Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 33908-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Nº 64080/2022 EMPRENDIMIENTOS PCS SA (TF 33908-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.-Que mediante el pronunciamiento de fs. 33/4 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la Resolución nº 5190 /13 mediante la cual el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros le había impuesto una multa de $89.420,82, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 21.453 y en el artículo 969 del C.A., pero redujo su monto a la suma de $44.710,41, por considerar que resultaba aplicable la previsión del mínimo del artículo 969. Impuso las costas según los respectivos vencimientos.
Para decidir del modo en el que lo hizo, el a quo desestimó en primer lugar el planteo de la actora tendiente a que se encuadrara su conducta en el presupuesto del artículo 917 del Código Aduanero por la alegada “autodenuncia” del incumplimiento de las exportaciones. Entendió en este punto que el aviso había resultado extemporáneo, pues se había cursado dos meses después del vencimiento de la Declaración Jurada de Venta al Exterior, que establecía el plazo para exportar. Juzgó, sin embargo, que el hecho debía operar como atenuante de la infracción reprochada (arts. 915 y 916, CA).
En punto al fondo, explicó que de las actuaciones administrativas se desprendía que la actora se había acogido al régimen opcional establecido por el artículo 729, que le permite al exportador calcular los tributos aduaneros a la fecha de celebración de la compraventa de los bienes agrarios, obteniendo así certeza del costo de la operación celebrada, pero siempre a condición de exportar esa mercadería en los plazos, formas y condiciones establecidos en el artículo 730 del Código Aduanero. Además, recordó la previsión de esta última norma y la del artículo 9 de la Ley Nº 21.453, bajo cuyo régimen se realizó la operación, poniendo de relieve que ambas imponían la obligación de exportar dentro del plazo fijado al menos el 90% de la cantidad declarada de la mercadería en cuestión.
La sanción para el incumplimiento de aquella condición –destacó- es de multa y se encuentra prevista tanto en el artículo 969 Alta en sistema: 12/04/2024 del Código Aduanero, como en el artículo 9 de la Ley Nº 21.453. Sin embargo, -añadió- corresponde hacer aplicación solamente de una de esas normas, pues ambas reprimen la misma conducta; y concluyó que “por aplicación del principio de especialidad o la ley penal más benigna” (sic) la conducta de la actora debía encuadrarse en el tipo previsto en el mencionado artículo 969. Por ese motivo, entendió que la sanción debía graduarse entre el 10% y el 20% del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada. Y resolvió que resultaba apropiado imponer el mínimo previsto, reducido en un 25% (arts. 915 y 916, CA).
II. Que contra el pronunciamiento reseñado en el primer considerando, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación a fs. 41 y a fs. 45/7 expresó sus agravios –que no fueron replicados por la contraria. En su escrito recursivo cuestionó que el a quo no hubiera hecho una correcta aplicación del principio de especialidad. Explicó –con sustento en precedentes de esta Cámara- que las previsiones de la Ley Nº 21.543 no habían sido derogadas por la Ley Nº 22.415, respecto de la cual aquella constituía una ley especial. Añadió que en razón de lo anterior, la aplicación del artículo 969 del Código no constituía una aplicación del principio de la ley penal más benigna, sino un yerro en la aplicación del derecho, en particular, del régimen al que la actora voluntariamente se sometió.
Finalmente, consideró que no resultaban aplicables los atenuantes de los artículos 915 y 916 del Código, por lo que no correspondía –a su entender- reducir el monto de la multa.
Solicita que se revoque la sentencia apelada en cuanto modificó la sanción impuesta.
III. Que corresponde, entonces, analizar los planteos de la demandada.
III.1. Cabe aclarar de manera preliminar que no se encuentra en discusión la punibilidad de la conducta desplegada por la parte actora, sino que la cuestión a resolver se circunscribe en determinar el encuadre legal que le corresponde a los efectos de determinar la sanción aplicable. De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Fiscal (y no cuestionado por la actora) se debe aplicar el mínimo legal previsto en el artículo 969 del Código Aduanero, mientras que el Fisco solicita la aplicación del mínimo legal establecido en el artículo 9º de la Ley Nº 21.453.
Alta en sistema: 12/04/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Pues bien, cabe adelantar que asiste razón al Fisco en cuanto señala que la sustitución de la sanción prevista en el artículo 9 de la Ley 21.543 por la del artículo 969 del Código Aduanero, y la consecuente reducción de la multa por la aplicación de los atenuantes, no resultan ajustadas a derecho.
En efecto, esta Sala ha tenido ocasión de señalar ya que la ley 21.453 constituye un régimen especial de exportación de productos agrícolas y, con el fin de fomentar esa actividad dispuso las condiciones particulares de liquidación de tributos. Este régimen conforma una excepción al general, ya que prevé que la liquidación de los gravámenes se realizará de acuerdo los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta (conf. art. 6 de la Ley Nº 21.453). Asimismo, en lo que aquí interesa, dispone que “[e]l incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) de la cantidad declarada” (conf. art. 9º de la citad ley).
Por su parte, el artículo 729 del Código Aduanero facultó al Poder Ejecutivo a establecer, con relación a determinada mercadería, un régimen de excepción en términos similares a los previstos en la ley mencionada. En virtud de ello, el artículo 969 del CA dispuso que “[c]uando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el art. 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el art. 730 sin mediar las causales previstas en el art. 731 será sancionado con una multa del diez al veinte por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería exportada”.
Tal como resulta de lo reseñado precedentemente, la declaración jurada que se objeta en la presente causa se documentó de conformidad con lo dispuesto en el régimen de la Ley Nº 21.453, a los efectos de gozar de los beneficios allí contemplados. Dicha regulación -a la que la parte se acogió voluntariamente- no fue sancionada en uso de las facultades otorgadas por el artículo 729 del CA, sino que la citada ley (B.O. 11/11/76) era preexistente a la sanción del código (B.O. 23/03/81). En este sentido, conforme lo advierte el legislador en la Exposición de Motivos del Código Aduanero, la sanción del régimen general previsto en el artículo 728, “no implica la derogación de la [Ley Nº] 21.453, en Alta en sistema: 12/04/2024 atención a que se trata de un régimen especial”. Por esa razón, realizando una interpretación sistemática de las normas con incidencia en el caso -para lo cual debe atenderse al contexto general de las leyes y a los fines que las informan (Fallos: 265:256; 315:1169; 319:1818)- y en atención a que el régimen especial consagraba una figura infraccional específica para esas operaciones, corresponde estar a la especificidad de este último y no a lo dispuesto en el régimen general. Refuerza esta interpretación el hecho de que -tal como fue antes indicado- dicho régimen no fue creado en los términos del artículo 729 del CA, penalizado en el artículo 969 del Código Aduanero.
Por tales motivos, corresponde estar al tipo previsto en el artículo 9 de la Ley Nº 21.453, que constituye una ley especial que establece un régimen al que la actora se acogió voluntariamente y no resultó derogado por la sanción del Código Aduanero (conf. esta Sala, causas n° 40.467/2016 “Cremer y Asociados S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 15/12/2016 y nº 38319/2017 “Alimentos de Argentina SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 31/10/2017; Sala III in rebus: “LDC Argentina SA (TF 25647-A) c/ DGA”, sentencia del 25/08/11, firme luego de resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 17 de abril de 2012; y “Gear SAAICF c/ DGA s/ Recurso Directo”, sentencia del 15/03/16).
III.2. Por lo demás, esto es, el cuestionamiento de la reducción de la multa en un 25% con fundamento en los artículos 915 y 916 del Código Aduanero, el planteo de la demandada no aparece suficientemente fundado, desde que omite que el a quo basó su decisión en la autodenuncia (tardía) de la importadora. Por ello, debe ser rechazado.
III.3. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente a los agravios planteados por la representación fiscal, revocar la sentencia apelada en lo relativo al tipo infraccional bajo el cual cabe calificar la conducta reprochada y confirmar el acto administrativo cuestionado, con la reducción dispuesta por el a quo.
Hacer lugar al recurso interpuesto por el Fisco Nacional (AFIP-DGA), revocar el decisorio apelado y confirmar la Resolución (DE PRLA) Nº 5190/2013, con la reducción del 25% decidida por el a quo; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la actora, sustancialmente vencida (art. 68 1º párrafo, CPCCN; y art. 1163, CA).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.-
Alta en sistema: 12/04/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Jorge F. ALEMANY Alta en sistema: 12/04/2024
Fin de la sentencia