Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 137374
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado un agravio desestimado en otros casos análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 298, CPCC); y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3135/2013).
C. 137.374 "M. V. F. C/ D. B. D. S. S/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA"
I. Del acuerdo arribado por las partes en el marco del expediente principal sobre compensación económica, dimana que el señor D. B. se comprometió "... en el plazo de 60 días, a efectuar la compra de un terreno de idénticas características, cualidades y dimensiones al terreno objeto del presente, en el Paraje La Posada, otorgando a M. el correspondiente boleto de compraventa y su posesión, con adjunción del informe de dominio e inhibiciones..."; convenio que resultó homologado en fecha 28 de abril de 2023 (v. escrito de demanda del 29-IX-2023).
El Juzgado de Familia N°9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora mandó a llevar adelante la ejecución promovida por la actora, readecuando la obligación en su momento asumida, condenando al ejecutado a hacer íntegro pago de la suma de dólares diecisiete mil (U$D17.000) con más los intereses y costas. Además, rechazó los planteos de falsedad ejecutoria y pago. Por último, impuso las costas a la parte ejecutada, difiriendo la regulación de honorarios para el momento en que se encuentre aprobada la liquidación (v. sent. del 30-VII-2024).
Apelada dicha decisión por el ejecutado, el Tribunal de Alzada sostuvo: "... el a quo resolvió readecuar la ejecución del convenio, que como se dijo, obligaba al requerido a la compra de un terreno y su posterior entrega a la accionante, por la obligación de entregar una suma de dinero considerada equivalente al valor del inmueble antes referido (...) Y es en este punto donde entiendo asiste razón al recurrente. Pues como se adelantó, si bien el art. 509 del CPCC faculta al magistrado a establecer la modalidad, o ampliar o adecuar la ejecución, también establece una limitación dada por los límites de la sentencia que la motiva. Así, se dijo que si bien se reconoce potestad al órgano jurisdiccional para la readecuación, esta no puede legítimamente alterar o desbordar el contenido de la decisión cubierta por la cosa juzgada [...] observando que los términos del convenio no resultan suficientemente claros, en el sentido de si el demandado asumió una obligación de hacer -adquirir el inmueble y su posterior entrega- o bien a una obligación de entregar cosa, lo cierto es que ambas situaciones prevén ciertos requisitos previos a fin de poder readecuar la ejecución (...) En el primer caso, el art. 511 del CPCC establece que en caso que no se cumpla con la "condena a hacer" dentro del plazo señalado por el juez, el magistrado puede disponer que esta se haga a su costa o bien se ordenará su resarcimiento por los daños y perjuicios que provenientes de la inejecución (...) Es decir, en este supuesto, que considero es el aplicable al sub lite, si el deudor no quisiere o no pudiere ejecutar el hecho, nace para el actor la opción de exigir la ejecución forzada a costa del obligado, o bien reclamar los perjuicios e intereses.
De ello se extrae, que la norma no autoriza la sustitución de una obligación por otra, sino que prevé la forma de subvertir el incumplimiento...". En este sentido, concluyó: "... corresponde modificar lo decidido en la instancia de origen, haciendo lugar parcialmente al recurso traído, disponiendo en consecuencia que el ejecutado Sr. D. S. D. B. proceda, en el plazo de 30 días de quedar firme la presente, a hacer entrega a la Sra. V. F. M. un terreno de idénticas características, cualidades y dimensiones que las del terreno objeto del expte. LZ 14.277, en los términos del convenio celebrado en fecha 13/04/23 y homologado en fecha 28/04/23, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento en el plazo establecido, se disponga la adquisición del mismo a su costa o su resarcimiento por daños y perjuicios, a elección de la actora.(art. 510 CPCC)" (v. sent. del 23-III-2025).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza el señor D. B. D. S. mediante sendos recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación del 10-IV-2025), los que siendo concedidos (v. resol. del 5-V-2025), son traídos a consideración de este Superior Tribunal.
III. El intento anulativo impetrado, por el que se aduce preterición de cuestión esencial, no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 125.811, "Faviano", resol. de 19-XII-2022; C. 126.646, "Dubois", resol. de 14-XI-2023 y C. 128.443, "Galván", resol. de 28-XI-2024; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 125.863, "Aguado", resol. de 19-XII-2022; C. 126.444, "Esposito", resol. de 1-VIII-2023 y C. 127.794, "Matthews", resol. de 28-X-2024; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo en crisis deja advertir que la cuestión que se dice soslayada, vinculada con la falta de respuesta la excepción de pago opuesta por el ejecutado, ha quedado desplazada por el razonamiento del sentenciante al dejar sin efecto la modificación de la obligación efectuada en la instancia de origen, estableciendo un nuevo plazo para su cumplimiento. En consecuencia, las manifestaciones relacionadas con dicho tópico se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico del fallo, los que resultan extraños a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (v. págs. 8/12 del escrito de embate; conf. doctr. causas C. 125.601, "Rodriguez", resol. de 10-VIII-2022; C. 126.620, "Galante", resol. de 14-XI-2023 y C. 128.343, "Lencina", resol. de 10-IX-2024; e. o.).
Lo expuesto, basta para desestimar la vía anulativa extraordinaria (arts. 31 bis y 298, cits.).
IV. 1. Abordando el remedio de inaplicabilidad de ley intentado, a través del cual se denuncia infracción al principio de congruencia y violación de la doctrina legal de esta Corte, se anticipa que éste tampoco puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 125.681, "Trevisan", resol. de 19-XII-2022; C. 126.507, "Scampini", resol. de 29-IX-2023 y C. 129.015, "Donnari", resol. de 28-X-2024; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada que han sido hábiles para modificar parcialmente la sentencia de grado recurrida (v. págs. 3/10 de la sentencia en crisis), no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 4/7 del recurso en vista, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (emparentados con la omisión de tratar la excepción de pago en su momento opuesta en la instancia de origen y la imposición de costas acaecida) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el sentenciante anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre las cuestiones debatidas (conf. doctr. art. 279 y causas C. 124.722, "Pompilio", resol. de 15-III-2022; C. 126.418, "Bustamante", resol. de 11-VIII-2023 y C. 121.045, "Dopazo", resol. de 28-X-2024), lo que no basta para demostrar los errores imputados.
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 125.691, "Labarthe", resol. de 23-XI-2022; C. 126.628, "Sylvester", resol. de 29-IX-2023 y C. 127.472, "Calfin", resol. de 28-XI-2024; entre tantas).
Lo dicho, basta para descartar esta parcela recursiva y permite, además, repeler las infracciones procesales denunciadas (arts. 279 y 289, CPCC).
IV. 2. Igual solución merece el agravio vinculado con la transgresión al principio de congruencia (v. pág. 5 del escrito de embate), ya que no se han desarrollado argumentos suficientes que permitan visualizar el apartamiento del juez del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia en crisis atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (conf. doctr. causas C. 125.016, "Carbone", resol. de 15-III-2022; C. 126.379, "Bentancour", resol. de 5-IV-2023 y C. 127.975, "Cargill S.A.C.I.", resol. de 20-XI-2024; e. o.).
IV. 3. Finalmente, igual déficit presenta la esgrimida violación a la doctrina legal expuesta a lo largo del embate, toda vez que, en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 125.677, "Corradi", resol. de 19-XII-2022; C. 125.659, "Guidozzolo", resol. de 9-VI-2023 y C. 128.617, "Sánchez", resol. de 28-X-2024; entre tantas), carga esta última no abastecida por el recurrente y que conlleva a desestimar este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado un agravio desestimado en otros casos análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 298, CPCC); y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2025 10:49:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/08/2025 14:17:58 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:05:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2025 15:27:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2025 09:48:35 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/09/2025 13:52:37 hs. bajo el número RR-588-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia