Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 46527-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 50266/2019 EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
CISA (TF 46527-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 19 de marzo de 2021.- ID Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. A fs. 459/462 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó, con costas, la resolución nro. 43/2016, emitida por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la AFIP – DGI, en virtud de la cual se determinó de oficio el impuesto a las ganancias (régimen de percepción previsto en la RG (AFIP) 3450/2013)
correspondiente a los períodos fiscales entre el 18/03/2013 y el 31/05/2013, se liquidaron intereses y se aplicó una multa equivalente al 70% de gravamen presuntamente omitido, con sustento en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones). Asimismo, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional.
II. Para así decidir recordó que en la RG 3450 se estableció un régimen de percepción aplicable a las operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país. Asimismo, obligó a actuar como agentes de percepción a las empresas que realizan esa actividad y dispuso que la percepción debía efectuarse en la fecha de cobro del servicio contratado.
Señaló que la empresa apelante se encontraba alcanzada por el régimen allí previsto y que correspondía que practique las percepciones por los servicios de transporte que realiza, sin que pueda ampararse en que su obligación queda sin efecto cuando nace la obligación del propio contribuyente de cuantificarla, incorporar sus ingresos y, de corresponder, abonar el saldo restante.
Indicó que la actora no probó que la liquidación practicada por el organismo fiscal incluyó todos los servicios prestados, sino únicamente sobre los comercializados a sujetos residentes en el país y sobre el precio abonado por el tramo del pasaje con destino al exterior.
Sostuvo que la prueba no resultó hábil para fundar su posición y, por lo tanto, es atendible el criterio fiscal de considerar residentes a todos aquellos pasajeros que figuraban con documento nacional de identidad expedido por la República Argentina. Consideró que el peritaje tampoco reflejó utilidad para dirimir la cuestión planteada, pues no se advierte inconsistencia en la liquidación practicada, dado que en el art. 3º de la RG 3450 se dispone que la percepción debe practicarse en la fecha de cobro del servicio contratado, entendiendo que es aplicable a todos aquellos pasajes, sin distinción del tramo, que son efectuadas por empresas de transporte ubicadas en el país residente.
Desechó los planteos de inconstitucionalidad efectuados por encontrarse vedada la posibilidad de pronunciarse sobre el punto, de conformidad con lo previsto en el art. 185 de la ley 11.683.
Afirmó que los intereses resarcitorios liquidados se ajustan a lo dispuesto en el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal.
Entendió que no se encuentra configurado un supuesto de error excusable, causal eximente de responsabilidad, en los términos del art. 45 de la ley 11.683, porque no se advierte que la cuestión suscitada involucre complejidad en la interpretación de las normas, seguida de una actitud diligente de la actora, sino que la exegesis desarrollada resultó a todas luces discrecional.
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CISA (TF 46527-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Remarcó que la actora conocía la vigencia de la norma que infringió y que se encontraba alcanzada por sus disposiciones, aspecto que se encuentra corroborado con su obrar posterior de comenzar a dar cumplimiento con el régimen de percepción a partir del período 11/2013.
III. Disconforme, la actora interpuso a fs. 465/vta. recurso de apelación, fundado a fs. 470/488 vta. y contestado a fs. 492/497 vta. Sostuvo que el régimen de percepción instaurado mediante la RG 3450 fue establecido en ausencia de una ley delegante que habilitara al organismo fiscal a su emisión. Agravio sobre el que —dijo— debía pronunciarse el Tribunal Fiscal, en atención a lo dispuesto en el art. 186 de la ley 11.683.
Arguyó que el régimen de percepción del impuesto a las ganancias instaurado por la RG 3450 es inconstitucional, en tanto existió una extralimitación de las potestades acordadas a la AFIP en la ley 20.628, en contradicción con el principio de reserva de ley en materia tributaria.
Indicó que en atención a lo dispuesto en el art. 22 de la ley 11.683 existe una valla que la administración fiscal no pude legalmente sortear, dado que allí se determina que la posibilidad de designar agentes de retención o percepción debe estar prevista en la leyes impositiva que autoricen tal medio y siempre que el Fisco lo considere necesario. Autorización limitativa que excluye a toda otra figura por la cual se impulse el pago a cuenta del gravamen.
En tal línea de razonamiento, manifestó que resulta necesario acudir al art. 39 de la ley del impuesto a las ganancias que establece: “la percepción del impuesto se realizará mediante la retención en la fuente, en los casos y en la forma que disponga la Dirección General Impositiva”.
Interpretó que el legislador únicamente previó la posibilidad de retener el tributo y no de percibirlo. Y, en consecuencia, que la ley del impuesto autoriza a la administración fiscal a disponer regímenes de retención y veda la posibilidad de instaurar regímenes de percepción.
Por otra parte, destacó que se encuentran vulnerados los principios de razonabilidad y de capacidad contributiva, en tanto el régimen de percepción no tiene punto de conexión con la generación de renta y, por lo tanto, no se relaciona con la capacidad económica de los contribuyentes.
Resaltó que la exigencia impuesta en cabeza de otros sujetos de anticipar el gravamen por vía de retención o percepción cesa con el perfeccionamiento de la obligación principal. Nunca la actuación del agente quiebra o modifica el principio general respecto del modo de liquidación de un tributo mensual consistente en la presentación de la declaración jurada determinativa del impuesto por parte del contribuyente o responsable.
Agregó que por tratarse de conceptos puramente recaudatorios y de anticipo de la verdadera obligación fiscal que deben determinar los contribuyentes, tanto la declaración íntegra del ingreso que no sufrió retención, como la ausencia del cómputo de la percepción, extinguen la obligación del agente, dado que la obligación principal, una vez declarada, es la única pendiente.
Se quejó de la interpretación propiciada por el tribunal de origen en cuanto no tomó en consideración que sólo se encuentran alcanzados por el régimen de percepción la adquisición de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 50266/2019 EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CISA (TF 46527-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO servicios de pasajeros realizados por residentes en el país con destino al exterior.
Ponderó la existencia de error excusable, como causal eximente de responsabilidad penal.
Finalmente, se agravió de la regulación de honorarios dispuesta a favor de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por considerarlos elevados.
IV. El 28 de agosto de 2020 dictaminó el fiscal general propiciando el rechazo del planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora.
V. Liminarmente, corresponde señalar que la RG 3450 fue emitida por el organismo recaudador en virtud de la delegación legislativa contenida en la ley de procedimiento fiscal y en la ley del impuesto a las ganancias. Y es justamente el alcance de las facultades allí otorgadas lo que la actora pretende se examine bajo el prisma constitucional, aspecto que excede el marco de una interpretación ministerial o administrativa sobre la ley aplicable.
VI. Incumbe, entonces, examinar si mediante el régimen de percepción del impuesto a las ganancias instaurado la AFIP se extralimitó en las potestades acordadas por la ley del gravamen. Sobre el punto, cabe recordar que en la tarea de establecer la correcta interpretación de las normas de carácter federal, este tribunal no se encuentra limitado por las posiciones del tribunal apelado y de la recurrente, sino que incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado (art. 16, ley 48), según la inteligencia que rectamente corresponda otorgar (Fallos: 307:1457; 320:1915, entre otros).
Sentado ello, viene al caso señalar que mediante la RG 3450 se estableció un régimen de percepción —entre otras operaciones— a la adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país (art. 1º, inc. c), y fijó el deber de actuar como agente de percepción a las empresas de transportes que cobren esas operaciones (art. 2º, inc. c). La percepción deberá practicarse en el momento del cobro del servicio contratado y se determinará aplicando sobre el precio —neto de impuestos y tasas— de la operación una alícuota del 35% (arts. 4º y 5º), debiendo informar e ingresar la percepción de conformidad con las condiciones establecidas en la RG 2233 y sus modificaciones —Sistema de Control de Retenciones (SICORE) — (art. 7º).
Serán sujetos pasivos de la percepción las personas físicas, sucesiones indivisas y demás responsables que realicen alguna de las operaciones indicadas en el art. 1º (art. 3º) y tendrá el carácter de pago a cuenta en el impuesto a las ganancias o en el impuesto a los bienes personales (art. 6º).
La RG 3450, norma de alcance general, fue dictada en ejercicio de las facultades conferidas por los arts. 7º del decreto 618/97, 22 de la ley 11.683 y 39 de la ley 20.628, y normas modificatorias y complementarias.
Las percepciones o retenciones en la fuente representan una modalidad de pago a cuenta de la eventual y futura obligación tributaria principal, resultando legítimamente exigibles a determinados sujetos —en virtud de un nexo legal o económico con el realizador del hecho imponible— en tanto las leyes del impuesto posibiliten esa alternativa de recaudación y en cuanto la AFIP, por considerarlo conveniente, disponga qué personas y en qué casos intervendrán como agentes de retención y/o percepción (art. 22, ley 11.683).
Por su parte, en la ley del impuesto a las ganancias se establece que la percepción del gravamen se realizará mediante CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 50266/2019 EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CISA (TF 46527-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO la retención en la fuente, en los casos y en la forma en que disponga la Dirección General Impositiva (art. 39).
Ahora bien, no es posible soslayar que un examen íntegro de la cuestión en debate exige traer a consideración las previsiones contenidas en el decreto 1.076/92, que fue objeto de ratificación parlamentaria en el art. 29 de la ley 24.307, y que, consiguientemente, complementa con similar jerarquía normativa el contexto legislativo que permite dirimir el debate.
Mediante el decreto 1.076/92 se facultó a la Dirección General Impositiva a establecer regímenes de retención y percepción u otros pagos a cuenta del impuesto a las ganancias, en ejercicio de las atribuciones conferidas a ese organismo en el art. 39 de la ley del gravamen y en el art. 22 de la ley de procedimiento fiscal (art. 3º). El legislador valoró que la experiencia y la eficacia demostradas por el régimen de percepción previsto en el IVA tornaban oportuno establecer un sistema de recaudación similar para el impuesto a las ganancias (v. párrafo 6º de los considerandos).
En este sentido, y a diferencia de lo sostenido por la parte actora, el organismo recaudador se encuentra facultado para establecer regímenes de percepción del impuesto a las ganancias.
Dicho de otro modo, tal autorización no encierra violación alguna al principio de reserva de ley en materia tributaria consagrado en los arts. 4º, 17, 52 y 75 de la Constitución Nacional pues, como invariablemente ha puesto de resalto la Corte Suprema, éste abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (Fallos: 329:1554; 334:1437; 338:313, entre muchos otros).
VII. La crítica dirigida a cuestionar la constitucionalidad del régimen de percepción por entender que se encuentran vulnerados los principios de razonabilidad y capacidad contributiva tampoco puede prosperar.
Ciertamente, como bien lo señaló el fiscal general en su dictamen, es el contribuyente —sujeto pasivo de la percepción que, en el caso, es el pasajero que adquiere el servicio de transporte internacional— quien debe demostrar de manera concluyente el perjuicio que le provoca la aplicación al caso de la norma que se dice repugnante a la Constitución Nacional y; no la empresa de pasajeros que fue instituida como agente de percepción.
VIII. Corresponde, pues, examinar las demás cuestiones introducidas por la recurrente.
La AFIP dictó la RG 3450, en la cual se determinó expresamente el carácter de responsables sustitutos de las empresas de transporte de pasajeros con destino fuera del país y determinó los requisitos, formas, plazos y demás condiciones que deberán observar a fin de ingresar el tributo.
En este sentido, cabe recordar que el responsable sustituto es un sujeto ajeno a la realización del hecho imponible, que por disposición de una ley ocupa el lugar del destinatario legal del tributo, desplazando a este último de la relación jurídica tributaria. El responsable sustituto queda como único sujeto vinculado y, obligado, frente al organismo recaudador (esta sala, causa “Pilaga SAG”, pronunciamiento del 11 de agosto de 2011).
Por tanto, la firma actora asume todas las obligaciones formales y materiales frente al organismo fiscal. Ciertamente, dicha responsabilidad por sustitución no configura un aspecto meramente de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 50266/2019 EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CISA (TF 46527-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO facilitación recaudatoria, en atención al nexo económico o jurídico que lo vincula con los destinatarios legales del gravamen que se anticipa, sino que constituye la relación jurídica tributaria.
Así pues, no se advierten razones que permitan eximirla de responsabilidad frente al incumplimiento de actuar como agente de percepción.
IX. Por lo demás, la crítica dirigida a cuestionar la liquidación tributaria remite a cuestiones de hecho y prueba, y, por consiguiente, de acuerdo con lo previsto en el art. 86, inc. b), de la ley 11.683 en los recursos de revisión y apelación deducidos contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal en materia de tributos y sanciones, la cámara resolverá el plano sustancial teniendo por válidas las conclusiones sobre los hechos probados, salvo que las constancias de autos autoricen a suponer un error en la apreciación que hace la sentencia de los hechos (esta sala, causa “ABC Maderas SA”, pronunciamiento del 6 de diciembre de 2011, y sus citas).
En ese sentido, resulta fácil advertir que los agravios constituyen, casi en su totalidad, una reiteración de los argumentos expuestos en el recurso presentado ante el Tribunal Fiscal, dirigidos a cuestionar la resolución determinativa, que no resultan idóneos para demostrar el error en la apreciación requerido por las normas aplicables (Fallos: 330:2693, entre muchos otros).
X. La sanción aplicada debe confirmarse.
Se encuentra acreditado el elemento objetivo requerido por la figura descripta en el art 45 de la ley 11.683 y, consiguientemente, su eximición de responsabilidad sólo puede apoyarse en la existencia de una causal absolutoria admitida por la legislación vigente (Fallos: 322:519).
Corresponde entonces examinar si se observa aquí la existencia de un error excusable tal como argumenta la actora.
El error excusable será excluyente de responsabilidad cuando provenga de una razonable oscuridad de las normas o de criterios interpretativos diferentes derivados de fallos contradictorios sobre la materia o de la mala redacción de sus disposiciones que coloquen al contribuyente en un escenario de confusión con relación a su situación frente al tributo (Fallos: 319:1524), para lo cual deberá probar que procedió con la debida diligencia a fin de evitar incurrir en la omisión del tributo (Carlos Giuliani Fonrouge - Susana C. Navarrine, “Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2009, pág. 291; ver, asimismo, esta sala, causa “D-SPORT SA”, pronunciamiento del 30 de julio de 2020).
No se aprecia la existencia de dificultad u oscuridad en la interpretación de la norma tributaria. Por el contrario, y como bien lo señaló el Tribunal Fiscal, la responsable conocía concretamente la vigencia de la norma que incumplió, así como que se encontraba alcanzada por las disposiciones de la RG 3450, lo que se vio corroborado con la conducta que desarrolló luego de cumplir con el régimen de percepción instaurado a partir del período 11/2013.
Esta sala tiene dicho que la mera discrepancia en la interpretación de las normas no puede fundar el error excusable, por cuanto si así fuese, bastaría dar un entendimiento deliberado a las prescripciones de la ley para justificar su incumplimiento (causa “B de T SA”, pronunciamiento del 11 de agosto de 2011).
En virtud de lo expuesto, y en sentido concorde con lo dictaminado por el fiscal general, corresponde desestimar el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 50266/2019 EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CISA (TF 46527-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO recurso interpuesto y confirmar la resolución impugnada en cuanto fue materia de agravios. Las costas de esta instancia se distribuyen en el orden causado, dado lo novedoso de la cuestión tratada (conf. art. 68, párrafo segundo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). ASÍ SE DECIDE.
XI. Que en virtud de lo precedentemente decidido, cabe examinar el recurso de apelación interpuesto ‘por altos’ por la dirección y representación legal de la parte actora (fs. 484 vta./486 vta., replicado a fs. 496 vta.) , contra la regulación de honorarios contenida en la parte dispositiva del pronunciamiento de fs. 459/462 (confr. acápites 2, 3 y 4).
En función de los agravios vertidos, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, su monto ($3.191.870,97), las tres etapas procesales cumplidas, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, y ponderando, asimismo, la interpretación que emana del precedente de Fallos: 341:1063 (“Establecimiento Las Marías SACIFA”, pronunciamiento del 4 de septiembre de 2018), corresponde: a) CONFIRMAR en la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO y DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UNO ($93.628 y $234.071); y b) FIJAR en 104,22 UMA —equivalentes a la suma de $402.497,64, de conformidad con los valores establecidos en la acordada n° 1/2021 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los emolumentos a favor de la dirección y representación legal de la parte demandada por la tarea cumplida —en la primera y segunda etapas del proceso (arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás cc de la ley 21.839) y en la tercera, respectivamente (arts. 16, 20, 21, 22, 29, 51 y demás cc de la ley 27.423)— en la instancia anterior. En atención a la calidad y a la extensión del informe del perito contador de fs. 101/427, atendiendo al criterio que indica que los emolumentos de los auxiliares de justicia deben guardar, como regla, una adecuada proporción con los correspondientes o los que debieron corresponder al resto de los profesionales intervinientes durante la sustanciación del pleito, corresponde CONFIRMAR en la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($95.756) los estipendios a favor del experto Guillermo García Fuster (art. 3 inc. g) del decreto-ley 16.638/57 y Fallos: 313:689, entre muchos otros). ASÍ TAMBIÉN SE DECIDE.
Regístrese, notifíquese —al fiscal general por medio de los correos electrónicos informados en su dictamen— y devuélvase.
Fin de la sentencia