Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126557
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Disponer que tanto a los fines del trámite ante esta sede casatoria como para los eventuales efectos regulatorios, los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley deducidos en ambos expedientes habrán de ser considerados como un solo carril de nulidad y uno de inaplicabilidad de ley;
2Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad incoado por la señora Di Martino (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 3) ante la insuficiente fundamentación, rechazar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 126.557 "CILURZO ALEJANDRO GABRIEL Y OTROS C/ DI MARTINO FLORENCIA MÓNICA LILIANA S/ EJECUCIÓN TRANSACCIONES O ACUERDOS HOMOLOGADOS" y su acum.
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°12 del Departamento Judicial de San Isidro, en sentencia única dictada para las causas "Cilurzo, Alejandro Gabriel y otros c/ Di Martino, Florencia Mónica Liliana s/ ejecución transacciones o acuerdos homologados" y "Di Martino, Florencia Mónica Liliana c/ Cilurzo, Alejandro Gabriel y otros s/ consignación de sumas de dinero, alquiler, arrendamientos", rechazó la consignación judicial efectuada por Florencia Di Martino e hizo lugar a la demanda de cumplimiento de acuerdo entablada por Alejandro, Claudio y Rosana Cilurzo, condenando a la mencionada Di Martino a pagar lo que resulte de las cuotas adeudadas que especificó (de U$S 850 mensuales en pesos al valor del dólar solidario, con deducción del 35%). Determinó que el saldo deudor que surja llevará intereses, y que del mismo deberá deducirse el importe de lo depositado en el proceso de consignación, para concluir que frente a la liquidación final se dará un plazo a Di Martino para que regularice el estado de deuda bajo apercibimiento de tenerse por resuelto el contrato de cesión de derechos hereditarios.
En la misma sentencia la señora jueza desestimó la pretensión por daños y perjuicios deducida contra la señora Di Martino, como así también la reconvención por garantía de evicción entablada por esta última (v. sent. de 6-XII-2021; RS 19-2021 de la consignación y RS 20-2021 de la ejecución).
A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación del fuero departamental modificó el pronunciamiento impugnado en cuanto dejó sin efecto el apercibimiento de resolución allí establecido, confirmando todo lo demás decidido y que fuera motivo de agravio (v. sent. de 15-VI-2022; RS 80-2022 de la ejecución y 81-2022 de la consignación y sent. aclaratoria de 16-VIII-2022; RR-565-2022 de la consignación y RS-103-2022 de la ejecución).
Frente a tal decisión, la señora Di Martino dedujo en cada expediente recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de 5-VII-2023 y 6-VII-2022, respectivamente), de idéntico contenido. Cada uno de ellos fue concedido (v. resol. de 3-V-2023, RR-251-2023 en el expediente de ejecución y en la consignación RR-249-2023).
II. Esta Corte dispuso, para un mejor orden procesal, que la tramitación de las vías extraordinarias por ante esta sede continuarán en los autos "Cilurzo" (v. prov. de 3-VII-2024). Así, y frente a la unicidad del fallo sometido a impugnación y el idéntico contenido de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad deducidos en ambos expedientes, los remedios habrán de ser considerados -tanto a los fines del trámite ante esta sede casatoria, así como para los eventuales efectos regulatorios- como un solo carril de nulidad y uno de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 123.138, "Lievore", resol. de 8-V-2019; C. 123.318 "Meine Terra S.A.", resol. de 11-IX-2019; C. 123.690, "Peralta", resol. de 2-IX-2020; C. 124.971, "Ripodas", resol. de 10-VIII-2022 y C. 125.738, "Díaz", resol. de 1-VIII-2023).
III. Pasando ahora a considerar los requisitos de admisibilidad del carril anulativo, es del caso recordar que, conforme ha resuelto este Tribunal en repetidas oportunidades, el mismo sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.775, "Acosta", resol. de 24-VIII-2021 y C. 124.971, cit.).
En estos obrados, no obstante, la alegada infracción de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, en la fundamentación del referido recurso no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tales preceptos. Así, se observa que expresa su discrepancia con el acierto jurídico del fallo alegando arbitrariedad y planteos referidos a presuntos errores de juzgamiento, que no son propios de la vía en consideración sino de la de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 123.777, "Anselmi", resol. de 27-V-2020; C. 123.894, "Chulenmar S.R.L.", resol. de 16-VI-2020; C. 124.153, cit.; C. 124.322, "Lopez", resol. de 31-III-2021, C. 124.775 y C. 124.971, cits.).
Atento a lo expuesto, cabe concluir que el carril extraordinario de nulidad articulado resulta inadmisible (art. 296, CPCC), y se impone, en consecuencia, reputarlo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 124.153 y C. 124.971, cits.).
IV. Abordando el restante remedio por el que se denuncia violación a los arts. 155 y 331 del Código Procesal Civil y Comercial, arbitrariedad, infracción al principio de congruencia, afectación de garantías constitucionales y transgresión de doctrina legal, se anticipa que éste no puede prosperar, en virtud de su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
IV.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada que -a la luz del material fáctico obrante- le permitieran confirmar el fallo de primera instancia y, en consecuencia, admitir la demanda de cumplimiento de acuerdo (v. págs. 15/32), no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 15/22 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la revisión de las circunstancias fácticas del pleito, el acuerdo celebrado, el monto de condena, la tasa de interés, el principio de congruencia, la cosa juzgada, la mora del acreedor, etc.) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el juzgador anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre las cuestiones debatidas (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Asimismo, debe adicionarse que el canal bajo estudio exhibe un desentendimiento sobre las normas legales expresamente actuadas en la solución recurrida (v. págs. cits. de la sentencia en crisis). En esa dirección, ha manifestado esta Corte que es insuficiente la vía revisora que no sólo no formula una réplica de las razones estructurales y definitorias del fallo sino que -además- omite denunciar como violados los artículos utilizados en él (conf. doctr. causas C. 119.728, "Sandoval", resol. de 20-V-2015; C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015 y C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016; entre varias).
Lo expuesto, habilita a rechazar este fragmento impugnativo y permite, asimismo, descartar las infracciones normativas traídas en la pág. 3 del recurso bajo análisis (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
IV.2. El mismo déficit porta la alegada arbitrariedad, toda vez que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido (v. págs. 34 y sigs. del intento revisor). Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
IV.3. Igual suerte adversa debe correr la aducida transgresión a las garantías constitucionales que se expresan a través del canal impetrado, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
IV.4. Finalmente, tampoco cabe atender la esgrimida violación a la doctrina legal que se transcribe a lo largo de la pieza recursiva, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por la impugnante que conlleva a repeler también este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Disponer que tanto a los fines del trámite ante esta sede casatoria como para los eventuales efectos regulatorios, los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley deducidos en ambos expedientes habrán de ser considerados como un solo carril de nulidad y uno de inaplicabilidad de ley; 2) declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad incoado por la señora Di Martino (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 3) ante la insuficiente fundamentación, rechazar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/07/2024 13:31:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:48:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:41:53 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2024 09:01:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2024 13:22:06 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/09/2024 17:30:37 hs. bajo el número RR-591-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia