Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa IAP 15933 21
CN °: IAP-15933-21.-
Lomas de Zamora, a los ...... fecha firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little y Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. IAP-15933-21 seguida a LEONEL AGUSTIN SOTO CENTURION , por ENCUBRIMIENTO CALIFICADO ; y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Little- Rojas.
Leonel Agustín Soto Centurión fue condenado por la señora Jueza a cargo del Juzgado en lo Correccional n°2 del departamento judicial Avellaneda- Lanús a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de encubrimiento (arts. 45 y 277 inc. 1 letra "c" del Cód. Penal).
Apelado dicho fallo por el señor defensor oficial, doctor Carlos Mauricio Catalano, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
C U E S T IO N E S
1. ¿Es admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión primera, el señor Juez doctor Little dijo:
Carlos Mauricio Catalano, titular a cargo de la Unidad de Defensa Penal Nro 12 del Depto. Judicial Avellaneda-Lanús, interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva que condenó a su asistido a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, por resultar autor del delito de encubrimiento bajo la modalidad prevista en el art. 277 inc. 1 apartado c) del C.P.
El recurso fue interpuesto en el tiempo y formas previstos por los artículos 421, 441 y 442 del CPP junto a lo dispuesto por la AC. 4040/21, razón por la que habrá de ser declarado admisible.
El recurrente refiere que al momento de recibírsele declaración a su asistido, le fueron atribuidos conjuntamente los procederes típicos consistentes en la recepción y adquisición de un automóvil a sabiendas de su procedencia ilícita, en conductas incompatibles por yuxtaposición.
Específicamente y en lo que importa, haberlo realizado en lugar y fecha no determinada ante un hecho precedente y especialmente grave.
También, le fue endilgada la portación sin la debida autorización legal de un arma de fuego cargada del tipo revolver calibre 32 largo, marca Dos Leones, identificable con los números 7592 que no viene cuestionada en lo específico.
El apelante refiere que el a quo, habría decidido erróneamente cuando descartó el planteo de nulidad. Denuncia la afectación al derecho de defensa en juicio por la imposibilidad de conocer específicamente el alcance de la imputación.
Transcribe cuanto consideró la sra. juez a quo para descartar su planteo, en tanto: "la diferenciación que hace el defensor no encuentra recepción práctica y [....] no afecta la garantía de defensa en juicio, toda vez que ambos verbos han sido puestos en conocimiento del imputado y contrariamente a lo sostenido por el defensor, no se yuxtaponen".
A la vez que la adquisición del objeto se obtiene en carácter de propio con la voluntad de ejercer un derecho real sobre aquel, mientras que en la recepción se entienden varias conductas, como la de tomar, percibir, admitir, aceptar y guardar entre otras.
Transcribe la referencia realizada en la pieza en crisis, sobre la opinión de Donna, quien indica que el legislador ha optado por esta fórmula para evitar las llamadas lagunas de punibilidad (Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal, parte especial T.III, Rubinzal -Culzoni Ed,, pag. 497/498).
Cuestiona que se haya descartado el planteo introducido en razón de la falta de agravio, recreando lo decidido por el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, Sala V, en fecha 14/04/16, en la causa Nº 73.046, donde fue considerado que "la demostración de un perjuicio resulta insoslayable para la declaración de nulidades que impliquen violación de normas constitucionales, pues aún cuando éstas deban ser declaradas de oficio y en cualquier estado del proceso, la ley exige que se fundamente el motivo del perjuicio efectivamente sufrido por las partes -art. 203 in fine del C.P.P.- ello en virtud de que la nulidad es siempre un medio para enmendar perjuicios efectivamente sufridos por las partes y no meros incumplimientos formales que, en principio, resultan subsanables.".
Controvierte la solución adoptada, valiéndose de la necesidad de distingo que debe existir entre los verbos típicos. Explica que carecería de sentido fundar que la "adquisición" conlleva necesariamente su previa "recepción" para el diseño de la norma, que de otro modo debió limitar su descripción a una única estipulación.
Apunta que si el Poder Legislativo, en ejercicio de la potestad que le acuerda el art. 75 inc. 12 de la CN consideró oportuno insertar, junto a la expresión recibir la de adquirir, algún alcance normativo independiente debió conferírsele a ambos verbos típicos, citando la vigencia del principio de legalidad (art. 18 CN) como la división republicana de poderes (art. 1 CN) en miras a precavernos contra interpretaciones amplias.
Apoya su crítica en la opinión de Zaffaroni, en tanto las normas no son claros datos previos, sino deducciones interpretativas que deben formularse a medida de la construcción sistemática racional" (E. Raul Zaffaroni, Derecho Penal, Ed. Ediar, pagina 379, Bs As año 2002). Cuando el legislador pueda incurrir en inconsistencias o en redundancias de carácter normativo, es función del intérprete, efectuar una exégesis de las normas penales racional y no contradictoria de éstas, so pena de vulnerar la racionalidad republicana (art. 1 CN).
En el caso especial de los vehículos automotores, agrega que el régimen jurídico imperante resulta determinante para resolver la disputa en la que basa su aserto. Refiere que a diferencia del sistema registral de los inmuebles, el de la Propiedad del Automotor es un instituto al que el ordenamiento positivo argentino asigna naturaleza constitutiva. De resultas de ello, los derechos reales sobre un automotor nacen con la inscripción registral, lo que convierte a estas cosas en bienes registrables.
De lo expuesto se sigue que tratándose de un automóvil, la acción de adquisición y la de receptación no se encuentran fatalmente implicadas, cual si se tratare de una relación de género a especie, bajo la imagen modélica de dos círculos concéntricos, por lo que la ausencia de ánimo de lucro no resulta argumento para descartar el planteo realizado.
Insiste en que el modo especial en el que se adquiere el derecho real de dominio sobre un vehículo automotor, no torna superflua ni redundante la expresión legal "adquirir" contenida en la ley.
También transcribe la opinión de Maier acerca de la formulación de la imputación concreta, como base de acceso a una defensa efectiva, a partir de la que eventualmente podría realizarse la adecuación legal (principio de legalidad, externalidad, lesividad), en función de las reglas de comprobación.
Explica que el art. 312 del CPPBA impone señalar el "hecho" de un modo "detallado", mientras que el art. 335 del CPPBA exige que el requerimiento de elevación a juicio, guarde absoluta congruencia con el hecho intimado en la oportunidad prevista por el art. 308 del CPPBA, con descripción -bajo sanción de nulidad- de una forma "precisa, circunstanciada y específica".
Repite que en el caso solo contamos con una acusación que imputa conjuntamente dos conductas por completo diferentes -sin que haya mediado una verdadera acusación alternativa- sin brindar, asimismo, la menor explicación en torno a cuál de las dos hipótesis de desviación punible resultaba aplicable (de conformidad con lo normado por el art. 334 seg párrafo del CPP), impidiendo un adecuado ejercicio del derecho constitucional de defensa en juicio (art. 18 CN).
Al no haber existido por parte del acusador una imputación alternativa, no podría encuadrarse la conducta de su defendido bajo los tipos penales que les atribuye, de conformidad con lo estipulado por el art. 335 segunda parte del rito, por lo que la imputación carecería de especificidad, impidiendo el juicio de adecuación o subsunción.
Por los fundamentos expuestos, requiere se haga lugar al planteo de nulidad impetrado en relación al acto de declaración en los términos del art. 308 del CPP y de todo lo obrado en su consecuencia, revocando el decisorio en crisis, absolviendo a su representado.
Posteriormente, cuestiona el decisorio en razón de resultarle arbitrario "por indeterminación de la premisa jurídica" y por no haberse acreditado suficientemente la existencia del aspecto subjetivo (dolo) que exige la figura contemplada en el art. 277 inc. 1 apartado c) del CP, máxime cuando se verifica una notoria disputa (tanto doctrinal como jurisprudencial) en torno a las exigencias subjetivas que reclama esta figura en relación con la contenida en el inc. 2 del art. 277 del CP, teniendo en cuenta la reforma operada por la ley 25.815.
Recrea la controversia existente conforme la reforma apuntada en torno a si la norma contenida en el tipo penal en el art. 277 inc. 1 apartado c) del CP reclama para su aplicación solamente dolo directo o también resulta aplicable el dolo eventual.
A la vez, si la formula contenida el inc. 2 del art. 277 del CP que dispone "En el caso del inciso 1, c), precedente, la pena mínima será de un (1) mes de prisión, si, de acuerdo con las circunstancias, el autor podía sospechar que provenían de un delito" admite dolo eventual solamente, o en su defecto dolo eventual y culpa con representación, o solamente ésta ultima.
Sostiene que la a quo ha guardado completo silencio sobre el particular, no obstante su pertinencia para la correcta subsunción de hecho bajo los conceptos jurídicos contenidos en el art. 277 inc. 1 apartado c) del CP y el art. 277 inc. 2 del CP.
Reseña que la Fiscalía se inclinó en favor de la postura según la cual el tipo penal del art. 277 inc. 1 apartado c) del CP requiere exclusivamente que el agente obre con dolo directo, puesto que en la "plataforma fáctica", desde el inicio de las investigaciones hasta el momento del juicio (inclusive) se expidió en torno a esta perspectiva, al tiempo que sostuvo invariablemente que su defendido recibió o adquirió el automóvil "a sabiendas" de su procedencia ilícita.
Nuevamente acude a la opinión de Edgardo Donna respecto a la sustitución operada en la expresión legal "debía" por "podía", y ello “significa entonces que el sujeto tuviera la posibilidad, de acuerdo a las circunstancias, cuando adquiera, reciba u oculte dinero, cosas o efectos que provienen de un delito, primero de saber que eran cosas que provenían de un delito e igual realizara las acciones antedichas. (…) . Que los autores no han observado que quizás con la palabra deber podía entrar el delito imprudente -violación del deber de cuidado-, pero ahora la discusión sobra” (Edgardo A. DONNA, Derecho Penal Parte Especial, segunda edición actualizada, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2008, tomo III, pagina 563), explicando la relevancia de la técnica de incriminación limitada (numerus clausus) de un número determinado de delitos culposos que la ley prevea en cada caso tras las correspondientes figuras dolosas (…). adoptada por nuestro sistema normativo.
Posteriormente discurre sobre las características del tipo legal especialmente acerca de la necesidad de acreditar el dolo.
Que más allá del carácter subjetivo que exige la figura contenida en el art. 277 inc. 1 apartado b) lo cierto es que a juicio del Fiscal su defendido recibió el bien mueble registrable (automóvil) con dolo directo, lo que se desprende de la expresión empleada "a sabiendas". Sostener lo contrario implicaría vulnerar el principio acusatorio (art. 18 CN), más precisamente el principio de congruencia ( 18 CN, 8 de la CADH y 14 del PIDCP, art. 75 inc. 22 CN).
En el caso no podría sostenerse que su defendido conocía, de modo fehaciente y sin lugar a dudas, como le atribuye el Sr. Fiscal en su dictamen acusatorio, puesto que como se indicó no pesaba sobre el vehículo automotor pedido de secuestro activo alguno. Razón por la cual, la ilicitud de su procedencia permanecía en una zona de penumbra. Es decir, tal dato no era fácilmente cognoscible.
Que cualesquiera fuera la postura que se adopte en relación al tópico, la atribución de la Fiscalía a título de dolo directo, permite aseverar que, en el contexto que su defendido adquirió o receptó el vehículo en cuestión no podía conocer, en forma indubitable que reconocía su procedencia espuria.
Refiere que la a quo omitió toda consideración sobre el punto limitándose a sostener que encontraba "abastecido el aspecto subjetivo del tipo enrostrado" por la actitud asumida al dar con el móvil policial que le indicó detenerse, hallando las llaves del rodado en el bolsillo de su campera.
Indica que no existió acusación alternativa en relación a la posible figura culposa o imprudente (art. 277 inc. 2 del CP) y que el a quo no explicó, siquiera mínimamente cual es la interpretación "correcta" de la figura contemplada en el art. 277 inc. 1 apartado c) en función del inc. 2 del mismo artículo del CP por lo que no puede endilgársele la recepción o adquisición descuidada o negligente del vehículo automotor, sin que su asistido estuviera en condiciones de conocer el origen espurio del vehículo al no haberse insertado su pedido de captura.
A partir de allí refiere que la conducta de receptación o adquisición de un objeto proveniente de un delito se reputa atípica en la medida que la forma culposa no se halle expresamente contenida en la ley o bien, se considera que tal proceder resulta abarcado por la figura contemplada en el art. 277 inc. 2 del CP, inclinándose por esta última opción que no habilitaría al Juzgador a condenar a su defendido.
Reproduce lo resuelto en el precedente (“Sircovich”. CSJN, 31/10/2006, S. 1798.XXXIX) en cuanto el aspecto objetivo y el valorativo, son inseparables en una conducta típica y cualquier cambio significativo de uno de ellos arrastra al otro, distorsionando la naturaleza de la imputación
Ello por cuanto el tipo doloso y el culposo constituyen figuras secantes, de suerte tal que una no está incluida en la otra en su totalidad y por lo que el nocente debió haber sido previamente imputado por el fiscal en una acusación alternativa -art. 335 párr. 3 del CPP- (Maier, ibídem; Harfuch, ídem, p. 97/98).
En razón de lo expuesto, solicita se revoque la sentencia atacada y absuelva a su defendido en orden al hecho por el que fue intimado.
Sintetiza su reclamo, señalando con relación al planteo de nulidad incoado (art. 203 del CPP) que existió deficiente descripción del hecho por la Fiscalía, que le atribuyó a su representado figuras secantes: la de adquirir y la de receptar, en los términos del art. 277 inc. 1 apartado c) del CP, afectando la garantía de defensa en juicio (art. 18 CN).
No delimitó el campo de lo punible en lo que respecta al aspecto subjetivo de la formula contenida en el art. 277 inc. 1 apartado c) del CP en relación al inc. 2 del art 277 de ese cuerpo legal, lo que impide la realización del juicio de subsunción legal.
Por último, que con independencia del contenido normativo que cabría asignarle al tipo legal en cuestión (el art. 277 inc. 1 apartado c) del CP) la única hipótesis válida radica en la recepción o adquisición a titulo de dolo directo, pues según la fiscalía esos actos se llevaron a cabo a "sabiendas" sin que pueda sostenerse lo contrario sin afectar el principio de congruencia (art. 18, art. 18 CN, 8 de la CADH y 14 del PIDCP, art. 75 inc. 22 CN)
Pide la revocación de la sentencia, y la absolución de su asistido, haciendo reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
Hasta aquí los agravios.
Al momento de descartar la nulidad, la sra. juez a quo sostuvo " sobre el planteo acerca de que el requisito de claridad, precisión y singularidad no estuvo reunido" y que los verbos a los que se hizo referencia tienen exigencias típicas completamente diversas, pues una cosa es recibir y otra adquirir -acto en virtud del cual se transfiere la propiedad- con suficiente potencialidad para ello, explicó que la diferencia entre aquellos utilizados por el Fiscal, no afecta la garantía de defensa en juicio, toda vez que ambos han sido puestos en conocimiento del imputado y no se yuxtaponen.
En la adquisición el objeto se obtiene en carácter de propio, con la voluntad de ejercer un derecho real sobre el bien, mientras que la recepción importa varias conductas, como la de tomar, percibir, admitir, aceptar y guardar entre otras, con lo cual comprende la recepción.
Refirió que Donna indica que el legislador optó por esa fórmula para evitar las llamadas lagunas de punibilidad (Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal, parte especial T.III, Rubinzal -Culzoni Ed,, pag. 497/498, diferenciándose por la gratuidad o falta de precio en uno. Que al haberse quitado como elemento del tipo básico el ánimo de lucro, descartó que la finalidad de su receptación pudiera obstruir el ejercicio de la defensa en juicio.
Invocó lo resuelto por el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, Sala V, en fecha 14/04/16, en la causa Nº 73.046 en tanto "la demostración de un perjuicio resulta insoslayable para la declaración de nulidades que impliquen violación de normas constitucionales, pues aún cuando éstas deban ser declaradas de oficio y en cualquier estado del proceso, la ley exige que se fundamente el motivo del perjuicio efectivamente sufrido por las partes -art. 203 in fine del C.P.P.- ello en virtud de que la nulidad es siempre un medio para enmendar perjuicios efectivamente sufridos por las partes y no meros incumplimientos formales que, en principio, resultan subsanables.".
A partir de allí, y considerando que el fundamento del defensor carecía de arraigo para sustentar el planteo nulidicente, consistente en no haber sido descripta la conducta en forma clara y precisa, al no advertirse la afectación al derecho de defensa en juicio bajo la diferencia consistente entre adquirir y recibir (Arts. 202 y 203 del C.P.P., arts. 18 de la CN; 201 y 202 –ambos a contrario-, 206 del CPP).
En materia de nulidades, es doctrina de la Corte Nacional, que no es de aplicación la nulidad pretendida cuando no se encuentra dirigida a evitar la restricción de garantías esenciales de la defensa en juicio o de algún otro derecho (CS, Fallos 323:939), de lo que se colige que únicamente la legitima aquel vicio, defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando de manera cierta la garantía de defensa en juicio, pues por su esencia y finalidad "... la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dedo el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; [que] exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público" ( CS, "B., G. O.", B. 66. XXXIV, rta. 27 de junio de 2002).
En lo que importa, la sra. juez a quo, tuvo por demostrada la recepción y/o adquisición del vehículo, con anterioridad a sabiendas de su procedencia ilícita producto de un hecho precedente y especialmente grave de un vehículo sustraído anteriormente.
Si bien no fue materia de un requerimiento alternativo, en los distintos estadios procesales aludidos por el recurrente se le hizo conocer al incuso, ambos verbos típicos indistintamente y ambas conjunciones -acumulativa y alternativa-, en técnica procesal que si bien se aprecia como cuestionable, no impide concluir que obedezca a referencias concretas respecto de ambas requisitorias bajo parámetros aglutinados por
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