Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 124859
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.859 "CAFFARO NORBERTO JOSÉ Y OTROS C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA"
I. El apoderado de la actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 13-VI-2023, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 9-VII-2023 y su archivo adjunto identificado como "RREEFF...").
En el caso, en el marco de una ejecución de sentencia, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno y en lo que interesa destacar, había ordenado la venta de dólares estadounidenses de la cuenta de autos -conforme cotización al día de efectuarse la transacción- hasta cubrir -debidamente- la suma que detalló en concepto de monto de condena (v. pronunciamiento de fecha 3-XII-2020, en págs. 24/26 del adjunto al trámite de fecha 26-II-2021 y sent. de 30-III-2021).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, propiedad, defensa en juicio y doble instancia (arts. 16, 17, 18, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH; v. págs. 1/2, 9/11 y 14, adjunto "RREEFF..." cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -erróneamente- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 307:2281; 308:1160; 311:621, 948; 318:922, 2937; 330:1427; 316:1972; 315:992; entre otros).
En tal sentido, aduce que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la revisión de las circunstancias fácticas y las pruebas del litigio. Y asevera que dichos planteos resultaban suficientes para acreditar que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y, en consecuencia, refutar las razones dadas por la Cámara en cuanto dispuso pesificar el monto depositado en la cuenta de autos, demostrando el absurdo de su fallo (v. págs. 9/14, adjunto "RREEFF..." cit.).
II.3. Finalmente, alega que por todas las objeciones mencionadas -que entiende de índole federal- corresponde hacer excepción a la regla de que las cuestiones de hecho y prueba no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria, admitir el recurso y dejar sin efecto la resolución atacada (v. págs. 2/4 y 9/10, adjunto "RREEFF..." cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 14-VII-2023), el mismo fue contestado por la apoderada de Fiscalía de Estado (v. trámite de fecha 2-VIII-2023).
IV.1. En lo que refiere al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), son ajenas, por regla y naturaleza, al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley intentado. En efecto, reitera -en sustento de su posición- cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 9/14, adjunto "RREEFF..." cit. y resol. en crisis cit.).
IV.3. En lo que atañe a la alegación del derecho a recurrir (v. págs. 10/11, adjunto "RREEFF..." cit.), cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180; voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
IV.4. Por otro lado, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 16, 17, 18, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH; v. págs. 1/2, 9/11 y 14, adjunto "RREEFF..." cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutiérrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodríguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023; C. 126.235, "Abdala", resol. de 13-IX-2023, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/03/2024 14:38:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2024 18:09:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:01:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2024 11:30:45 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2024 12:20:47 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/05/2024 13:13:48 hs. bajo el número RR-308-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia