Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126006
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.006, "Guzmán Cerna, Raúl Eugenio contra Abantín, Aedo. Ejecución de sentencia", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó el planteo formulado por el ejecutado Aedo Abantín y declaró que el inmueble embargado se encuentra en condiciones de ser subastado (v. resolución de fecha 15-VII-2020).
Se interpuso, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 29-VII-2020), el que, denegado en la instancia de origen (v. resolución de fecha 12-VIII-2020), fue concedido por esta Corte al declarar procedente la queja presentada el día 20 de agosto de 2020 (v. resolución de fecha 13-X-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo, en etapa de ejecución de la sentencia, desestimó el planteo incoado por el demandado en torno a la inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble ubicado en la calle Pasaje Tandil 773 de la ciudad de Bahía Blanca, objeto de la señalada incidencia, y declaró que se encuentra en condiciones de ser ejecutado por subasta judicial electrónica (v. pronunciamiento de fecha 15-VII-2020).
Para así decidir, con apoyo en la doctrina legal que enunció y en el marco de lo dispuesto por el art. 49 inc. "e" de la ley nacional 14.394 -en contraposición a lo normado al respecto por la ley provincial 14.432 que consideró inaplicable- destacó que, en el caso, como el crédito laboral era anterior a la constitución del bien de familia como tal, a través de su inscripción en el Registro de la Propiedad, el señalado inmueble no perdía su ejecutabilidad.
Luego, sostuvo que la solicitud de adecuación del supuesto bajo examen a lo dispuesto en el art. 456 del Código Civil y Comercial de la Nación, incorporada por el legitimado pasivo en su petición, devenía inviable porque entendió que el mencionado precepto no podía ser aplicado de manera retroactiva.
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza el ejecutado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia que el sentenciante no aplicó el referido art. 456 del Código Civil y Comercial de la Nación e incurrió en transgresión de la doctrina legal que cita.
Alega que la conclusión a la que arribó el juzgador de origen cuando consideró que esa norma no es susceptible de ser aplicada retroactivamente, no resulta una derivación razonada del derecho vigente a tenor de las circunstancias comprobadas de la causa.
Sostiene que el art. 7 del citado digesto dispone expresamente que, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes y no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario.
Con apoyo en la opinión de una autora, señala la problemática que emerge del derecho transitorio cuando un hecho, acto, relación o situación jurídica se prolonga en el tiempo durante la vigencia de dos o más normas.
Expone que la dificultad se plantea cuando se trata de relaciones o situaciones in fieri , que no se agotan instantáneamente, sino que duran en el tiempo, o que su realización, ejecución, liquidación o consumación demandan tiempo, por lo que en un momento pueden caer bajo el imperio de una norma y luego de otra.
Asevera que la nueva ley rige no solo para las situaciones que nacen después de su entrada en vigencia, sino también para las anteriores si se trata de consecuencias no agotadas.
En ese marco, puntualiza que la tutela normativa que surge del art. 456 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece que la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente, o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Cuestiona la decisión del tribunal de origen con arreglo a la cual determinó que el citado precepto no puede tener aplicación retroactiva.
En este sentido, explica la analogía, a su juicio existente, con relación al art. 249 de dicho cuerpo normativo, señalando que el mencionado dispositivo, entre las excepciones que contempla para levantar la protección del bien, no enuncia a los créditos de naturaleza laboral.
En definitiva, expone que habiéndose celebrado su matrimonio en fecha anterior al nacimiento de la deuda laboral objeto de la presente ejecución, corresponde que se haga lugar al planteo impugnativo y se declare inembargable e inejecutable el bien en cuestión, que constituye su vivienda familiar.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde señalar que el agravio principal que porta el remedio, vinculado con la supuesta vulneración del art. 456 del Código Civil y Comercial de la Nación -que regula lo atingente a la ejecutabilidad de la vivienda familiar en caso de matrimonio- resulta inhábil a los fines pretendidos.
En este orden de ideas, cabe recordar que el argumento central del tribunal de grado a fin de no aplicar dicho precepto -y operar, en cambio, las pautas del art. 38 de la ley 14.394- gira en torno a que el hecho generador de la obligación se remontaba al mes de noviembre de 2010, cuando el trabajador se colocó en situación de despido indirecto y que, de acuerdo a lo previsto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, "...la retroactividad no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales, como resulta el crédito laboral objeto de la presente ejecución; cuya protección es objeto de preferente tutela constitucional", citando en refuerzo de esta tesis un precedente de esta Corte que indicó que el principio general es que las leyes surten sus efectos a partir de su vigencia y que la excepción es su efecto retroactivo.
Empero, contra esa definición el quejoso efectúa consideraciones teóricas muy generales sobre la aplicación temporal de las normas jurídicas, sin controvertir en forma directa el razonamiento del sentenciante referenciado precedentemente.
Obsérvese, en este orden de ideas, que el ejecutado se contenta con señalar -en un solitario párrafo- que la conclusión del juzgador no sería "correcta", apoyándose en que los créditos laborales no están expresamente consignados en el listado efectuado por el art. 249 del Código Civil y Comercial de la Nación, precepto este último que -sin referirse en modo alguno a su aplicación temporal- admite la ejecución de un inmueble afectado como bien de familia en casos específicos.
En definitiva, se aprecia que el recurrente ha incumplido con la pauta reiteradamente puesta de resalto por esta Corte en punto a que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficazmente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor [SMATA]", sent. de 8-II-2021; L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; e.o.).
III.2. Sin perjuicio de que lo dicho sella de modo definitorio la suerte adversa de la postulación, no es ocioso agregar -en cuanto a las referencias que efectúa el quejoso- que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI-2021 y L. 124.683, "Notti", sent. de 15-IX-2022; e.o.); como tampoco lo es, la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo", sent. de 30-VIII-2021; L. 125.959, "Guinski", sent. de 27-X-2022; L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023; e.o.)
III.3. En suma, el déficit de la impugnación queda en evidencia ante la ausencia de una réplica integral de las motivaciones estructurales y definitorias del fallo de origen (art. 279, CPCC).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud , Torres y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/08/2023 09:23:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/08/2023 10:57:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2023 10:02:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:28:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:33:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/08/2023 08:59:34 hs. bajo el número RS-83-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia