Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122386
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.386, "Agrogamen S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Ejecución de sentencia", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani .
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó el pronunciamiento de primera instancia que, a su turno, había estimado procedente la demanda promovida, rechazando los rubros reposición de praderas, reparación del inmueble y pérdida del valor venal. Asimismo, estableció que la procedencia del lucro cesante debía extenderse hasta el año 2008. Declaró inaplicable al caso la ley 12.836 y determinó que los intereses moratorios serían liquidados según la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (v. fs. 1.135/1.145).
Se interpuso, por el letrado apoderado de la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.149/1.171).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El 7 de febrero de 2002 Beatriz Elena María Echevarría, en representación de Agrogamen S.A., e Inés Margarita Mercedes Echevarría de Fuseo, por Las Regiones S.A., iniciaron acción de daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en razón de la inundación que afectó al inmueble rural del que son condóminas, denominado "La Comarca" (conf. art. 117, Const. nac.; v. fs. 100/127 vta., exp. ppal.).
Reclamaron el daño emergente, proveniente de la pérdida de instalaciones fijas del campo que habían quedado bajo el agua, como ser alambrados, molinos, tanques, aguadas y caminos; la pérdida del valor venal de la mayor parte del campo y el lucro cesante por la explotación pasada, actual y futura (v. fs. 100 y vta., exp. ppal.).
Corrido el traslado de ley se presentó la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires a contestarlo, negando los hechos invocados en el escrito de inicio y solicitando el rechazo de la acción (v. fs. 139/144 vta., exp. ppal.).
A fs. 221 y vta. la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró incompetente para entender en la materia en debate y remitió los autos al juzgado interviniente en la causa "Ader S.A. y otra contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", toda vez que las constancias probatorias del referido expediente habían sido ofrecidas como prueba a fs. 127 de los autos principales.
Encontrándose dichas actuaciones radicadas ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 25 del Departamento Judicial de La Plata, esta Suprema Corte declaró la competencia de este último, remitiéndole oportunamente la causa (v. fs. 293, exp. ppal.).
El 18 de agosto de 2011 se dictó sentencia haciendo lugar parcialmente a la demanda, condenando al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a pagar a Agrogamen S.A. y Las Regiones S.A. la cantidad de dinero en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de daño emergente y lucro cesante que resultase del procedimiento de ejecución. Impuso las costas a la demandada, en su calidad de vencida (v. fs. 1.392/1.397, exp. ppal.).
Apelado dicho pronunciamiento, la Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata lo confirmó, dejando sin efecto la imposición de costas (v. fs. 1.456/1.463, exp. ppal.).
II. Una vez firme y consentido el fallo, el 1 de marzo de 2013, el letrado apoderado de la actora inició la presente ejecución a los fines de determinar la extensión y cuantía de los daños sufridos, reiterando los términos vertidos en la demanda (v. fs. 425 vta.) y precisando que los rubros a valorar en esta etapa comprendían los "daños de infraestructura, mejoras e instalaciones" (pto. 6) y el "lucro cesante" (pto. 7).
A tales efectos solicitó la realización de nuevas pericias a los fines de precisar el lucro cesante acaecido año tras año y el que pudiera producirse en el futuro, determinando su horizonte temporal y el valor actual de las reparaciones, como asimismo el valor de la tierra definitivamente bajo el agua y del remanente no inundado (v. fs. 430 vta.).
El Fisco de la Provincia de Buenos Aires contestó el pertinente traslado a fs. 449/455.
El 16 de marzo de 2016 el magistrado de primera instancia -tras examinar las declaraciones testimoniales e informes técnicos producidos tanto en los autos principales como en las presentes actuaciones- declaró la procedencia de los siguientes rubros indemnizatorios: a) daño emergente (en concepto de reposición de praderas, costo de alambrado, tranqueras, aguadas y molinos, recuperación de caminos y reparación de casa), en la suma de doscientos noventa y siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos con ocho centavos ($297.264,08); b) lucro cesante correspondiente al período 2001/2002, en la suma de setenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos con sesenta y siete centavos ($73.650,67) y lucro cesante futuro por los períodos 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 -con una quita del 30%- en la suma de quinientos seis mil ochocientos setenta y siete pesos con ochenta y cinco centavos ($506.877,85) y c) valor venal, en la suma de ochocientos ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos con sesenta y siete centavos ($883.858,67; v. fs. 1.040/1.048).
Asimismo, declaró aplicable el régimen de consolidación de la ley 12.836 respecto de los rubros admitidos al 30 de noviembre de 2001 (daño emergente y diferencia del valor venal; v. fs. 1.045).
A la suma resultante adicionó los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo por treinta días y la tasa pasiva digital, desde la fecha en que fue ofrecida al público por primera vez hasta la actualidad (v. fs. 1.045/1.047).
Impuso las costas tanto del expediente principal como de la presente ejecución a la demandada, en su calidad de vencida (v. fs. 1.048).
III. Apelada esta decisión por ambas partes, la Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata la modificó, desestimando los rubros reposición de praderas, reparación del inmueble y pérdida del valor venal. Asimismo, estableció que la procedencia del lucro cesante debía extenderse hasta el año 2008. Declaró inaplicable al caso la ley 12.836 y determinó que los intereses moratorios serían liquidados según la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Impuso las costas a la actora, por resultar sustancialmente vencida (v. fs. 1.135/1.145).
IV. Frente a este modo de decidir, se alza el letrado apoderado de esta última mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual denuncia la violación de los arts. 163 inciso 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 505 inciso 3, 520, 1.112 y 1.067 del Código Civil y 14, 16, 17, 18, 19 y 29 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita. Alega, además, el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba. Finalmente, hace reserva del caso federal (v. fs. 1.149/1.171).
Señala que el fallo ha quebrantado el principio de congruencia en detrimento de la reparación integral peticionada en la demanda al desestimar los rubros "reposición de pasturas", "reparación del inmueble" y "pérdida del valor venal de la propiedad", apartándose sin fundamento de la prueba pericial obrante en la causa (v. fs. 1.157/1.162 vta.).
En otro orden de ideas, cuestiona la determinación del monto indemnizatorio, en tanto sostiene -por un lado- que resulta irrazonable el límite temporal establecido en la sentencia en lo que respecta al lucro cesante y -por el otro- se desconforma de la conversión efectuada de los valores establecidos en dólares estadounidenses toda vez que, a su juicio, deben ser convertidos a pesos a la fecha del efectivo pago (v. fs. 1.153 vta./1.157).
Asimismo, se agravia de la quita adicional establecida del 30% respecto del lucro cesante, por considerar que dicha solución no se compadece con las conclusiones vertidas por el experto (v. fs. 1.157).
Por último, se queja de la aplicación de la tasa pasiva por considerar que deja sin reparar un importante porcentaje del daño moratorio producido y solicita que se deje sin efecto la imposición de costas impuesta por la Cámara (v. fs. 1.164 vta./1.197).
V. La impugnación no prospera.
V.1. En primer lugar, aduce la recurrente que la Cámara ha aplicado erróneamente el principio de congruencia al concluir que la actora no peticionó expresamente en la demanda los rubros "reposición de praderas" y "reparación del inmueble" (v. fs. 1.157/1.162 vta.).
Conviene inicialmente señalar que esta Suprema Corte sostuvo invariablemente que el principio de congruencia consagrado en los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 y reiterado por el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial significa que, como regla general, debe existir correspondencia entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide, o sea sobre todas las pretensiones sometidas a su examen, y solo sobre estas, y debe dictar el fallo basándose en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las formulaciones hechas valer por las partes en sus presentaciones y solo basándose en tales elementos (conf. causas C. 118.299, "Olguín", sent. de 8-VII-2014; C. 120.653, "Campagne", sent. de 7-VI-2017; e.o.).
Siendo ello así los agravios relativos a la violación de este principio, por estar directamente vinculados a la interpretación de escritos judiciales, deben ser acompañados de la denuncia y demostración de absurdo en la tarea del juzgador (conf. causas C. 102.009, "Rosetti", sent. de 18-VI-2014; C. 121.773, "D., V. B.", sent. de 26-IX-2018; e.o.).
En el caso, el Tribunal de Alzada señaló que no se advertía en ningún pasaje del escrito constitutivo presentado por la actora (v. fs. 100/127 vta.) que se hubieran consignado los rubros "reposición de praderas" y "reparación del inmueble" (v. fs. 1.139 vta.).
En efecto, destacó que a fs. 100, punto 1, la accionante consignó que "...exist[ían] daños y perjuicios de distinta naturaleza, identificables por sí mismos, aunque su contenido económico h[ubiera] de quedar diferido a la prueba. Se trata[ba] de: a) Daño emergente proveniente de la pérdida de las importantes instalaciones fijas del campo que ha[bían] quedado bajo el agua, como ser alambrados, molinos, tanques, aguadas, caminos; b) la pérdida definitiva de la mayor parte del campo...", no mencionando en dicho tramo los rubros cuestionados (v. fs. cit.).
En base a ello sostuvo que en ningún otro capítulo de la demanda se encontraba especificado claramente un reclamo por "reposición de praderas" y "reparación del inmueble", omisión que en manera alguna podía ser suplida por la referencia tangencial y meramente descriptiva acerca de que se trataba de un campo que se hallaba en plena explotación y donde existía casa principal, instalación para personal y galpones (v. fs. 101 y 1.120). Por tal razón juzgó que correspondía desestimar tales rubros (v. fs. cit.).
Dicho análisis resulta conteste con la reseña de antecedentes efectuada en el apartado I del presente sufragio del cual surge patentemente el límite del objeto litigioso.
Es claro pues, que desde el inicio del pleito la actora incluyó en el concepto de daño emergente los perjuicios sufridos por el deterioro de alambrados, molinos, tanques, aguadas y caminos (v. fs. 100, cit.) sin referirse en ningún pasaje a las "praderas" o al "inmueble", delimitando así el contenido de su pretensión, el cual fue reiterado en idénticos términos al iniciarse la presente ejecución de sentencia (v. pto. II del presente; fs. 425 vta.).
Por ende, no puede sostenerse válidamente que la decisión de la Cámara haya vulnerado el mentado principio de congruencia.
La recurrente no logra demostrar las infracciones denunciadas que en rigor se reducen -en esta parcela- a cuestionar la congruencia del fallo en función del principio de reparación integral, pues tales ítems debieron ser precisados en términos claros y positivos al iniciarse la acción (conf. art. 330, incs. 3 y 6, CPCC).
En consecuencia, no demostrado el quebrantamiento del respectivo principio procesal, se impone el rechazo de este segmento de la protesta (conf. doctr. art. 279, CPCC).
V.2. No mejor suerte ha de correr la crítica vinculada con el rechazo de la indemnización por pérdida del valor venal de la propiedad (v. fs. 1.161 vta./1.162 vta.).
Aduce la quejosa que por distintas razones acreditadas en la causa -rupturas de la unidad funcional, inaccesibilidad, riesgo futuro, etc.- quedó demostrado el menor valor del predio por la ocupación indefinida de las aguas (v. fs. cit.); sin embargo, en dicho tramo de la impugnación se desentiende de las razones brindadas por el Tribunal a quo para arribar al rechazo del mentado concepto indemnizatorio.
Sobre el tópico, la Cámara advirtió que solo debía computarse el daño cierto y no el eventual, criterio que conducía a desestimar toda pretensión de resarcimiento del valor del campo inundado, ya que no había pruebas actuales concluyentes que demostrasen su plena y definitiva inutilización para fines productivos (v. fs. 1.140 vta.).
Tal forma de decidir resulta acorde con los lineamientos esbozados por esta Corte en la causa C. 120.267, "Gallo Llorente" (sent. de 20-IX-2017), en la cual se expresó que es condición indispensable para resarcir la pérdida del valor venal del bien la verificación de la irreversibilidad del daño. En dicha oportunidad se dispuso, asimismo, que no es dable tener por configurada -lisa y llanamente- la "pérdida del valor venal del bien" sin un previo análisis acerca de la viabilidad y eficacia de posibles acciones de recomposición a aplicar sobre el predio afectado.
La quejosa, si bien insiste en la recurrencia y permanencia de los daños y en la conducta omisiva del Estado al no realizar las obras necesarias para hacer cesar los mismos (v. fs. 1.161 vta.), nada dice acerca de la "definitiva inutilización" del predio, requisito esencial para la procedencia del rubro en cuestión.
Según se aprecia, tal base argumental resulta insuficiente en la medida en que pretende instalar el debate en un plano distinto al que lo hizo la Cámara, desentendiéndose así de la idea rectora del fallo (conf. doctr. art. 279, CPCC).
En la pieza recursiva se omite cualquier tipo de referencia a la "eventual recuperación o definitividad del estado del predio" (fs. 1.140 vta./1.141), que es el presupuesto sobre el cual el a quo estructura su razonamiento. Ello evidencia el incumplimiento de la carga procesal del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Como es sabido, en sede extraordinaria los agravios deben estar dirigidos en forma directa y concreta a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esa función no es cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales si en esa operación se sustrae, justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (conf. causas C. 105.029, "Her", sent. de 8-IX- 2010; C. 120.616, "Cárdenas", sent. de 7-II-2018; e.o.).
V.3. Tampoco cabe receptar el planteo relativo a la quita adicional del 30% respecto del lucro cesante (v. fs. 1.157).
Repárese en que los argumentos desplegados no se detienen críticamente en la medular consideración vertida por el a quo acerca de la "aleatoriedad del riesgo de todo emprendimiento económico de producción", factor determinante que llevó a la Cámara a confirmar la reducción del 30% efectuada por el sentenciante de origen (v. fs. 1.141 bis y vta.).
Diversamente, agota la impugnante su despliegue argumental insistiendo en la improcedencia de dicha quita, toda vez que el perito tuvo en cuenta la rentabilidad promedio en base al comportamiento histórico y no un tope máximo o ideal (v. fs. 1.157).
La articulación así ensayada luce evidentemente desplazada del núcleo de la fundamentación expuesta por el Tribunal de Alzada que, valga enfatizarlo, destacó que no bastaba a los fines de fijar el lucro cesante la sola consideración de valores promedio, las características de la zona, su rentabilidad habitual, la entidad de ganancias anteriores o la índole de la explotación, sino que gravitaba también el riesgo propio de toda empresa, del cual no estaba exenta la actividad de las actoras.
Así las cosas, solo cabe concluir que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que -como en el caso- se desentiende del eje sobre el cual la Cámara ha instalado su decisión y deja incólume el fundamento en que descansa (conf. causas C. 118.299, "Olguín", sent. de 8-VII-2014; C. 119.753, "Álvarez Sosa", sent. de 25-X-2017; e.o.).
V.4. De otra parte, cuestiona la recurrente el límite temporal establecido para el lucro cesante (v. fs. 1.153 vta./1.156 vta.).
Al respecto aduce que resulta absurdo por autocontradicción (v. fs. 1.155) el razonamiento llevado a cabo por el Tribunal a quo , habida cuenta de que en la etapa de ejecución de sentencia se procedió a determinar la extensión y cuantía del monto indemnizatorio, produciéndose prueba al efecto que da cuenta de los daños acaecidos como consecuencia del anegamiento hasta el período 2012/2013. Por ende -afirma- limitar el lucro cesante al año 2008, obviando los restantes períodos fehacientemente acreditados en autos, resulta contrario a los datos objetivos de la causa.
Este agravio habrá de correr igual suerte adversa que el anterior.
En efecto, en la sentencia impugnada se destaca que el reconocimiento del presente rubro más allá del año 2008 configuraría una violación a la cosa juzgada.
De ello surge que en lo referido a esta parcela el recurrente pierde de vista el eje central de la decisión de la Cámara.
Más aún, al plantear su embate no logra deslindar este rubro con la fijación en dólares y su agravio en torno a la ley de convertibilidad. En el recurso no se identifica correctamente la estructura de la decisión y no acredita que el reconocimiento del daño más allá del año 2008 no implica una violación a la res iudicata, tal como lo afirma el a quo .
Atento a la falta de suficiencia técnica del embate, corresponde rechazar este rubro. Como es sabido, en sede extraordinaria los agravios deben estar dirigidos en forma concreta, directa y eficaz a los fundamentos esenciales del fallo (conf. causas C. 104.714, "La Media Luna S.A.", sent. de 21-IV-2010; C. 104.106, "Barrios", sent. de 3-XI-2010; e.o.); por ende, no basta la crítica que -como en el caso- no interpreta los términos de la sentencia y se desentiende del razonamiento que para fundarla empleó al tribunal (conf. causas C. 105.029, "Her", sent. de 8-IX-2010; C.121.756, "Domínguez", sent. de 13-VI-2018; e.o.). Motivo que permite desestimar este agravio, en vista de su clara insuficiencia (art. 279, CPCC).
V.5. Finalmente, debe ser rechazada la crítica planteada a fs. 1.154/1.156 vta., referida al modo en que -a juicio de la impugnante- debe ser cuantificado el daño.
Al respecto, aduce que la sentencia debió tomar los valores en dólares estadounidenses y ordenar su conversión a la moneda de curso legal al tiempo del efectivo pago.
Sin embargo, la protesta se desentiende de los motivos expuestos en la sentencia, limitándose a reeditar
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