Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 6319
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 6319 Sentencia: 2794 Actor: Empress S.A.
Demandada: Spilla, Hernán/Vázquez Jose Luis Objeto: desalojo Fecha: 05/07/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los cinco días del mes de julio de dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “EMPRESS S.A. c/ SPILLA Hernán y otros s/ desalojo”, Expte. Nº E-10.346 del año 2009 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaria Civil de la ciudad de Pico Truncado, que tuviera ingreso en esta instancia bajo el Nº 6319. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo Monelos, Dra. Griselda I. Bard y Dra. Connie R. Naves para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la empresa actora, por medio de su apoderado el Dr. Darío Oscar Mattei promueve juicio de desalojo contra los señores Hernán Spilla y José Luis Vázquez y/o contra todo ocupante, locatario o sublocatario de los inmuebles colindantes identificados como lote 1 y lote 3 de la manzana 257 de la localidad de las Heras ubicados en la esquina de las calles Juan José Paso y Jaramillo del Barrio Industrial.
Da cuenta que el 11 de agosto de 2008 la Municipalidad de Las Heras le adjudicó las parcelas 1 y 3 de la manzana 257 del Barrio Industrial en el expediente 15.045 /96 mediante decreto municipal nº 176/98, que fue abonada, por su parte, por medio del recibo 147257.
Relata que en esas parcelas mantuvo la base operativa de la empresa en dicha localidad y construyó un taller de mantenimiento de camionetas de transporte de personal, objeto de la actividad social. Expresa que, por diversas acciones delictivas, su parte cerró el taller y lo desmontó a fin de construir mejores instalaciones, pero mantuvo la propiedad abonando los impuestos y tasas.
Indica que al observar personas realizando tareas de construcción en ambos predios y una casilla rodante, realiza la exposición policial el 14 de marzo de 2008, y que conversó con el Sr. Spilla a cargo de la construcción en uno de los terrenos por cesión de la Municipalidad y que en la otra parcela se encontraba en la misma situación el Sr. José Luis Vázquez, a quien no pudo localizar, pero le indicó al personal de Vázquez que debían paralizar la construcción por ser de propiedad privada. Refiere constatación por medio de la escribana María Alejandra Parra, y que en reiteradas oportunidades que concurre comprueba que se continuaba la construcción e intimó el desalojo, aunque sin resultado, por lo que remite carta documento a la Municipalidad para que informe si otorgó título alguno a estas terceras personas, sin que el intendente contestara la misiva. Es esta la razón por la que acude a la vía judicial para obtener el resguardo de los derechos de la sociedad y solicita el desahucio con costas. Pide la citación como tercero interesado en el pleito de la Municipalidad. Ofrece prueba y acompaña documental.
II. Que con la documental de fs. 27/30 y escrito de fs.31/34 José Luis Vázquez contesta la demanda con el patrocinio de la Dra. Sonia Haydee Sáez. Opone la excepción de falta de legitimación activa en primer término y, en subsidio, contesta la demanda. Funda la excepción de falta de legitimación en que el decreto municipal 176/98, en principio, solo acredita la existencia de un mero derecho en expectativa que data de más de 10 años. Cita jurisprudencia. Afirma que la actora ha omitido cumplir los tramites necesarios a fines de obtener el título de propiedad e incumplió los demás trámites que dieran motivo al otorgamiento. Sostiene que se trata de tierras fiscales y que el incumplimiento dio lugar a que dichos terrenos se encuentren en condiciones des-adjudicar los mismos y que en enero de 2008 se procedió a caducar la adjudicación de las parcelas.
Sostiene que, ante el acto administrativo de caducidad, el precario derecho de la parte actora se desvanece y vuelve improcedente la demanda. En subsidio contesta la demanda, desconoce la documentación y formula una serie de negativas particulares y del derecho de la actora a poseer legitimación para luego dar su versión de los hechos. En su relato sostiene que cursó el 12 de enero de 2008 una nota al Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Las Heras, donde solicita el otorgamiento de terrenos para la instalación de un taller metalúrgico, y que, el 6 de febrero de 2008 este funcionario, el arquitecto Ramón Gabriel Aceval, le comunica que los terrenos de autos se encontraban como tierra fiscal y que lo autorizaba a ingresar a dicha parcela condicionado a lo que resulte del informe del Registro de la Propiedad y que con fecha 18 de marzo de 2008 por nota le autoriza el inicio de la obra.
Dice que por ello dio inicio a las construcciones que figuran en el acta notarial y aclara que en el lote 3 existen dos departamentos terminados y listos para habitar y en el lote 1 una vivienda familiar a la que resta el techo de loza. Niega que nadie se hubiera apersonado a pedirle explicaciones o pretender que detenga las obras. Le llama la atención que no se hubiera realizado denuncia penal por usurpación. Reconoce haberse demorado en regularizar ante tierras del Municipio. Afirma haber averiguado que la actora estuvo en ese lugar y que debió irse ante reclamos de los trabajadores por incumplimientos. Funda el derecho de su parte y pide la citación como tercero de la Municipalidad por cuanto la sentencia puede afectar los intereses públicos.
Ofrece prueba. A fs. 41 se dispone la citación en los términos del art. 90 inc. 2 y 91 segundo párrafo del CPCC por el termino de 30 días a la Municipalidad de Las Heras. El actor con el plano, documentos, fotografías y escrito de fs. 42/50 contesta el traslado de la excepción y se opone a prueba testimonial, y pide la declaración de rebeldía del demandado. A fs. 51 se declara la rebeldía del codemandado Hernán Spilla.
La Municipalidad de Las Heras se presenta representada por el Dr. Miguel Ángel Zuccarino, acompañando la documental de fs. 57/134 y con el escrito de fs. 135/137 contesta el traslado conforme el art. 90 inc. 1 y 91 in fine del código del rito. Con relación a los hechos documentados pone en conocimiento que conforme el expediente nº 15.045/96 el único adjudicatario por Decreto 176/98 es EMPRESS S.A. y afirma que no consta en el expediente una sola documentación referida al Sr. Hernán Spilla o al Sr. José Luis Vázquez y acompaña copia autenticada de todas las fojas que componen el referido expediente. Desconoce las notas acompañadas por no estar agregadas al expediente y le niega valor legal por estar en contradicción con la normativa que regula la materia, por cuanto hay procedimientos a seguir, tanto para adjudicar como para caducar y se explaya sobre el derecho aplicable en la adjudicación de tierras públicas. Dedica un capítulo a la inoponibilidad de las notas adjuntadas por la demandada y afirma que parecen “actos particulares” que realizó el Sr. Aceval, por no existir documentación respaldatoria de su derecho en el expediente, ni notificación de caducidad a la actora. Insiste que Vázquez no presentó ninguna documentación para tener derecho y supone que las notas firmadas por el Sr. Aceval y por Vázquez son nulos y fueron realizados en forma paralela al expediente oficial violentando las ordenanzas vigentes. Afirma que hacen responsables en forma personal a quien se adjudique la paternidad de los mismos. Sostiene que la normativa no permite el manejo discrecional de la cosa pública como se pretende con las notas firmadas por el Sr. Aceval. Califica de inoponible la teoría de la apariencia por parte del Sr. Vázquez toda vez que se debe formar la correspondiente carpeta en la Dirección de Tierras Y Catastro y ser refutable ab initio cualquier planteo de buena fe por parte del demandado. Funda el derecho y ofrece prueba. A fs. 144 se presenta por el demandado José Luis Vázquez el Dr. Joaquín V. González quien pide se suspenda el traslado de la documental de la citada como tercero y adicionalmente pide que, en el supuesto de rechazo de su defensa, se le conceda el derecho de retención hasta que se le resarza del valor real y actual de las mejoras introducidas. Amplía prueba.
III. Que a fs. 154 se difiere la excepción de falta de legitimación activa hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva, por considerarla no manifiesta, y se abre la causa a prueba proveyendo la considerada procedente ofrecida por las partes.
Producida la obrante en autos de la que da cuenta la certificación de la Actuaria de fs. 327, a fs. 328 se clausura el periodo probatorio y se ponen los autos en secretaria a los fines del art. 473 del CPCC. Hacen uso del derecho de alegar el demandado con la pieza de fs. 341/343 y la Municipalidad citada como tercero acompaña el alegato obrante a fs. 343/344. A fs. 345 se llama autos a sentencia. La Dra. Zapata dicta la sentencia obrante a fs. 346/352 por la que desestima la excepción de falta de legitimación planteada por la demandada y acoge la demanda promovida por EMPRESS S.A. contra Hernán SPILLA y José Luis VÁZQUEZ y contra toda otra persona que resulte ocupante con relación al lote 1 y 3 de la manzana nº 257 de la localidad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz, a quienes condena a desalojar el mismo con todos sus muebles y útiles, debiendo quedar libre de personas y bienes en el término de diez días en que se cumplimente lo ordenado infra, bajo apercibimiento de lanzamiento. Hace lugar al ejercicio del derecho de retención solicitado por el demandado José Luis Vázquez a fs. 144/145 hasta el momento del efectivo pago de la mejora. Condena en costas a la actora y demandada por su orden (art. 68 del CPCC) y difiere la regulación de los profesionales.
IV. Que esta sentencia no satisface al codemandado José Luis Vázquez que interpone recurso de apelación con la pieza de fs. 357 ni a la parte actora que hace lo propio con el escrito de apelación de fs. 359. Ambos recursos se conceden libremente y con efecto suspensivo por providencia simple de fs. 360 que pone los autos a disposición de las partes a los fines de la fundamentación de sus recursos.
El apoderado de la parte actora expresa agravios con el memorial de fs. 369/373 del que se corre traslado por providencia de fs. 374. El codemandado a su turno contesta los agravios de la parte actora con la pieza de fs. 379/380 y expresa los propios con el memorial de fs. 381/382, del que se corre traslado a fs. 383. La parte actora contesta los agravios del codemandado con el escrito de fs. 389/390. Por último se deja constancia que la Municipalidad de Las Heras en su calidad de tercera citada contesta los agravios del codemandado Vázquez a fs. 403/404. Los autos se elevan con la certificación de estilo de fs. 424 y recibidos, a fs. 425, se dispone el pase a sentencia y a fs. 426 se dispone el pase a estudio, que es modificado a fs. 427 por la renuncia de la Dra. Naves.
V. Que a fin de ordenar el tratamiento de los agravios los resumiré, no en el orden que aparecen en el expediente sino en el que entiendo lógico para el tratamiento. Y en ese orden primero está la queja del codemandado Vázquez en cuanto se dispone el desalojo. Hace referencia que Hernán Spilla en nada figura en autos, toda vez que Vázquez es quien aparece autorizado por la Municipalidad conforme documental de fs. 27/29, reconocida por la testimonial de Aceval. Se queja por la ausencia de determinación en la sentencia con relación a la Municipalidad de Las Heras y destaca que ha sido el propio actor quien la cita como tercero obligado y que por ello la Sra. Juez debió expedirse en su decisorio condenándola o no por ser titular de los terrenos fiscales y califica de omisión de la sentencia.
Sostiene que Vázquez no era ni inquilino, ni comodatario ni intruso pues había sido autorizado por la Municipalidad conforme fs. 27/29 para ocupar y construir. Entiende que EMPRESS S.A. había abandonado el terreno fiscal, por ende la ocupación de Vázquez era legítima y por ello la vía del desalojo no es la idónea. Remarca que no hubo intimación ni requerimiento a Vázquez para que detenga la construcción o desocupe el predio y califica de malicioso que se espere que exista la construcción para actuar, sin saber a que título se lo demanda toda vez que era ocupante legítimo, autorizado por la Municipalidad y haber efectuado construcciones. Sostiene que si bien el Municipio actuó conforme según constancias del Expte. 15.045 afirma que la actora luego abandona las parcelas conforme inspección de fs. 116 donde aparece como baldío y que, luego, la actora se interesa.
Señala que los comprobantes de 10 y 11 aparecen abonados en fecha anterior a su emisión. Sostiene que esta causa mereció un mayor debate y califica de improcedente la acción de desalojo por las pruebas y el carácter invocado por Vázquez. Por ello pide la revocación de la sentencia. Al contestar el traslado la parte actora sostiene la falta de legitimación de la recurrente a sostener una posición defensiva de Spilla y señala que hay sobradas muestras de la usurpación por parte del nombrado en el terreno y su rebeldía es una muestra de su actitud desaprensiva después de alterar y afectar el derecho de adjudicación. Entiende que la sentencia es oponible a la Municipalidad sin que sea necesario que el sentenciante se expida y recuerda que la demanda no se dirigía contra la Municipalidad y que EMPRESS S.A., como adjudicataria, era la única legitimada para decidir sobre las acciones sobre el terreno.
Califica de ambiguos los agravios con respecto de la improcedencia de la acción de desalojo y sostiene que no existe crítica concreta y razonada. Niega el abandono y la autorización a Vázquez califica de ilegítima la ocupación del predio por parte de éste y dice que corresponde la devolución. Sostiene la procedencia del juicio de desalojo y que esta probada la condición de adjudicataria de los lotes a la actora y la falta de acreditación en cabeza de los demandados de derecho a una posesión legítima y por lo tanto que es procedente el juicio de desalojo que es el proceso idóneo y cita doctrina que no identifica y califica de unánime. Mantiene el caso federal. La Municipalidad de Las Heras al contestar el traslado descalifica el agravio de falta de extensión de la sentencia a la Municipalidad.
Hace notar que la actora no solicitó se extiendan los efectos de la sentencia respecto de la comuna. No se la puede condenar si sólo se la cito a los fines del control del proceso y sostiene que el demandado no puede solicitar la extensión de la condena a la Municipalidad. Cita doctrina. Por ello entiende no existe omisión en la sentencia. Recuerda que por decreto 176/96 a EMPRESS S.A. se le adjudicó en venta las parcelas 1 y 3 de la manzana 257 y que las notas adjuntadas por la demandada son inoponibles al Municipio como acto administrativo válido, ni tienen entidad para dejar sin efecto el decreto 176/96. Plantea el caso federal.
VI. Que analizados los agravios del codemandado Vázquez y su contestación que entiendo que son los primeros a tratar, antes de ingresar en esa tarea, para tener completo el panorama, resumiré los agravios de la parte actora y su contestación. El primero de ellos es con relación a lo que califica de “error más grosero de la sentencia” como es el tratamiento de una cuestión ajena a los asuntos ventilados en autos en violación del principio de congruencia. Hace hincapié en que, en el responde, la demandada no invocó el supuesto derecho de retención. Recuerda que es en la presentación del nuevo letrado a fs. 144/145 que, improcedentemente al ampliar la prueba, se introduce el tema, al incorporar una cuestión no expuesta en la contestación de demanda.
Se explaya sobra la congruencia judicial citando doctrina y por ello entiende que pretender un derecho de retención que no fue parte del responde, resulta ajeno a la litis y recuerda cuales son los límites, con cita de doctrina y jurisprudencia que se tiene presente. Pide se revoque el punto 3 de la sentencia. En un segundo agravio y desde otra vertiente impugnativa califica de injustificado el derecho de retención solicitado por el codemandado Vázquez. Tras resumir el argumento utilizado en la sentencia y las condiciones que dispone el art. 3939 del Código Civil, recuerda que la primera condición es la tenencia legítima de la cosa ajena y expresa que queda excluido todo ejercicio del derecho de retención cuando se trate de una posesión viciosa o violenta.
Y es sobre este aspecto que pone el acento de su crítica como el mayor yerro de la magistrada, pues estamos frente a una tenencia viciosa o viciada por parte de los demandados, quienes tenían conocimiento que el bien era de un tercero por lo que descarta la buena fe de estos, que tomaron conocimiento de la titularidad de su representada por la constatación notarial del 18 de abril de 2008 y la posterior contestación como tercero por parte de la Municipalidad de Las Heras y no obstante continuaron construyendo sobre el inmueble. Sostiene que fue la usurpación o tenencia viciada del inmueble que llevó a su parte a instar el desalojo al que se hizo lugar, toda vez que si hubiera sido legítima se hubiera rechazado la acción.
Señala las contracciones de la sentencia al sostener que la tenencia legítima es necesaria para ejercer el derecho de retención y hace lugar al desalojo por no haber tenencia legítima. Sostiene que Vázquez pudo creerse que obraba con buena fe por las notas del Secretario de Obras y Servicios y luego concluye que esas notas no revisten formalidades propias del acto administrativo. Hace hincapié en la inexistencia de un crédito cierto y exigible de Vázquez contra EMPRESS S.A. y pone de resalto lo establecido por el art. 3940 del Código Civil. Sostiene que en todo caso el codemandado deberá iniciar una acción autónoma e individual para reclamar un crédito en caso que se crea con derecho a tenerlo.
Entiende arbitrario e injusto supeditar el desalojo del inmueble a la satisfacción de las pretensiones de Vázquez, después de seis años de reclamo, en un proceso con decisiones procesalmente irregulares. Entiende que por estos argumentos también se debe revocar la sentencia. Se agravia por la imposición de costas por su orden pues los demandados han salido perdidosos y cita jurisprudencia que se tiene presente. El apoderado del codemandado Vázquez al contestar los agravios considera equivocado el planteo, pues entiende que el derecho de retención integra la litis y que no fue incorporado tardíamente, ni es necesario incorporarlo como excepción. Entiende que el derecho de retención puede ser incorporado en cualquier momento y lo hizo al contestar un traslado de la contestación efectuada por la Municipalidad de Las Heras atento que esta intenta desconocer el derecho de su representado, y por lo tanto que fue introducido en tiempo y forma.
Argumenta que la actora puede enriquecerse sin causa a costa de su mandante quien habría actuado de buena fe conforme las autorizaciones dadas desde La Secretaria de Servicios Públicos (fs. 27/29) e inicio las construcciones que dan cuenta las constancias acompañadas por la misma actora. Afirma que el derecho de retención y enriquecimiento sin causa son institutos del derecho civil aplicables a autos donde la actora pretende apropiarse del patrimonio de su mandante. Insiste en la presencia de un terreno que sigue siendo fiscal y que la Municipalidad permitió que Vázquez lo ocupara e iniciar allí las construcciones y que en la eventualidad que se mantenga la condena a desalojar le asiste pleno derecho a ejercer la retención hasta tanto sea pagado por lo que ha incorporado al terreno.
Respecto de las costas afirma que le asistía a su parte derecho a intentar repeler la acción por considerar Vázquez que construyó porque la municipalidad se lo había adjudicado ante el abandono del terreno por parte de la actora, sobre todo teniendo en cuenta que sigue siendo fiscal y que Vázquez no ingresó como intruso sino autorizado y por ello le asistía razón para intentar repeler la acción al considerarse legítimo poseedor del terreno y por ello se lo debe eximir de costas.
VII. Que son estas las cuestiones a resolver para responder a la primera cuestión sometida a consideración del Acuerdo. Y primero de todo está responder si es justo la condena a desalojar pues de responderse en forma negativa los agravios de la actora se volverían abstractos.
Como se acusa a fs. 372 hubieron en autos decisiones procesalmente irregulares, y una de ellas es no haberse determinado claramente cual es la posición de Hernán Spilla, es decir que parcela ocupaba, si era parcial, si ambos eran quienes ocupaban o quien por cuenta de quien se realizaban las construcciones en los terrenos. En la demanda la parte actora adjudica al Sr. Spilla la ocupación de uno de los lotes y la construcción que se llevaba a cabo (no aclara cual) y que éste le manifestó que en breve el municipio le estaría otorgando la adjudicación del mismo y “que en el terreno continuo… se encontraba el Sr. Vázquez en la misma situación que él, y que por dicho motivo, ambos habían iniciado las tareas de construcción”. En el responde Vázquez solo negó “que el Sr. Spilla se encontrara a cargo de la construcción que se llevaba a cabo en uno de los terrenos reclamados” (negativa letra r de fs. 32 vta.). No resulta claro si el Sr. Spilla ocupara en nombre propio y construyera para sí, sobre todo cuando su condición de rebelde permite tener por ciertos los hechos que se le atribuyen en el escrito de demanda. Por ello la sentencia condena a ambos a desalojar las parcelas. En agravios no surge la legitimidad del apoderado del Sr. Vázquez para defender la posición del Sr. Spilla.
Posteriormente me referiré a otras decisiones procesalmente irregulares.
Que el codemandado no obstante el esfuerzo de su representación letrada no alcanza a demostrar un error en el razonamiento de la magistrada en cuanto le otorga a la parte actora legitimación para demandar el desalojo de las tierras que le habían sido adjudicadas en venta y entender que ese título se la otorgaba. La sentencia hizo valer que si bien el demandado invoca una caducidad de la adjudicación y una autorización vía Secretario de Obras y Servicios Públicos el Sr. Aceval, esta afirmación, destaca la Sra. Zapata, no quedó corroborada por los dichos de éste cuando declara como testigo en respuestas que la magistrada analiza con razonabilidad y sin que se intente demostrar error en este razonamiento de fs. 349 vta./350. La Municipalidad de Las Heras en su responde ha desvirtuado que el actor fuera ocupante legítimo del predio. Que la inspección de fs.116 hiciera mención a la condición de baldío del terreno que se desprende de una inspección efectuada el 2 de marzo de 2007, no aporta elemento alguno en beneficio del demandado, habida cuenta que la ordenanza de tierras exige un trámite especial e ineludible para caducar la adjudicación, sobre todo cuando surge de los considerandos del decreto municipal nº 176/987 (ver fs. 108) el cumplimiento de los distintos requisitos, entre ellos el pago total de la tierra, copias de planos y el 100% de construcción acorde al plano presentado (fs. 48 del Expte. 15.045) que hubieran habilitado el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio. La parte actora indicó que, ante distintos hechos delictuosos, decidió desmantelar el taller para construir mejores instalaciones (fs. 4 in fine, 8 y 21 vta.) pero ello no implica que ya en julio de 1998 la parte actora había cumplido con los extremos que le permitían solicitar la escritura, petición que hizo en junio de 1998 (ver fs. 107). Se trata de una situación a resolver entre la Municipalidad de Las Heras y la parte actora. De la declaración del Sr. Aceval, ex Secretario de Obras Públicas y la contestación de la Municipalidad al responder la citación, se desprende que no se podría haber otorgado la tierra o autorización para construir al codemandado. Ergo Vázquez no puede sostener válidamente ser un ocupante legítimo.
A mi juicio la condena a desalojar a ambos demandados en forma conjunta debe ser confirmada desde que no se determinó que ocuparon en forma irregular Spilla y Vázquez. Ello sin perjuicio que intente contra el Sr. Aceval las acciones que entienda puedan hacer a sus derechos o que le puedan asistir por esos irregulares procedimientos que se invocan.
No es exacto que como se afirma a fs. 382 que los comprobantes de fs. 10 y 11 fueron abonados con fecha anterior a su emisión. Lo que el recurrente toma como fecha de emisión es en realidad la fecha de vencimiento.
El codemandado no puede invocar una posesión de las parcelas, ni lo ha hecho.
Y la actora, como adjudicataria de la tierra fiscal está legitimada para demandar por desalojo, como lo está el usufructuario, el usuario, el poseedor, o cualquiera que tenga derecho a recuperar un inmueble, tanto es así que la Municipalidad de Las Heras como adjudicante no le negó la legitimación y se refirió a las irregularidades de la documental con que el codemandado pretendió fundar su derecho.
La municipalidad ha sido citada como tercero, no como demandada y por consiguiente no debía determinarse nada en la sentencia contra ella. Pudo presentarse o no que su situación no variaba.
Por ello propongo rechazar los agravios vertidos por el codemandado Sr. José Luis Vázquez.
Establecida, si mi voto es compartido, la condena a desalojar las parcelas materia de autos implica que es concreto el agravio la parte actora y debe ser tratado.
Comparto su primer agravio donde se queja que el planteo de ejercer un derecho de retención no ha sido planteado en el escrito de responde. En realidad se debió hacer por vía de reconvención no por vía de excepción como se indica a fs. 379. No se puede hacer en cualquier momento sin afectar el derecho de raigambre constitucional de defensa en juicio. Y entiendo que se debió utilizar el mecanismo de reconvenir, toda vez que en la reconvención se debe fundar el derecho y cumplir con todos los recaudos de la demanda. Se puede observar que no se indica cual el crédito que se pretende asegurar con la retención, desde que no se intento demostrar lo invertido en esas construcciones, su costos o en cuanto beneficia el valor de las parcelas, o tan siquiera el estado de las mismas a la fecha de la notificación de la demanda. Tampoco se pretendió aclarar que construyó Hernán Spilla y que construyó José Luis Vázquez o si este último encaró todas las construcciones. No se sabe cual es la pretensión del codemandado y por lo tanto cual es el monto que las mejoras, ni cual es el fundamento. Todo ello se debió consignar en una reconvención si el codemandado se creía con derecho a fin de permitir que la parte actora pudiera ejercer su derecho de defensa. Por ello la sentencia debe ser revocada en este punto por estar viciada la congruencia. A mayor abundamiento señalo que la sentencia en crisis ha subordinado el cumplimiento la sentencia de desalojo, que fuera demorada por largos años de trámite, a una nueva demanda para determinar cual es el valor de esas mejoras.
Esta solución que propongo, de revocar el punto 3 de la sentencia, no implica beneficiar con un enriquecimiento indebido a la parte actora, toda vez que podrá José Luis Vázquez ejercer los derechos que entiende la puedan asistir por la vía y por ante quien corresponda.
Ante esta posibilidad me abstengo de analizar el segundo agravio de José Luis Vázquez.
En función de lo expuesto, el principio del art. 68 y art. 278 del CPCC entiendo que se debe modificar la sentencia en el punto 4º del fallo y propongo imponer las costas a los vencidos por el principio objetivo de la derrota.
Por ello entiendo que la sentencia es parcialmente justa en cuando hace lugar al desalojo de los demandados pero respondo en forma negativa a la primera cuestión en cuanto a subordinar el cumplimiento de la condena de desalojo a un indeterminado derecho de retención (si se quisiera desalojar de inmediato no hay suma a depositar) que no fuera materia de litis y que se introdujo tangencialmente y en violación del principio de congruencia que hace al derecho constitucional de defensa en juicio. Es también injusta en cuanto impone las costas por su orden. Así propongo declararlo en el Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Coincido con el análisis propuesto por el Dr. Monelos, en cuanto a la procedencia del desalojo y la improcedencia en ésta causa de la compensación. Adhiero a su voto.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que en función de las razones expuestas al responder a la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir el primer y tercer agravio de la parte actora, no tratar el segundo y rechazar los vertidos por el codemandado Sr. Vázquez y tener presente lo expuesto por la citada como tercero a fs. 403/404. 2º) Revocar el punto 3 del Fallo de la sentencia de fs. 352 vta. y rechazar el pretendido derecho de retención del codemandado sin perjuicio de los derechos que éste pueda intentar por la vía y por ante quien corresponda para hacer valer los derechos que entienda le asisten. 3º) Revocar el punto 4 del Fallo de la sentencia (fs. 352 vta.) e imponer las costas de primera instancia a los demandados en su condición de vencidos y los de segunda instancia al codemandado recurrente quien no triunfa en su recurso y es vencido por la parte actora en el suyo. (art. 68 del CPCC). 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación de primera instancia. 5º) Tener presente las reservas del caso federal de fs. 373, reiterado a fs. 390 por la parte actora y la de fs. 404 formulada por la Municipalidad de Las Heras. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. Que considero justa y equitativa la propuesta que está conforme las conclusiones establecidas en la anterior cuestión. Por ello adhiero al Voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 05 de julio de dos mil diecinueve:
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir el primer y tercer agravio de la parte actora, no tratar el segundo y rechazar los vertidos por el codemandado Sr. Vázquez y tener presente lo expuesto por la citada como tercero a fs. 403/404.
2. Revocar el punto 3 del Fallo de la sentencia de fs. 352 vta. y rechazar el pretendido derecho de retención del codemandado sin perjuicio de los derechos que éste pueda intentar por la vía y por ante quien corresponda para hacer valer los derechos que entienda le asisten.
3. Revocar el punto 4 del Fallo de la sentencia (fs. 352 vta.) e imponer las costas de primera instancia a los demandados en su condición de vencidos y los de segunda instancia al codemandado recurrente quien no triunfa en su recurso y es vencido por la parte actora en el suyo. (art. 68 del CPCC).
4. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación de primera instancia.
5. Tener presente las reservas del caso federal de fs. 373, reiterado a fs. 390 por la parte actora y la de fs. 404 formulada por la Municipalidad de Las Heras.
6. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. La Dra. Connie R. Naves no suscribe la presente por haberse acogido al beneficio de la jubiliación y no existir disidencia entre los firmantes. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente-.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201029S.191 Tomo: XCI Sentencia: 2794 Folio Nº: 066/074 Secretaria: 1
Fin de la sentencia