Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III · Causa I-38066-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular del imputado Alexander Agustín Sosa, por las razones expuestas en los considerandos (arts. 337, 421, 439, 441, 442, 443 y concs. del CPP).
II. Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el auto apelado mediante la cual se dispuso la elevación a juicio del presente legajo, tras considerar a Alexander Agustín Sosa probable autor penalmente responsable del hecho provisoriamente calificado como abuso sexual con acceso carnal; por las razones expuestas en los considerandos (arts. 22, 210, 337 y concs. del CPP; y 119 párr. 3 del CPP).
Para resolver el recurso de apelación concedido en la instancia contra el auto de elevación a juicio respecto de Alexander Agustín Sosa (en libertad) , en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal (art. 119 párr. 3 del CPP).
Practicado el sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden de votación: jueces Carlos Fabián Blanco, Luis C. Cayuela y, para el caso de disidencia, Gustavo. A. Herbel (art. 440 del CPP).
El juez Carlos Fabián Blanco dijo:
El recurso de apelación interpuesto debe ser declarado admisible, toda vez que ha sido presentado en término, en debida forma, por parte legitimada (Dr. Víctor L. Leonardini) y respecto de una decisión que el ordenamiento procesal declara expresamente apelable (arts. 164, 337, 421, 439, 441, 442, 443 y concs. del CPP).
El Juzgado de Garantías Nº 1 (a cargo del Dr. R. J. Costa), el 22 de octubre pasado dispuso la elevación a juicio del presente legajo tras considerar a Alexander Agustín Sosa probable autor penalmente responsable del siguiente hecho, provisoriamente calificado como abuso sexual con acceso carnal (art. 119 párr. 3 del CPP):
" En fecha indeterminada, pero cuando menos antes de fecha 27 de septiembre del año 2019, cuando la víctima poseía 17 años de edad (nacida el 29/09/2001), el aquí imputado Alexander Agustín Sosa [nacido el 18/01/2000] agredió en su integridad sexual a Aldana Noemí Luna, a quien luego de empujarla sobre la cama de la habitación y entre forcejeos despojarla de sus prendas profiriéndole dichos amenazantes sobre causarle un daño a la misma o a su familia lo que ha generado un temor fundado en su persona, la accedió carnalmente vía vaginal. Todo ello en el interior del domicilio sito en la calle Hipólito Irigoyen N° 1085 de la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar ".
Para así decidir, se valoraron diversos elementos probatorios colectados en autos, entre los que caben destacar los siguientes:
-Denuncia y declaración testimonial en sede fiscal de Aldana Luna, teniendo ya 18 años de edad (03/02/2020 y 28/02/2020 -esta última subida al SIMP el 15/09/2020-, respectivamente), donde además de dar cuenta del hecho manifiesta estar embarazada y que el embarazo solo puede provenir de esa agresión sexual;
-Informe de la Dirección de Género de Pilar (Lic. Ventura) tras una entrevista con la joven (04/09/2020);
-Segunda declaración testimonial de Aldana Luna en sede fiscal (14/07/2023);
-Informe de cotejo genético (07/11/2023) dando cuenta de la compatibilidad genética del 99,99% entre Alexander Sosa y Natalie Antonella Luna (hija de Aldana Luna), en términos de un vínculo biológico paterno;
-Declaraciones testimoniales del padre y madre de la joven (ambas del 08/02/2024);
-Pericia psicológica practicada por la Asesoría Pericial Departamental (Lic. Mandich) del 09/10/2025. La profesional consignó que del discurso de la examinada no surgían indicadores de fabulación patológica y que su relato presentaba criterios de credibilidad, entre ellos coherencia interna, detalles, referencias a interacciones y diálogos con el imputado, así como descripciones de sentimientos de temor y sometimiento. Sobre esa base, concluyó que los hallazgos orientaban a considerar verosímil el relato.
-También se dijo que algunos testimonios (de testigos ofrecidos por la defensa) dan cuenta de la frecuencia con la que Aldana Luna concurría al domicilio de Sosa, de la cercanía que mantenía con su familia y de la percepción que algunos testigos tenían respecto de la naturaleza del vínculo entre ambos. Por consiguiente, sus manifestaciones pueden contribuir a esclarecer el contexto previo. Sin embargo, " no permiten determinar si, en la oportunidad investigada, la denunciante prestó o no su consentimiento para mantener relaciones sexuales. En segundo término, las propias declaraciones presentan diferencias en cuanto a la naturaleza de la relación. Mientras algunos testigos afirmaron que eran novios, otros señalaron que eran amigos o que desconocían si existía una relación sentimental. Tales divergencias no necesariamente excluyen la posibilidad de un vínculo afectivo, pero impiden considerar que su existencia y alcance hayan quedado establecidos de manera uniforme e incontrovertible ".
-En respuesta al argumento de la defensa de un contexto de violencia intrafamiliar que habría llevado a Aldana Luna a una denuncia falsa, se señaló que " si bien algunos testigos refirieron que la joven tenía dificultades familiares y que habría padecido situaciones de violencia por parte de su progenitor, no se advierte que tales circunstancias permitan concluir, con el grado de certeza que pretende la defensa, que la denuncia hubiera sido formulada para encubrir un embarazo derivado de una relación consentida. Corresponde señalar, además, que la perspectiva de género debe orientar el análisis para evitar estereotipos relativos al comportamiento esperado de una víctima de violencia sexual, pero no reemplaza la exigencia de valorar rigurosamente la prueba. Por consiguiente, los testimonios aportados por la defensa constituyen elementos que deberán ser examinados en el debate, pero no poseen entidad suficiente para excluir, en esta instancia, la hipótesis de una agresión sexual ".
Se concluyó señalando que: " No puede dejar de señalarse que nos encontramos ante versiones contradictorias de los hechos, lo que torna imprescindible el avance de la presente causa a la siguiente etapa procesal, a fin de esclarecer lo realmente acontecido y determinar, con el debido contralor, la posible responsabilidad penal del imputado. Todo ello, en el marco de los principios rectores del proceso penal: oralidad, inmediación y contradicción [.] La propia defensa reclama un esclarecimiento de los hechos investigados con la debida producción y control de la prueba, lo que me lleva aún más a sostener el avance a la siguiente etapa procesal ".
La defensa se queja de diversos puntos.
1. Se agravia de que se haya elevado el legajo a juicio a pesar de no haberse incorporado en autos la "Historia Clínica Perinatal". En el auto que declaró la nulidad de la primera requisitoria de elevación (la del 27/04/2026), se dijo que esa constancia era insustituible para corroborar la hipótesis acusatoria o exculpatoria. Al reiterar su acusación, la Fiscalía reconoció que no pudo obtener dicha Historia Clínica de la Secretaría de Salud Municipal y, "para salvar esa falta" incurrió en una "afirmación dogmática fácticamente imposible", a saber, que la ventana de concepción "resulta plenamente compatible con el nacimiento de Natalie en abril 2020 como prematura de 7 meses". "La matemática biológica refuta de plano esa versión: es fácticamente imposible dar a luz el 27 de abril un bebé concebido a término en septiembre.
Cabe recordar que el hecho imputado se fijó "antes del 27 de septiembre de 2019" y que la niña Natalie Luna nació el 27 de abril de 2020 (según la partida de nacimiento agregada en autos). "Sostener un juzgamiento penal basándose en una mera "conjetura fiscal" de prematuridad sin respaldo pericial viola las reglas de la sana critica racional y vacía de contenido la garantía del in dubio pro reo (art. 1 CPPBA)".
2. La defensa también señala que si la concepción se produjo en julio o agosto de 2019, el embarazo no es producto del supuesto "abuso violento e imprevisto de fines de septiembre", ya que varios testigos dijeron que Alexander Sosa y Aldana Luna tenían un vínculo de noviazgo en aquellas fechas.
La denunciante afirmó expresamente que era virgen, que nunca antes tuvo relaciones y que el único contacto fue la agresión de septiembre de 2019. Por ende, se configura la hipótesis del art. 323 inc. 2 y 3 del CPP. "El hecho imputado bajo la modalidad y fecha descritas no existió, y las relaciones afectivas previas excluyen el tipo objetivo del delito de abuso sexual".
3. En tercer lugar, el recurrente señala que el a quo "convalida" el argumento fiscal según el cual la desinstalación de aplicaciones de mensajería al momento de entregar el teléfono constituye un "obrar sugestivo del imputado". Señala que ello "vulnera el principio de inocencia" porque se ha informado en autos que el teléfono no pudo ser completamente peritado (de acuerdo con el "informe técnico de la D.A.I.C." del 21/08/2026).
4. Por último, la defensa señala que tanto el Agente Fiscal como el Juez de Garantías "han descartado los sólidos testimonios que acreditan que Aldana Luna vivía bajo un régimen de severa violencia intrafamiliar ejercida por su padre, Walter Lushecho, hecho admitido por la propia joven en la pericia psicológica del Lic. Mandich. " Resulta plenamente lógico que una adolescente de 17 años, al descubrir un embarazo avanzado ocultado por meses a un padre violento, acudiera a la fabulación de una agresión sexual para justificarse y protegerse de las represalias físicas de su progenitor. La verosimilitud emocional detectada en la pericia psicológica no responde al hecho de Sosa, sino al pánico real ejercido por su entorno familiar ".
Por todo lo expuesto, solicita se revoque el auto apelado y se dicte el sobreseimiento total de Alexander Sosa conforme los incisos 2 y 3 del art. 323 del CPP. Subsidiariamente, se declare la nulidad de la elevación a juicio disponiendo la devolución de las actuaciones a la UFI de origen para que cumpla acabadamente con la incorporación de la historia clínica perinatal completa e informe pericial de los soportes digitales DAIC.
i) El objeto de conocimiento de la alzada debe limitarse a tratar los puntos de agravio postulados en el recurso, con la excepción de las causales de nulidad absoluta (art. 434 del CPP) o cuando corresponda aplicar el efecto extensivo o la mejora de la situación del imputado (art. 435 del código citado).
ii) Por su parte, tal como he sostenido en el marco de las causas N° 26.750, 27.746, 28.882, 35.037, 36.137, 36.173 y 36.184 de esta Sala III (entre muchas otras) -donde, al igual que en el presente trámite, el caso se encontraba en la etapa de investigación preparatoria-, corresponde señalar que es en la etapa del juicio oral donde se producirá la prueba propiamente dicha.
La Investigación Penal Preparatoria se encuentra dirigida a constatar la posible existencia de un hecho delictivo, sus circunstancias y la probabilidad de la intervención de sus partícipes, con el objeto de asegurar los elementos probatorios indispensables que serán perpetuados o debatidos en aquella instancia procesal. Dicha investigación se encuentra a cargo del Agente Fiscal, quien indaga los hechos acaecidos para posteriormente, en su caso, formular la acusación. A su vez, corresponde recordar que la información volcada en esta etapa no requiere el nivel de certeza exigible para una condena, ni se encuentra sujeta al régimen de verificación exhaustiva propio del debate oral.
En el presente caso, nos encontramos revisando la elevación a juicio dictado por el a quo ; decisión que, en su esencia, exigen que los elementos recogidos sean convincentes para tener por prima facie acreditada la existencia del delito investigado, así como la concurrencia de elementos de convicción suficientes para sostener que la persona imputada es probable autora o partícipe penalmente responsable del hecho y que existen peligros procesales que justifican la medida cautelar dictada a su respecto.
En tal sentido, y en los términos del artículo 209 del Código de Procedimiento Penal, en cualquier etapa del proceso todo aquello que se investiga se puede probar por cualquier medio de prueba legal; para su valoración, la ley exige la expresión de la convicción sincera sobre la verdad de los hechos mediante el desarrollo escrito de las razones que fundamentan dicha convicción, conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 210 del rito penal).
En definitiva, la elevación a juicio requiere de elementos de convicción suficientes que sustenten la probabilidad de la intervención delictiva, sin que se exija aún la certeza sobre la responsabilidad penal. Sumado a ello, el encuadre jurídico asignado al hecho posee carácter provisional y la medida de coerción resulta inherentemente cautelar y modificable a lo largo del proceso.
iii) Sentado ello, corresponde hacer también las siguientes consideraciones generales.
Nos encontramos ante un posible delito cometido contra una mujer (una mujer niña), por lo que resulta aplicable la normativa nacional e internacional destinada, en sentido amplio, a su protección.
Con el dictado de la Resolución de la Asamblea General Nº 48/104 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denominada "Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer" (del 20 de diciembre de 1993), se impuso la obligación a los Estados Partes de "aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer" (primer párrafo del artículo 4). Para ello, los Estados deberán actuar "con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares" (art. 4 inc. "c"). Sumado a ello, deberán establecer "en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia" , como así también brindarles "acceso a los mecanismos de la justicia" (art. 4 inc. "d").
Al año siguiente, se celebró la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belem do Pará (del 09/06/1994), que fue incorporada luego a nivel nacional mediante el dictado de la Ley 24.632 (B.O. 09/04/1996). Dicho instrumento internacional definió específicamente a la violencia contra la mujer como "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" (art. 1). Además, consagró el derecho de la mujer a la integridad física, psíquica y moral (art. 4 inc. "c"), como así también el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos (art. 4 inc. "g"), entre otras prerrogativas.
Como correlato, estableció diversas obligaciones para los Estados Partes. Entre ellas, el compromiso de "actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer" (art. 8 inc. "b"); la obligación de "incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas" (art. 8 inc. "c"); como así también la necesidad de "establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos" (art. 8 inc. "f"). Sumado a ello, impuso la especial obligación de que los Estados Partes adopten "disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención" (art. 8 inc. "h").
Siguiendo tales premisas, nuestro legislador nacional dictó la Ley 26.485 (B.O. 14/04/2009), denominada "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales". Allí, se estableció -como objetivo- la promoción y garantía del derecho de las mujeres "a vivir una vida sin violencia" y al "acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia" (art. 2 incs. "b" y "f"), entre otros. También definió a la violencia contra las mujeres como aquella "conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal" (art. 4).
Todas las previsiones de este último cuerpo normativo han sido implementadas a nivel provincial, mediante el dictado de la Ley N° 14.407 (B.O. 12/12/2012).
Ante todo este marco, resulta evidente que la integridad física de las mujeres ha sido motivo de interés y preocupación por los Estados modernos, quienes además han considerado que la necesidad de erradicar cualquier tipo de violencia contra ellas es una condición indispensable para su adecuado desarrollo individual y social.
En ese mismo espíritu, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sostener que los Estados tienen la obligación de "adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres", debiendo contar "con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer" (cf. C.I.D.H., caso "González y otras -'Campo Algodonero'- vs. México", del 16/11/2009, Serie C-205).
A criterio de dicho Tribunal, "la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende todos los sectores de la sociedad" (cf. C.I.D.H., caso "Rosendo Cantú y otra Vs. México", sentencia del 31 de agosto de 2010). Por ello, considera que, "ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección" (cf. C.I.D.H., caso "Inés Fernández Ortega vs. México", sentencia del 30 de agosto del 2010, Serie C-215).
En consonancia con ello, nuestra Corte provincial se ha pronunciado por sostener que, en casos en los que haya mediado violencia contra una mujer, resulta necesario "juzgar con perspectiva de género (.) teniendo en cuenta el compromiso que asumió el Estado argentino de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (arts. 4, inc. "g", 7 incs. "b" y "f" y 9, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - "Convención de Belem do Pará"-, aprobada por la ley 24.632; conf. C.S.J.N. "Sanz, Alfredo Rafael y otro s/Estafa s/juicio s/casación", sent. de 27-II-2020, por remisión al dictamen del señor Procurador; ver también CIDH, situación de vulnerabilidad de la mujer embarazada, en Estándares y recomendaciones. Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, Anexo 1, OEA/Ser.L/V/IL, doc. 233, párr. 6)".
También destaca que "El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género (conf. causa P. 125.687, cit.), sin perder de vista que el principio de amplia libertad probatoria -arts. 16.1 y 31 de la ley 26.485- no implica una flexibilización de los estándares probatorios sino que `...está destinado, en primer lugar, a desalentar el sesgo discriminatorio que tradicionalmente ha regido la valoración probatoria a través de visiones estereotipadas o prejuiciosas sobre la víctima o la persona acusada´ " (Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres - femicidios- de la Procuración General de la Nación, año 2018, pto. 4.2.2.)" (cf. S.C.J.B.A., causa P. 132.936-RC, del 18/08/2020).
iv) Examinadas las constancias agregadas al presente incidente y sobre la base de los agravios expuestos por el apelante, adelanto que propondré rechazar el recurso.
Comparto con el a quo que existen versiones contradictorias (en la audiencia a tenor del art. 308 del CPP el imputado se acogió a su derecho a no declarar, pero presentó un escrito) que tornan imprescindible el avance de la presente causa a la siguiente etapa procesal, a fin de esclarecer lo acontecido y determinar la posible responsabilidad penal del imputado, en el marco de los principios rectores del proceso penal: oralidad, inmediación y contradicción.
1. En el auto apelado se ha dado cuenta de las dificultades para obtener la "Historia Clínica Perinatal" (de Aldana N. Luna). De las constancias de autos surge que se requirió al Área de Salud de la Municipalidad de Pilar información relativa a la referida historia clínica y a la historia clínica de la niña (Natalie Antonella Luna), con especial referencia a las semanas de gestación, la fecha probable de parto, el peso al nacer y los estudios destinados a establecer la edad gestacional. Ante la respuesta incompleta, se procuró identificar los establecimientos en los que la denunciante había recibido atención y se solicitó una ampliación de la información, particularmente respecto del Hospital Materno Neonatal Nuestra Señora del Pilar, donde habría ocurrido el parto. Sin embargo, la respuesta posterior del organismo municipal informó que no obraba en su poder documentación adicional.
La no obtención de la totalidad de la documental médica pretendida impide afirmar con fundamento una fecha precisa de concepción y si ha habido prematuridad en el nacimiento y en su caso de cuánto. No obstante, la ausencia de esa documentación no conduce automáticamente al sobreseimiento pretendido, como parece pretenderse. Repárese en que se logró obtener la partida de nacimiento de la niña, de la que surge que nació el 27 de abril de 2020 , lo cual no es incompatible -como se dice en los agravios- con la fecha de la agresión sexual indicada en la imputación, a saber, " algún momento anterior al 27 de septiembre de 2019 ". Opino que es el debate el ámbito propicio para mayores precisiones.
2. La defensa también señala que varios testigos dijeron que Alexander Sosa y Aldana Luna tenían un vínculo de noviazgo en julio o agosto de 2019, por lo cual, a su modo de ver, el embarazo no es producto del supuesto "abuso violento e imprevisto de fines de septiembre". En el auto apelado se ha dado respuesta a este argumento, sin que ella hubiese sido refutada (y sin apreciar objeciones de manera oficiosa).
Algunos testimonios ofrecidos por la defensa darían cuenta de la frecuencia con la que Aldana Luna concurría al domicilio de Alexander Sosa, de la cercanía que mantenía con su familia y de la percepción que algunos testigos tenían respecto de la naturaleza del vínculo entre ambos. Se trata, pues, de manifestaciones que pueden contribuir a esclarecer el contexto previo. Sin embargo, no permiten determinar si, en la oportunidad investigada, la denunciante prestó o no su consentimiento para mantener relaciones sexuales, que es lo que realmente importa. Además, esas mismas declaraciones presentan diferencias en cuanto a la naturaleza de la relación: algunos testigos afirmaron que eran novios (algo siempre negado por Aldana, quien dijo que solo eran amigos y que él tenía novia en esos momentos, punto este último corroborado por esa novia, a saber, Araceli Castedo, quien ha declarado en autos), mientras que otros señalaron que eran amigos o que desconocían si existía una relación sentimental.
3. Como se ha visto, el recurrente también señala que el a quo ha "convalidado" el argumento fiscal según el cual la desinstalación de aplicaciones de mensajería al momento de entregar el teléfono constituye un "obrar sugestivo del imputado". Esto es un error. Si bien se aprecia ese argumento en el requerimiento fiscal, en el auto apelado no ha sido utilizado ese argumento, ni expresa ni implícitamente.
4. La defensa señala, por último, que no se ha dado el suficiente peso a las pruebas relativas a que Aldana Luna vivía en un contexto de violencia intrafamiliar ejercida por su padre, el cual ha sido admitido por la propia joven en la pericia psicológica del Lic. Mandich (del 09/10/2025). Esa violencia, se dice, hace que sea "plenamente lógico" que Aldana haya recurrido "a la fabulación de una agresión sexual para justificarse y protegerse de las represalias físicas de su progenitor". Se discrepa con que no se haya dado suficiente peso a esa prueba.
En el auto apelado se admite la posibilidad de una mentira ante una eventual reacción parental violenta. Pero también se dice que esta posibilidad no permite concluir, sin más, que ello sea así. Además, se resalta observa que Aldana Luna se ha mantenido en su dichos a lo largo de todas las intervenciones (denuncia, dos declaraciones testimoniales y dos declaraciones ante psicólogos oficiales).
A esto cabe agregar que la referida perita Mandich, luego de escuchar de boca de Aldana Luna las referidas situaciones de violencia intrafamiliar (ninguna de las cuales, cabe aclarar, fueron vinculadas a su relaciones o vínculos amorosos) concluye que del discurso de ella " no se desprende la presencia de fabulación patológica en sus dichos: dado que el relato sobre los hechos denunciados presenta los siguientes criterios de credibilidad: Se trata de un relato coherente, con lógica interna en sus partes. No es demasiado estructurado y presenta detalles. Los hechos están contextuados parcialmente respecto al tiempo y espacio. Hace referencias a interacciones y en diálogos con el imputado. La Srta. Luna alude a situaciones subjetivas describiendo un vínculo de sometimiento y temor, haciendo referencias a los cambios en su propia subjetividad ".
Es preciso también remarcar que estos últimos dichos (del 09/10/2025) fueron vertidos casi cinco años después de la denuncia. Y la joven se mantiene. Lo cual cobra más relevancia aún si se repara en que ya no vive con los padres sino solo con su hija y su pareja, a saber (según sus dichos) " Leandro Pogonsi (26 años de edad, empleado de "call center", sano). desde hace dos años. ".
Por lo expuesto, entiendo que los agravios no prosperan y que existe prueba que permite arribar al grado suficiente de sospecha como para el pase a la siguiente etapa procesal. Como he dicho, un juicio oral y público posibilitará al Tribunal encargado del veredicto determinar, a partir de un contacto directo con el imputado, la presunta víctima y toda otra prueba de posible producción, si aquel efectivamente cometió el delito que se le imputa. Por lo pronto, resultando probable la hipótesis fiscal, propicio rechazar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado (arts. 22, 210, 337 y concs. del CPP; y 119 párr. 3 del CPP).
Así lo voto (arts. 168 y 171 de la CPBA y 106 del CPP).
El juez Cayuela dijo:
Adhiero al voto del colega preopinante, por los mismos fundamentos (arts. 168 y 171 de la CPBA y 106 del CPP).
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular del imputado Alexander Agustín Sosa, por las razones expuestas en los considerandos (arts. 337, 421, 439, 441, 442, 443 y concs. del CPP).
II. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto y CONFIRMAR el auto apelado mediante la cual se dispuso la elevación a juicio del presente legajo, tras considerar a Alexander Agustín Sosa probable autor penalmente responsable del hecho provisoriamente calificado como abuso sexual con acceso carnal; por las razones expuestas en los considerandos (arts. 22, 210, 337 y concs. del CPP; y 119 párr. 3 del CPP).
Regístrese, notifíquese al Fiscal General y a la Defensa Particular y devuélvase. Sirva la presente de atenta nota de envío. Se encomienda al a quo la notificación al imputado y la comunicación a la víctima (ver formulario de elevación).
Firmas
Funcionario firmante: BLANCO Carlos Fabián - JUEZ
Funcionario firmante: CAYUELA Luis Cayetano - JUEZ
Funcionario firmante: GAMULIN Gabriela Marisa - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 990-2026
Fin de la sentencia