Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126767
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°6 del Departamento Judicial de General San Martín para entender en estos obrados.
C. 126.767 "CREDIGALL S.A. C/ CASTILLO HUMBERTO S/ EJECUTIVO"
I. La firma Credigall S.A. -por apoderado- promovió en junio de 1996 y ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6 del Departamento Judicial de General San Martín, demanda ejecutiva contra el señor Humberto Castillo, por el cobro de un pagaré, fijándose el lugar de pago en la ciudad de General San Martín (v. Sist. Augusta, trámite: "Expediente judicial-recibido", de fecha 6-IX-2022, cred2.PDF, pág. 13 y cred3.PDF, págs. 4/6).
El magistrado ordenó el libramiento del pertinente mandamiento de intimación de pago (v. trámite cit., cred3PDF, pág. 8) y, diligenciado el mandamiento de rigor, al no haberse presentado el ejecutado dentro del plazo que tenía para hacerlo, se dictó sentencia mandando llevar adelante la ejecución y se tuvo por constituido el domicilio en los estrados del juzgado (v. trámite cit., cred3PDF, págs. 11/12 y 16/17).
Posteriormente, se presentó la señora María Constanza García, quien acreditó -mediante testimonio que acompañó- el carácter de adquirente en pública subasta de la cartera de créditos de la accionante y peticionó ser tenida por parte, lo que así se proveyó (v. trámite cit. cred4PDF., págs 15/16).
Transcurridos varios años del inicio de la causa, la actora denunció el domicilio del accionado en la localidad de Moreno y solicitó nuevo mandamiento. Así, previa vista al señor agente fiscal, el juez se declaró incompetente para intervenir. Basó su postura en que la relación habida entre las partes es de consumo y se encuentra regulada por la ley 24.240 y, toda vez que el domicilio del consumidor se ubica en el partido de Moreno, esto es, fuera de su jurisdicción, consideró que corresponde -por imperio del art. 36 de la citada ley- la intervención del juez del domicilio real del ejecutado. Citó -entre otros- el precedente de esta Corte "Cuevas", C. 109.305, resol. de 1-IX-2010. En consecuencia, remitió los presentes a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez (v. trámites: "Mandamiento-solicitado", de fecha 10-II-2022; "Agente fiscal-presenta dictamen", de fecha 10-III-2022 y "Competencia-se resuelve", de fecha 25-III-2022).
A su turno, su par n°4 de ese lugar (v. trámite: "Oficio recibido", de fecha 9-VIII-2022 y PDF adj.), repelió la atribución conferida. Así, luego de un relato pormenorizado de los hechos, refirió que la inhibitoria del preventor fue en base a meros dichos de la parte continuadora a la actora -efectuada en el marco de una diligencia que no correspondía ordenarse- y que han pasado más de veintiséis años desde que la presente fue iniciada, habiéndose cumplido medidas que implicaron el ejercicio pleno de la jurisdicción. En consecuencia, atento a la cuestión de competencia negativa suscitada, elevó los obrados a esta Corte (v. trámite: "Interlocutoria registrable", de fecha 13-VI-2023).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Este Tribunal resolvió, en el citado precedente "Cuevas", que los jueces se encuentran autorizados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la ley 24.240 modif. por ley 26.361 (conf. causa C. 118.111, "U.O.L.E.S.A.", resol. de 29-IV-2015). Y que la doctrina que fluye de este precedente no se cristaliza en una solución establecida por esta Corte para fijar en forma previa el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación (causas C. 119.353, "Bazar Avenida S.A.", resol. de 11-XI-2015; C. 120.613, "Asociación Mutual Amarilla de Trabajadores", resol. de 30-III-2016; C. 121.094, "Asociación Mutual 4 de Marzo de Empleados Públicos", resol. de 26-X-2016; C. 121.514, "Banco de la ciudad de Buenos Aires", resol. de 23-V-2017; C. 121.989, "Radio Sapienza S.A.C.I.I.", resol. de 22-XI-2017; C. 122.374, "HSBC Bank Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; C. 122.995, "Fideicomiso Financiero Privado Yatasto", resol. de 7-III-2019; C. 123.106, "Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.", resol. de 10-IV-2019; C. 124.064, "Cooperativa Vivienda C y C Cristal Ltda", resol, de 29-VII-2020).
En el caso, si bien el juez que primero intervino hizo alusión a los parámetros citados, haciendo hincapié en que el ejecutado poseía domicilio fuera de su jurisdicción, lo cierto es que esa genérica referencia se basó en la mera alegación en tal sentido efectuada por la parte actora (v. trámites: "Mandamiento-solicitado", de fecha 10-II-2022 y "Competencia-se resuelve", de fecha 25-III-2022). A ello debe sumarse que tal dato ha quedado -al menos en esta etapa- dubitado, toda vez que se contradice con lo que surge de los registros informáticos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), conforme la consulta realizada por este Tribunal, en los términos de la Resolución 975/2021 (v. trámite: "Copia de escrito en papel...", de fecha 12-VII-2023, adj. "C 126767 MiPortal.PDF", aplicativo "MI PORTAL" de la SCBA). En efecto, de dicha constancia se desprende que el domicilio de la ejecutada se sitúa en calle Alberdi n° 4018 de San Miguel, perteneciente al departamento Judicial de General San Martín, circunstancias -estas- que hacen improcedente el traslado de la competencia con sustento en aquel dato.
Consecuentemente, en este presente estadio procesal y sin perjuicio de lo que más adelante pueda incorporarse a la causa, la inhibitoria oficiosa fundada en el domicilio foráneo del ejecutado resulta prematura (conf. arts. 34 inc. 5, CPCC; causas C. 119.944, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015; C. 121.514, C. 121.989, cits.), correspondiendo devolver las actuaciones al juzgado que previno del Departamento Judicial de General San Martín, para que continúe interviniendo (conf. causas C. 119.920, "Rodríguez", resol. de 14-X-2015; C. 120.613 y C. 121.094, cits.).
III. Finalmente, se encomienda al Juzgado de origen a que, en lo sucesivo, proceda -en forma previa a todo planteo relativo a su competencia- a utilizar las herramientas a su alcance a fin de verificar las circunstancias personales de las partes, en tanto estas puedan influir en tal decisión (arts. 15, Const. prov.; 36, CPCC; Resol. 975/2021, SCBA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°6 del Departamento Judicial de General San Martín para entender en estos obrados.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:30:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:40:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2023 10:54:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2023 23:53:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 11:15:06 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/11/2023 12:16:12 hs. bajo el número RR-854-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia