Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar formalmente inadmisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 193/196 contra el auto dictado a fs. 191/192 [cfr. art. 242 inc. 3° del C.P.C.C.]. Costas de alzada en el orden causado en atención a que la causal de inadmisibilidad formal del remedio no fue invocada por la contraparte sino detectada de oficio por este Tribunal [art. 51 inciso 1°, segunda parte del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
LC C-6159-MP2 “ACUÑA VIRGINIA ELIZABETH Y OTROS C. DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION Y OT. S. AMPARO POR MORA”
Mar del Plata, 18 de febrero de 2016.
AUTOS Y VISTO:
I. 1. A fs. 65/68 los actores interpusieron el presente amparo por mora contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener una orden jurisdiccional de pronto despacho respecto del expediente administrativo N° 05800-2687272/2013, el cual fue iniciado por los accionantes a los efectos de alcanzar la modificación de la base de cálculo de los haberes que percibían en virtud de ejercer el cargo de “Inspector de Enseñanza”.
2. A fs. 137/140 el a quo tuvo por acreditado que la accionada incurrió en una notoria morosidad en el despacho de las actuaciones administrativas iniciadas por los actores, acogió el amparo por mora ventilado en autos y ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos proceda a culminar la totalidad de los actos de trámite o preparatorios pendientes en el mentado expediente administrativo, para luego dictar un acto administrativo definitivo dentro del término reglado en el art. 77 inc. “g” del decreto ley 7.640/70.
3. El 28-05-2014 la parte demandada se notificó del fallo definitivo recaído en autos [cfr. cédula de notificación de fs. 142/143].
4. Por escrito de fs. 170 y vta. la parte actora denunció el incumplimiento de la sentencia y solicitó que se intime a la demandada a obedecer ésta bajo apercibimiento de aplicar astreintes.
5. Con fecha 05-03-2015, a fs. 172 y vta., el magistrado de la instancia anterior puso de relieve que el plazo apercibimiento de aplicar astreintes personalmente formulado a la titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
11. Por auto de fs. 191/192, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata, con fecha 17-06-2015, hizo efectivo el apercibimiento formulado a fs. 180, impuso astreintes en forma personal a la titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en la suma de pesos mil ($ 1.000) por cada día hábil de retardo en el cumplimiento de la sentencia y dispuso que tales sanciones conminatorias debían calcularse a partir de la notificación del presente auto y hasta la notificación a la parte actora del acto administrativo a cuyo dictado tendían las presentes actuaciones.
Al fundar tal pronunciamiento, el magistrado de grado sostuvo que las referenciadas sanciones conminatorias debían ser satisfechas en forma personal por la titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires –Dra. Nora De Lucía-, atento que ésta guardó absoluto silencio frente a las intimaciones a cumplir con la sentencia que le fueron formuladas a fs. 172 y vta. y 180.
12. A fs. 193/196 la parte demandada –representada por la letrada apoderada por la Fiscalía de Estado Provincialinterpuso recurso de apelación fundado contra el proveído de fs. 191/192.
Liminarmente, argumentó que no correspondía aplicar astreintes en forma personal y directa a la Directora de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, atento no mediar en autos “...elemento alguno que permita sostener la existencia de renuencia de la Sra. Directora en cuestión...” [cfr. fs. 194 y vta.].
Sentado ello, requirió la morigeración de la suma fijada en concepto de sanciones conminatorias diarias, atento reputarla excesiva y, por ende, violatoria del derecho de propiedad “...del interesado...” [cfr. fs. 195 vta.].
13. A fs. 209 el a quo concedió el recurso interpuesto y corrió traslado de sus fundamentos a la parte actora por el plazo de cinco (5) días.
14. En su réplica al memorial de la parte demandada, la parte actora manifiesta su conformidad frente a lo resuelto en la instancia de origen, controvierte los argumentos ensayados en el escrito de fs. 193/196 y solicita el rechazo del embate articulado [cfr. fs. 211/212].
II.1. Recibidas las actuaciones [cfr. fs. 214] y puestos los autos al Acuerdo para resolver sobre la admisibilidad del recurso deducido [cfr. fs. 215], corresponde señalar liminarmente que si bien la concesión de un recurso de apelación –o su denegatoria-, cualquiera fuere el ordenamiento procesal aplicable, corresponde al juez de la instancia del que emana la sentencia o resolución apelada – labor cumplida en la especie-, dicha tarea resulta complementada luego con el más exhaustivo examen de admisibilidad que deba practicar la Alzada conforme las normas en juego, en tanto es potestad de la Cámara, como juez final de los recursos ordinarios, decidir oportunamente sobre su procedencia formal y examinar todo lo relativo a su concesión (si quien lo dedujo es parte o tiene interés en su interposición, entre otros conceptos), pues se trata de cuestiones en las que está comprometido el orden público por referirse a la jurisdicción y competencia funcional de la Alzada, sin encontrarse ella obligada ni por la voluntad de las partes, ni por las resoluciones del juez de primer grado, por más que se encuentren consentidas [argto. doct. esta Cámara causa C-2791-MP2 “Elorza”, res. del 15-IX-2011 y sus citas].
2. Sentado ello, bien vale recordar que la circunstancia que legitima al recurso es el interés de quien lo interpone, es decir, el gravamen sufrido como consecuencia de un pronunciamiento. Y corresponde entender por agravio a la insatisfacción –total o parcial- de cualquiera de las pretensiones planteadas en el litigio -o el rechazo de las defensas opuestas-; así, la apelación no procede sino por su lesión que consiste en el perjuicio que al apelante cause la parte dispositiva de la sentencia o auto recurrido [cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 92.745 “Stoichevich”, sent. de 17- XII-2008; doct. esta Cámara causas A-625-DO1 “Sociedad de Fomento Cariló”, sent. del 24-II-2009; C-2321-MP2 ”Francano” sent. del 28-VIII-2012]. No debe olvidarse que la existencia de interés o gravamen constituye presupuesto de admisibilidad de todo recurso de apelación, pauta ineludible que viabiliza la apertura del vestíbulo de la impugnación [cfr. doct. esta Cámara causa V-614-DO1 “Sansó”, res. del 25-VI-2009]. Entonces, el ejercicio de un camino recursivo -como toda acción en justicia-, no se reconoce sino a quienes justifiquen una afectación que legitime el acceso a la vía judicial ordinaria, pues a falta de aquélla, no hay petición audible ante la instancia revisora (argto. doct. S.C.B.A. causa Ac. 103.741 "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires c. Sosa”, res. de 17-IX-2008).
3. Conceptualizado el recaudo de admisibilidad formal atinente a la presencia de interés suficiente para apelar, recuerdo que, por expreso mandato de la Constitución provincial (art. 155 Constitución Provincial), el Fiscal de Estado representa a la Provincia en todos los juicios en que se controviertan sus intereses patrimoniales, esto es en aquellos litigios en los que se ventilen cuestiones susceptibles de incidir sobre el erario público bonaerense [cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 60.898 “Fiscal de Estado”, sent. de 18-II-2004; B. 59.201 “Fiscal de Estado”, sent. de 19-X-2005, y A. 71.760 “De Caso”, sent. de 29-X-2014; esta Alzada causas Q-613-MP1 “Petromarva S.A.”, res. de 05-VI- 2008; Q-611-MP1 “Astilleros Plenamar de Construcciones por ésta a fs. 193/196 resulta formalmente inadmisible [cfr. art. 242 inc. 3° del C.P.C.C.].
POR ELLO, esta Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata,
Declarar formalmente inadmisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 193/196 contra el auto dictado a fs. 191/192 [cfr. art. 242 inc. 3° del C.P.C.C.]. Costas de alzada en el orden causado en atención a que la causal de inadmisibilidad formal del remedio no fue invocada por la contraparte sino detectada de oficio por este Tribunal [art. 51 inciso 1°, segunda parte del C.P.C.A., t.o. ley 14.437]. Regístrese y notifíquese por Secretaría. Fecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen. Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia