Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 54668
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el decisorio recurrido, debiéndose disponer lo conducente para que el trámite de la subasta respectiva continúe en los autos mencionados por el recurrente, dictando las providencias y llevando a cabo las diligencias que al efecto resulten menester, todo ello con la premura del caso.-
SIN COSTAS DE ALZADA , atento a la ausencia de contradicción recursiva (art. 68,2° del C.P.C.C.).-
Causa Nº 54668 R.S.16/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 19 de Febrero de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "J.PAZ Y J. FERNANDEZ S.R.L. C/ LUSOD S.A. S/ EJECUTIVO", Causa N º 54668 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , manteniéndose dicha integración a los efectos del presente no obstante lo resuelto en el Acuerdo Extraordinario 822/18, teniendo en cuenta la fecha de sorteo del estudio de orden y votación en las presentes actuaciones, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
Contra el decisorio dictado a 442/443, por la Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia ne lo Civil y Comercial N°3 Departamental se alzó -a fs. 444- el Dr. José Maria Magraner en su carácter del incidentista Miguel Bruera, interponiendo el respectivo recurso de apelación; siendo el mismo concedido en relación a fs. 445 y se fundó con el memorial de fs. 446/448, confiriendo el respectivo traslado a fs. 469/vta., no mereciendo ningún tipo de réplica.-
A fs. 473vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
El recurrente solicita que se deje sin efecto la resolución cuestionada, como así también los decretos de subasta en el presente expediente y ordene adecuar el procedimiento de remate a los autos "Bruera c/Lusod" porque resulta ser -desde su óptica- el único que instó el procedimiento y se dio cumplimiento a todos los requisitos que instó el procedimiento, cumpliéndose asimismo todos los requisitos que se le impusieron, y porque el planteo emerge -desde su óptica- del sentido común sino se quiere hablar de lo que resulta "justo".-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
Planteada así la cuestión considero adecuado partir en este estudio, reseñando los aspecto salientes del decisorio criticado.-
En el mismo la Sra. Juez a quo estableció que:
"... Dicho ello, teniendo en cuenta lo resuelto por el Superior a fs. 291/292 y 396/397 de los autos citados ut-supra -respectivamente-, lo normado por el art. 571 del CPCC y siendo que el proceso de subasta articulado en los presentes registra un mayor avance procesal que la subasta decretada en los autos caratulados "CASSOLA DANIEL FERNANDO Y OTRO C/ LUSOD S.A S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA" , corresponde continuar los trámites de la subasta del inmueble C:II, S: 54c, Mat. 1383 de Gral. Belgrano, Provincia de Buenos Aires, en los presentes obrados .".-
Cabe recordar que en la resolución de esta Alzada a la cual se hace referencia hemos resuelto que:
"... se suspenda el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos (arg. art. 157 último párr. de C.P.C.C.) hasta tanto no se adecue el trámite de ambos procesos a lo dispuesto por el art. 571 del C. P. C. C., remitiéndose a tales efectos los autos a la instancia originaria; cumplido ello, y con su resultado, las actuaciones deberán ser elevadas nuevamente, para sus ulterioridades, a esta Alzada".-
Muy bien, sobre tales bases hemos de continuar con el análisis del caso.-
Resulta indispensable para ello recordar la letra del citado art. 571 del CPCC.-
Dicha norma al tratar el tema de la " preferencia para el remate" señala que " Si el bien estuviere embargado en diversos procesos seguidos contra el ejecutado, la subasta se realizará en el que estuviere más adelantado en su trámite, con prescindencia de la naturaleza o garantías que tuvieren los créditos ...".-
Sobre dichas pautas hemos dictado el mentado decisorio de fs. 291/292, y la Sra. a quo entendió aplicarlas en el decisorio recurrido.-
Por mi parte, he de adelantar que no comparto la solución arribada por la magistrada de origen en el decisorio hoy recurrido.-
Veamos.-
El citado art. 571, nos brinda una herramienta para direccionar la subasta de un bien ante el supuesto que el mismo se encuentra embargado en varios procesos, optando por el que tenga el tramite más avanzado.-
Desde la doctrina se ha destacado que " ...la norma de marras responde a un criterio de estricta economía procesal, no pudiendo interpretarse como elemento acuciante de una carrera competitiva en la que debe triunfar quien ha conseguido llegar primero a los prolegómenos de la venta judicial. Por el contrario. si se trata de urgir el trámite, los acreedores hipotecarios, desde el momento en que se presentaron en el juicio donde ya se había había ordenado el remate. tenían suficiente legitimación. dada por el interés en defender su crédito, a efecto de cuidar que no se produjeran demora irrazonable" (Morello. Sosa.Berizonce, "Cod.Proc."T:VI-C, pág.96)).-
Sobre este piso de marchar me permito reflexionar que desde la práctica cotidiana jurisdiccional sabemos que no hemos de caer en el rigorismo formal y que las normas deben interpretarse con un criterio de razonabilidad, amén de con apego a las circunstancias del caso.-
Eso es lo que nos manda a hacer el art. 171 in fine de la Constitución local.-
Porque las circunstancias del caso son las que lo vivifican y, en ciertas condiciones, pueden ameritar mas de una interpretación legal, o solución.-
Es aquí donde, inclusive, entran en juego los principios procesales, como criterios rectores.-
Dicho esto, es tiempo de señalar que si bien, prima facie, no resulta del todo errado el examen que efectúa la magistrada de la instancia de origen sobre el avance de los presentes actuados en cotejo con los autos "Cassola C/Lusod. s.a. S/Ejecución hipotecaria", al destacar que el decreto de subasta en el presente data del 25/29/2000 (fs. 154) habiéndose oportunamente designada martillero a sus efectos y comunicado el mismo a los titulares de juzgados que tramitaban ejecuciones contra la sociedad aquí demandada; lo primero que sobresale es la ineficacia de lo actuado, DADO QUE -PASADOS 18 AÑOS- NO SE REALIZÓ EL MENTADO REMATE.-
Pero hay más.-
De la compulsa de las fs. 429/438 observamos una prolongada inacción de 9 AÑOS en los presentes actuados , siendo la misma nuevamente impulsada por el hoy recurrente en su carácter de letrado apoderado del Sr. Miguel Bruera, mediante la presentación de fs. 438/vta.-
Sumemos a ello, dos elementos más:
* la constitución a fs. 440 del domicilio procesal de la parte ejecutante en los estrados de tribunal
* la ausencia de réplica al embate recursivo.-
Lo que denotan un claro desinterés en la tramitación.-
Ahora bien, similar es la situación en los autos "Cassoli C/Lusod. S.A. S/ejecución hipotecaria".-
Allí observamos que el auto de subasta data del año 2006 (fs. 265).-
De la compulsa de las fs. 337/3344 se observa una inactividad aproximada de 8 años , siendo la misma nuevamente impulsada, por el quien aquí apela (fs. 344 y 346).-
Ello, sin desconocer lo actuado en la redargución de falsedad promovida por el Sr. Cassola.-
La inactividad de ambas ejecuciones queda expuesta, quedando también evidencia que el reciente impulso que se les dio a las mismas fue por presentaciones efectuadas por el letrado apoderado del Sr. Miguel Bruera.-
Ahora bien, tal inacción se contrapone con el trámite seguido en los autos "Bruera c/ Lusod s/ ejecución hipotecaria".-
Si bien la fecha de promoción de esta ultima ejecución hipotecaria es más reciente (9 de junio del 2006) comparada con las otras dos, observamos un trámite más activo, desde la sentencia de trance y remate dictada en el año 2014, habiéndose practicado liquidación y por ejemplo, librado los oficio establecidos por el 568 del C.P.C.C. y la traba del respectivo embargo en el 2016 (fs. 208), sin lograr el dictado del auto de subasta por la influencia de la presente ejecución y la de "Cassola" (fs. 262/263).-
Frente a todo lo expuesto, entran en juego valores superiores (como el vinculado con la efectividad de la tutela jurisdiccional, art. 15 Const. Pcial.) y principios procesales, como el de celeridad, que se verían totalmente desvirtuados si diéramos prevalencia rígida a la solución del art. 571 del CPCC cuando está a la vista que, los otros expedientes, no están siendo impulsados de ninguna manera y el desinterés de los restantes ejecutantes es evidente.-
Incluso, la mácula a la efectividad de la tutela jurisdiccional podría llegar a involucrar la responsabilidad internacional del Estado frente a la demora, irrazonable, en el cumplimiento de un fallo judicial.-
Además converge, en el sentido que vengo refiriendo, una razón mas, que es sistémica.-
Es que bajo la normativa del CPCC subyace una regla, de repudio a la inactividad; porque la inactividad implica estancamiento y lentitud en el proceso.-
Justamente por ello, existen previsiones como las del art. 36 inciso 1° del CPCC.-
Y hay algo todavía mas categórico, que reafirma lo que digo: el instituto de la caducidad de instancia.-
De este modo, y en ciertos casos, la inactividad es computada por el legislador como motivo bastante para, directamente, extinguir el proceso .-
Ahora, si la inactividad puede tener semejante potencialidad en algunos casos, no parece razonable que, en otros, quede soslayada.-
Por ello, y desde mi punto de vista, una interpretación razonable del art. 571 del CPCC es aquella que conlleve a que su aplicación entre en juego para favorecer la tramitación y no para frustrarla.-
Luego, cuando ello sucede, el magistrado deberá -dentro de lo establecido por el art. 36 inciso 1° del CPCC (que no es mas que un desarrollo de las previsiones del art. 15 de la Constitución local)- acudir a la intepretación mas favorable para evitar la paralización del, o los, procesos involucrados.-
Y esto, incluso, nos puede llevar a adoptar -en cierto estado procesal- un temperamento diverso del que puede haberse considerado correcto tiempo atrás.-
Con dicha aclaración quiero significar que si bien, tiempo atrás, el temperamento indicado por esta Alzada puede haber sido uno; el paso del tiempo puede hacer que las circunstancias varíen, y así llevarnos a otra solución.-
Todo lo cual, en el caso, nos lleva a atender el planteo recursivo traído.-
En virtud de lo expuesto, receptando los agravios introducidos, y por las razones ya expuestas, considero que se habrá de revocar el decisorio recurrido debiéndose disponer lo conducente para que el trámite de la subasta respectiva continúe en los autos mencionados por el recurrente, dictando las providencias y llevando a cabo las diligencias que al efecto resulten menester, todo ello con la premura del caso.-
Ello sin costas atento a la ausencia de contradicción recursiva (art. 68,2° del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA el decisorio recurrido, debiéndose disponer lo conducente para que el trámite de la subasta respectiva continúe en los autos mencionados por el recurrente, dictando las providencias y llevando a cabo las diligencias que al efecto resulten menester, todo ello con la premura del caso.-
SIN COSTAS DE ALZADA , atento a la ausencia de contradicción recursiva (art. 68,2° del C.P.C.C.).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia