Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.354-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 305/2014, dictada por el Administrador de la Aduana de Mendoza, en el expediente 038-SC-258-2009 (luego Actuación SIGEA 12448-180-2008), en cuanto condena a la firma Empresa Nuestra Señora de La Asunción C.I.S.A.) y a la agente de transporte de aduana Luis Torres Guevara por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del CA.
2Costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-147323652-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 11 de Diciembre de 2023 C.I.S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente N° 35.354-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales Titulares integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN C.I.S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente N° 35.354-A, El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I. A fs. 32-41 vta. se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la resolución Nro. 305/2014 dictada el 4/08/2014 por la Aduana de Mendoza, en las actuaciones 038-SC-258-2009, luego SIGEA 12448-180-2008, por la que resultó condenada solidariamente con el agente de transporte aduanero Luis TORRES GUEVARA, al pago de una multa, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inciso b) del Código Aduanero (CA), todo ello en relación a la mercadería transportada mediante régimen de tránsito de importación internacional, documentada según Manifiesto Internacional de Carga/ Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) 99849. Sostiene que no existe la infracción endilgada. Alega que el documento mencionado es utilizado en el tránsito entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), para evitar la documentación de la operación en frontera. Sostiene que el tratado mencionado establece, como obligación del transportista, efectuar una declaración genérica de la carga, informar aduana de salida y destino, lugar de cruce, duración del viaje, precintos, embarcador, destinatario y transportista. Afirma que no existe obligación legal alguna de indicar las características específicas de la mercadería transportada, es decir: marca, modelo o versión. Sostiene que la resolución recurrida violenta el principio de tipicidad. Invoca los principios de legalidad, autonomía moral, principio de inocencia, in dubio pro reo, prohibición de la aplicación analógica o extensiva de la ley. Expresa que el art. 613 del CA establece que las prohibiciones de carácter económico no se aplican a destinaciones suspensivas de tránsito, salvo en caso de detectarse un sobrante o faltante a la descarga, por aplicación de la presunción de importación a consumo. Afirma que el administrador sancionó por analogía, situación vedada en materia infraccional (conf. art. 895 del CA). Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 66-69 se presenta, por apoderado, el agente de transporte Luis Torres GUEVARA e interpone recurso de apelación contra la resolución de marras. Alega que no existió inexactitud en la declaración sumaria del MIC/DTA. Afirma que no se aplican las prohibiciones de carácter económico a las destinaciones suspensivas de tránsito. Sostiene que efectuó la declaración conforme las instrucciones impartidas por el transportista, por lo que resulta aplicable lo establecido en el art. 902 del CA. Adhiere a los argumentos vertidos por la firma transportista en su libelo recursivo. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas vinculadas. Solicita ser revoque la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 78-80 vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido. Niega genéricamente los hechos consignados en la demanda, no reconocidos expresamente. Realiza consideraciones en relación al bien jurídico tutelado mediante la infracción tipificada por el art. 954 del CA. Invoca la Resolución ex ANA 2381/91 en función del ATIT, en cuyo anexo, sostiene, se establecen las responsabilidades que le caben al transportador y declarante. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva del caso federal. Solicita se rechace la apelación interpuesta, con costas.
IV. A fs. 82 se acompañan las actuaciones administrativas SIGEA N° 12448-180-2008 en tres cuerpos y un total de 521 fojas, el cual se agrega por cuerda a estos autos.
A fs. 83 se abre la causa a prueba. A fs. 91 se clausura el periodo probatorio. A fs. 102 se ponen los autos a alegar. A fs. 106-107 vta. presenta su alegato la firma Empresa Nuestra Señora de la Asunción C.I.S.A. A fs. 109-110 lo hace el co-actor Luis TORRES GUEVARA. La demandada no presenta alegato.
A fs. 112 quedan los autos en estado de dictar sentencia.
V. La Actuación N° 12448-180-2008 se inicia a raíz del Acta N° 896/2008 del 24/08/2008, obrante a fs. 11, labrada por la División Punta de Vacas de la Aduana de Mendoza, mediante la cual se dejó constancia del control documental a un medio de transporte procedente de Chile, perteneciente a la empresa Nuestra Señora de la Asunción C.I.S.A. que transportaba mercadería amparada en el MIC/DTA 99849 conocimiento terrestre Carta de Porte N° 20464/08-3 con un total —conforme lo declarado en el MIC/DTA referido— de 20 pallets que contenían soportes magnéticos y embalajes/efectos personales, con un peso de 18.982 kg. Todo ello según documentación obrante a fs. 3-6 de las actuaciones. En el acta referida se dejó constancia de que: “…atento la descripción incompleta, como así también el tipo, cantidad, valor y procedencia de la misma y no contando con medios adecuados para su control físico documental en este punto operativo se procede a precintar el medio transportador con precinto del registro de esta oficina n° DE85005, y su posterior traslado a la Zona Primaria Aduanera de Puerto Seco (…) conforme lo instruido por el Jefe de División Aduana de Mendoza.”
En la oficina de la Aduana, con sede en Puerto Seco, el 26/08/2008, se labró el Acta obrante a fs. 17 de las actuaciones mediante la cual se dejó constancia del control efectuado respecto de la mercadería transportada y se informó que el mismo resultó “SIN NOVEDAD”. Se procedió a re precintar el medio de transporte, el que quedó a disposición del Jefe de la Aduana de Mendoza. Se agregó al acta mencionada el aforo de la mercadería y fotografías (fs. 16-24 de las actuaciones).
No obstante ello, a fs. 28 de las actuaciones se dejó constancia mediante Acta N° 741/2008 del 28/08/08 de la extracción de muestras de la mercadería contenida en el medio de transporte de marras a fin de ser remitidas a la División de Fraude Marcario.
A fs. 30-40 de las actuaciones, la firma transportadora solicitó la continuación del tránsito de la mercadería y aportó documentación de origen paraguayo en relación a la firma consignataria e importadora en el destino final, como así también relativa al registro de la marca “OPTIMUM” inserta en los envases de la mercadería —soportes magnéticos— transportada. Asimismo aclaró que la mercadería en cuestión se encontraba en estado virgen la marca (Optimum) registrada a nombre de Ying Ju Yeh, según título de marca N° 302160 otorgado en la República del Paraguay el 3/09/07, con vencimiento el 3/09/17. Sin embargo, mediante cédula de notificación, cuya copia obra a fs. 70-70 vta., la División de Fraude Marcario del Departamento Investigaciones Especializadas de la DGA, notificó al área de Propiedad Intelectual y Estándares de la firma Philips Argentina S.A., conforme lo establecido por el art. 46, párrafo 2do. de la Ley 25.986, a fin de comparecer para poder determinar si la operación en cuestión vulneraría o no los derechos de propiedad intelectual de su titularidad. Ello atento a que la mercadería detenida en la Aduana de Mendoza —CD-R y DVD-R marca OPTIMUM procedente de Taiwan— no tenía pie de industria y la firma requerida es quien debe autorizar, mediante Certificado LSCD, la fabricación de los productos en cuestión.
A fs. 84-87 vta., tomó intervención mediante apoderado, la firma Koninklijke Philips Electronics N.V. Acompañó, a fs. 81 y 82 de las actuaciones, documentación relativa a la fabricación, por parte de la firma GIGASTORE CORP, de los soportes magnéticos en cuestión—Cds y DVDs—, como así también constancia de la falta de licencia vigente otorgada, a favor de la fabricante referida, por parte de la titular de los derechos de patente (fs. 83). Asimismo solicitó se procediera conforme lo establecido en los arts. 50, 51 y siguientes del Acuerdo GATT TRIP’s, ratificado por nuestro país mediante la Ley 24.425, respecto de la mercadería en tránsito objeto de autos, la cual expresa: “…resulta infractora a los derechos de Patentes que obran en cabeza de nuestro poderdante…”.
Cabe destacar que a fs. 118-288 obran copias de las patentes de invención, otorgadas a favor de Koninklijke Philips Electronics N.V, por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de nuestro país respecto de los productos objeto de autos.
Por tal motivo el administrador de la Aduana de Mendoza dispuso, como medida cautelar, el secuestro de la mercadería según lo establecido en el art. 1085 inc. c) del CA, a disposición del Juzgado Federal competente y formuló denuncia penal por violación al art. 46 de la Ley 25986.
A fs. 342-345 de las actuaciones, el 11/08/09 se dispuso la apertura del sumario por la presunta comisión del delito previsto en el art. 863, art. 864, inc. d) y 871 del CA contra la firma Empresa Nuestra Señora de la Asunción C.I.S.A.
La denuncia penal formulada fue caratulada “Fiscal s/ Av. Inf. Ley 22415”, causa N° 89625-A y tramitó por ante el Juzgado Federal N° 1 Secretaría Penal, de la ciudad de Mendoza. En dicha causa se dictó sentencia el 20/10/2010 por la que, el ex Juez Federal Dr. Walter Ricardo Bento, resolvió: “DESESTIMAR la denuncia de origen por no constituir delito los hechos investigados”. Obra copia de dicha sentencia a fs. 369-370 de las actuaciones vinculada.
No obstante ello, en el considerando II de la sentencia mencionada, el Juez sentenciante reparó en lo expresado por el Director de la Región Aduanera Mendoza en cuanto a que: “…este hecho no encuadraría en una figura delictiva, ya que lo declarado en el MIC/DTA coincidía con lo verificado, debiendo ser considerado una infracción aduanera y actuar de acuerdo a lo normado en la Nota Externa 53/2006, punto 1-a), esto es, detener el curso de la destinación de la mercadería en trato y efectuar la correspondiente denuncia al Administrador de Aduana por presunta infracción en los términos del art. 954, inciso b) de la ley 22.415”
Como consecuencia de ello, a Fs 384-387, el 24/08/12, mediante Resolución N° 134/12 del Administrador de la División Aduana de Mendoza, aprobada por Resolución N° 271/14 del Subdirector General de la subdirección General Técnico Legal Aduanera se dispuso el sobreseimiento de la firma transportadora por el delito previsto en el art. 863, art. 964, inc. d) y 871 del CA y re caratular las actuaciones como infracción al art. 954, inc b), en función del art. 956 inc. c) del CA. Asimismo se dispuso la ampliación del sumario por la comisión de la infracción referida, contra el Agente de Transporte Luis TORRES GUEVARA.
Según constancias de fs. 398 se notificó la corrida de vista de la apertura sumarial a la firma transportista, quien contestó según constancias de fs. 418-426. Asimismo, a fs. 407 se notificó de la corrida de vista a la agente de transporte, quien contestó a fs. 417 y vta. y ratificación de fs. 436 de las actuaciones vinculadas. A fs. 441-450 se emitió dictamen jurídico y a fs. 451-471 se dictó la resolución apelada en autos.
VI. Sentado lo que antecede y para poder determinar si es ajustada a derecho la resolución que aquí se apela, es necesario analizar dos cuestiones: en primer lugar si efectivamente nos encontramos frente a un caso de mercadería prohibida; en segundo lugar, si resultan responsables, la firma transportadora y la agente de transporte, de la imputación efectuada por la Aduana, por la presunta infracción al art. 954, inc. b), del CA.
En cuanto a la primera cuestión, de la comprobación realizada por el servicio aduanero, en relación a la mercadería en tránsito documentada el MIC/DTA objeto de autos, resultó que la misma era prohibida en los términos del art. 46 de la Ley 25.986.
Para llegar a esa conclusión, no bastó una simple verificación de la mercadería, sino que, la Aduana debió realizar una investigación compleja.
En la investigación llevada a cabo se constató que la firma consignataria de la mercadería en cuestión no contaba, al momento de la operación de tránsito en análisis, con la autorización de la titular de los derechos de patente correspondientes —Koninklijke Philips Electronics N.V.— para la fabricación y/o comercialización de dichos productos CD-R y DVD-R. En este sentido, en virtud de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, ha quedado demostrado que la firma consignataria de la mercadería era titular de la marca OPTIMUN, inserta en el envase de los productos transportados, pero no contaba con licencia para la fabricación ni comercialización de los productos, cuya patente de fabricación y comercialización, se encontraba a nombre de Koninklijke Philips Electronics N.V.
Así tampoco, la firma que resultó ser fabricante de dichos productos —Gigastore Corp—, contaba con licencia vigente, al momento de la operación de tránsito objeto de análisis, para la fabricación de los productos en cuestión. A pesar de no encontrarse reglamentado el art. 46 de la Ley 25.986, dada la importancia y gravedad que reviste la cuestión, la Dirección General de Aduanas (DGA), mediante Nota Externa N° 53/2006, estableció un procedimiento a seguir ante la detección de casos de violación a la prohibición allí contenida. Ello en concordancia con las normas de derecho internacional, entre las que se encuentran el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado e incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 24.425, arts. 50, 51 y 57 del Anexo 1C.
En este sentido la nota externa referida establece cómo deberán proceder las áreas operativas y de control de todas las Aduanas del país frente a los diferentes supuestos resultantes de la constatación de las mercaderías con marcas de fábrica o comercio falsificadas, de copia pirata, o que vulnere otros derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial que al titular le otorgue la legislación nacional, a saber: a) Que de la simple verificación se detecte mercadería con marca de fábrica o de comercio falsificada, copias piratas o copias no autorizadas por el titular del derecho de autor y derechos conexos; o b) Con una marca de fábrica o de comercio presuntamente falsificadas y que el titular de esas mercaderías no pudiere exhibir contratos de licencias que lo habiliten a importar exportar, comercializar o en su caso a fabricar; o c) De copias presuntamente no autorizadas por el titular del derecho de autor y derechos conexos mediante licencias o autorizaciones para su comercialización por parte del tenedor de la misma.
En este orden de ideas, de la compulsa de las actuaciones administrativas, se evidencia que el caso de autos se trató del supuesto contemplado en el apartado b) de la nota externa comentada, es decir, la existencia de mercadería cuyo titular no pudo demostrar ni exhibir contrato de licencia que la habilitara a importarla, exportarla, comercializarla o fabricarla.
Por ello estimo que el servicio aduanero procedió conforme la normativa precitada. Esto es: detuvo el medio transportador, realizó la verificación exhaustiva de la mercadería y procedió a su secuestro conforme art. 1085 inc. c) del CA. Asimismo dio intervención al Departamento Investigaciones Especiales de la Dirección de Investigaciones dependiente de la Subdirección General de control Aduanero quien, mediante la División de Fraude Marcario, solicitó información al organismo competente a fin de establecer quien resultaba ser titular de los derechos o patentes de fabricación y comercialización, para su consecuente citación, a fin de hacer valer sus derechos. Todo conforme lo establece la normativa aplicable al caso (art. 46 de la Ley 25986 y Nota externa DGA 53/2006).
VII. Ahora bien, la segunda cuestión a dilucidar es si, conforme el procedimiento seguido por la Aduana, analizado en el considerando anterior, correspondía endilgar a las recurrentes la responsabilidad por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b) del CA.
En primer lugar, cabe destacar que, en virtud de las circunstancias descriptas en el considerando precedente y como ya se expresó, nos encontramos en el caso contemplado en el apartado 1, inc. b) de la Nota Externa AFIP N° 53/2006, el cual, a diferencia del previsto en el supuesto del inc. a) —detección por simple verificación—, requirió una investigación mucho más compleja.
En este sentido, la nota externa referida dispone: “Se deberá proceder: En el caso del punto a) a detener el curso de la destinación elevando lo actuado al Departamento Procedimientos Legales Aduaneros o Administrador de la Aduana competente, con la correspondiente denuncia y el presunto encuadre en los términos del Art. 954 inc) b de la ley 22.415.”
Cabe reiterar que el caso en análisis se trató del supuesto del ap. 1 inc. b) de la nota externa mencionada, no del inc. a).
Asimismo, dicha nota establece que, en el caso del supuesto del inc. b), la aduana deberá proceder: “—a ejercer las facultades previstas en el art. 1085 del CA según corresponda— y dar intervención al Departamento Investigaciones Especializadas de la Dirección de Investigaciones dependiente de la Subdirección General de Control aduanero, quien deberá recabar por la división Fraude Marcario información del organismos competente en la materia (INPI), a fin de establecer quien resulta ser el titular de la misma, sin perjuicio de las demás acciones investigativas que se estimen procedentes.” Por otra parte, el art. 954 del CA sanciona al que para cumplir una operación de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que en caso de pasar inadvertida produjere o pudiere producir: “… inc. b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación será sancionada con una multa de uno a cinco veces el valor en aduana de la mercadería en infracción.”
Las prohibiciones o restricciones a la importación y exportación previstas en el Código Aduanero, Sección VIII, constituyen normas que expresamente limitan en forma absoluta o relativa la importación o exportación de cierta mercadería, como también el sometimiento de la mercadería a otras restricciones, tales como normas de calidad, de acondicionamiento, la presentación de autorizaciones, certificados, en el momento indicado por las normas, ya sea al momento del registro del despacho o en un momento posterior.
El art. 613 del CA establece que las prohibiciones de carácter económico sólo rigen para la importación y la exportación para consumo, salvo disposición especial que determinare que se aplicarán, además o en lugar de estas, a otras destinaciones aduaneras. En este sentido, el art. 46 de la Ley 25.986 amplía la prohibición económica allí contenida a cualquier destinación definitiva o suspensiva.
De lo expuesto se colige que existe un régimen normativo que implementa un mecanismo que tiene por finalidad evitar la comercialización de mercaderías prohibidas valiéndose de declaraciones inexactas. No obstante ello, corresponde determinar si en el caso de autos, las recurrentes son responsables por la eventual inexactitud que torna prohibida la mercadería en cuestión. Ello en relación a la declaración presentada mediante el MIC/DTA en análisis, conforme las obligaciones legales que les competen, en sus calidades de transportista y agente de transporte de la destinación suspensiva de tránsito internacional en trato.
Al efecto, la firma transportista sostiene en su escrito recursivo que, al momento de efectuarse la verificación de la mercadería, se constató que se trataba de la misma declarada en el documento de transporte y que los detalles de: marca, modelo, características, etc. exceden la declaración obligatoria exigible. Ello quedó de manifiesto en oportunidad del primer control de Aduana donde se expresó en el acta del 26/08/08 (fs. 17 de las actuaciones vinculadas) que: “la mercadería declarada no registra novedad alguna por ajustarse a lo declarado en el MIC/DTA…” Entiende que no se declaró una inexactitud, puesto que no existió una diferencia entre lo declarado en el MIC/DTA y el resultado de la comprobación, sino que, el servicio aduanero simplemente ha formulado objeciones en cuanto a la aptitud del fabricante o exportador e incluso el importador respecto de la comercialización de las mercaderías y la presunta violación a patentes o derechos de propiedad intelectual registrados. La Aduana no menciona en la resolución apelada cual sería la diferencia o inexactitud constatada, amén de que la mercadería podría resultar violatoria de los derechos de propiedad intelectual, cuestión que resultaría de responsabilidad exclusiva del productor/exportador y no es extensible al transportista. El transportista y su agente declararon bultos y pesos, mientras que el importador/exportador y su despachante declaran las especificaciones de la mercadería, incluida su marca. Son ámbitos disímiles, con diferentes obligaciones y responsabilidades.
Por su parte, la co-recurrente, agente de transporte, sostiene que documentó el MIC/DTA, en un todo de acuerdo a las instrucciones impartidas por la firma transportista, por lo que su actuación no puede ser analizada a la luz del art. 954 del CA, siendo aplicable el art. 902 del mencionado cuerpo legal. Corresponde analizar la conducta de las recurrentes conforme las obligaciones y responsabilidades a cargo de cada una de ellas, en la operación de marras.
De la lectura de la propia norma, art. 954 del CA, se desprende que, a los efectos de la configuración de la infracción de marras, es presupuesto necesario, la existencia de una diferencia entre lo declarado y el resultado de la comprobación.
Como fuera señalado, el servicio aduanero, al llevar a cabo la verificación simple de la mercadería, constató que lo declarado en el MIC/DTA coincidía con lo comprobado e informó que la verificación resultó “SIN NOVEDAD” (fs. 17 de las actuaciones vinculadas).
Posteriormente, en una segunda verificación de la mercadería, se comprobó la violación al art. 46 de la Ley 25.986, como ya se analizó. En función de ello y en virtud de la desestimación de la denuncia radicada en sede penal, la Aduana procedió a re caratular como presunta infracción tipificada en el art. 954 del Código Aduanero, las actuaciones administrativas originariamente iniciadas por investigación de la comisión del delito previsto en el art. 863 y art. 864, inc. d) en función del art. 871 del CA. Ahora bien, esta segunda verificación consistió en una investigación compleja relativa a cuestiones de derecho de marcas y patentes de uso y sus licencias para fabricación y/o comercialización respecto de la mercadería en cuestión, las que exceden el marco de la responsabilidad, en cuanto a la declaración presentada ante el servicio aduanero, por parte de las recurrentes.
En este sentido y sin perjuicio de destacar el necesario cumplimiento de las obligaciones que suponen un actuar diligente en su proceder, asiste razón a la firma transportista, puesto que su responsabilidad frente a las autoridades de control de la Aduana de tránsito (Argentina), radicó en la presentación de la declaración —MIC/DTA— que describe en forma genérica la mercadería transportada. Esto es: un detalle sin especificaciones de los productos, sus cantidades, tipo de contenedor (bultos, pallets, etc.) su peso y valor, procedencia, destino y consignatario, como así también los datos del medio de transporte, su conductor, compañía de seguro y póliza. Todo ello conforme lo establecen los arts. 148, arts. 11 del Capítulo VI y art. 16, Capítulo IX del Anexo I del ATIT, aprobado por Resolución de N° 263/90 de la Subsecretaría de Transporte (SST) e Índice Temático aprobado por la Resolución N° 2382/91 de la SST.
Los datos referidos precedentemente, en el caso en análisis, efectivamente surgen del MIC/DTA obrante a fs. 3 de las actuaciones vinculadas. El servicio aduanero no realizó ninguna observación en relación a ellos. Asimismo los datos allí contenidos coinciden con los declarados en el documento de transporte —Carta de Porte Internacional por Carretera— obrante a fs. 6 de las actuaciones, el cual tampoco fue objeto de observación alguna por parte de la Aduana al momento de la verificación realizada, siendo este documento de gran valor probatorio a fin de corroborar los datos declarados en el MIC/DTA. Se colige, entonces, que la declaración efectuada por la firma transportista mediante su agente de transporte en relación al MIC/DTA y Carta de Porte Terrestre en análisis, ha sido efectuada conforme ley y no ha sido cuestionada en cuanto a los elementos que la componen, por cuanto de la verificación de la mercadería y la documentación obrante en las actuaciones se ha comprobado que no existe inexactitud endilgable a la firma transportista, quien actuó en cumplimiento de sus obligaciones legales.
VIII. En cuanto a la responsabilidad del agente de transporte aduanero Luis Torres Guevara, surge de las constancias de las actuaciones administrativas, como así también, de lo informado en la contestación del oficio obrante a fs. 84 de autos, que el MIC/DTA 99849 objeto de autos, fue documentado de acuerdo con las instrucciones impartidas por la firma transportista.
A su vez, conforme lo expresado en el considerando precedente, ha quedado demostrada la inexistencia de inexactitud en los términos del art. 954, ap. 1 inc. b) del CA endilgable a la firma transportista. Por lo expuesto y en virtud de lo establecido en art. 902 del CA, el agente de transporte no resulta pasible de la sanción atribuida.
IX. Por los fundamentos vertidos en los considerandos que anteceden, no obstante estimar que el servicio aduanero efectuó debidamente el control de la mercadería en tránsito, la cual resultó prohibida en los términos del art. 46 de la Ley 25.986, a mi juicio, las recurrentes no han incurrido en la infracción imputada (art. 954 ap. 1 inc. b. del C.A.), por lo que corresponde revocar la resolución apelada.
X. En cuanto a las costas del proceso, corresponde imponerlas a la demandada vencida, conforme lo dispuesto en el art. 1163 del CA.
Por ello, VOTO por:
1. Revocar la Resolución N° 305/2014, dictada por el Administrador de la Aduana de Mendoza, en el expediente 038-SC-258-2009 (luego Actuación SIGEA 12448-180-2008), en cuanto condena a la firma Empresa Nuestra Señora de La Asunción C.I.S.A.) y a la agente de transporte de aduana Luis Torres Guevara por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del CA.
2. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo.
ASÍ LO VOTO.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución N° 305/2014, dictada por el Administrador de la Aduana de Mendoza, en el expediente 038-SC-258-2009 (luego Actuación SIGEA 12448-180-2008), en cuanto condena a la firma Empresa Nuestra Señora de La Asunción C.I.S.A.) y a la agente de transporte de aduana Luis Torres Guevara por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del CA.
2. Costas a la demandada vencida.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación (art. 1162 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.12.11 16:11:47 -03:00 Date: 2023.12.11 17:16:17 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.11 17:16:18 -03:00
Fin de la sentencia