamente los autos a la Cámara, esta admitió parcialmente ambas impugnaciones y ordenó que la realización de la nueva liquidación pericial se hiciera de acuerdo con las pautas originariamente establecidas a fs. 1.526/1.532, indicando que para el cálculo del reajuste equitativo del precio debía computarse el valor de la divisa estadounidense al momento de cada pago y, su saldo resultante, al valor del dólar a la fecha de su efectiva cancelación (v. fs. 1.664/1.667).
Para así resolver, apreció que el juez de primera instancia -en su último pronunciamiento- había fijado erróneamente nuevas pautas de cálculo, al disponer que la nueva liquidación se practicase capitalizando mensualmente la brecha entre los valores del peso y la cotización oficial de la divisa norteamericana o el CER (v. fs. 1.665 vta.).
Asimismo, encontró que en su tercera liquidación de fs. 1.556/1.559 la actora no había calculado el valor del dólar estadounidense al momento de los pagos parciales, lo que implicaba una licuación de aquellos al tener un parámetro fijo y otro móvil, como era el valor de la divisa extranjera, disminuyéndose así su efecto cancelatorio parcial (v. fs. 1.665 vta.).
Por demás, advirtió que la segunda liquidación practicada por la perito contadora a fs. 1.582/1.590 tampoco se adecuaba a las pautas de la resolución de fs. 1.526/1.532 en lo concerniente al reajuste equitativo que cabía aplicar al crédito reconocido en autos, pues para calcular el valor de la brecha por su pesificación había tomado el valor del dólar estadounidense a la fecha del primer pago parcial (v. fs. 1.665 vta. y 1.666).
Concluyó, entonces, que debía revocase la resolución apelada en cuanto había dispuesto la capitalización mensual de las sumas correspondientes a la mentada brecha, debiendo practicarse la nueva liquidación allí dispuesta de acuerdo con las pautas sentadas en la resolución firme de fs. 1.526/1.532, computándose -en el cálculo del reajuste equitativo- el valor del dólar estadounidense al momento de cada pago y, de resultar un saldo insoluto, su valor al momento de la efectiva cancelación (v. fs. 1.666).
Seguidamente, con la intención de simplificar el cálculo, explicó que debía computarse el monto del crédito reconocido a los actores en su moneda original, con más los intereses establecidos, para luego descontar en cada fecha de pago las sumas parcialmente percibidas en pesos pero convertidas a dólares estadounidenses mediante el cálculo inverso, detallando que debía aplicarse la brecha del 50% de la cotización oficial de la moneda extranjera al momento de cada pago; para finalmente, de verificarse un saldo a favor de los actores, convertirlo a moneda de curso legal local con semejante criterio, pero aplicando la cotización actual de dicha divisa (v. fs. cit.).
Agregó a ello que, en su defecto, la nueva liquidación a practicarse debía pesificar el crédito del actor al momento del primer pago parcial, para luego dolarizar el saldo resultante, para pesificarlo nuevamente pero teniendo en cuenta la cotización del dólar al momento del pago posterior, y así sucesivamente, calculando a la par los intereses debidos, capitalizándolos mensualmente (v. fs. cit. ant.).
II.1. Recurso extraordinario de fs. 1.673/1.684:
Pues bien, contra esta última sentencia del Tribunal de Alzada se agravian los actores denunciando la errónea aplicación de la ley 11.192 y de su decreto reglamentario 960/92; de la ley 25.561 y sus modificatorias; la violación de los arts. 167 del Código Procesal Civil y Comercial; 14, 17, 18, 23, 28, 31, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 11, 171 y concordantes de su par provincial; de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; del Pacto de San José de Costa Rica; del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y de la doctrina legal de este Tribunal.
Señalan que la Cámara modificó las pautas fijadas por esta Suprema Corte tanto en la sentencia definitiva dictada el 22 de septiembre de 2010 (causa C. 95.599, "Paskvan, Daniel Federico y otra c/ Ministerio de Seguridad. Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios") como en su aclaratoria del 18 de abril de 2011, violando derechos de raigambre constitucional y convencional (v. fs. 1.674 vta. y 1.675).
Afirman que el Tribunal de Alzada debió pronunciarse sobre el monto de la liquidación objetada y no mandar a realizar una nueva a partir de novedosas consignas que afectan el derecho de los actores y provocan la verdadera licuación de su crédito, reconocido por la sentencia definitiva de esta Corte del 18 de junio de 2003 (v. fs. 1.675 vta./1.676 vta.).
Asimismo, ponen de relieve que la perito designada en autos demoró ocho meses en realizar sus dos liquidaciones, contradictorias entre sí, y en ninguna de ellas cumplió con lo dispuesto ni en la referida sentencia de esta Corte ni en la resolución de primera instancia del 15 de febrero de 2016 (v. fs. 1.676 vta./1.678 vta.).
Sostienen que por imperio de la ley 11.192 los intereses de la Caja de Ahorro Común del Banco Central de la República Argentina deben computarse a partir del 1 de abril de 1991 hasta su efectivo pago, y ello sobre el capital consolidado -o sea, capital más intereses- a dicha fecha de corte, que ascendía a USD 12.819.468,74, importe en el que coinciden las partes. Agregan que sobre ese monto deben aplicarse los mencionados intereses capitalizables mensualmente; y sobre el capital en pesos, para que los intereses lo sean en la misma moneda (v. fs. 1.679 y vta.).
Finalmente, exponen su disconformidad con el reajuste equitativo ordenado, transcribiendo parte del voto del doctor de Lázzari en la sentencia definitiva y firme de la causa principal, para luego señalar que los pagos parciales deben detraerse de los intereses, motivo por el cual deviene desacertada la solución de la Cámara que propone una suerte de actualización o anclaje de dichos pagos parciales en pesos ajustados al 50% de la cotización del dólar estadounidense en cada caso (v. fs. 1.679 vta./1.681 vta.). Seguidamente, presentan una nueva liquidación, cuyo saldo arroja la suma de $142.967.342,74 a su favor (v. fs. 1.681 vta./1.684).
II.2. Recurso extraordinario de fs. 1.685/1.691 vta.:
Contra la misma sentencia de la Cámara se agravia asimismo la Fiscalía de Estado, denunciando la violación de los arts. 166, primer párrafo, 384, 474 y 501 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 17 y 18 de la Constitución nacional y alegando absurdo y arbitrariedad de lo decidido.
Sostiene -al igual que su contraparte- que el fallo impugnado alteró el contenido de la decisión dictada por esta Suprema Corte con fecha 22 de septiembre de 2010 y su aclaratoria del 18 de abril de 2011, resaltando que la sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada gana los atributos de ininpugnabilidad, inmutabilidad y de coercibilidad, conforme pacífica doctrina legal.
Transcribe la parte dispositiva de aquel pronunciamiento y también la parte pertinente de la aclaratoria para señalar que el Tribunal de Alzada se excedió al establecer nuevas pautas de cálculo de la indemnización debida a los actores (v. fs. 1.688 vta. y 1.689).
Resalta que, con su nueva fórmula, la Cámara dispuso la dolarización permanente de los saldos adeudados, cuando tanto el capital como los intereses debían expresarse en pesos, con lo que -dice- se patentiza la arbitrariedad del pronunciamiento y la violación de la cosa juzgada fijada por las señaladas sentencias definitiva y aclaratoria de esta Corte (v. fs. 1.689 y vta.).
Pone de relieve que, a diferencia de lo sostenido por el Tribunal de Alzada, en su segunda liquidación la experta contable pesificó la deuda estatal en cada uno de los pagos parciales efectuados aplicando el Coeficiente de Estabilización de Referencia, para finalmente afirmar que dicho informe pericial ha sido realizado conforme las pautas establecidas en los referidos pronunciamientos de este Tribunal (v. fs. 1.690/1.691).
II.3. Medida para mejor proveer:
Llegadas las actuaciones a esta sede junto con las del juicio principal de daños y perjuicios, en razón de la marcada complejidad técnico-contable que exhiben las cuestiones debatidas, el 26 de septiembre de 2018 se dispuso como medida para mejor proveer la confección de una nueva liquidación por intermedio de nuevos peritos contadores públicos de la Asesoría Pericial departamental (v. fs. 1.781/1.782; 1.783; 1.784; 1.785 y vta.).
El 19 de octubre de 2018 se cumplió con la tarea encomendada, presentándose electrónicamente el informe pericial con la liquidación, de la que se dio traslado a las partes (v. fs. 1.787 vta.). Los actores presentaron una nueva impugnación (v. escrito electrónico de fecha 27-XII-2018), que fue respondida por los expertos contables (v. escrito electrónico el 20-II-2019).
III. Así las cosas, considero que ambos recursos extraordinarios prosperan con el siguiente alcance (art. 289, CPCC).
III.1. Esta causa llega a estudio para resolver los agravios planteados por las partes contra la decisión del Tribunal de Alzada en relación al modo en que ha de calcularse la liquidación final del crédito de los actores.
Como se detalló precedentemente, se produjeron múltiples desentendimientos en este expediente de ejecución de sentencia respecto a la forma de calcular el saldo de la liquidación de los daños y perjuicios reconocidos a los actores, en razón de las diversas interpretaciones efectuadas sobre el pronunciamiento definitivo de esta Suprema Corte del 22 de septiembre de 2010 y a su aclaratoria del 18 de abril de 2011, los que obran en la causa C. 95.599, "Paskvan, Daniel Federico y otra c/ Ministerio de Seguridad. Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios" (expte. n° 62.365).
Tales desavenencias hermenéuticas motivaron no solo las diferentes vías de impugnación articuladas a lo largo del trámite sino el consecuente dictado de las sucesivas resoluciones recaídas en ambas instancias de grado. También, la necesidad de disponer la citada medida para mejor proveer ordenada por el Tribunal, cumplida y sustanciada con las partes del litigio.
III.2. Liminarmente, es necesario reparar en las reseñadas particularidades que presenta el caso, las que -por sus singulares características- lo alejan de otros precedentes resueltos por este Tribunal en análoga temática. La multiplicidad de criterios sustentados, no solo por las partes sino por la totalidad de los operadores jurídicos involucrados, resulta elocuente muestra de la dificultad que presenta el litigio para desentrañar su justa composición.
En efecto, a las complejidades que exhibe esta controversia (signada por su dilatada tramitación, la sensible materia sobre la que versa -consecuencias patrimoniales derivadas del obrar ilícito del Estado durante el último proceso militar- y la elevada suma a la que asciende el crédito cuya cuantificación se intenta desentrañar aquí), se les han añadido las reseñadas discusiones en torno a la determinación del crédito reconocido a los accionantes, las que -por sus peculiaridades- no resultan corrientes en los asuntos traídos a conocimiento del Tribunal.
La reparación (reconocida originariamente en moneda extranjera, en decisión firme recaída en la década de los ochenta), que lleva más de tres décadas insatisfecha (al menos de manera integral) conforme lo ha precisado ya esta Corte en anteriores intervenciones, ha sido alcanzada por dos regímenes excepcionales diferentes y sucesivos: el de la ley 11.192 de consolidación de deudas provinciales, sancionada a principios de la década de los 90; y el de la normativa de emergencia que sobrevino tiempo después como consecuencia de la nueva crisis padecida en los años 2001 y subsiguientes (dec. 214/02, ley 25.561, sus modificatorias y complementarias); así como por la jurisprudencia elaborada en relación a los mismos, tanto por esta Suprema Corte como por el Tribunal cimero nacional.
Luego, el perfil del crédito así delineado ha tenido un previo recorrido por ante esta sede -del que se ha dado cuenta en las líneas que anteceden-, donde por lo ya señalado, y -también- por el condicionamiento que impusieron las propias limitaciones de las pretensiones recursivas blandidas por las partes (art. 279, CPCC y su doctrina), esta Suprema Corte arribó a una solución que no registra antecedentes similares en los repertorios del Tribunal.
Ello, por un lado, deriva en un necesario acotamiento -en la especie- del habitual carácter expansivo del resultado de la función casatoria a cargo de esta Corte. Por el otro, justifica la necesidad de implementar soluciones especiales que permitan arribar de manera definitiva y llevar a su justo quicio el resultado del proceso de determinación del crédito aquí reconocido. Ello así, en mérito del postulado de la tutela judicial continua y efectiva del servicio de justicia y en la consecuente necesidad de acotar el riesgo de futuras dilaciones en la tramitación de esta controversia (art. 15, Const. prov.).
III.3. Ingresando entonces a resolver la cuestión planteada por los recurrentes, considero que -efectivamente- la Cámara se ha excedido en su pronunciamiento, al modificar la forma en que esta Corte ha dispuesto -y ha quedado firme- que debía efectuarse la liquidación del crédito.
III.3.a. De la lectura de la decisión del Tribunal de Alzada (v. fs. 1.666, 3er. párr.) se desprende que dicho órgano jurisdiccional ordenó dolarizar los pagos a cuenta que habían sido realizados en pesos y descontarlos del capital en dólares estadounidenses, para luego volver a pesificar este último, utilizando dos cotizaciones distintas para los diversos tramos del cómputo, cuando ese mecanismo no resulta del esquema establecido por esta Suprema Corte.
Así, la Cámara soslayó la doctrina legal sentada para la aplicación de las normas de emergencia, en la que se estableció la forma en que corresponde pesificar las deudas existentes en dólares estadounidenses, parámetros estos que no pueden ser desatendidos. Es preciso recordar que en la causa C. 89.562, "Quiroga" (sent. de 29-XII-2008), se estableció el mecanismo para pesificar las deudas existentes en la citada divisa extranjera, como también la tasa de interés aplicable para tales casos en los que -adicionalmente- no estuviera en juego la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de una de las partes; resultando este el precedente que este Tribunal aplicó en su sentencia firme del 22 de septiembre de 2010.
III.3.b. En lo que de momento interesa, los actores recurrentes indican que el capital consolidado de USD 12.819.418,74, calculado al año 1991, debe ser pesificado y sobre este deberían aplicarse los intereses capitalizables mensualmente, tal como indica la ley 11.192. A ello, agregan que también es desacertada la decisión de la Cámara respecto de la actualización de los pagos realizados a cuenta.
Sobre este tópico también llevan razón (art. 289 inc. 1, CPCC), aun cuando -en su consiguiente implementación- tampoco arriban a un resultado ajustado al mandato que emerge de la decisión definitiva y firme que aquí se ejecuta, apartándose también de lo consignado en ella.
Veamos.
Por la referida decisión del 22 de septiembre de 2010 esta Corte resolvió, de un lado, que el crédito quedaba alcanzado por la citada ley de consolidación de deudas públicas provinciales (segunda cuestión); lo que -en la especie y a esta altura de los acontecimientos- se proyecta solo respecto de la prestación de intereses con los alcances plasmados en dicho cuerpo normativo (la tasa allí fijada, capitalizable mensualmente; art. 6 de la ley 11.192; conf. doctr. causas C. 78.797, "Conarges", sent. de 20-V-2009; C. 113.593, "Rica", sent. de 27-VI-2012; C. 105.693, "Wattson", sent. de 20-III-2013; e.o.).
A su turno, en la cuestión tercera, se definió asimismo que el caso encuadraba en la legislación de emergenci
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