Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119959
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto determinó el importe de condena con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 4 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Pettigiani, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.959, "González, Delia Beatriz contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires - Empleador autoasegurado. Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 254/265 vta.).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 281/289 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen consideró no controvertido que, con fecha 28 de julio de 2010, la señora Delia Beatriz González, docente, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, denunció padecer una disfonía funcional irreversible ante Provincia ART S.A., quien aceptó dar cobertura a la contingencia, y que a raíz de ello, el día 10 de mayo de 2012 la Comisión Médica correspondiente le diagnosticó dicha dolencia y le fijó una incapacidad del 18,5% del índice de la total obrera, percibiendo en sede administrativa, con fecha 5 de junio de 2012, la suma de $66.779,31 (v. vered., primera cuestión, fs. 254 vta. y 255).
Asimismo, juzgó probado que el valor mensual del ingreso base calculado con arreglo a los haberes sujetos a aportes y contribuciones, tal como lo prescribe el art. 12 de la ley 24.557, fue de $5.448,59; mientras que considerando la totalidad de los conceptos abonados a la actora durante el año anterior a la primera manifestación invalidante ascendió a $5.945,28 (v. vered., segunda y tercera cuestión, fs. 255 y vta.).
Luego, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en cuanto dispone que no ha de incluirse para el cálculo del valor mensual del ingreso base rubros de carácter no remunerativos, al juzgar que ello violaba el derecho de propiedad de la trabajadora (v. fs. 259 vta./261 vta.).
Consideró además el a quo, que para subsanar la situación de iniquidad provocada por la omisa consideración de los incrementos salariales evidenciados entre la fecha de la primera manifestación invalidante (28 de julio de 2010) y la de fijación de la incapacidad por parte de la Comisión Médica (10 de mayo de 2012), correspondía revalorizar el ingreso base mensual por aplicación del índice RIPTE (sigla que significa "Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables") previsto por la ley 26.773 y, una vez efectuada tal operación, cuantificar la prestación dineraria y, en su caso, determinar las diferencias.
Para fundar dicha conclusión, juzgó que era una solución justa y equitativa aplicar un mecanismo correctivo que subsane tal situación de iniquidad, y que el RIPTE es un índice elaborado y publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que refleja las remuneraciones promedio de los trabajadores comprendidos en el sistema jubilatorio y que presenta la ventaja de ser el único índice propio e interno del sistema, y no estar distorsionado por variaciones normativas, de metodología, administrativas o estacionales, entendiendo que utilizar una serie de índices que sea sensible a alteraciones exógenas al sistema y al equilibrio intertemporal resultaría escasamente adecuado (v. sent., fs. 261 vta./262 vta.).
En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de julio de 2010 (398,37) y mayo de 2012 (704,54) arrojaba un coeficiente de 1,76, declaró procedente recomponer el valor mensual del ingreso base -de $5.945,28, determinado así en función de la declarada inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557- calculado a la fecha de la primera manifestación invalidante, estableciéndolo en la suma de $10.463,69 (1,76 x $5.945,28). Luego, utilizó tal parámetro como uno de los factores integrantes de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la misma ley para fijar el importe de la prestación dineraria de pago único allí establecida en $128.245,60 (53 x $10.463,69 x 18,5% x 1,25), del que correspondía deducir los $66.779,31 oportunamente cobrados por la actora, arribando a un total de condena de $61.466,29 (v. sent., fs. 263 y vta.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, la violación de los arts. 17 de la Constitución nacional; 12 de la ley 24.557; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 17 del decreto 472/14; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 281/289 vta.).
II.1. Cuestiona que el tribunal de grado declarara la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 e incluyera, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, a todos aquellos importes de carácter no remunerativos que integran el salario de la actora.
Manifiesta que la naturaleza remuneratoria de cada rubro está determinada por la habitualidad, regularidad, permanencia, estar sujeto a aportes y no estar otorgado en mérito al comportamiento del agente o a las circunstancias especiales del mismo, lo que torna improcedente el obrar del juez.
Argumenta que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que la misma sea razonable. Expresa que ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica.
Tal circunstancia -sostiene- hace que el órgano de grado haya incurrido en absurdo, pues la norma resulta válida, vigente y aplicable al caso.
Alega que, en virtud de lo que establece el art. 13 de la ley 25.053 -conforme decreto 1.125/99-, el rubro "incentivo docente" es una asignación especial no bonificable y, por ende, sólo se encuentra sujeta a los aportes y contribuciones con destino a la cuota y obra social sindical (v. fs. 283 vta. y 284).
II.2.a. Objeta que el tribunal utilizara el índice RIPTE, aplicando retroactivamente la ley 26.773.
Sostiene que el art. 17 apartado 5 de la ley citada es claro al establecer que ésta regirá para los infortunios laborales ocurridos a partir de su publicación en el Boletín Oficial (26-X-2012). Señala que el a quo omitió aplicar la norma en cuestión, sin siquiera declarar su inconstitucionalidad.
Manifiesta que la decisión de grado vulnera el principio de irretroactividad previsto en el art. 3 del Código Civil así como el derecho constitucional de propiedad.
Agrega que si bien -conforme el art. 7 del Código Civil y Comercial- las leyes pueden ser retroactivas cuando así lo establezcan expresamente, ellas no pueden afectar los derechos amparados constitucionalmente.
Entiende que al momento de producirse el daño quedan efectivamente consolidados los derechos de las partes, independientemente de que el pago -la cancelación de la obligación-, se produzca con posterioridad (v. fs. 286 vta./287 vta.).
II.2.b. Desde otroángulo, aduce que el juzgador de grado incurrió en una errónea interpretación y aplicación de la ley 26.773, en tanto el índice de ajuste de las prestaciones establecido en dicha norma no debe ser aplicado (conforme los términos de sus arts. 8 y 17 apdo. 6) sobre el ingreso base computable en la fórmula de cálculo de las prestaciones, tal como lo hizo en su pronunciamiento.
Agrega que el decreto 472/14 (reglamentario de la ley 26.773) determina en su art. 17 que sólo las compensaciones adicionales de pago único -incorporadas al art. 11 de la ley 24.557- y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09 se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE (v. fs. 287 vta. y 288).
II.2.c. Por último, afirma que en la sentencia se efectuó una actualización de créditos, violando -de este modo- la doctrina legal de esta Corte que cita.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Cabe señalar que el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07, criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resols. de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resols. de 1-IV-2015; e.o.), sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VIII-2010-), lo cierto es que el primer agravio debe rechazarse en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017 y L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; e.o.), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto consideró que para computar el ingreso base mensual no debían tomarse en el caso "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones".
III.3. En cambio, debe prosperar la crítica mediante la que se cuestiona la aplicación al caso del índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
III.3.a. La respuesta sobre el particular no puede soslayar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta no se encontraba vigente a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
III.3.b. Definido lo anterior, en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) esta Corte estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 118.738, "Noguera", sent. de 17-V-2017; L. 118.038, "Díaz", sent. de 5-VII-2017; L. 118.061, "Astorri", sent. de 9-VIII-2017 y L. 118.771, "Lucero", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que, a la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante (el día 28 de julio de 2010), la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón al recurrente en cuanto postula que no resulta aplicable al caso el mecanismo de actualización regulado en los arts. 8 y 17 apartado 6 de dicho texto legal.
III.4. En función de lo resuelto precedentemente, no caben abordar los restantes agravios traídos, vinculados con el método de cálculo de las prestaciones con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773 y con la prohibición de indexar los créditos.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y casar el pronunciamiento en cuanto aplicó el mecanismo de ajuste previsto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773.
Los autos han de volver al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia por su orden, atento a la procedencia parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1.a. Adhiero a lo puesto de manifiesto por mi distinguido colega, el doctor Soria, en el punto III.1. de su voto.
I.1.b. Luego, el hecho de que en autos, se haya controvertido la declaración de inconstitucionalidad de una norma por parte del tribunal a quo, hace que el valor del litigio deba considerarse como de monto indeterminado a los fines del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 95.699, "Provenzano", resol. de 18-IV-2007; Ac. 100.245, "Barrera", resol. de 31-X-2007 y Ac. 102.828, "Yungblut", resol. de 18-VI-2008), quedando exento de las limitaciones establecidas por los arts. 278 del ordenamiento procesal mencionado y 55 de la ley 11.653.
Sin perjuicio de ello, y tal como lo anticipa el ponente, esta Suprema Corte, en casos sustancialmente análogos, ha censurado aquella parte de la norma que establece que, para computar el ingreso base mensual, debían tomarse en cuenta "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (causas L. 120.292, "Leguizamón", sent. de 5-XII-2018; L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017 y L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; e.o.), disponiendo en su lugar que fueran incluidos todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario del trabajador. Ello lleva a desestimar esta parcela.
I.2. Por otro lado, comparto la opinión del colega ponente en cuanto al agravio orientado a rebatir la decisión del tribunal de grado de cuantificar la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
En lo que respecta a la vigencia temporal de dicho régimen normativo, en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 he dejado plasmada mi postura, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto del colega que inicia el acuerdo en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
I.3. En relación a los restantes agravios planteados, adhiero al punto III.4. del voto que abre el acuerdo.
II. Con todo, cabe acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto conforme se resuelve en el apartado final del sufragio inaugural.
Así lo voto .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la solución propuesta por el doctor Soria.
Respecto a la aplicación de la ley 26.773, estimo que la impugnación traída satisface los recaudos de una adecuada fundamentación y, en ese marco, cobran virtualidad las directrices que sobre la temática examinada ha fijado esta Corte a partir de la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Con el alcance indicado, así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto determinó el importe de condena con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia