Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123526
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en las presentes actuaciones y en este estado de la causa al Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de General San Martín.
La Plata, 6 de Noviembre de 2019.
I. La firma Credigall S.A. -por apoderado- promovió, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de General San Martín, demanda ejecutiva contra la señora Silvina Noemí Torres domiciliada en la localidad de Billinghurst, partido de General San Martín, por cobro ejecutivo de un pagaré (v. fs. 5, 19/20).
El órgano dispuso el libramiento del mandamiento de intimación de pago y citación de remate, -sin obrar en autos la instrumentación de dicha diligencia, solo copia de la misma y constancia de retiro-, transcurrido un lapso prolongado, el ejecutante denunció un nuevo domicilio de la demandada ubicado en calle Pedernera 875 de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora (v. fs. 21 y vta., 22, escrito electrónico de fecha 19-II-2019).
Posteriormente, previo dictamen de la señora agente fiscal (v. fs. 30/31), la magistrada se inhibió de entender en estos obrados, en la inteligencia de que la relación habida entre las partes es de consumo y se encuentra regulada por la ley 24.240. En tal virtud y dado que el domicilio de la accionada se ubica en la citada localidad, fuera de su jurisdicción, consideró que corresponde por imperio del art. 36 de la citada ley la intervención del juez del domicilio real del ejecutado. Citó en apoyo a su postura los precedentes de esta Corte "Cuevas", C. 109.305, resol. de 1-IX-2010 y "BBVA Banco Francés S.A.", C. 113.770, resol. de 16-III-2011. En consecuencia, remitió los presentes a la Receptoría de Expedientes del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (v. fs. 32/33).
A su turno, su par n° 3 de ese lugar (v. fs. 38), repelió la atribución conferida, con apoyo en que el domicilio del usuario de la relación de consumo debe constatarse mediante elementos serios y adecuadamente justificados, tal como lo ha resuelto esta Suprema Corte en los mencionados autos "Cuevas". En el presente supuesto la única base que existe es la denuncia de un nuevo domicilio de la señora Torres por parte del ejecutante, por lo que no hay certeza de que viva allí y si ese dato fuera suficiente a ese fin podría llegarse al extremo de producirse un éxodo masivo de expedientes que deambularían por cuanta jurisdicción corresponda a los distintos domicilios que se fueran denunciando en las actuaciones. Así, en atención al conflicto de competencia suscitado, elevó los obrados a esta Corte (v. fs. 39/40, 41).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Este Tribunal resolvió, en el citado precedente "Cuevas", que los jueces se encuentran autorizados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la ley 24.240 modif. por ley 26.361 (conf. causa C. 118.111, "U.O.L.E.S.A.", resol. de 29-IV-2015). Y que la doctrina que fluye de este precedente no se cristaliza en una solución establecida por esta Corte para fijar a priori el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación (causas C. 119.353, "Bazar Avenida S.A.", resol. de 11-XI-2015; C. 120.613, "Asociación Mutual Amarilla de Trabajadores", resol. de 30-III-2016; C. 121.094, "Asociación Mutual 4 de Marzo de Empleados Públicos", resol. de 26-X-2016; C. 121.514, "Banco de la ciudad de Buenos Aires", resol. de 23-V-2017; C. 121.989, "Radio Sapienza S.A.C.I.I.", resol. de 22-XI-2017; C. 122.374, "HSBC Bank Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; C. 122.995, "Fideicomiso Financiero Privado Yatasto", resol. de 7-III-2019).
En el caso, si bien la magistrada que primero intervino hizo referencia a los parámetros citados, haciendo hincapié en que el ejecutado poseía domicilio fuera de su jurisdicción, lo cierto es que la genérica referencia a la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora basada en la mera alegación en tal sentido efectuada por la parte actora (v. escrito electrónico de fecha 19-II-2019), sin que siquiera obre en el expediente constancia alguna que permita conocer la fuente de ese dato, no reviste la entidad suficiente que autorice un traslado de la competencia.
Consecuentemente, en el presente estadio procesal, y sin perjuicio de lo que más adelante pueda incorporarse a la causa, la declaración oficiosa fundada en el domicilio foráneo del ejecutado resulta prematura (conf. arts. 34 inc. 5, CPCC; causas C. 119.944, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015; C. 121.514 y C. 121.989, cits.), correspondiendo devolver las actuaciones al juzgado que previno del Departamento Judicial de General San Martín para que continúe interviniendo (conf. causas C. 119.920, "Rodríguez", resol. de 14-X-2015; C. 120.613; C. 121.094, C. 122.995, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en las presentes actuaciones y en este estado de la causa al Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de General San Martín.
Regístrese, hágase saber y remítanse.
HECTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia