Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-93606202-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° RESOL-2023-2337-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación N° 18036-2904-2016.
2Costas por su orden atento a que las constancias que acreditan el cumplimiento de la temporal fueron acompañadas en esta instancia.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-42868149-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 24 de Abril de 2025 En Buenos Aires reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “EMPACK INC S.R.L. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente Electrónico N° EX-2023-93606202- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución N° RESOL-2023-2337-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, la autoridad aduanera impuso al presunto responsable una sanción consistente en una multa y formuló el cargo tributario correspondiente, al determinar que incurrió en la infracción prevista por el art. 970 del Código Aduanero (“CA”). La imputación se fundamenta en el supuesto incumplimiento del régimen de importación temporal, al no haberse acompañado los Permisos de Embarque que acreditarían la cancelación del Despacho de Importación Temporal N° 10001IT14000942V (“DIT”).
II. Contra dicho pronunciamiento, la firma EMPACK INC SRL presenta su apelación, alegando que la DIT fue cancelada en tiempo y forma. Para sustentar sus argumentos, acompaña como prueba los Permisos de Embarque afectados a la operación. Solicita se declare la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos aduaneros. Subsidiariamente, impugna la liquidación efectuada por considerarla injusta e irrazonable. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. De su lado, el representante del fisco sostiene la validez del acto administrativo. Luego de efectuar una breve síntesis de los hechos, manifiesta que el acto de apertura de sumario es plenamente válido y, como consecuencia, no corresponde hacer lugar a la prescripción pretendida por la actora. En lo que respecta al fondo de la cuestión, señala que la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término recae sobre los beneficiarios de estos regímenes especiales. Indica que en el presente caso se corroboró la falta de presentación de eventos cancelatorios de la DIT, por lo que no se ha logrado acreditar la reexportación de la mercadería sujeta al régimen preferencial de importación temporal. Descarta los agravios planteados por la actora en subsidio respecto de la determinación tributaria en dólares estadounidenses. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se rechace la apelación interpuesta, con costas.
Primera cuestión IV.- En ese estado de situación es pertinente considerar en primer turno si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN- SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADO- RES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN- SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, se puede colegir que el auto de apertura del sumario y su correspondiente corrida de vista fueron emitidos el 18.12.2017, en tanto la notificación al supuesto responsable se efectuó el 14.09.2022. En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los más de diez años que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (07.02.2012) y la notificación de la corrida de vista operada el 14.09.2022- A su vez, tampoco puede explicarse como fue que pasaron 1731 días entre el acto de apertura del correspondiente sumario en 2017 (a fs. 9 de las actuaciones administrativas) y la efectiva notificación a la parte afectada en 2022 (a fs. 13 ibid.), toda vez que el único movimiento en el expediente administrativo consistió en un pase interno a otro funcionario (a fs. 10 ibid), cuestión que, desde ningún punto de vista, pudo consumir el plazo consignado.
A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables.
Segunda cuestión V.- Considerando lo expuesto, y en virtud del criterio mayoritario de la Sala G, corresponde ahora analizar los demás agravios planteados por la recurrente.
VI. En tales condiciones, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista por el art. 970 del CA, con respecto a la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante la DIT N° 10001IT14000942V, de la firma Empack INC SRL, registrada ante la Aduana de Buenos Aires el 17/02/2010, con vencimiento del plazo de permanencia el 07.02.2012.
VII. Así las cosas, cabe recordar que, bajo la égida del art. 250 del CA, se establece un régimen en el que se permite la entrada de mercaderías al territorio aduanero de manera temporal, siempre que estas se mantengan por un período y con un fin determinado. En este sentido, se impone a los beneficiarios la obligación ineludible de reexportar dichos bienes antes de que concluya el plazo asignado, garantizando así que su destino final sea en el exterior y no para consumo interno.
De manera complementaria, el art. 970 del mismo cuerpo normativo prevé sanciones para quienes no cumplan con las obligaciones que se derivan de este régimen. Es decir, se penaliza de manera rigurosa a aquel importador que no logre reexportar la mercancía conforme a las condiciones y tiempos pactados, siendo esta la conducta central que la norma busca prevenir y corregir.
Esta doble estructura normativa no solo regula la permanencia temporal de bienes en el país, sino que, con su exigente enfoque, protege la integridad del régimen de importación temporaria y asegura el cumplimiento de las condiciones estipuladas, resaltando la importancia de respetar los compromisos adquiridos al acogerse a este beneficio aduanero.
VIII. En esas condiciones, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
IX. A la luz de lo enunciado, se vislumbra la necesidad de realizar un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del DIT bajo análisis.
X. Con relación a ello, la actora acompaña como prueba ante este tribunal los siguientes Permisos de Embarque: 10001EC03013600Z, 10001EC03015932D, 10001EC03014968L, 10001EC03016147C, 12001EC03002702T y 12001EC03002723W, como así también el Certificado de Tipificación Temporaria N° 3216/2008.
De lo expuesto, se constata que la mercadería importada temporariamente se encuentra totalmente reexportada, tal como se detalla del análisis de la descarga de insumos realizada conforme la documentación aportada:
DIT A CANCELAR CANTIDAD DE UNIDADES (KG)
10001IT14000942V 23.813,4 PERMISO DE EMBARQUE ÍTEM/SUBITEM CANT. DESCARGADA (KG)
10001EC03013600Z 1.1 4.523,20 TOTAL 4.523,20 PERMISO DE EMBARQUE ÍTEM/SUBITEM CANT. DESCARGADA (KG)
1.1 12,80 10001EC03015932D
1.2 1.057,64 TOTAL 1.070,44 PERMISO DE EMBARQUE ÍTEM/SUBITEM CANT. DESCARGADA (KG)
10001EC03014968L 1.2 2.875,83 TOTAL 2.875,83 PERMISO DE EMBARQUE ÍTEM/SUBITEM CANT. DESCARGADA (KG)
10001EC03014968L 1.2 2.875,83 TOTAL 2.875,83 PERMISO DE EMBARQUE ÍTEM/SUBITEM CANT. DESCARGADA (KG)
10001EC03016147C 1.2 1.672,56 TOTAL 1.672,56 PERMISO DE EMBARQUE ÍTEM/SUBITEM CANT. DESCARGADA (KG)
1.2 1.745,28 12001EC03002702T
1.3 10.035,36 TOTAL 11.780,64 PERMISO DE EMBARQUE ÍTEM/SUBITEM CANT. DESCARGADA (KG)
1.2 1.720,69 12001EC03002723W
1.3 170,06 TOTAL 1.890,75
Total Importado (DIT N°10001IT14000942V) 23.813,42 Total Exportado 23.813,42 Mercadería en Infracción 0 XI.- Conforme surge del análisis realizado, se constata que los 23.813,42 KG correspondientes a los insumos importados temporalmente mediante la DIT N°10001IT14000942V han sido reexportados mediante los Permisos de Embarque detallados en la descarga efectuada.
Por lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° RESOL-2023-2337-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación N° 18036-2904-2016.
2. Costas por su orden atento a que las constancias que acreditan el cumplimiento de la temporal fueron acompañadas en esta instancia.
Los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura dijeron:
Adherimos al voto del Dr. Licht a partir de la Segunda Cuestión y en cuanto así se fundamenta la parte resolutiva. De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° RESOL-2023-2337-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación N° 18036-2904-2016.
2. Costas por su orden atento a que las constancias que acreditan el cumplimiento de la temporal fueron acompañadas en esta instancia.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.04.22 21:00:12 ART Date: 2025.04.24 11:29:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.24 14:16:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.24 14:16:32 -03:00
Fin de la sentencia