Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 37.213-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de prescripción y nulidad de la notificación interpuestos por la actora, con costas
2Confirmar la Resolución DE PRLA N° 7020/15, dictada en las actuaciones 13289-585-2006, en cuanto imputa a la recurrente la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., fijando el importe de la multa en ciento setenta y ocho mil ochocientos veintiún pesos con doce centavos ($178.821,12), con costas conforme los respectivos vencimientos (art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-127858031-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 17 de Noviembre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante) y Dres. Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “Electrolux Argentina SA c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 37.213-A La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 40/48 y vta se presenta la firma “Electrolux Argentina SA”, por apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PLA N° 7020/2015 dictada, con fecha 30/10/2015, en el expediente Act Nro 13289-585-2006, mediante la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art 954 inc c) del CA, con relación al DI Nro 05 001 IC03 003644X y se le intimó el pago de la suma de $184.331,25 en concepto de multa.
En primer término, solicita que se declare la prescripción de la acción del fisco para imponer penas, invocando lo normado en el art 934 y concordantes del CA y aduce que el auto de instrucción de sumario de fs. 25 de las act adm no cumple con las exigencias establecidas en el art 1094 del CA. Manifiesta que el mencionado auto, en el caso se trata de un acto de mero trámite indicativo de que se abrió sumario, cuya finalidad ha sido la de pretender interrumpir la prescripción de la acción y no la de impulsar un proceso de investigación. Indica que en el auto en cuestión ni siquiera se han indicado los hechos constitutivos de la infracción, ni determinado cuál es la infracción imputada. Refiere que tampoco se ha liquidado la multa que correspondería abonar por la conducta endilgada, sino que ello recién fue ordenado el 29/08/2013 y vuelto a ordenar el 28/04/2014, casi 4 años después del dictado del auto de apertura de sumario.
Sostiene que aun cuando se entendiera que el auto de corrida de vista podría subsanar las irregularidades mencionadas, dado que el mismo se dictó el 17/12/2014, se encontraba vencido ampliamente el plazo quinquenal en trato. Cita jurisprudencia y señala que el procedimiento infraccional que motivara la causa, ha excedido todo parámetro de razonabilidad. Subsidiariamente manifiesta que no se encuentra tipificada la infracción que se le imputa. Aduce que en la causa no se verifica un egreso hacia el exterior, como exige la norma, porque la mercadería declarada en el despacho fue pagada con fondos de libre disponibilidad, depositados en la cuenta de Electrolux en el exterior. Sostiene que lo expuesto surge de la certificación contable que acompaña como prueba documental y que en consecuencia no se produjo ni hubiera podido producirse el egreso hacia el exterior de un importe distinto del que correspondía.
Asimismo indica que en el despacho declaró idéntica suma a la que surge de la factura comercial de la operación y que por lo tanto no se verifica en autos la declaración inexacta que la Aduana le endilga. Refiere que si bien no arribaron al país 276 unidades de la mercadería declarada, en el despacho, ello no modificó la obligación de pago que tenía la empresa con el vendedor, puesto que para ese entonces ya se había producido la transferencia de riesgo a la firma “Electrolux Argentina SA”, habiendo quedado liberado el vendedor de todo gasto y responsabilidad. Argumenta que cuando se constata un faltante no justificado de mercadería, se presume que la misma ha sido importada para consumo, resultando que en el caso se han abonado la totalidad de los tributos por el total de la mercadería declarada, independientemente de que una parte de la misma no haya llegado a destino, debido al vuelco sufrido por el transportista en el estado de Paraná, Brasil en el camión que transportaba la mercadería.
Finalmente cuestiona el importe de la multa liquidada por la Aduana, indicando que la misma fue intimada tomando en consideración el valor en aduana de la mercadería importada y no el importe pagado por las mercaderías importadas. Ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita que se haga lugar al planteo de prescripción efectuado o que se revoque la resolución apelada, con costas.
Que a fs. 76/77 y vta la actora solicita que se declare condonada la multa impuesta, por aplicación de la Ley 27.260.
II. Que a fs. 80/81 la representación fiscal solicita que se rechace el pedido de condonación efectuado por la recurrente. Que a fs. 83/90 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto en la causa. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Rechaza el planteo de nulidad realizado por la recurrente e invoca las normas de la Ley 19.549. Cita jurisprudencia. Asimismo rechaza la prescripción invocada por la recurrente. Sostiene que se encuentra verificada la comisión de la conducta prevista en el art 954 inc c) del CA. Sostiene que la situación de autos no encuadra en los supuestos de fuerza mayor. Formula reserva del Caso Federal y ofrece como prueba las act adm relativas a la causa. Finalmente solicita que se dicte sentencia, rechazando la apelación interpuesta, confirmándose el fallo apelado, con costas.
III. Que a fs. 100 se declara la causa de puro derecho. A fs. 111 se elevan los autos a la Sala “E” y posteriormente se los pasa a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 13289-585-2006 se inicia con una nota presentada por el despachante de aduana de la firma “ Electrolux Argentina SA”, en la que solicita la cancelación del DI Nro. 05 001 IC03 003644X, de fecha 05/01/2006. A fs. 20 se glosa el sobre del DI Nro. 05 001 IC03 003644X (IMPORT. CONSUMO DE MERC. VIA TERREST. EN ENVIOS FRACC), oficializado el 29/12/2005, por el que se documentó la importación de 1104 unidades de mercadería de la PA 8450.11.00.113Q (…MAQUINAS DE LAVAR ROPA…), declarándose como precio unitario de uSd 212,9900. Obra en el sobre, además de otra documentación, la factura comercial W00800/05, que ampara a la mercadería mencionada, por el precio conformado por Electrolux Do Brasil SA y Electrolux Argentina SA. A fs. 22 se agrega la Denuncia formulada en los términos del art 954 inc c) de la Ley 22.415. A fs. 25, con fecha 03/11/2010, se dispone: “Visto la denuncia formulada, de donde surge la presunta comisión de infracción aduanera, de acuerdo a las disposiciones de la ley 22.415 y modificatorias: APERTÚRESE SUMARIO en los términos del art. 1090 c) del CA.”. A fs. 27, con fecha 29/08/2013, la Secretaría de Actuación Nro 2 solicita que se informe el valor en aduana de la mercadería en presunta infracción y a fs. 28, el 28/04/2014, solicita que se informe la base imponible generada por la irregularidad puesta de manifiesto a fs. 1. A fs. 29, con fecha 29/10/2014, se informa el valor en aduana de la mercadería y a fs. 31, el 17/12/2014, se corre vista de lo actuado, intimándose el pago de la suma de $184.331,25 en concepto de multa, que se le notifica a la importadora el 23/04/2015. A fs. 39/47 y vta se agrega el descargo de la imputada, en el que opone excepción de prescripción. A fs. 67, el 15/05/2015, se tiene por presentado el descargo efectuado por la aquí actora y se abre la causa a prueba. A fs. 69/78 se glosa una presentación realizada por la recurrente y a fs. 79 se declara la clausura del periodo probatorio y se pasan los autos para alegar. A fs. 81/83 se agrega el alegato de la firma Electrolux Argentina SA y a fs. 84/87, con fecha 30/10/2015, se dicta la resolución apelada en la causa, aprobada con fecha 05/11/2015 por la Resolución 2022/15 (SDG TLA).-
V. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 954 inc c) del C.A., respecto de la mercadería documentada con el DI Nro. 05 001 IC03 003644X (IMPORT.
CONSUMO DE MERC. VIA TERREST. EN ENVIOS FRACC).
Que, previo a todo, corresponde decidir acerca de los planteos formulados por la recurrente en cuanto solicita que se declare prescripta la acción del fisco para imponer sanciones (art. 934 y concs. CA), alegando que el auto de instrucción del sumario no cumple con el art. 1094 CA. Invoca que en el caso se trató de un acto meramente formal, dictado con el único fin de interrumpir la prescripción, sin describir hechos, ni delimitar la infracción imputada, ni liquidar la multa correspondiente, siendo que el auto de corrida de vista y la liquidación de la multa intimada fueron emitidos en el 2014, fuera del plazo de cinco años establecido por el Código Aduanero.
Que la representación fiscal rechaza el planteo de nulidad realizado por la recurrente invocando las normas de la Ley 19.549 y rechaza la prescripción planteada argumentando que el procedimiento que diera origen a la causa se llevó a cabo dentro de plazos razonables.
Que cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa "La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años" comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción”.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y específicamente en su inc. a) determina como tal al "...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario;...". Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo, el acto -en el caso de autos, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que el art. 1094 del C.A. establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
Que, dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura.
Que a fs. 25 del expediente administrativo obra el auto de instrucción de sumario de fecha 03/11/2010. De su compulsa se extrae que dicho acto adolece de una serie de irregularidades, puesto que consta de un escueto texto de cuatro renglones, en el que se expresa: “Visto la denuncia formulada, de donde surge la presunta comisión de infracción aduanera, de acuerdo a las disposiciones de la ley 22.415 y modificatorias: APERTÚRESE SUMARIO en los términos del art. 1090 c) del CA.”. Así, dicho acto se encuentra vacío de todo elemento que permita identificar los posibles imputados y la destinación aduanera que motivara la denuncia.
Que la importancia del cumplimiento por parte del servicio aduanero de los requisitos establecidos en el artículo 1094 del C.A. radica en el hecho de que el administrado pueda conocer, con carácter previo a la presentación de su defensa, los hechos investigados, el resultado de la verificación, clasificación, valoración de la mercadería involucrada, así como también la liquidación de los tributos que pudieran corresponder y las posibles medidas cautelares.
Que en tal inteligencia, la resolución de apertura de sumario no es un simple acto administrativo de mero trámite sino que es de importancia significativa porque es el medio por el cual el Administrador entiende que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento, a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen o no una infracción aduanera. Además, es el acto necesariamente previo a la resolución que dispone correr vista de lo actuado a los presuntos responsables a efectos de que presenten sus defensas.
Que del cotejo de las actuaciones resulta que fue recién con fecha 29/08/2013, cuando la Secretaría de Actuación Nro 2 solicitó que se informe el valor en aduana de la mercadería en presunta infracción (ver A fs. 27) y el 28/04/2014, se solicitó que se informe la base imponible generada por la irregularidad puesta de manifiesto a fs. 1 de las acta dm (ver fs. 28), habiendo sido ello informado con fecha 29/10/2014 (ver fs. 29).
Que en función de lo expuesto, el auto de instrucción se encuentra viciado y no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del CA para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto.
Que, conforme el criterio sostenido por el Dr. Segura en su voto en minoría, en la causa “CEARCA S.A., c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de la Sala “G” (con una composición diferente a la actual), estimo que, por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 03/11/2010 -obrante a fs. 25 de las act. adm.- el mismo es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, por estar en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094 del C.A.
Que, en virtud de lo manifestado, al ser nulo el acto de apertura de sumario de fecha 03/11/2010, carece de aptitud para suspender y/o interrumpir la prescripción de la acción para imponer penas en los términos del art. 937 inc. a) del C.A. Que por lo tanto, y siendo que el DI Nro. 05 001 IC03 003644X (IMPORT. CONSUMO DE MERC. VIA TERREST.
EN ENVIOS FRACC), por el que se le imputa a la recurrente la declaración inexacta prevista en el art. 954 inc c) del CA, fue oficializado el 29/12/2005, conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas es de 5 años (conf. Art. 934 del C.A.) y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2006, en los términos de los art. 935 del C.A. y no mediando causales interruptivas ni suspensivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2010, careciendo de aptitud interruptiva de la prescripción, el acto de apertura de sumario de fecha 03/11/2010, por las razones ya expresadas en el párrafo precedente.
Que como se expresara, el siguiente acto posterior al auto de instrucción de sumario data de fecha 29/08/2013, que fue cuando la Secretaría de Actuación Nro 2 solicitó que se informara el valor en aduana de la mercadería en presunta infracción y luego a fs. 28, el 28/04/2014, se solicitó que se informe la base imponible generada por la irregularidad puesta de manifiesto a fs. 1, habiéndose dado cumpliendo a lo requerido con fecha 29/10/2014, de lo que se infiere que todo lo actuado con posterioridad al auto de instrucción de sumario se realizó una vez operada la prescripción. Destaco que en este mismo sentido se expidió esta Sala “E” (con una composición diferente a la actual) , en la causa “Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A.”, expte. Nº 27.525-A, cuando, en una causa análoga a la de autos, expresó: “el auto de fecha 29.12.04 (v. fs. 18 ant. Adm.) constituye un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario. Nótese que ni siquiera se han determinado los hechos constitutivos de la infracción, como exige el art. 1094 del C.A. En consecuencia, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.)...”.
Que, por otro lado, no podría afirmarse que la fulminación del acto declarado nulo constituya una declaración de nulidad por la nulidad misma “puesto que corresponde considerar el agravio que señala la recurrente, cual es el de la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas. Habiendo agravios concretos, la nulidad no se decreta ritualmente” (esto último, conforme la ya referida sentencia).
Que cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en los autos: “Agencia Marítima TAGSA S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”. Expte.:40.306/13 (18/03/2014), señaló que para que el acto de apertura de sumario sea válido es necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente, art. 1094 del C.A. En este sentido resolvió de acuerdo al criterio adoptado por la Sala IV, en los autos: “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27435-A) c/ D.G.A.” del 11 de junio de 2.013 (sentencia que quedó firme, por haber sido declarado inadmisible por la C.S.J.N. el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con fecha 4/02/2014)”.
Sostuvo que para que el auto de apertura del sumario tuviera tal virtualidad, debía tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reuniera los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente. Así, subrayó que el art. 1094 del C.A. identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario, e indica -en tal sentido- que “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
Concluyó que resulta imperativo cumplir con aquellos requisitos para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado de pago ejercer correctamente su defensa; por el contrario, la falta de alguno de ellos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (confr. también Sala IV in re: Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA” y en similar sentido, Sala I in re “Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.”, sentencia del 23/02/10)...”. Manteniendo, idéntico criterio en las causas: “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 27/4/17; 39183/17 “Gibaut Hnos. Manufacturas de Cuero SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 19/12/17; y 88231/2017 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent.
Del 15/3/18, entre otras.
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, Sala III, en la causa “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28874-A C/ DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. 55478/2019, se explayó acerca de la interpretación que la sala, le ha asignado al art. 1094 inc. d) del C.A.: “En efecto, ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular (…) y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas (conf. in re, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF28836-A) c/ DGA”, Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013). (…) Que, con fundamento en lo señalado, corresponde declarar la nulidad del auto de apertura de sumario dictado a fs. 25 de las act adm y en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, por la comisión de la infracción al art. 954 inc c) del C.A, en relación a la mercadería amparada por el DI Nro. 05 001 IC03 003644X (IMPORT. CONSUMO DE MERC. VIA TERREST. EN ENVIOS FRACC), con costas a la DGA.
VI. Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar los demás planteos de la actora.
Por ello, VOTO POR:
Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, por la comisión de la infracción al art. 954 inc c) del C.A, en relación a la mercadería amparada por el DI Nro. 05 001 IC03 003644X (IMPORT. CONSUMO DE MERC. VIA TERREST. EN ENVIOS FRACC), con costas a la DGA.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que se da por reproducida la relación de los hechos efectuada en el voto de la Dra. Sarquis, en los Considerandos I a IV.
II. Que disiento en cuanto al modo de resolver la causa, al declarar la nulidad del auto de apertura de sumario, y en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas por la comisión de la infracción al art. 954 inc. c) del C.A.
III. Que, en primer lugar, corresponde determinar la validez o invalidez del auto de instrucción de sumario obrante a fs. 25 de las act. adm. y, en consecuentemente, si el mismo produjo el efecto interruptivo de la prescripción de la acción penal del fisco (art. 937 inc. a) del C.A.).
Que de las act. adm. se advierte que el auto cuestionado se dictó como consecuencia del Acta Denuncia nro. 117/08, formulada en relación a la destinación nro. 05 001 IC03 003644 X, por la presunta infracción tipificada en el art. 954 inc. c) del C.A, previa agregación de la carpeta del despacho de importación, y en virtud de la nota presentada por el despachante de aduanas de la importadora, obrante a fs. 1/2, informando que ha procedido a la liberación de 828 unidades de Lavarropas marca “ELECTROLUX” en tres camiones y que según constancia de la empresa de transportes, el camión que transportaba el saldo de 276 unidades sufrió un accidente en territorio brasilero, lo que provocó la destrucción total de la mencionada mercadería. En el auto en cuestión se señala expresamente “Visto la denuncia formulada, de donde surge la presunta comisión de infracción aduanera, de acuerdo a las disposiciones de la ley 22.415 y modificatorias: APERTÚRESE SUMARIO en los términos del art. 1090 c) del C.A.”
Que, asimismo y aunque con posterioridad a la instrucción de sumario pero en forma previa a la corrida de vista, se remitieron las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos, a fin de informar la diferencia de base imponible generada por la irregularidad puesta de manifiesto por el despachante de aduana a fs. 1, lo que se informa a fs. 29 por medio de la Nota nro. 1001/2014 (SE RDBA R6), como así también se efectúo la liquidación de la multa que podría corresponder en caso de considerar configurada la infracción.
Que, en definitiva, considero que los actos esenciales requeridos en el auto de apertura del sumario se encontraban razonablemente cumplidos al tiempo de su dictado y aún en actos posteriores a su dictado. A mi juicio, no tiene sentido declarar la nulidad de un acto en tanto, encontrándose reunidos los elementos necesarios para efectuar el análisis de la infracción, se estarían interpretando de una manera ritual los requerimientos normativos.
Que teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, estimo que el auto de apertura de sumario dictado a fs. 25 de las actuaciones administrativas se ajusta a lo dispuesto en el artículo 1094 del C.A., resultando por tanto válido. Dicho acto encuentra su fundamento en la denuncia obrante a fs. 22 de las mismas actuaciones, en la cual se consignan expresamente los hechos —presunta infracción al art. 954, inciso c), del C.A.— verificados por el servicio aduanero. Asimismo, corresponde señalar que se dispuso la producción de las medidas necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos presuntamente constatados. En consecuencia, debe desestimarse el agravio de la parte recurrente relativo a la supuesta omisión de la liquidación de la multa respectiva, toda vez que para su determinación resultaba indispensable la realización de las actuaciones posteriores ordenadas a tal efecto.
Que resultando válido el auto de instrucción de sumario corresponde señalar que la prescripción de la acción del fisco para imponer penas se encuentra reglada en los 394 y sgtes. del C.A., donde se establece un plazo de cinco años, el que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (cfr. art. 935 del C.A.).
Que, por aplicación de la referida norma, resulta que, en el caso que nos ocupa, la prescripción de la acción del Fisco comenzó a correr el 1/1/2006, sin embargo, el plazo de prescripción se interrumpió en fecha 3/11/2010 (conf. art. 937, inc. a), del C.A.), al dictarse el auto que dispuso la apertura del sumario administrativo (ver fs. 25 del expte. adm.), requiriéndose, a partir de ese momento, el transcurso de un nuevo período completo de prescripción.
Que si bien el plazo de prescripción de la acción penal fue reanudado el 4/11/2010, al haberse dictado la resolución aquí apelada el 30/10/2015, la acción del Fisco para exigir la multa no se encuentra prescripta.
Que conforme con la doctrina emanada del acuerdo plenario de fecha 23/9/2003 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, recaído en la causa que tramitara bajo expediente nº 6.078/97, caratulada “Hughes Tool S.A. C/ A.N.A. (TF 7.830-A)”, el simple dictado del acto administrativo constitutivo de la resolución condenatoria interrumpe el plazo de prescripción, sin que para ello se requiera previa notificación. Entre otros argumentos, la mayoría fundó su postura en que cuando la norma no exige esfuerzo interpretativo debe ser aplicada directamente por los jueces y que, en el caso del art. 937 del C.A., “el legislador ha tomado en consideración aquel acto en el cual el funcionario habilitado ejerce, dentro del tiempo hábil para hacerlo, la facultad otorgada en el Código, condenando al imputado, para interrumpir la prescripción, sin que en el texto legal se exija, para su configuración como tal, de ningún otro acto o circunstancia”.
Que, por lo demás, en el procedimiento para las infracciones el C.A. reconoce como acto interruptivo de la prescripción para imponer penas al simple dictado del auto de instrucción del sumario (conf. art 937, inc. a), del C.A.), sin que el mismo se trate de un acto cuya notificación estuviere prevista, no siendo ello obstáculo a su validez o eficacia como acto administrativo.
Que, como corolario de todo lo expuesto, corresponde desestimar los planteos de nulidad de la corrida de vista y de prescripción de la acción del servicio aduanero para imponer penas, con costas.
IV. Que, en primer lugar, corresponde tratar la solicitud de condonación de la multa impuesta por la Resolución De PRLA nro. 7020/2015, aquí apelada.
Que la actora, a fs. 76/77 y vta., solicita se declare condonada la multa impuesta en los términos del art. 56 de la Ley 27.260, señalando que del propio formulario de la destinación 05 001 IC03 003644 X se advierte que todos los tributos figuran en estado pagados (P), por lo que la obligación tributaria asociada con el impuesto vinculado a la infracción se encontraba cancelada a la fecha límite prevista en la ley, antes del 31/5/2016.
Que la Ley 27.260 referida al “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, en el Título II “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras”, en el art. 56 en lo que importa establece: “...las multas y demás sanciones previstas, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiere sido cancelada a dicha fecha..”.
Que la Resolución 3920/2016 en su art. 2, en lo que aquí interesa, dispone que : “Podrán incluirse en el presente régimen, las obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, así como las infracciones cometidas relacionadas con esas obligaciones.”
“Se considerarán comprendidas en lo dispuesto en el párrafo precedente las obligaciones que se indican a continuación: (...)”
“a) Los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación cuyo hecho imponible hubiera sido perfeccionado hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, las liquidaciones de los aludidos tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como las multas por infracciones cometidas hasta la citada fecha, todo ello conforme a lo previsto por la Ley N° 22.415 y sus modificaciones” (cfme. Res 4007/2017).
Que la Resolución 4007/2017, en el art. 4 dispone: “Están alcanzados por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones – formales o sustanciales/materiales – cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) La obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha...”.
“...Se consideran como infracciones sustanciales/materiales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 954, inciso a), 964, inciso b), 966 -cuando el beneficio sea excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones”.
Que del análisis de la normativa transcripta ut-supra resulta que no concurren en el caso las condiciones previstas en la normativa aplicable que torne procedente la condonación de la multa aquí apelada, -infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., máxime si se tiene en cuenta que no existe obligación sustancial tributaria alguna asociada a la infracción por la que se condenó a la actora.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo para determinar su sentido debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 311:1042; 320:61 y 323:1625, entre otros), ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella (Fallos: 303:1007).
Que es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Asimismo, que la inconsecuencia o falta de imprevisión no se suponen en aquél y por esto se reconoce como principio que las normas deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie o deje a todas con valor y efecto (Fallos 297:142; 314:458 y otros)
Que, como se expuso, la multa impuesta en la resolución apelada en autos, no es susceptible de condonación, ello así en razón de que se trata de la comisión de una infracción de fondo de declaración inexacta prevista en el inc. c) del art. 954 del C.A., cuyo bien jurídico tutelado es el principio de veracidad y exactitud de la declaración, en los términos de la jurisprudencia de la CSJN, recaída en las causas “Subgra SACIE c/Nación Argentina (ANA)”, del 12/5/92 (Fallos 315:942) y “Bunge y Born Comercial S.A. (T.F. Nro. 7584-A) c/ANA”, de fecha 11/6/98 (fallos 321:1614).
Que, de lo descrito resulta que la infracción prevista en el inc. c) del art. 954 del C.A. no se encuentra incluida en la Ley 27.260 y sus normas reglamentarias, motivo por el cual la multa que en la causa se cuestiona no se encuentra alcanzada por el beneficio de condonación solicitado por la actora.
Que por los motivos expuestos se rechaza la solicitud de condonación formulada por la actora.
V. Que sentado lo que antecede corresponde decidir si la Resolución DE PRLA nro. 7020/2015, aquí apelada, se ajusta a derecho, en cuanto ha sido objeto de agravio, en definitiva determinar si se encuentra configurada en autos la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c) del CA.
Que el Código Aduanero tutela el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante las aduanas. El art. 954 de ese Código reprime y sanciona -en correlación al bien jurídico protegido- al que para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración inexacta, que de pasar inadvertida, produjere o pudiere producir: “(...) c) el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia.
Que mediante la destinación de importación a consumo N° 05 001 IC03 003644 X, oficializada el 29/12/05, ante la Aduana de Buenos Aires, ELECTROLUX S.A. importó 1.104 unidades de mercadería de la PA SIM 8450.11.00.113Q, correspondiente a “Con velocidad de centrifugado superior a 550 rpm pero inferior o igual a 800 rpm y capacidad expresada en peso de ropa seca, menor o igual a 7 kg. De carga frontal De eje horizontal, sin dispositivo de secado –Máquinas totalmente automáticas -Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg: MÁQUINAS DE LAVAR ROPA, INCLUSO CON DISPOSITIVOS DESECADO”, bajo el subrégimen de envíos fraccionados.
Que es la propia importadora la que reconoce que faltaron ingresar 276 unidades de las 1.104 declaradas en el DI involucrado, tanto en sede aduanera -ver nota presentada por el despachante de aduanas a fs. 1/2 de las act. adm.- como ante este Tribunal. Por lo que la imputación efectuada a la actora se basa en la diferencia de mercadería constatada entre la cantidad declarada de 1.104 unidades por un valor FOB de U$S 235.140,96.- y lo realmente ingresado 828 unidades por un valor FOB cumplido de U$S 176.355,72.-, surgiendo una diferencia de toneladas por un valor de U$S 58.785,24.-; que podría haber producido -de pasar inadvertido- el egreso hacia el exterior de un importe distinto del que efectivamente correspondiere.
Que la importadora justifica la diferencia verificada aludiendo que la mercadería -lavadoras de ropa- que debía ingresar a nuestro país mediante envíos fraccionados, a bordo de cuatro camiones procedentes de Brasil, solo pudieron ingresar 828 unidades debido a un accidente (vuelco) que sufrió uno de ellos en territorio brasileño, lo que provocó la destrucción total de la mercadería (276 unidades).
Que si bien la recurrente acompaña copia del Acta del accidente de tránsito ocurrido en el Estado de Paraná, Brasil, y su traducción, a fin de comprobar sus dichos, debe destacarse que la misma se trata de copias simples sin la debida autenticación e intervención consular, motivo por el cual fue desconocido su valor probatorio en sede aduanera. Que aún en la hipótesis de su autenticidad, ello no excusa la inexactitud de la declaración comprometida bajo el subrégimen IC03. En efecto, la figura del art. 954, ap. 1, inc. c) C.A. es de peligro —“hubiere podido producir”— y su núcleo radica en la idoneidad de la divergencia declarativa para ocasionar un egreso de divisas distinto al debido, con independencia tanto de la consumación efectiva del perjuicio como de la causa material del faltante. De allí que la contingencia extraterritorial alegada no neutraliza la tipicidad objetiva ni la responsabilidad infraccional derivada.
Lo cierto es que en su declaración comprometida la firma importadora declaró, como fuera expuesto anteriormente, la importación para consumo de 1.104 lavadoras de ropa, cuando de las constancias obrantes en autos resulta que se importaron para consumo 828 de esas unidades. En efecto, es la propia presentación de la firma importadora del 5/1/2006 -suscripta por su despachante de aduana- (ver fs. 1/2 de las actuaciones administrativas) la que señala eso al solicitar el cumplido de la destinación aduanera y es la que da lugar a que se formule la denuncia por parte de la Sección Procedimientos Técnicos.
En este punto debe tenerse presente el CANAL ROJO obligatorio asignado a la destinación en trato, en virtud de tratarse de una importación para consumo de mercadería que arriba por vía terrestre en envíos fraccionados (sub régimen IC03 conf. RG AFIP n° 583/99).
En lo que a importación refiere, el art. 234 del CA (reformado por la ley 25.986) establece que la declaración comprometida debe indicar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta valoración de la mercadería de que se trate. Al establecer ello el art. 234 del CA, en consonancia con el art. 332 (norma análoga en destinos de exportación), hace referencia necesariamente a la descripción de la mercadería (naturaleza, especie, calidad, cantidad, etc.) y de la relación jurídica y comercial del importador con el remitente de la mercadería (de la cual surge, entre otros, el precio y demás elementos que inciden sobre el valor de la mercadería) y de toda otra información intrínseca o extrínseca de la mercadería y de la operación de base que permita determinar el tratamiento aduanero que corresponda a las mercaderías objeto de despacho.
Sentado lo que antecede, el presupuesto de hecho del tipo infraccional -una diferencia entre lo declarado por la firma importadora en su solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación–, se encuentra acreditado en autos.
VI. La invocación de que la cancelación se efectuó por el monto declarado con fondos de libre disponibilidad depositados en una cuenta del exterior no desactiva la infracción del art. 954, ap. 1, inc. c) C.A. porque el tipo es de peligro y tutela la veracidad e idoneidad de la declaración aduanera, no el circuito financiero elegido por el operador. Lo jurídicamente relevante es la divergencia objetiva entre lo declarado y lo efectivamente ingresado/cumplido bajo el subrégimen comprometido, en cuanto esa divergencia era apta para producir —de pasar inadvertida— un egreso de divisas distinto al debido. El origen de los fondos (propios, de libre disponibilidad o externos) y su regularización ex post son hechos indiferentes para la tipicidad: no corrigen la inexactitud ya consumada ni eliminan la potencialidad lesiva de la declaración. Admitir lo contrario importaría supeditar la legalidad aduanera a decisiones contables o cambiarias del particular, desnaturalizando el bien jurídico protegido y vaciando de contenido el control basado en exactitud declarativa.
VII. Que la figura infraccional del art. 954 del CA requiere como elemento del tipo, además de la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación -cuestión analizada en el acápite anterior de este voto-, que la misma resulte idónea para producir alguno de los efectos previstos en los incs. a), b) y/o c), del ap. 1 de dicho artículo.
En lo que aquí interesa, los efectos que esa diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, debió producir o haber podido producir, en caso de pasar inadvertida, es el egreso hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere (conf. lo establecido en el inc. c) en que, como fuera ya expuesto, el servicio aduanero encuadró como infracción a los hechos del caso de autos). Nótese que conforme surge del informe emitido por contador público a fs. 76/78 de las act. adm., se giraron divisas por el valor total de la destinación, 1.104 unidades equivalentes a u$s 235.290,96 cuando hubiera correspondido girarse por las 828 unidades efectivamente ingresadas equivalentes a u$s 176.468,22, por lo que resulta una diferencia de u$s 58.822,74. En función de lo expuesto, la diferencia entre lo declarado y lo comprobado resultó idónea para producir los efectos del art. 954, ap. 1, inc. c), del CA. Es preciso señalar que no resulta relevante el hecho de que la firma actora haya efectuado el pago con fondos de libre disponibilidad depositados en el exterior, toda vez que se trata de un tipo infraccional de peligro. En consecuencia, lo exigido por la norma es que la conducta produjere o hubiere podido producir el efecto indicado.
VIII. Que la operatoria aduanera está estructurada sobre la base de la confianza que el servicio aduanero deposita en los distintos sujetos que desarrollan su actividad en el área del comercio exterior; sistema éste que tiende a simplificar los controles para agilizar el intercambio en el comercio internacional y que tiene como contrapartida la necesidad del autocontrol del importador-exportador y la sanción ejemplificadora al detectar infracciones.
Que así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “SUBPGA S.A.C.I.F. c/ Estado Nacional (A.N.A.) s/ nulidad de resolución”, al expresar que “en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficacia con que la Administración Nacional de Aduanas practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tiende a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan.” Que se desprende de la Exposición de Motivos del Código Aduanero que el legislador ha querido tutelar en el Capítulo VII, referido a las declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas, el principio básico de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera; declaración que en autos -y tal como lo reconoce la propia actora- no resultó ni veraz ni exacta, como quedó demostrado. Que siendo ello así, el suscripto concluye que resulta procedente el encuadre penal efectuado por el servicio aduanero, por lo que correspondería confirmar la resolución aquí apelada, en cuanto imputa a la recurrente la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954 ap. 1, inc. c) del CA.
IX. Que, sin perjuicio de ello, asiste razón a la actora en cuanto a que el importe de la multa ha sido incorrectamente liquidado, conforme se expuso en el Considerando V, se giraron divisas por el valor total de la destinación —1.104 unidades, equivalentes a u$s 235.290,96— cuando correspondía efectuar el giro únicamente por las 828 unidades efectivamente ingresadas, equivalentes a u$s 176.468,22. En consecuencia, se verifica una diferencia de u$s 58.822,74, que, al tipo de cambio de 3,040 (cfr. fs. 30 vta. de las act. adm.), asciende a la suma de $178.821,12, monto que corresponde determinar en concepto de multa por la infracción endilgada.
Que atento al modo que se resuelve la presente, las costas se imponen a la actora por el importe de la multa que se confirma y al Fisco nacional por la parte que se revoca (art. 1163 del CA).
Que, por ello, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de prescripción y nulidad de la notificación interpuestos por la actora, con costas 2.- Confirmar la Resolución DE PRLA N° 7020/15, dictada en las actuaciones 13289-585-2006, en cuanto imputa a la recurrente la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., fijando el importe de la multa en ciento setenta y ocho mil ochocientos veintiún pesos con doce centavos ($178.821,12), con costas conforme los respectivos vencimientos (art. 1163 del CA).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero en lo sustancial al Voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar los planteos de prescripción y nulidad de la notificación interpuestos por la actora, con costas 2.- Confirmar la Resolución DE PRLA N° 7020/15, dictada en las actuaciones 13289-585-2006, en cuanto imputa a la recurrente la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., fijando el importe de la multa en ciento setenta y ocho mil ochocientos veintiún pesos con doce centavos ($178.821,12), con costas conforme los respectivos vencimientos (art. 1163 del CA).
Regístrese, notifíquese a la actora en el CUIT 27-12276446-5 (Dra. Feliciano) y al fisco nacional en el CUIT 33- 69345023-9 y oportunamente por Secretaría General de Asuntos Aduaneros remítanse en devolución las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.11.17 14:41:36 ART Date: 2025.11.17 17:50:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.17 19:54:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.17 19:54:55 -03:00
Fin de la sentencia