Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.509-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad opuesto por la recurrente. Sin costas.
2Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 0006816/2014, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 1-251366-2015 y 13289-46-2015, en cuanto condena a la firma EMERSON ARGENTINA S.A. al pago de la multa dispuesta por encontrarlo incurso en la infracción tipificada por el art. 970 del C.A. en relación a la DIT N° 03 073 IT14 000680 X, con costas a la importadora.
3Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 0006816/2014, en cuanto a la exigencia de tributos, y revocarla en cuanto a la exigencia respecto de los rubros IVA adicional y percepciones del impuesto a las ganancias, conforme lo señalado en el Considerando VII, con costas a la demandada.
4Declarar que el monto de tributos a exigir a la actora asciende a la suma de U$S25.034,83 con más los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., de acuerdo con lo señalado en el Considerando VIII del voto del Dr. González Palazzo, con costas a la actora.
5Estimar las costas de los puntos 3 y 4 en un 56% a cargo de la actora y en un 44% a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-129878316-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 1 de Noviembre de 2023 Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 35.509-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales Titulares integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dr. Christian M. González Palazzo y Dr. Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “EMERSON ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 35.509-A, El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I.— Que a fs. 14/19, se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 0006816/2014 (Exp. N° 12210-3172-2006), recaída en el expediente administrativo Actuación SIGEA Nº 1-251366-2015 y 13289-46-2015, por la que se la condenó, en los términos del art. 970 del C.A., al pago de una multa y tributos. Ello en relación a la operación de importación temporaria documentada mediante la D.I.T. 03 073 IT14 000680 X. Plantea la nulidad del procedimiento administrativo por entender que el mismo se ha excedido de todo parámetro de razonabilidad, violando su derecho a la defensa. Manifiesta que a través del P.E. n° 03 073 EC03 007120 E reexportó la totalidad de la mercadería importada dentro del plazo legal estipulado. En subsidio, solicita la aplicación del art. 898 C.A. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas a la contraria.
II.— A fs. 56/59 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas SIGEA Nº 1-251366-2015 y 13289-46-2015. Niega todos y cada uno de los hechos expresados en la apelación no reconocidos expresamente. Considera que el sumario tramitó dentro de los plazos legales por lo cual no puede prosperar el agravio respecto del excesivo plazo transcurrido. Manifiesta que, con la documental aportada por la firma, y sin CTC definitivo, no es posible corroborar el cumplimiento de la reexportación de la mercadería importada temporalmente. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva de caso federal. Solicita se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta contra la resolución recurrida, con costas.
III.— A fs. 60 se abre la causa a prueba. A fs. 202 se dispone el cierre del período probatorio. A fs. 221 se ponen los autos a alegar. A fs. 225/227 presenta alegato la recurrente, y la demandada no hizo uso del derecho conferido.
A fs. 218 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “F”.
A fs. 228 quedan en estado de dictar sentencia.
IV.— Que, la representación fiscal en fecha 10 de mayo de 2016 acompañó el sustento documental de la litis, las actuaciones administrativas SIGEA Nº 1-251366-2015 y 13289-46-2015, en soporte papel y en dos cuerpos de 71 fojas y 97 fojas, respectivamente, agregadas por cuerda, en las cuales obra la resolución DE PRLA N° 006816/2014 apelada por la aquí recurrente ante esta instancia jurisdiccional. V.— Que, sentado lo que antecede, antes de comenzar a analizar el fondo de la cuestión traída a examen, corresponde a este Tribunal analizar y resolver el planteo de nulidad introducido por la recurrente. Que, la firma importadora plantea la nulidad de todo lo actuado en sede administrativa por considerar que el servicio aduanero vulneró su derecho de defensa en juicio, en primer lugar, por no respetar los plazos de producción de la prueba ofrecida, y, en segundo lugar, por excederse del plazo razonable en la tramitación del sumario administrativo.
Que, respecto a lo esgrimido por la aquí recurrente, cabe señalar que la nulidad es un modo excepcional de extinción de los actos administrativos. Como tal debe ser analizada con suma prudencia y evaluarse con rigurosidad la consecución de cada uno de los extremos esbozados en el planteo recursivo a fin de determinar si los mismos son suficientes para convencer a este juzgador para declarar la invalidez e ineficacia de los actos jurídicos llevados a cabo por la Administración.
Que, de la compulsa del expediente administrativo surge que el servicio aduanero dispuso la instrucción de sumario contra la firma, el 21/10/2009, por no haber regularizado, dentro del plazo concedido, la situación de la mercadería ingresada al amparo de la DIT N° 03 073 IT14 000680 X.
Que, la importadora fue notificada de la corrida de vista del sumario el 12/06/2014. Al contestar la vista, la firma presentó su descargo, acompañó copia del permiso de embarque que acreditaría el cumplimiento del régimen de importación temporaria y ofreció prueba informativa a fin de que se remita copia del CTC definitivo o solicitud del mismo, bajo el N° S01:0071634/03.
Que, el servicio aduanero abrió a prueba el 09/09/2014 haciendo lugar a la prueba informativa, cuyo oficio debía ser diligenciado a la Dirección de Promoción de Exportaciones, para que conteste en el plazo de 10 días, bajo apercibimiento de continuar los autos según su estado. La importadora realiza el diligenciamiento del mismo, siendo recibido por el organismo el 15/09/2014.
Que, en fecha 03/10/2014, el servicio aduanero hace efectivo el apercibimiento por no constar la contestación y pone los autos para resolver.
Que, en fecha 09/10/2014, el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros dicta la Resolución DE PRLA N° 006816/14, por la que condena a la firma “EMERSON S.A.”, en los términos del art. 970 del C.A., al pago de una multa, y formula cargos por tributos a la firma y a la aseguradora, solidariamente.
Que, el servicio aduanero genera el expediente administrativo SIGEA N° 13289-46-2015, cuya fecha de registración es del 05/01/2015, conteniendo la contestación del oficio, diligenciado oportunamente por la firma a la Dirección de Promoción de Exportaciones, por la cual acompaña copias certificadas de la solicitud de CTC N° S01:0071634/03 realizada por la importadora respecto de la DIT 03 073 IT14 000680 X.
Que, del análisis de las actuaciones administrativas surge que la importadora hizo efectivo uso de su derecho de defensa en oportunidad de contestar la vista.
Que, sin perjuicio de ello, lo cierto es que, en esta instancia, las partes se encuentran facultadas a ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes sin restricción alguna, por lo que las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables en este sentido.
Que, aunque el servicio aduanero no respeto los plazos procesales para la producción de la prueba, dicha omisión pudo ser subsanada en esta instancia, con la incorporación de la solicitud de CTC N° S01:0071634/03 acompañada por la Dirección de Promoción de Exportaciones, por lo cual, no se configura una vulneración tal que pudiera convalidar la nulidad pretendida, atento al efectivo ejercicio de su defensa en ambas instancias.
Reiterada doctrina y jurisprudencia tiene resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellas que, entiende el juzgador, son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa. En esta instancia resulta posible meritar la prueba obrante en las actuaciones administrativas. No se evidencia, entonces, la alegada violación del derecho de defensa, ya que los presuntos vicios del procedimiento no le causan, a la parte, indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N., que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205:549 y 267:393).
En cuanto a la vulneración del derecho de defensa que alega la recurrente en virtud del principio del “plazo razonable”, no se verifican los extremos fácticos que permitan colegir la afectación a la garantía judicial que comprende el instituto alegado incorporado por la Convención de Derechos Humanos en su art.8.1 incorporado a nuestro ordenamiento por imposición de lo establecido en el art.75 inc.22 de nuestra Constitución Nacional.
En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la violación a la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable no surge de la constatación automática con un plazo “ideal” determinado, sino del examen particularizado de las circunstancias de cada caso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades.
En este orden de ideas, cabe señalar que, la carga de acreditar el cumplimiento del régimen especial de importación temporaria recae sobre la importadora, y el hecho de que no lo haya acreditado en el momento oportuno genera dilaciones innecesarias, sumada la propia complejidad que implica un proceso aduanero, y, teniendo en cuenta que el sumario se realizó dentro de los plazos legales, considero que no corresponde hacer lugar al presente agravio.
Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que, en este caso en particular, no se infiere vulneración al derecho de defensa, sino que, por el contrario, el mismo ha sido ejercido dentro de los márgenes que habilita el Código rector y no se advierten acciones deliberadas de las autoridades que permitieren aseverar como responsables únicos en la potencial demora que pudiere advertirse en el marco de sustanciación de la presente.
Lo hasta aquí expuesto es suficiente para considerar que el planteo de nulidad debe ser rechazado, sin costas (conf. art. 1163 C.A.)
VI.— Que, dirimida la cuestión respecto de la nulidad impetrada, corresponde resolver si se ajusta a derecho la resolución aduanera apelada, y, en consecuencia, la procedencia de los tributos y multa por presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A.
Que, no resulta controvertido en autos que la firma EMERSON ARGENTINA S.A., mediante la destinación de importación n° 03 073 IT14 000680 X, oficializada el 17/03/2003, documentó la importación de mercaderías declaradas bajo las posiciones arancelarias n° 8471.80.19.000A (ítem 1— subitem nro. 1 y 2—) y n° 8543.89.99.990W (ítem 2), al amparo del Decreto 1439/96 y la RES ANA 479/95, con la finalidad de reexportar la mercadería ingresada bajo el régimen de destinación temporal. En tales condiciones, se concedió el libramiento con fecha 27/03/2003 y se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de un año, cuyo vencimiento operó el 26/03/2004. Que, tal como se expuso precedentemente, de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 1-251366-2015 y 13289-46-2015 surge que el servicio aduanero dictó la Resolución DE PRLA N° 006816/14, de fecha 09/10/2014, por la cual condenó a la importadora al pago de una multa, en los términos del art. 970 C.A., y formuló cargos por tributos tanto a la firma como a la aseguradora, por cuanto tuvo por no acreditado el cumplimiento del régimen de importación temporaria.
Que, dicho régimen se encuentra definido en el art. 250 del C.A., el cual establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo".
Asimismo, la Sección XII, Título II, CAPITULO DÉCIMO, del Código Aduanero, regula las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, estableciendo en el art. 970: “El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al TREINTA (30%) por ciento del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada”.
Que, en consecuencia, quien importa o exporta la mercadería temporariamente asume diferentes obligaciones. Siendo las de carácter sustancial, aquellas relativas al cumplimiento del plazo de permanencia y la invariabilidad de la finalidad para la cual el régimen fue concedido, y las de carácter formal, aquellas relacionadas a los procedimientos y requisitos que el obligado debe realizar para dar cumplimiento a las obligaciones de carácter sustancial.
Esta Sala ha sostenido en sus numerosos pronunciamientos que al servicio aduanero le basta acreditar el mero vencimiento del plazo, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba quedando a cargo del presunto infractor la acreditación de todos los extremos que afirme lo eximen de responsabilidad penal.
En este orden de ideas, el Decreto 1439/96, establece las condiciones para la importación temporaria de mercaderías, entre las cuales dispone, en su art. 3“Las mercaderías que se importen al amparo del presente régimen no abonarán los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios”. Además, el art. 14, instituye la obligatoriedad de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) en los siguientes términos: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero”. Y el art. 15, a su vez, establece que, “La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada”. En este mismo sentido, la RE-479-1995-ANA, estableció el procedimiento para la importación temporaria de mercaderías para su transformación y posterior exportación, y en su art. 8° determina el modo de cancelación de la importación temporaria, por cual, la firma importadora debe presentar una declaración jurada por cada D.I.T. con la información correspondiente. En el inc. b) dispone que la misma debe contener: “Permiso de Embarque: Número, dígito, año y Aduana donde se tramitó la operación; cantidad de mercadería exportada; cantidad de insumos utilizados y número del Certificado de Tipificación y Clasificación y Circular Interna en que fuera publicado”, y en el inciso h) “Detalle de los Certificados de Tipificación y Clasificación o copia de los mismos autenticadas por el Despachante de Aduana, cuando aún no se hubieren publicado en Circular Interna”.
Que, es jurisprudencia pacífica de esta Sala, que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora o, en su caso, de la aseguradora, probar que ha cumplido con la obligación de acreditar en forma fehaciente, y mediante la documentación aduanera adecuada, el cabal cumplimiento de las condiciones a las que la reglamentación condiciona la ventaja de importar la mercadería sin el pago de los tributos que gravan la destinación definitiva de importación. Es decir, que queda a su cargo la obligación de presentar los permisos de embarque mediante los cuales exporta, que permitan la acreditación de la exportación para consumo en término de la mercadería importada bajo el régimen e importación temporaria, así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
Ahora bien, la recurrente alegó haber dado cumplimiento al régimen de importación temporaria mediante el permiso de embarque n° 03 073 EC03 007120 E —que acompañó a fs. 33/37 de las actuaciones administrativas—, por el que habría reexportado la totalidad de la mercadería importada al amparo de la DIT N° 03 073 IT14 000680 X.
En ese marco, la importadora ofreció prueba informativa a la Dirección de Promoción de Exportaciones a fin de que remita a este Tribunal copias certificadas del CTC definitivo, o en su caso, la propia solicitud N° S01:0071634/03, cumpliendo con el requerimiento y acompañando copias certificadas de dicha solicitud a fs. 78/201.
Que, asimismo se requirió a la Dirección General de Aduanas para que remita a este Tribunal, la carpeta de la destinación de exportación N° 03 073 EC03 007120 E, siendo este contestado y agregado a fs. 64/73. Además, acompañó impresiones de planillas SIM de la destinación y dejó constancia de que la documentación requerida superó el plazo de conservación previsto en la Disposición AFIP 455/98. En este sentido, a efectos de llegar a la verdad material de los hechos, se realizó la compulsa de la documental incorporada al expediente —el sobre contenedor con la DIT, la solicitud de CTC y el permiso de embarque—, con el fin de verificar el cumplimiento o no de la importación temporaria. Del sobre contenedor agregado a fs. 4 surge que, la firma EMERSON ARGENTINA S.A. importó mediante la DIT N° 03 073 IT14 000680 X, oficializada el 17/03/2003, la mercadería documentada en el ítem 0001, cuya posición arancelaria es la n° 8471.80.19.000A, consistente en “Las demás. Unidades de control o de adaptación y unidades de conversión de señales. Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos. Maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte”, indicando 6 unidades para el subitem nro. 0001, modelo RM100 8 2 B, marca HAWKE y valor FOB US$49.134,60, y 1 unidad para el subitem 0002, modelo RM100 4 2 B, marca HAWKE y valor FOB US$5.971,50. Y la mercadería documentada en el ítem 0002, cuya posición arancelaria es la n° 8543.89.99.990W, consistente en “Los demás. Los demás. Los demás. Los demás. Las demás máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo”, indicando 52 unidades, modelo TRK TERM, marca HAWKE y valor FOB US$2.433,60.
Asimismo, mediante el permiso de embarque n° 03 073 EC03 007120 E, oficializado el 03/07/2003, la firma exportó la mercadería documentada en el ítem 0001, cuya posición arancelaria es la n° 8537.10.20.000C, consistente en “Controladores programables. Para una tensión inferior o igual a 1.000 V. Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o distribución de electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del capítulo 90, así como los aparatos de control numérico, excepto los aparatos de conmutación de la partida 85.17”, indicando, para el subitem 0001, 1 unidad, modelo PLC DV CRYO 2 & 1, sin marca y valor FOB US$53.707,63, y subitem 0002, 2 unidades, modelo PLC DV GASS PLANT, sin marca y valor FOB US$131.071,48. Declarando, como documentos a presentar, la DIT en trato y la DIT n° 03 073 IT14 000362 F.
Para la mercadería del ítem 0002, la importadora declaró que la misma cancelaría la DIT N° 03 073 IT14 000362 F, la cual no se encuentra bajo examen de este Tribunal, y respecto del ítem 0003, declara que la misma no posee insumos temporales para ser imputados.
En la declaración jurada de descarga de insumos importados temporalmente, agregada en el permiso de embarque, la importadora declaró que para la mercadería exportada y documentada en el ítem 0001, subitem 0001, utilizó 2 unidades de los insumos importados y documentados mediante el ítem 1, subitem 1 de la DIT en trato, y para la mercadería exportada y documentada en el ítem 0001, subitem 0002, utilizó 3 unidades de los insumos importados y documentados mediante el ítem 1, subitem 1, y 51 unidades de aquellos documentados en el ítem 2.
Por otro lado, mediante la solicitud de CTC N° S01:0071634/03 —agregada al expediente a fs. 80/194—, la importadora presentó el detalle del proceso industrial de los “Controladores Lógicos Programables”, e incorpora a fs. 85 la “Declaración jurada de insumos, mermas, sobrantes y residuos”, y luego rectificada a fs. 138/139, por la cual declara el producto a importar, denunciando la posición arancelaria n° 8537.10.20, consistente en “Controlador Lógico Programable (PLC) incompleto” y producto a exportar bajo la misma posición arancelaria, cuya descripción reza “Controlador Lógico Programable (PLC) completo”, denunciando una relación insumo-producto de 1.000 metros cúbicos de insumo por 1.000 metros cúbicos de producto.
Ahora bien, de acuerdo con el análisis realizado, la relación insumo-producto declarada por la importadora resulta inaplicable a la operación en examen, ello atento a que denuncia como mercadería a importar, una posición arancelaria igual a la mercadería a exportar, resultando erróneo ya que, de acuerdo con los datos consignados en la DIT y en el PE, la mercadería importada y exportada, y sus respectivas posiciones arancelarias, son distintas. Partiendo de esa base, y dado que la declaración no aporta mayor detalle sobre la relación, resulta imposible determinar cuánto insumo utilizó para realizar la trasformación industrial del producto exportado, máxime cuando la importadora, en esta instancia, no ha contribuido a prestar claridad sobre la documentación acompañada oportunamente a fin de probar el cumplimiento.
En este orden de ideas, nótese que, la particularidad del régimen de importación temporaria al que voluntariamente se adhirió la firma, que, conforme lo expuesto ut supra, imponía en cabeza de la importadora la acreditación de haber dado cumplimiento al régimen, y la misma no ha aportado —en esta instancia— elementos que contribuyan a desvirtuar la posición de la Aduana respecto de la configuración de la infracción endilgada en autos.
Que, por todo ello, no se puede aseverar que la importadora acreditó el efectivo cumplimiento del régimen de importación temporaria para poder acceder a sus beneficios, lo cual la hace incurrir en la infracción tipificada en el art. 970 del CA.
Respecto del planteo referido a la aplicación del beneficio de la duda, cabe señalar que el presente caso, a los ojos de este juzgador, no las presenta.
Resulta evidente que la actora no pudo acreditar la reexportación de la mercadería importada temporariamente.
Por tal motivo, la negligencia del principal responsable de un régimen especial no puede ser convalidado con la duda, máxime cuando dicha duda no tiene razón objetiva de ser.
Que todo lo expuesto, permite a este Tribunal afirmar que la firma EMERSON ARGENTINA S.A. no cumplió con las obligaciones del régimen de importación temporaria —a la luz de la normativa señalada—, motivo por el cual, no cabe duda alguna de que se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero, por lo que corresponde confirmar, en tal sentido, la pena impuesta mediante la Resolución DE PRLA Nº 0006816/2014, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 1-251366- 2015 y 13289-46-2015.
VII.— Sentado lo anterior, corresponde analizar la procedencia de los conceptos de IVA adicional y percepciones del impuesto a las ganancias, que conforman la exigencia tributaria de la resolución en crisis. En relación al IVA adicional percepciones del impuesto a las ganancias, en orden a lo dispuesto en el precedente “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01 s/ Dirección General de Aduanas” corresponde declarar que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y de derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal, por lo que considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión.
En relación a las costas, teniendo en consideración las fechas del dictado de los precedentes mencionados y la falta de oportuno allanamiento por parte del Fisco, las mismas deberán ser impuestas a la demandada. VIII.— Que, sentado todo ello, se procede a practicar nueva liquidación de tributos, a la luz de lo analizado en el Considerando precedente.
Liquidación de tributos:
DIT 03 073 IT14 000680 X.
Valor en aduana de la mercadería: u$s 58.247,63 Derechos de Importación (14 %)
u$s 8.154,67 Estadística (0%)
u$s 0 Base imponible I.V.A. u$s 80.381,73 I.V.A. (21%)
u$s 16.880,16 Total tributos adeudados: u$s 25.034,83 más los intereses del art. 794 del C.A. a computar desde el 01/07/2014 hasta la fecha del efectivo pago.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad opuesto por la recurrente. Sin costas.
2. Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 0006816/2014, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 1-251366-2015 y 13289-46-2015, en cuanto condena a la firma EMERSON ARGENTINA S.A. al pago de la multa dispuesta por encontrarlo incurso en la infracción tipificada por el art. 970 del C.A. en relación a la DIT N° 03 073 IT14 000680 X, con costas a la importadora.
3. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 0006816/2014, en cuanto a la exigencia de tributos, y revocarla en relación a la exigencia respecto de los rubros IVA adicional y percepciones del impuesto a las ganancias, conforme lo señalado en el Considerando VII, con costas a la demandada.
4. Declarar que el monto de tributos a exigir a la actora asciende a la suma de U$S25.034,83 con más los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., de acuerdo con lo señalado en el Considerando VIII, con costas a la actora.
5. Estimar las costas de los puntos 3 y 4 en un 56% a cargo de la actora y en un 44% a cargo del Fisco. Así lo voto.-
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que, adhiero en lo sustancial al voto del juez preopinante.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de nulidad opuesto por la recurrente. Sin costas.
2. Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 0006816/2014, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 1-251366-2015 y 13289-46-2015, en cuanto condena a la firma EMERSON ARGENTINA S.A. al pago de la multa dispuesta por encontrarlo incurso en la infracción tipificada por el art. 970 del C.A. en relación a la DIT N° 03 073 IT14 000680 X, con costas a la importadora.
3. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 0006816/2014, en cuanto a la exigencia de tributos, y revocarla en cuanto a la exigencia respecto de los rubros IVA adicional y percepciones del impuesto a las ganancias, conforme lo señalado en el Considerando VII, con costas a la demandada.
4. Declarar que el monto de tributos a exigir a la actora asciende a la suma de U$S25.034,83 con más los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., de acuerdo con lo señalado en el Considerando VIII del voto del Dr. González Palazzo, con costas a la actora.
5. Estimar las costas de los puntos 3 y 4 en un 56% a cargo de la actora y en un 44% a cargo del Fisco.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo, en su carácter de Vocal Titular de la Vocalía de la 17ª Nominación y el Dr. Pablo A. Garbarino, en su carácter de Vocal Titular de la Vocalía de la 16ª Nominación, por encontrarse vacante la Vocalía de la 18ª Nominación (art. 1162 C.A.).-
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.11.01 01:04:47 -03:00 Date: 2023.11.01 07:21:06 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.01 07:21:07 -03:00
Fin de la sentencia