Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 40008-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso deducido por el Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 226/229; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
4724/2025 ELDEN SA (TF 40008-A) s/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 23 de septiembre de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 226/229, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó el artículo 2° de la resolución AD CAMP 245-E/18, dictada en la actuación SIGEA 12645-59-2013, en cuanto había intimado a Elden SA (ex Percomin ICSA) al pago de derechos antidumping, por un monto de USD 23.635,6, con relación a la destinación de importación para consumo 08 008 IC06 000644S, oficializada el 26/9/08.
Impuso las costas al Fisco Nacional en carácter de vencido.
Para resolver del modo en que lo hizo, señaló que la cuestión debatida se centraba en determinar si el certificado de origen 16127/JKB/2007, emitido por la República de Indonesia, respaldaba el tratamiento arancelario aplicado a la mercadería importada mediante la destinación aludida; o si, como sostenía el servicio aduanero, correspondía exigir a la actora el pago de la diferencia derivada de aplicar un derecho antidumping, como si se tratara de mercadería originaria de la República Popular China, en razón de que el certificado presentado se encontraba vencido y era copia. Precisó que, en la resolución impugnada, la Aduana había absuelto a la actora de la imputación por declaración inexacta, al considerar que, pese al vencimiento del certificado, no era posible presumir que el origen declarado fuese incorrecto o inexacto. No obstante, mantuvo la intimación de pago de derechos antidumping.
Destacó que el cargo tributario fue formulado a pesar de existir una divergencia sustancial entre el origen declarado de la mercadería y el que sostenía la Aduana, sin que se hubiese realizado investigación alguna que respaldara la atribución de origen chino. Indicó que de la documentación obrante en la carpeta correspondiente a la destinación de importación se desprendía que los bienes eran originarios de Indonesia, y no de China (fs. 10, act. adm.). Añadió que dicho extremo fue corroborado por la prueba producida por la actora en sede administrativa (fs. 44/46, 47 y 48/49, act. adm.), además de haber sido reconocido en los considerandos de la resolución absolutoria AD CAMP 245-E/18.
Señaló que los dictámenes incorporados en la actuación administrativa establecieron que era carga de la Aduana acreditar que el origen declarado no era veraz, y que, ante la ausencia de elementos que lo contradijeran, debía tenerse por demostrado que la mercadería era efectivamente de origen indonesio.
Asimismo, sostuvo que el vencimiento del certificado de origen no implicaba automáticamente la pérdida del trato arancelario. En tal sentido, conforme a lo dispuesto 1 en los artículos 17 y 20 de la entonces vigente resolución MEyOSP 763/96 (derogada por el artículo 41 de la Resolución MPyT 60/18), correspondía iniciar un procedimiento de investigación del origen antes de considerar inaplicable el documento y reclamar derechos antidumping.
Consideró que dicha postura se encontraba en línea con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Autolatina Argentina SA (TF 8371-A) c/ DGA”, del 12/2/2002 (Fallos: 325:113), relativa al régimen análogo previsto en el Anexo V del Acuerdo de Complementación Económica 14, aplicable a mercaderías originarias de países del MERCOSUR, antes de las modificaciones introducidas por el Protocolo Adicional 17.
En definitiva, concluyó que el cargo tributario debía ser dejado sin efecto, por haberse fundado en la presunción de origen chino de la mercadería, extremo que no guardaba relación con el origen declarado, el cual no fue debidamente desvirtuado por la Aduana.
Finalmente, restó relevancia al hecho de que la empresa hubiese utilizado el mismo certificado de origen en otra destinación de importación para consumo (DI 08 008 IC06 000611M, oficializada el 10/9/2008), respecto de la cual se formuló un cargo por derechos antidumping bajo el SIGEA 12580-49-2014, que fue abonado voluntariamente por la actora mediante la liquidación manual 14008LMAN0266255G. Señaló que dicho pago obedecía al principio solve et repete que rige en materia tributaria, y que no podía interpretarse como consentimiento del cargo ni como convalidación de la posición asumida por la Aduana.
2. Que, disconforme, a fs. 235/vta. interpuso apelación el Fisco Nacional, que se concedió a fs. 237, se fundó a fs. 241/244 y fue replicada a fs. 253/260vta. En primer lugar, aclaró que no se trataba de una certificación exigida para acceder a un tratamiento arancelario preferencial derivado de un acuerdo de complementación económica, por lo que el supuesto bajo análisis resultaba distinto del considerado por la Corte federal en el precedente citado. Explicó que el certificado de origen era requerido en virtud de tratarse de mercadería idéntica o similar a otra sujeta a derechos antidumping, pero cuyo origen difería del previsto para la aplicación de dicha medida. En consecuencia, la mercadería se encontraba alcanzada por el régimen de control de origen no preferencial establecido en el artículo 2°, inciso b, de la resolución MEyOSP 763/96.
Asimismo, señaló que no constituía materia de controversia el hecho de que la actora había presentado un certificado vencido y en copia, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 13 de la mencionada resolución ministerial. Agregó que dicho artículo expresamente prohíbe documentar más de un despacho de importación con el mismo certificado de origen. Por tales motivos, concluyó que resultaba imposible tener por acreditado el origen de la mercadería.
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4724/2025 ELDEN SA (TF 40008-A) s/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por otra parte, manifestó disconformidad con la interpretación realizada respecto de los artículos 17 y 20 de la resolución MEyOSP 763/96. Argumentó que la resolución AD CAMP 245-E/18 había absuelto a la actora de la infracción por declaración inexacta, por lo que no correspondía aplicar el procedimiento ni la investigación previstos en el artículo 17. Asimismo, sostuvo que el artículo 20 resultaba igualmente inaplicable, dado que el caso versaba sobre un certificado vencido, y no sobre uno cuya validez o autenticidad generara dudas.
Finalmente, planteó que la carga de la prueba del origen de la mercadería únicamente corresponde a la Aduana en el marco de una imputación infraccional, pero no en el contexto de un reclamo tributario, que constituye la única pretensión sostenida en este caso.
3. Que, para evaluar lo decidido en relación con el reclamo por derechos antidumping formulado en la resolución AD CAMP 245-E/18, resulta útil sintetizar el marco normativo aplicable.
Dicho cargo fue formulado con sustento en la resolución MEyOSP 763/96, la cual, conforme a su redacción vigente al momento de los hechos, establecía que, para el cumplimiento de las destinaciones definitivas de importación para consumo, la autoridad de aplicación podía requerir la presentación de un certificado de origen junto con la documentación aduanera exigible.
En el caso, el certificado fue exigido en virtud del artículo 2°, inciso b, de la citada norma, por tratarse de mercadería “sujeta a la aplicación de derechos antidumping o compensatorios o específicos o medidas de salvaguardia, quedando también contempladas las importaciones sujetas a dichos tratamientos en razón de ser originarias de países a los que no se otorga el trato de Nación más favorecida”. El último párrafo del citado artículo aclaraba que, tratándose del supuesto contemplado en el inciso b, solamente se exigiría el certificado “en las operaciones de importación para consumo de mercaderías idénticas o similares a las afectadas por los derechos o salvaguardias allí previstos, cuyo origen fuera distinto de aquél para el cual se hubieran dispuesto tales medidas.”
El artículo 4° establecía que los certificados de origen debían contener, esencialmente, una declaración del fabricante, productor final o exportador, indicando el país en el que las mercaderías habían sido obtenidas o producidas totalmente, o en el que hubiesen sufrido la última transformación sustancial. Dicha declaración debía efectuarse en el país de origen y ser certificada por organismos oficiales.
3 Por su parte, el artículo 6° disponía que no se requería un formulario o formato especial predeterminado para los certificados de origen, aunque indicaba una serie de datos que debían constar en el documento.
El artículo 13 establecía que el certificado de origen tendría una validez de seis (6) meses desde la fecha de certificación, debiendo presentarse en original, sin admitirse copias ni versiones transmitidas por facsímil. Asimismo, prohibía documentar distintos despachos de importación utilizando un mismo certificado.
A su turno, el artículo 17 preveía que “ante la falta de presentación en forma del certificado de origen para los casos previstos en el Artículo 2º, inciso b), sólo procederá el libramiento de las mercaderías previa constitución de garantía de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f) del Artículo 453 del Código Aduanero, fijándose un plazo de DIEZ (10) días para que el interesado presente la documentación faltante. Si vencido dicho plazo no se hubiera cumplido la obligación, dentro de los CINCO (5) días corridos se iniciará el correspondiente sumario a los efectos de investigar la presunta comisión de la infracción tipificada en el Artículo 954, incisos a) o b) de mencionado Código…En el marco de la sustanciación de dicho sumario se practicarán las investigaciones destinadas a verificar el origen de las mercaderías a través de las consultas previas en el segundo párrafo del Artículo 20 de la presente…” (el destacado es propio).
Finalmente, el artículo 20 disponía que “en caso de denuncias o de fundadas dudas sobre la validez de la certificación o sobre la veracidad de los datos consignados en el certificado de origen, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARÍA DE HACIENDA podrá realizar consultas y requerir la información complementaria que estimare corresponder…” (el destacado es propio).
4. Que, en el marco normativo aplicable, no se advierte que los agravios del Fisco Nacional puedan prosperar.
De la lectura de las actuaciones surge que el servicio aduanero consideró que el certificado de origen presentado no cumplía con “los requisitos de validez establecidos normativamente”, por haberse acompañado en fotocopia y encontrarse vencido a la fecha de oficialización del despacho de importación (fs. 1/4, act. adm.). Tal circunstancia descarta la alegada inaplicabilidad de los artículos 17 y 20 de la resolución MEyOSP 763/96, toda vez que estaban en cuestión la validez del certificado presentado, lo que habilitaba —según la propia reglamentación— a otorgar al administrado un plazo para subsanar el incumplimiento, antes de instruir el sumario. En dicho procedimiento, además, debían practicarse las investigaciones necesarias para verificar el origen de la mercadería.
Incluso el informe técnico que motivó la apertura del sumario reconoció la aplicabilidad del artículo 17 de la resolución citada (fs. 2, act. adm.). No obstante, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4724/2025 ELDEN SA (TF 40008-A) s/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ninguna intimación fue cursada antes de la apertura del sumario, formalizada el 23/12/13 (fs. 11, act. adm.).
Durante la sustanciación del sumario, se produjo prueba informativa a instancia de parte (fs. 36, act. adm.), que —como correctamente señaló el Tribunal Fiscal de la Nación— resultó favorable a la posición de la actora, al confirmar que la mercadería era de origen indonesio. Sobre el resultado de dicha prueba, el memorial guardó absoluto silencio.
Posteriormente, se dictó la resolución AD CAMP 245-E/18, impugnada en autos, la cual —según lo destacó la decisión apelada— fue clara al afirmar que no había sido posible verificar que “el origen declarado en la destinación a consumo sea incorrecto o inexacto” (fs. 57vta., act. adm.).
Despejado este punto, el memorial tampoco logró rebatir otro argumento central del Tribunal Fiscal: que el cargo tributario dependía de la acreditación del ilícito aduanero. Ello se desprende del hecho de que la propia Aduana consideró suspendida la prescripción de la acción fiscal, conforme al artículo 805, inciso a, del Código Aduanero (fs. 55 y 57vta., act. adm.). Nuevamente, sobre esta cuestión, el memorial no formuló objeción alguna.
Debe recordarse que el Fisco tenía la carga de impugnar de manera concreta los fundamentos de la decisión del Tribunal Fiscal, y rebatir cada uno de ellos con argumentos jurídicos suficientes, conforme lo exige el artículo 265 del CPCCN - aplicable por la remisión que hace el art. 1182 del Código Aduanero-, así como la doctrina sentada en Fallos: 323:1261 y sus citas.
Cabe agregar que, si se aceptara la tesis del Fisco —según la cual la resolución AD CAMP 245-E/18 tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros—, se llegaría igualmente a la conclusión de que dicho acto resulta insalvablemente nulo por falta de causa, al no haber quedado acreditado en las actuaciones que la mercadería fuese originaria de China, extremo necesario para justificar el reclamo de derechos antidumping (arg. arts. 7, inc. b, y 14, inc. b, ley 19.549, según la redacción vigente al momento de emisión del acto).
Como se indicó, la propia resolución reconoció que no fue posible determinar un origen distinto al declarado. Tal circunstancia no solo impide que se configure el tipo infraccional previsto en el artículo 954, inciso a), del Código Aduanero, sino que también excluye el presupuesto fáctico que habilitaría el reclamo tributario. En consecuencia, ante la ausencia de elementos que desvirtúen el origen indonesio, el Fisco 5 debió desistir también de su pretensión tributaria (en igual sentido, cfr. esta Sala, causa 17510/25 “PBT SRL (TF 38093340-A) c/ DGA”, sent. del 1/7/25 y sus citas).
En suma, no se advierten razones que justifiquen apartarse de lo resuelto. Además, debe recordarse que, como regla, la valoración de estas circunstancias escapa al ámbito de revisión de esta Alzada (arg. art. 1180, ap. b, CA), salvo que se evidencie un error manifiesto que habilite apartarse de la decisión adoptada por el tribunal en ejercicio de sus facultades para valorar los hechos del caso (cfr. esta Sala, causa 2708/12 “Maritime Shipping Agency SRL (TF 29094-A) c/ DGA”, sent. del 26/6/12, entre otras). Tal extremo no ha sido acreditado en autos, lo que impone desestimar los agravios formulados por el Fisco Nacional.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso deducido por el Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 226/229; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 15/4/25.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia