Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 123404
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.404, "Magraner, José María contra Groisman, Martha Noemi. Ejecutivo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, en cumplimiento de lo resuelto por esta Suprema Corte en ocasión de declarar la nulidad del fallo recaído a fs. 345/350 vta., debidamente integrada dictó un nuevo pronunciamiento en virtud del cual -por mayoría- confirmó la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.432 decretada por la sentencia de origen e impuso las costas en el orden causado (v. fs. 671/705 vta.).
Se interpusieron, por el letrado apoderado de la ejecutada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 742/777).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra el pronunciamiento en examen la demandada interpone recurso extraordinario de nulidad denunciando la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 772 vta./776 vta.).
De un lado, alega que el fallo carece de la mayoría de fundamentos necesaria, en tanto aduce que el sufragio emitido por el señor juez doctor Gallo -a los fines de dirimir la solución del caso, dadas las posiciones vertidas en los votos de sus colegas Ludueña y Rojas Molina contrarias entre sí- al manifestar su "adhesión" a la propuesta brindada por la señora jueza doctora Ludueña no indicó expresamente que lo era "en igual sentido y por los mismos fundamentos" (v. fs. 772 vta. y 773).
Al respecto, arguye que no puede ser considerado un "voto individual" de conformidad con las pautas establecidas en la Constitución local, toda vez que omite resolver con puntualidad las cuestiones esenciales de la causa, materializando un sufragio de adhesión genérico del cual no puede desprenderse coincidencia alguna con las opiniones de sus pares preopinantes y que no resulta sino un "copiar y pegar" de otra sentencia emitida por el tribunal que integra en carácter de titular (v. fs. 773/774).
Por otro lado, sostiene que la omisión de la determinación de los gastos causídicos en el voto del doctor Gallo y la expresión en la parte resolutiva del fallo de que "por unanimidad" se modifica la imposición de costas, en tanto no refleja lo manifestado en los sufragios, constituye un motivo más de nulidad de la sentencia atacada (v. fs. 775 vta. y 776).
II. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 816/818, considero que el recurso no debe prosperar.
La sola lectura del fallo muestra que este cuenta con los votos coincidentes de dos miembros del Tribunal de Alzada.
En efecto, la señora jueza doctora Ludueña -primera en el orden de votación- abordó las cuestiones sometidas a juzgamiento y, en dicha faena, tras considerar temporario el planteo introducido por la ejecutante se pronunció a favor de la inconstitucionalidad de la ley 14.432 e impuso las costas en el orden causado (v. fs. 671 vta./678).
A continuación, el señor juez doctor Rojas Molina emitió su voto en disidencia. Para así decidir, señaló que si bien resultaba viable la solicitud de inconstitucionalidad en cuanto había sido introducida en la primera oportunidad procesal propicia, entendió que no se verificaba en la especie que la aplicación de la ley 14.432 conllevase un menoscabo de los principios constitucionales invocados, sino que resultaba constitucional teniendo en cuenta los parámetros internacionales y el deber de garantizar por parte del Estado el progresivo ejercicio de los derechos humanos. Por fin, en lo concerniente a los gastos causídicos, dispuso que las costas fueran impuestas por su orden (v. fs. 678/693).
En último término se pronunció el señor juez doctor Gallo, quien manifestó su adhesión al voto de la colega preopinante.
El referido camarista al iniciar su sufragio expresamente manifestó: "convocado a intervenir a los fines de dirimir la disidencia entre los estimados colegas, Dres. Ludueña y Rojas Molina, he de señalar que -sin dejar de reconocer la valía y profundidad de los fundamentos expuestos por el Dr. Rojas Molina- he de adherir al voto de la Dra. Ludueña" (fs. 693 y vta.). Al cerrar su voto, tras hacer suyos los fundamentos sobre el tema vertidos en un precedente de la Sala que integra, reiteró su adhesión al voto de la doctora Ludueña (v. fs. 693 y vta.).
II.1. De lo expuesto, surge sin hesitación la mayoría de opiniones requerida por la manda constitucional (conf. art. 168, Const. prov.).
Ha dicho en reiteradas oportunidades esta Corte que el voto de adhesión significa que existe decisión del juez que lo emite con idénticos fundamentos a los del que se remite, pero por una razón de simplicidad obvia su repetición, integrándose de esa manera la mayoría de opiniones requerida por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (conf. causas Ac. 83.748, "Almada", sent. de 1-III-2006; C. 99.168, "Duplim SRL", sent. de 27-IV-2011; entre muchas).
A la luz de estas consideraciones la ausencia de voto individual, así como la falta de mayoría necesaria que se le imputa al fallo, no es tal desde que la sentencia fue dictada por dos de los magistrados de la Sala -doctora Ludueña y doctor Rojas Molina-, incorporándose el doctor Gallo quien adhirió a la primera de las nombradas.
II.2. En cuanto al agravio referido a la omisión de la determinación de costas en el voto del doctor Gallo y la incongruencia de la sentencia en dicho tópico (v. fs. 775 vta. y 776), tal extremo no se advierte configurado, habida cuenta de que -como se ha señalado anteriormente- la adhesión al voto de la doctora Ludueña importó que en la materia relativa a los gastos causídicos compartiera de igual modo sus fundamentos y, por ende, exista unanimidad de opiniones en el punto, tal como fuera plasmado en la parte dispositiva del iter sentencial.
II.3. Resta, por fin, señalar que en nada empece lo hasta aquí expuesto la circunstancia de que en su sufragio el señor juez doctor Gallo haya transcripto el voto del doctor Ferrari (miembro integrante de su Sala) al pronunciarse en la causa MO 39166-2012, R.S. 4/2016 -al cual oportunamente adhirió- en lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad, máxime cuando el fundamento esencial allí expuesto -esto es, que las relaciones entre acreedor y deudor solo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación en virtud de la delegación contenida en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional (v. fs. 697)- no obstante otras consideraciones adicionales, resulta coincidente en lo medular con el voto de la doctora Ludueña al cual expresamente adhirió (v. fs. 676).
En tal sentido se ha dicho que existe mayoría de fundamentos cuando el juez que sigue en orden de voto, además de agregar sus propias argumentaciones, adhiere a las manifestadas en el voto anterior (conf. causas Ac. 69.252, "Saavedra", sent. de 15-XII-1999 y C. 99.168, cit.), tal como acontece en la especie y sella definitivamente la suerte adversa de la impugnación.
III. Por todo ello y conforme lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (arts. 68 y 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor José María Osvaldo Magraner inició el presente cobro ejecutivo del pagaré sin protesto agregado a fs. 5, suscripto por la demandada Martha Noemí Groisman (v. fs. 7/8).
Librado el mandamiento de ley (v. fs. 29/30), anotado el embargo sobre el inmueble de la accionada y no habiendo esta opuesto excepciones, se dictó sentencia de trance y remate mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto la ejecutada hiciera íntegro pago del capital reclamado, que ascendía a la suma de veintiséis mil quinientos dólares estadounidenses (USD26.500), con más los intereses (v. fs. 46/47).
Posteriormente, se ordenó la subasta del inmueble de la accionada (v. fs. 171/172), frente a lo cual esta última requirió su suspensión por entender que era aplicable la ley 14.432 que propicia la inejecutabilidad de la vivienda única y de ocupación permanente. Expuso que estos recaudos legales se encontraban configurados en el caso y ofreció prueba a tal efecto (v. fs. 206/211).
Corrido el pertinente traslado, el acreedor ejecutante se opuso a la petición por diversos motivos. Adujo que: i) no se configuran los presupuestos legales para hacer actuable la legislación de mentas en la especie; ii) obró preclusión para solicitar la aplicación de dicha normativa en el caso; iii) su aplicación en la causa estaría vedada por el principio de irretroactividad de las leyes contemplado en el ordenamiento sustantivo. Sin perjuicio de ello, planteó la inconstitucionalidad de la ley 14.432, cuyo traslado de fs. 241 fue contestado a fs. 267/280.
II. El señor juez de primera instancia hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432 y, en consecuencia, rechazó el pedido de suspensión de las medidas ejecutorias dispuestas en autos, ordenando que el trámite de las presentes actuaciones continúe según su estado. Impuso las costas de la incidencia a la demandada vencida (v. fs. 290/295).
Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó en lo sustancial la decisión, revocándola en lo que respecta a las costas, las que impuso por su orden (v. fs. 345/350 vta.).
Frente a ello, el letrado apoderado de la ejecutada interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, siendo concedido el primero y declarado desierto el segundo (v. fs. 356/371 vta., 375/376 y 441/443).
A su turno, esta Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y anuló la sentencia impugnada por haber infringido el art. 168 de la Constitución provincial, al fallar omitiendo expedirse acerca de la constitucionalidad de la norma vetada y la oportunidad de su planteo (v. fs. 642/643 vta.).
III. A fs. 671/705 vta. el Tribunal de Alzada debidamente integrado dictó un nuevo pronunciamiento en virtud del cual confirmó, por mayoría, la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.432 decretada por la sentencia de origen e impuso las costas en el orden causado (v. fs. 671/705 vta.).
III.1. De manera liminar, se expidió en torno a la oportunidad del planteo de inconstitucionalidad de la normativa citada, detallando que la ejecutante lo introdujo al contestar el traslado de la petición de la contraria tendiente a suspender la ejecución con fundamento en la ley 14.432 (v. fs. 673).
Así las cosas, juzgó que no podía considerarse tardío el planteo impetrado ya que este había sido articulado en la primera oportunidad procesal propicia, es decir, cuando dicha parte había sido puesta en forma expresa y categórica en condiciones de expedirse sobre la aplicación al caso o la constitucionalidad del mentado texto legal (v. fs. 673 vta.).
III.2. Aclarado ello, ingresó en el control de constitucionalidad de la ley 14.432.
En dicho trance, tuvo en cuenta lo resuelto por la Corte nacional en la causa "Banco del Suquía S.A. c/ Juan Carlos Tomassini s/ P.V.E. -ejecutivo- apelación recurso directo", B.737.XXXVI (sent. de 19-III-2002). Sostuvo que el patrimonio del deudor era la prenda de los acreedores y que tal cuestión estaba regulada en el derecho común, de modo que la inembargabilidad e inejecutabilidad automática del inmueble del deudor destinado a su vivienda única y de ocupación permanente no podía existir sin una ley nacional que así lo dispusiera (v. fs. 675/677).
Por los referidos fundamentos, concluyó que correspondía confirmar la declaración de inconstitucionalidad pronunciada en la instancia de origen, pues tal atribución, al constituirse la unión nacional, fue delegada por las provincias al Congreso nacional (art. 75 inc. 12, Const. nac.), no enervando tal conclusión la derogación de la llamada ley de bien de familia (ley 14.394), pues la nueva normativa contenida en el Código Civil y Comercial de la Nación exige recaudos y procedimientos de afectación semejantes a los contenidos en la norma derogada (conf. art. 244 y sigs.; v. fs. 677).
IV. Contra dicho decisorio el letrado apoderado de la ejecutada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncia la violación de la ley 14.432; de los arts. 244 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación; 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional y concordantes de su par provincial y de la doctrina legal que cita. Hace reserva del caso federal (v. fs. 764 vta./772 vta.).
Sostiene que la sentencia yerra en cuanto aplica la doctrina del "primer momento procesal oportuno", interpretándola como una mera cuestión de control de efectiva contradicción entre las partes y afirma que el embargo debió ser considerado el primer momento previsible para introducir el planteo constitucional (v. fs. 766/768 vta.).
Por otro lado, cuestiona que el pronunciamiento haya fundado su decisión citando la postura minoritaria de esta Corte en la causa C. 119.896, "Serial" (sent. de 14-XII-2016), aduciendo que no puede ser considerada doctrina legal (v. fs. 768 vta./769 vta.).
Finalmente, aduce que se ha omitido el control de convencionalidad, examen que debió ser efectuado de oficio por los jueces ante el debate de constitucionalidad de un texto legal (v. fs. 769 vta./772 vta.).
V. El recurso no prospera.
En rigor, el impugnante objeta la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.432 efectuada por el Tribunal de Alzada en un doble sentido: por un lado, en cuanto a la oportunidad procesal de su planteo; y, por el otro, en lo que hace a su fundamentación, afirmando que es defectuosa y omite el examen de la legislación supranacional que tutela y protege el derecho a la vivienda digna.
V.1. El primer embate no es de recibo pues el quejoso no se hace cargo de la fundamentación contenida en el pronunciamiento (art. 279, CPCC.).
Así, dijo el fallo recurrido -siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re A.2528.XXXVIII, "Allo, Manuel Enrique y otros c/ Provincia de Buenos Aires", sentencia de 14-X-2004-, que no podía ser considerado tardío el planto de inconstitucionalidad impetrado, toda vez que se imponía una mayor flexibilidad en cuanto a la determinación de la tempestividad de una articulación constitucional, máxime cuando no había mediado un pronunciamiento expreso sobre la cuestión, por lo que era improcedente aplicar la preclusión, en tanto esta solo puede enervar nuevos planteos sobre cuestiones ya decididas (v. fs. 673 vta./674).
A ello adunó que en la especie había habido oportunidad de oír las posiciones de ambos contendientes, con lo que el derecho de defensa había quedado resguardado (v. fs. 674). Pero la réplica del recurrente solo insiste en afirmar dogmáticamente que el planteo fue extemporáneo, absteniéndose de controvertir la línea argumental en la que el Tribunal de Alzada justificara la laxitud de dicho presupuesto, como así también las circunstancias procesales que permitieron tener por cumplido ese requisito, omitiendo de tal modo efectuar una crítica directa, clara, concreta y razonada contra dicha parcela del decisorio (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Y en este contexto, sabido es que resulta requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar de manera concreta, directa y eficiente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado (conf. causas C. S118.078, "Sieber Hnos.", sent. de 8-VII-2014; C. 119.303, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 21-X-2015; entre muchas), pues la falta de cuestionamiento de los conceptos esenciales sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior, tal como ocurre aquí, deja incólume su fundamento (conf. causas C. 107.895, "Marocchi", sent. de 12-IX-2012; C. 123.334, "González", sent. de 4-XI-2020; etc.).
V.2. Luce igualmente insuficiente el embate en torno a la inconstitucionalidad decidida por la Cámara (art. 279, CPCC).
En efecto, como ya fue objeto de reseña, el Tribunal de Alzada abordó la cuestión relativa a la compatibilidad constitucional de la ley 14.432 y, con expreso sustento en la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la citada causa "Banco del Suquía S.A. c/ Juan Carlos Tomassini s/ P.V.E. -ejecutivo- apelación recurso directo", B.737.XXXVI (sent. de 19-III-2002 -Fallos: 325:428-), declaró la invalidez de ese plexo normativo.
Ahora bien, el impugnante -más allá de los cuestionamientos vinculados con la posición minoritaria de esta Corte (v. fs. 768 vta./769 vta.) o de aludir de manera genérica al control de convencionalidad (v. fs. 769 vta.)- no dirige una crítica directa, concreta y eficaz contra los fundamentos constitucionales expuestos por el Alto Tribunal en el referido precedente, al cual he suscripto con anterioridad por razones de economía procesal (causa C. 120.341, "Vázquez", sent. de 19-XII-2018). En particular, no ha aportado nuevos elementos relevantes que permitan apartarse de lo así decidido por ese Tribunal cuyo criterio, al margen de la opinión que pueda suscitar lo allí resuelto, ha sido ratificado con posterioridad en las causas "Banco de la Nación Argentina contra Martín, Miguel", sentenciada el 27 de mayo de 2004 (Fallos: 327:1484) y "Romero, Carlos Ernesto contra Lema, Andrés Fabian", sentenciada el 23 de junio de 2009 (Fallos: 332:1488).
El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del remedio intentado (doctr. art. 279, CPCC).
V.3. En cuanto a la violación de los tratados internacionales que denuncia el recurrente, se aprecia que si bien han sido individualizados no se ha desarrollado argumentación alguna sobre ellos, lo que no puede ser suplido por este Tribunal (conf. causas. C. 119.045, "Escalante", sent. de 15-VII-2015; C. 123.269, "Panizzi", sent. de 24-VI-2020; e.o.), circunstancia que basta para desechar esta parcela de la impugnación y permite -además- descartar las infracciones legales indicadas a fs. 770 vta.
V.4. Por fin, resta señalar -contrariamente a lo afirmado por el quejoso (v. fs. 770 y vta.)- que con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no se ha modificado el marco legal imperante en la materia, pues las nuevas disposiciones legales tuitivas de los inmuebles destinados a vivienda exigen semejantes recaudos y procedimiento de afectación que las contenidas en la norma derogada. En particular, la previa y expresa solicitud por parte de sus titulares para que el beneficio pueda ser oponible a los acreedores y así impedirse las ejecuciones judiciales sobre tales bienes por deudas posteriores a dicha inscripción (arts. 244 y sigs., Cod. Civ. y Com.).
VI. En virtud de lo expuesto, no habiéndose acreditado las violaciones legales denunciadas, corresponde el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas al recurrente vencido (conf. arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud
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