Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Ac 90134
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar a la queja presentada, concediéndose, con la limitación indicada, el recurso extraordinario deducido. Y no habiendo el recurrente cumplido con el depósito exigido por el art. 280 del Código procesal citado, se lo intima para que en el término de cinco días acompañe el comprobante de haber depositado a la orden de la Cámara que dictó el pronunciamiento recurrido la suma de dos mil quinientos pesos ($ 2.500), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario interpuesto.
Ac. 90.134 "Banco de La Pampa c/ Soule Canau, Daniel. Ejecutivo. Recurso de queja".
//Plata, 16 de junio de 2004.
Los señores jueces doctores Pettigiani, Roncoroni y Soria dijeron:
1. El valor del litigio representado en el caso por el monto de los honorarios cuestionados, no excede el mínimo para recurrir exigido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (Ac. 47.564, 28-V-1991; Ac. 55.832, 19-IV-1994; Ac. 73.429, 9-XII-1998).
2. En situaciones análogas esta Corte ha expresado, invariablemente, respecto de la alegada inconstitucionalidad del mencionado art. 278 que el recurso de inaplicabilidad de ley se concede "con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan" (art. 161 inc. 3 "a", Constitución local) y tal limitación no vulnera derechos y garantías constitucionales, resultando compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio ("Acuerdos y Sentencias": 1962-I-513; III-339; causas Ac. 15.940, 28-VII-1970; Ac. 43.941, 7-XI-1989; Ac. 59.934, 26-IX-1995). Adicionando que el derecho de defensa sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescripta por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las leyes de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz ("Acuerdos y Sentencias", 1964-339 y 404). Por otro lado, la igualdad que contempla la Constitución comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación sean tratadas del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas circunstancias (causas citadas), conforme a la legislación vigente. También se ha expresado que el art. 278 citado no se encuentra en pugna con los derechos reconocidos por la ley 23.054, desde que no ha impedido al litigante ser oído con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (conf. causas Ac. 52.988, 11-V-1993; Ac. 66.739, 15-IV-1997).
3. Asimismo se ha precisado que la competencia de la Corte para dictar sus sentencias definitivas no queda habilitada ante cualquier reclamo que las partes deseen someterle sino que previamente es necesario que la misma adquiera virtualidad conforme al ordenamiento jurídico vigente, de modo que resultaría contrario a la Constitución y violatorio de las leyes procesales consagrar una doctrina según la cual bastaría con introducir una alegación de carácter constitucional para abrir dicha competencia fuera de los límites establecidos en el derecho aplicable, creando recursos inexistentes con derogación de la ley respectiva (conf. Ac. 43.515, 23-X-1990; Ac. 57.843, 22-XI-1994; Ac. 58.459, 7-II-1995; Ac. 62.100, 20-II-1996, etc.).
4. Sin embargo y de manera también reiterada, en procesos que resultan sustancialmente idénticos al presente y con la participación de los mismos protagonistas, la Corte Suprema de la Nación (ya sea ante recursos de queja presentados por denegatoria del recurso extraordinario federal, en un primer momento; o luego frente a recursos federales concedidos en esas causas en las que se había sostenido el criterio antes referenciado), ha hecho lugar a los cuestionamientos imponiendo finalmente la apertura de la máxima instancia provincial al conocimiento de las cuestiones federales allí planteadas (conf. "Banco de La Pampa contra Bonazelli, Felix G. Ejecutivo", entre muchas otras).
5. Ante esta situación, con remisión a razones de economía procesal (art. 34 inc. 5º "e", C.P.C.C.), a fin de evitar un dispendio de actividad jurisdiccional y sin que ello importe abdicar del criterio de esta Corte, resulta prudente aceptar las pautas de la Corte Suprema con estricta referencia a estas causas y abrir la instancia extraordinaria, con expresa limitación a las cuestiones federales planteadas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a los fundamentos expuestos en los párrafos 1, 2, 4 y 5 del voto precedente, los que resultan suficientes para hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con la limitación allí indicada.
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Ante el planteamiento de cuestiones federales y conformando esta Suprema Corte el superior tribunal de la causa en los términos a que se refieren los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Strada", "Di Mascio", "Christou", etc., corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 292, C.P.C.C. y Acuerdo 1790).
Los señores jueces doctores Hitters y Kogan dijeron:
La Cámara confirmó la sentencia que -en lo que aquí interesa- al rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por el Banco de La Pampa, declaró la invalidez del convenio sobre honorarios celebrado por dicha institución bancaria con el ahora ejecutante y ordenó continuar adelante con la ejecución.
Contra dicho pronunciamiento interpuso el Banco ejecutado recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue denegado en razón de que el valor del litigio no alcanzaba el monto mínimo para recurrir establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, decisión que motivó la interposición del presente recurso de queja.
En procesos que resultan sustancialmente idénticos al presente y con la participación de los mismos protagonistas, la Corte Suprema de la Nación (ya sea ante recursos de queja presentados por denegatoria del recurso extraordinario federal, en un primer momento; o luego frente a recursos federales concedidos en esas causas en las que se había sostenido el criterio antes referenciado), ha hecho lugar a los cuestionamientos imponiendo finalmente la apertura de la máxima instancia provincial al conocimiento de las cuestiones federales allí planteadas (conf. "Banco de La Pampa contra Bonazelli, Felix G. Ejecutivo", entre muchas otras).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el último y más genuino intérprete de la Carta Fundamental y, por ende, la exégesis que hace de ella es como si fuera la Constitución misma, expandiéndose en forma vinculante para los demás judicantes en los tópicos federales. En los temas no federales tiene efecto de vinculación moral para los demás jueces sobre la base de los principios de celeridad y economía procesal (conf. Ac. 55.536, sent. del 24-X-1995; Ac. 57.981, sent. del 27-XII-1996; L. 62.510, sent. del 10-III-1998).
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con expresa limitación a las cuestiones federales planteadas en el mismo (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial y Acuerdo 1790).
POR ELLO, se hace lugar a la queja presentada, concediéndose, con la limitación indicada, el recurso extraordinario deducido. Y no habiendo el recurrente cumplido con el depósito exigido por el art. 280 del Código procesal citado, se lo intima para que en el término de cinco días acompañe el comprobante de haber depositado a la orden de la Cámara que dictó el pronunciamiento recurrido la suma de dos mil quinientos pesos ($ 2.500), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario interpuesto.
Notifíquese y acumúlese.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
FRANCISCO HECTOR RONCORONI DANIEL FERNANDO SORIA
JUAN CARLOS HITTERS LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SILVIA PATRICIA BERMEJO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia