Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 35507-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de apertura del sumario tramitado en la actuación SIGEA 12210–3273–2007 y prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos relativos al DIT 03073IT14001440D. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 1455/2025/CA1; EMERSON ARGENTINA SA (TF 35507–A)
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DVP Buenos Aires, de octubre de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Mediante sentencia del 25/06/2024, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría resolvió: (i) confirmar el art. 1 de la Resolución DE PRLA 7296/2014 –recaída en las actuaciones SIGEA 12210-2373-2007– en cuanto condenó a la firma actora al pago de una multa de $98.770,49 por infracción al art. 970 del C.A, con costas a la actora; (ii) confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en el art. 3 de la referida Resolución DE PRLA 7296/2014, declarando que los tributos adeudados por la firma actora ascendían a la suma de USD 33.390,97, en concepto de derechos de importación, tasa estadística e IVA, con más intereses en los términos del art. 974 del C.A, con costas a la actora; (iii) revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del IVA adicional e impuesto a las ganancias, con costas por su orden Para así decidir, luego de reseñar las posiciones adoptadas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, efectuar una síntesis de las actuaciones administrativas que llevaron al dictado de la Resolución impugnada y señalar que se declaró la causa como de puro derecho, rechazó el planteo de nulidad absoluta de lo actuado y lo referido a la afectación del derecho de defensa impetrado por la firma actora. Así las cosas, explicó que –a criterio de la actora– la nulidad pretendida se encontraba fundada en: i) el hecho de haber transcurrido más de 10 años de producida la supuesta infracción y hasta la toma de conocimiento de las actuaciones con la corrida de vista –generándose una vulneración de su derecho de defensa por no encontrarse obligada a conservar la documentación que acreditaba el cumplimiento de la exportación– y ii) la falta de incorporación de la carpeta original del DIT en el expediente.
Con respecto al primero de los puntos consignados, consideró que no había expirado el plazo para la conservación de la documental atento a que, conforme lo normado en el art. 67 del CCN vigente en ese momento, no se había cumplido con el plazo decenal de conservación de documentos desde la fecha del vencimiento del DIT –11/07/2004– y la corrida de vista de la instrucción del sumario –12/06/2014–.
Con respecto al segundo de los puntos, remarcó que, conforme lo normado en los arts. 1104 y 1101 del CA, la impugnación de las actuaciones sumariales por defectos de forma debería haber sido planteada en sede administrativa –donde contaba con la oportunidad de plantear las nulidades correspondientes frente al servicio aduanero– circunstancia que no se verificaría en autos.
Aclaró que no se encontraba vulnerado el derecho de defensa de la actora puesto que había contado con amplias posibilidades probatorias para acreditar sus dichos y poder subsanar así cualquier irregularidad, pese a lo cual no había acompañado ni solicitado la producción de ningún tipo de prueba.
Consideró que, toda vez que “la DIT agregada en el sumario por el servicio aduanero se encuentra debidamente extraída del sistema informático MARIA” y se encontraban “debidamente certificadas por el funcionario del servicio aduanero” poseían valor probatorio documental suficiente.
Rechazadas las nulidades interpuestas, se abocó al estudio del contenido de la Resolución impugnada.
Remarcó que conforme la normativa aduanera, la no regularización en término de la mercadería ingresada temporariamente configura el ilícito previsto y penado en el art. 970 del C.A, por lo que en casos como el de autos, correspondía a los beneficiarios de los regímenes preferenciales –frente a la imputación de incumplimiento– acreditar de forma fehaciente y mediante la documentación aduanera adecuada el cabal cumplimiento de las condiciones impuestas por la reglamentación –que en el caso de autos, por el tipo de operación efectuada, dichos documentos resultaban ser los Permisos de Embarque (PE), la expresa imputación al DIT Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 1455/2025/CA1; EMERSON ARGENTINA SA (TF 35507–A)
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que pretende descargarse y los Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC)–.
Sostuvo que la falta de acreditación total o parcial de la operación temporaria había motivado el sumario contencioso, durante el cual “no se probó ni se agregó constancia alguna que demostrara el cumplimiento de la obligación asumida”, circunstancia que también se verificaba en la instancia del Tribunal Fiscal, por lo que correspondía tener por tipificada la infracción del art. 970 del C.A Con relación a las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, consideró que debía ajustar su pronunciamiento a lo resuelto por el Máximo Tribunal en el precedente “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, Causa 22.930/2009, del 26 de noviembre de 2019, y por ello declaró que el Fisco carecía de facultades para exigir dichos importes En virtud de no encontrarse discutido ni el tipo de cambio, ni las alícuotas utilizadas en las liquidaciones realizadas por el servicio aduanero, confirmó la liquidación efectuada en sede administrativa del derecho de importación, tasa estadística e IVA.
II. Contra dicha decisión se alzan ambas partes. La actora interpone recurso de apelación y expresa agravios el 20/08/2024 –los que no fueron replicados por la contraria–. La demandada hace lo propio el 26/08/2024 pero se tuvo por desierto el recurso deducido al no haber expresado agravios en el plazo fijado para ello (cfr. Resolución del Tribunal Fiscal del 08/10/2024)
La firma actora articula su memorial en torno a dos puntos de análisis:
En primer lugar, sostiene que el acto de apertura de sumario no reúne los requisitos exigidos por el art. 1094 del C.A por lo que debe ser declarado nulo.
Manifiesta que el voto mayoritario intenta justificar la legitimidad del auto de apertura alegando que la DIT habría sido extraída del sistema informático y que, por ello, dicha constancia seria válida y justificaría el dictado del acto, cuando en realidad –como a su criterio bien pondera el voto en minoría– el acto de sumario fue instruido sobre la base de meros datos informáticos relacionados a la DIT presuntamente incumplida, sin adjuntar en ningún momento la carpeta original.
Asevera que lo expuesto, sumado a que recién tomó conocimiento de la existencia de un sumario transcurridos once años del registro de la DIT que se aduce incumplida, provoca una vulneración en su derecho de defensa y, particularmente, la nulidad del acto de apertura del sumario dictado de modo infundado.
Afirma que cuestiones como las planteadas en el sub-examine ya han sido analizadas por las diversas Salas de esta Alzada, donde frente a la falta del sobre contenedor de la DIT que se aducía incumplida, se dispuso la nulidad del acto de apertura de sumario y por lo tanto la falta de efectos suspensivos o interruptivos que este genera.
Remarca que la vulneración al derecho de defensa ocurre no solo por la irrazonable demora incurrida por el servicio aduanero, sino que también porque la demandada pretende que sea la actora quien se defienda y acredite el cumplimiento de la exportación sin perjuicio de no haber acompañado dicha documental original y habiendo transcurrido el plazo legal de conservación de documentos que pesa sobre ella.
En esta tónica, explica que para que el acto de apertura del sumario sea válido, se deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el art. 1094 del CA –entre los que se encuentra la agregación del DIT– a fin de que quien pretende defenderse pueda conocer los hechos investigados, el resultado de la verificación, la clasificación de la mercadería, la existencia de prórrogas, etc. Manifiesta que la falta de incorporación de la referida documental, lo obligó a presentar una “defensa a ciegas por desconocer lo que había acontecido con una destinación temporal registrada a casi 11 años del momento que pudo tomar conocimiento del a imputación”
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Concluye el agravio remarcando que al ser nulo el acto de apertura de sumario, por ser instruido sobre la base de meros datos informáticos y sin que se haya adjuntado la DIT involucrada es insusceptible de poder interrumpir la prescripción.
En segundo lugar, y vinculado con el punto anterior, manifiesta que la irrazonable demora incurrida por la demandada vulnera su derecho de defensa y, particularmente, el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Reitera que tomó conocimiento de la imputación recién habiendo transcurrido más de un lustro desde la registración de la DIT y casi cinco años desde el acto de apertura del sumario.
Considera irrazonable que a la fecha se estén discutiendo cuestiones acaecidas hace más de 21 años, sin que haya pesado sobre su parte culpa alguna respecto de la demora incurrida por el servicio aduanero. Afirma que en el caso de autos se está violando la garantía de “plazo razonable” reconocida tanto por la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asevera que la irrazonable demora no solo vulnera el derecho de defensa por la falta de obtención de una decisión dentro del plazo razonable sino que también por la dificultad probatoria que el propio paso del tiempo genera.
III. Previo a ingresar al tratamiento de los agravios expresados por la parte actora es importante destacar que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “Caratelli, Stolano c/EN -AFIP- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/03/22¸ “Construmex SA c/EN -DNV- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/11/22, “Hilado S.A. c/ EN – AFIP – DGA s/ Dirección General de Aduanas”; del 21/12/2023; “Western Union Financial Services Argentina SRL c/ EN-AFIP- DGI s/Proceso de conocimiento”, del 11/04/2024, “Morlacchi, Enzio Enrique c/EN-AFIP-LEY 20628 s/amparo ley 16.986”, del 11/07/2024, “Expanobras SRL c/EDENOR S.A s/Proceso de Conocimiento”, del 20/05/2025 y sus citas)
IV. Asimismo, cabe rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 (t.v.) otorga carácter limitado a la revisión de este Tribunal de Alzada, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. Fallos 300:985). En esta tónica, teniendo en vista el contenido de los agravios reseñados, cabe advertir que el análisis de las cuestiones planteadas exige la revisión de cuestiones de hecho y prueba ajenos, por regla general, a la jurisdicción de esta Cámara, debido a lo previsto en el artículo recientemente citado. En tal orden, por principio, cabe estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (CNACAF, Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.” del 12/3/09; Sala II, “Frigorífico Marejada S.A.” del 29/12/2009; Sala IV, “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/10; Sala V, “Del Buono, Jorge Luis” del 15/03/07; Sala III, “Adicción al Deporte SA”, Causa Nº 72746/2017, del 15/11/18, entre otros). Ahora bien, es importante destacar que este principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino también ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos.
Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (CNACAF, Sala V, in re “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c. DGI”, Causa Nº 35.379/10, sentencia del 21/03/2011; Sala II, in re “Caterina Consignatarios S.R.L. c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 74722/2018, del 18/7/19). En definitiva, si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del TFN, constituye un requisito de procedencia que el recurrente demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria.
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V. Las cuestiones sometidas a conocimiento de esta instancia judicial consisten en determinar si, i) como consecuencia de la falta de agregación del trámite original al inicio de las actuaciones administrativas, el auto de apertura del sumario resultó inhábil –o no– para interrumpir el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas por infracciones aduaneras y para requerir el pago de los tributos, de conformidad con los requisitos establecidos en el art. 1094 del Código Aduanero; y/o si ii) las demoras incurridas durante el trámite del procedimiento aduanero resultan irrazonables –en los términos del Tribunal Cimero– al punto de vulnerar el derecho de defensa de la firma actora.
VI. Sentado ello, es relevante señalar que en el caso no se discute que el plazo de permanencia de la mercadería venció el 11/07/04, por lo que el plazo legal para imponer sanciones y percibir tributos comenzó a correr el 01/01/05 y operaba el 31/12/09, de no mediar causales suspensivas o interruptivas (arts. 803, 804, 934, 935 y ccdtes. del CA).
De la compulsa del expediente administrativo SIGEA 12210– 3273–2007 –a cuya foliatura se referirá en lo sucesivo en el presente considerando– surge que: (i) al labrarse el acta de denuncia únicamente se adjuntaron impresiones de pantalla correspondientes a la DIT (fs. 4); (ii) en el acto de apertura de sumario se dio intervención al área técnica correspondiente a fin de que proceda a adjuntar la carpeta original de la DIT (fs. 17); (iii) en ningún momento posterior se adjuntó la carpeta original o la copia de la destinación de importación temporaria (tanto en oportunidad de dar vista a la actora a fs. 21; como al momento de dictar la Res. RPLA 007296 impugnada a fs. 51/54) pese a que ello fuera incluso requerido tanto por la aseguradora de la actora al momento de presentar su descargo ante la aduana (fs. 28/30); (iv) que el propio servicio aduanero consideró que las capturas de pantalla resultaban equiparables al DIT (fs. 47).
En virtud de lo expuesto, se observa que la imputación enderezada contra la firma actora por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero, la consiguiente exigencia tributaria, así como la resolución de condena fueron concretadas prescindiendo de agregar al expediente administrativo la carpeta original del DIT 03073IT14001440D siendo dicho documento de carácter esencial para sustentar la imputación y respaldar una condena por considerar tipificada una infracción aduanera.
VII. En efecto, resulta oportuno recordar que el art. 1094 del Código Aduanero establece que "el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados"
Así las cosas, la omisión de agregar la destinación aduanera original impide verificar la fecha de oficialización de la importación temporaria, su vencimiento, examinar si el plazo de permanencia ha sido prorrogado, si la mercadería amparada es permitida o no para su nacionalización, si hubo intervención de verificador, entre otras cuestiones, lo que determina la nulidad del auto de apertura del sumario por falta de antecedentes o causa (cfr. esta Sala, Causa nº 32928/119, in re “Ferrero Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 18/0/20; Causa 3063/2020, in re “Sancor Cooperativa de Seguros Limitada (TF 40026-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” del 17 de marzo de 2021; en el mismo sentido, esta Alzada: Sala II, Causa nº 74812/17, in re “Ferrero Argentina S.A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 28/12/17; Sala IV, Causa 30377/23, in re “MMA Manufactura de Motores Argentinos SRL (TF 35604-A) c/ DGA”, sentencia del 24/8/23; Sala V, Causa 17980/2024, in re “Zurich Argentina SA Compañia de Seguros (TF 16927933-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” sentencia del 13/05/2025).
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En efecto, las impresiones de pantalla que encabezan las actuaciones administrativas impiden –como bien lo señaló el voto en minoría del Tribunal Fiscal– la efectiva constatación de la imputación endilgada e imposibilitan el análisis de los fundamentos y los hechos por la que se sustanció la denuncia, así como de la descarga denunciada por el importador. A la luz de estas consideraciones, resulta claro que el acto de apertura de sumario no cumplió con los elementos normativos requeridos, afectando sustancialmente, de ese modo, el derecho de defensa, por lo tal debe declararse su nulidad.
VIII. Ello así pues, el auto de apertura del sumario no tuvo la habilidad de generar efectos suspensivos respecto del plazo quinquenal de la prescripción del Fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera (arts. 803 del CA), hasta que se dictó la resolución condenatoria, de conformidad con lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del CA, que establece que: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa que investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayera decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”. En consecuencia, se encuentra prescripta la acción del Fisco para imponer Tributos en tanto el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2005 y venció el 31/12/2009.
IX. En función de lo resuelto previamente, deviene insustancial el tratamiento de los restantes agravios vertidos por la firma actora en su memorial.
X. Que en punto a las costas corresponde su imposición –en ambas instancias– a la demandada vencida, toda vez que no existen motivos que permitan un apartamiento del criterio objetivo de la derrota (arts. 1163 del CA; arts. 68, primer párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de apertura del sumario tramitado en la actuación SIGEA 12210–3273–2007 y prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos relativos al DIT 03073IT14001440D. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia