Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126814
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja incoada (arts. 278 y 292, CPCC). Con costas.
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°8 del Departamento Judicial de Quilmes, en el marco de la reconstrucción del presente juicio ejecutivo, rechazó la acción al no existir piezas originales del resumen de cuenta que respalden las copias presentadas en el expediente, no pudiendo indagarse sobre el debido cumplimiento de los recaudos exigidos por la ley 25.065 (v. decisión de 3-IV-2023).
Apelado dicho pronunciamiento por el accionante, la Sala II de la Cámara de Apelación del fuero departamental lo confirmó. Fundó la decisión en que no obraba en autos documentación original base de la ejecución ni se había acreditado que la misma hubiera sido acompañada al momento de promoción de estos actuados, circunstancia que, aclaró, arribaba incontrovertida a ese tribunal (v. sentencia de 8-VI-2023)
Frente a dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 27-VI-2023), el que fue denegado con fundamento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. de 4-VII-2023). Ello motivó una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 31-VII-2023 y sus archivos adjuntos).
II. Ingresando en su estudio, se observa que en el recurso de hecho el impugnante no desconoce ni rebate que el valor del agravio, representado por el monto de la demanda que fuera rechazada, no supera el mínimo contemplado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 y Acordada 4.108/2023- para acceder a su revisión por la vía intentada (conf. doctr. causas C. 122.019, "Escandar", resol. de 22-XI-2017; C. 125.701, "Cardenau", resol. de 19-XII-2022 y C. 125.964, "P. V. E.", resol. de 9-II-2023).
El recurrente pretende que el valladar pecuniario sea dejado de lado por aplicación del art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- (v. pto. V apartado "A" del escrito electr. de 31-VII-2023) y por encontrarse involucrada -a su juicio- una cuestión federal (v. pto. V apartado "B", "C" y "D" del escrito citado).
Sobre la base de tales planteos, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar la atendibilidad de los argumentos invocados por el impugnante para acceder a esta instancia por la vía articulada (conf. causas Q 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.331,"Orona", resol. de 16-IV-2019; C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020 y C. 125.923, "Monteiro", resol. de 29-XII-2022).
Así, con referencia a la invocación del art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- a fin de soslayar el requisito del monto mínimo para recurrir, corresponde señalar que no se advierte que en este caso se encuentre configurado ninguno de los supuestos previstos por la mentada norma que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal pueda dar trámite al recurso obviando tal limitación (doctr. causas C. 122.381, "Hende", resol. de 3-V-2018; C. 122.443, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 6-VI-2018; C. 123.493, "Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 6-XI-2019; C. 124.171, "Israel Silicaro", resol. de 26-X-2020 y C. 124.575, "Centurión", resol. de 29-VI-2021).
Asimismo, tampoco resulta de aplicación el precedente de esta Corte invocado en el recurso -acápite V.A- a fin de flexibilizar el examen del recaudo del valor del agravio, toda vez que la situación allí tratada -donde estaban en juego los intereses de un menor- es diferente a la de autos.
Por otra parte, en cuanto a la alegada existencia de cuestión federal con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivada de las causas "Strada" y "Di Mascio" (CSJN, Fallos: 308:490 y 311:2478, entre otros que menciona como aplicables al presente) con miras a superar la exigencia del recaudo que se considera, debe señalarse que, en el caso, el planteo carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas a fin de restringir el trámite de embates que porten lesiones federales.
En autos, no se advierte, en principio, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que, en el marco descripto, se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (CSJN, Fallos: 310:1542; 325:2192; conf. doctr. causas C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 124.320, "Ramos", resol. de 11-XII-2020; C. 124.594, "Bourdieu", resol. de 10-III-2021; C. 122.192, "Barco", resol. de 19-IV-2021, C. 123.761 "Gourriet", resol. 8-VI-2021; C. 125.085, "Malimowcka", resol. de 29-XII-2021; C. 125.486, "Maciel Cabral", resol. de 10-VIII-2022; C. 125.153, "Di Benedetto", resol. de 23-XI-2022).
Adicionalmente cabe señalar que la mera denuncia de la doctrina de la arbitrariedad no constituye una razón facilitadora del acceso que eventualmente pudiera corresponder a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (doctr. causas C. 119.523, "Raimundi", resol. de 15-VII-2015; C. 122.022, "Szabady", resol. de 7-III-2018; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 14-VIII-2019; C. 124.163, "Morbiducci,", resol. de 4-XI-2020).
En consecuencia, siendo el valor del agravio insuficiente a fin de acceder a la revisión por la vía articulada y no habiéndose acreditado con los argumentos expuestos ninguna circunstancia que justifique apartarse de tal limitación, el recurso extraordinario deducido resulta inadmisible y se impone el rechazo de la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja incoada (arts. 278 y 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:43:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:48:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 14:42:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2024 15:57:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:35:22 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:37:08 hs. bajo el número RR-126-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia