Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 6251/14 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el trámite de la actuación SIGEA N° 12210-4883-2010 y, consecuentemente, dejar sin efecto la multa y los tributos por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-64773010-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 6 de Junio de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “EMERSON ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. N.° 35.508-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 12/16 se presenta la firma EMERSON ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 6251/2014 (DE PRLA) dictada por el Administrador de la Aduana de Buenos Aires en el expediente SIGEA N° 12210-4883-2009 que la condena a una multa de $ 65.768,85 y formula un cargo por la suma de U$S 35.777,32 y $ 46.940.67 por considerarla incursa en la infracción del art. 970 del C.A.
II. La recurrente, en primer lugar, manifiesta que el procedimiento aduanero es nulo, de nulidad absoluta, por haber transcurrido más de 8 años para el dictado de la resolución, vulnerando de esta forma su derecho de defensa. Explica que, el paso del tiempo hace muy difícil presentar la documentación solicitada. En segundo lugar, afirma que toda la mercadería fue reexportada en tiempo y forma y lo acredita con la documentación que acompaña. En subsidio, solicita la aplicación del principio “in dubio pro reo” consagrado en el art. 898 del C.A.
III. Por su parte, a fs. 29/32 contesta el traslado conferido la representante fiscal que luego de una negativa genérica, se explaya sobre los actuados aduaneros. Explica que el ingreso de la mercadería fue bajo el régimen de importación temporal y que dicho régimen brinda ciertos beneficios al importador, siempre y cuando se cumpla con determinadas obligaciones. En ese sentido, afirma que de la documentación acompañada por la actora no surge que la mercadería haya sido totalmente reexportada al vencimiento del plazo de permanencia. Ello, al no coincidir la posición arancelaria del permiso de embarque nro.3087 Y con la descripta en el CTC y además, porque el permiso nro. 3147 E no consigno el certificado CTC en la hoja complementaria. Ofrece las actuaciones administrativas como prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada.
IV. A fs. 49 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a consideración de la Sala “G”, que los pasa a sentecia a fs. 52.
Primera Cuestión V.- Que, ante todo, corresponde examinar si, como plantea la recurrente, la acción del fisco para imponer una pena y para el cobro de los tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, cabe señalar que del análisis de las constancias de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12210-4883-2009 surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/2008 y el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 28/09/2012 (v. fs. 20) y que se notificó de todo lo actuado el 13/06/2014 conforme lo manifestado por la actora en la contestación de la vista a fs. 28vta. –Nótese que la constancia de correo obrante a fs. 27 solo contiene firma y aclaración de recibida-.
En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-
70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VI. En consecuencia, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 28/09/2012 (ver fs. 20 del expediente administrativo) advirtiéndose que la notificación al interesado fue enviada casi 2 años después de su dictado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores, y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para imponer penas –art. 937 inc. a) del CA- y perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del C.A.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2008, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2012 (cfme. arts. 803, 804, 805, 934, 935, 936 y 937 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 24/09/2014.
A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expediente administrativo correspondiente a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización 20/09/2006 06 073 IT14 002816 Y Vencimiento DIT 20/09/2007 Instrucción de sumario 28/09/2012 (fs. 20)
Corrida de vista 11/06/2014 (fs. 24)
Notificación de la instrucción de sumario y corrida de vista 13/06/2014 Contestación de la corrida de vista 2/07/2014 (fs. 28/41)
Resolución apelada 24/09/2014 (fs. 63/66vta.)
Notificación de la Resolución 9/02/2015 1/01/2008 Plazo de prescripción 31/12/2012 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, si bien la instrucción de sumario se dictó dentro del plazo de prescripción, la notificación de la misma fue enviada a la recurrente aproximadamente 2 años más tarde desde su dictado, sin que se advierta en el expediente administrativo razones que justifiquen la excesiva demora del servicio aduanero en notificar en tiempo oportuno. En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, hacer lugar a la prescripción opuesta por la actora y, consecuentemente, declarar prescripta la acción del fisco para imponer una pena y perseguir el cobro de tributos relativos al DIT Nº 06 073 IT14 002816 Y.
Segunda cuestión VII.- Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, corresponde analizar el fondo de la causa.
En ese sentido, se pretende resolver en autos si la Resolución Nº 6251/14 (DE PRLA), mediante la cual se le imputa a la aquí actora la comisión de la infracción del art. 970 del C.A en relación a la mercadería documentada con el DIT Nº 06 073 IT14 002816Y, se ajusta a derecho.
Del análisis de las constancias de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-4883-2009 a fs. 60 obra la Nota N° 6593/2014 (SE PTEZ) que informa que la mercadería ingresada temporalmente por el despacho en cuestión no fue reexportada en su totalidad, atento a que los permisos de embarque no descargan dicha mercadería. Ello así, el P.E. Nº 07 073 EC01 003087 Y no cuenta con el número de CTC utilizado y el P.E. Nº 07 001 EC03 003147 E consigna una posición arancelaria distinta a la que menciona en el CTC involucrado.
Es sabido que, a efectos de acreditar debidamente que los insumos importados en forma temporaria conforman el producto exportado, luego de ser sometidos los primeros al respectivo proceso de perfeccionamiento industrial, el art. 14 del Decreto 1439/96, preceptuó: "El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC-. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero".
VIII. Así las cosas, la recurrente manifiesta que al momento de reexportar la mercadería no contaba con el CTC definitivo, por lo que aporta la solicitud del certificado conjuntamente con su declaración jurada. Ello, con carácter de “provisorio” hasta tanto el organismo de aplicación dicte el certificado definitivo. (v. fs. 52/58 de las acts. adms.)
Es dable advertir que, pese a encontrarse en copia, la documentación acompañada por la recurrente debe ser tenida en cuenta a los efectos de resolver la presente causa, siendo que, por un lado, el servicio aduanero no desconoció a esa documentación y además fue sobre la base de la relación insumo-producto declarada en esa documentación que consideró no reexportado al insumo importado. A ello se agrega que, a estas alturas cualquier medida tendiente a obtener los originales de la documentación involucrada resultaría inútil, habida cuenta de tratarse de destinaciones del año 2006, encontrándose fuera del plazo de conservación fijado por el propio servicio aduanero mediante la Disposición n°455/1998 (AFIP).
IX. Sentado lo que antecede, del análisis de dicha documentación se lee: “certificado de tipificación temporaria” (CTIT) con el número 00324/2007 del expediente nro: EXP-S01:0012115/2007, de ello se deduce que en el permiso de embarque nro. 07 001 EC03 003147 E donde dice “CTC N° 0012115/2007 se refiere al número de expediente de dicho trámite. Por lo que no encuentro óbice para dar como válida la planilla de relación insumo/producto de fs. 52/53 de las acts. adms., en los términos de lo establecido en el art. 9 de la Res. 72/92.
Con relación al permiso de embarque nro. 07 073 EC01 003087 Y, específicamente los ítems 4, 5 y 7 reexportan sin modificación/trasformación la mercadería bajo la posición arancelaria nro. 9025.19.90 “Los demás termómetros y pirómetros con otros instrumentos: DENSÍMETROS, ARÉOMETROS, PESALÍQUIDOS E INSTRUMENTOS FLOTANTES SIMILARES, TERMOMETROS, PÍROMETROS, BARÓMETROS, HIGRÓMETROS Y SICRÓMETOS, AÚN QUE SEAN REGISTRADORES, INCLUSOCOMBINADOS ENTRE SÍ.”, por una (1) unidad del ítem 3 y una (1) unidad del ítem 4 del dit 2816 Y. Asimismo, la posición arancelaria nro. 9026.20.90 “Los demás –Para medida o control de presión INSTRUMENTOSY APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL CAUDAL, NIVEL, PRESIÓN U OTRAS CARACTERISTICAS VARIABLES O LIQUIDOS O GASES…” por una (1) unidad del ítem 5 del dit 2816Y.
X. Por los motivos expuestos y toda vez que se ha podido verificar la reexportación de la totalidad de la mercadería importada temporalmente, no cabe sino revocar la resolución apelada.
Por ello, voto por:
1. Revocar la Resolución N° 6251/14 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el trámite de la actuación SIGEA N° 12210-4883-2010 y, consecuentemente, dejar sin efecto la multa y los tributos por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 6251/14 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el trámite de la actuación SIGEA N° 12210-4883-2010 y, consecuentemente, dejar sin efecto la multa y los tributos por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.06.06 12:22:38 ART Date: 2023.06.06 14:21:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.06 14:30:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.06 14:31:34 -03:00
Fin de la sentencia