Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 39825
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia dictada con fecha 17 de julio de 2026 por la Dra. Lucrecia María Bustos, en su carácter de Jueza subrogante del Juzgado de Garantías N° 2 Dptal., en lo que respecta a la improcedencia de declarar reincidente a Roberto Ezequiel Sosa respecto de la condena anterior que le fuera impuesta el 14/04/2025, de dos (2) meses de prisión de ejecución condicional, por el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell (Dpto. Judicial Dolores), por los fundamentos que fueran expuestos precedentemente.
Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el Sr. Agente Fiscal, Dr. Daniel Vicente (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CP: 50 "a contrario", t.o. Ley 27.785; CPP: 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
Cámara de Apelación y Garantías
Sala III
C. 39.825 "SOSA, ROBERTO EZEQUIEL S/ ENCUBRIMIENTO".
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 39.825 caratulados "SOSA, Roberto Ezequiel s/ Encubrimiento (arts. 277 inc. 1°, ap."c" del Código Penal)" y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Alfredo José Deleonardis y Pablo Martín Poggetto (art. 440 CPP).
Con fecha 17 de julio de 2026, la Dra. Lucrecia María Bustos, en su carácter de Jueza subrogante del Juzgado de Garantías N° 2 de este Departamento Judicial, procedió -mediante trámite de juicio abreviado, pactado y ratificado por las partes- a dictar sentencia, condenando a ROBERTO EZEQUIEL SOSA, alias: "Beto", DNI 45.576.450, argentino, instruido, soltero, cuidacoches, nacido el 16 de marzo de 2004 en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, hijo de Eduardo Marcelo Sosa y de Rosa Romina Sotelo, a la pena de un (1) mes de prisión de cumplimiento efectivo, con más las costas del proceso, como autor penalmente responsable del delito de Encubrimiento (CP: 277 inc. 1°, ap. "c"), constatado en esta ciudad el 26 de junio de 2026. También se dispuso revocar la condicionalidad de la pena que le fuera impuesta a Sosa el 14/04/2025, de dos (2) meses de prisión, por el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell (Dpto. Judicial Dolores), en el marco de la IPP n° 03-04-1474-25, aplicándole en definitiva la pena única de tres (3) meses de prisión (CP:58). Rigen los arts. 5, 27, 29.3, 40/41 y 58 del CP; y arts. 371, 375, 531 y ccdtes. del CPP.
Dicha sentencia fue recurrida en apelación por el Sr. Agente Fiscal, Dr. Daniel Vicente, quien circunscribió sus motivos de agravio solo respecto a la decisión de la Jueza de no declarar reincidente a Sosa -como lo había solicitado expresamente el acusador- por compartir la magistrada los argumentos de la Defensora Oficial, Dra. Gabriela Peña para quien, en virtud de la actual redacción del art. 50 del Código Penal, reformado por Ley 27.785 (B.O. del 7-3-2025), se requeriría la existencia de dos sentencias condenatorias previas a la presente para que proceda la declaración de reincidencia.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez Alfredo José Deleonardis dijo:
- I -
En razón de no hallarse controvertido lo concerniente a la materialidad que se ha tenido por acreditada, como así tampoco la participación criminal del imputado en el hecho, ni lo relativo a eximentes, atenuantes, agravantes, calificación legal y penas individualizadas por este hecho y como pena única, estos puntos han quedado firmes en la instancia de origen, al no haber sido materia de recurso (art. 434 CPP y su doctrina).
Corresponde entonces expedirme sobre si Roberto Ezequiel Sosa debe ser declarado reincidente, respecto de la anterior pena que le fuera impuesta (dos meses de prisión, de ejecución condicional) en virtud de la actual redacción del art. 50 del Código Penal, reformado por Ley 27.785.
Entiendo que no, aunque por distintos motivos a los expresados por la Sra. Defensora y por la Sra. Jueza de la instancia.
En efecto, con relación a la cantidad de condenas previas que exige el nuevo texto legal para que una persona sea declarada reincidente, le asiste razón al Sr. Agente Fiscal en cuanto a que basta para ello con que el causante registre una sentencia condenatoria firme.
La postura de la Defensa, según la cual se requerirían para ello dos condenas previas a la presente se apoya en la confusa redacción otorgada al primer párrafo del art. 50 del Código Penal, que reza: "Se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada dos o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme".
Más allá de los reparos que merece la sintaxis empleada para expresar una definición conceptual recurriendo a una oración subordinada condicional, lo cierto es que se establece un requisito indispensable para que se cumpla lo expresado en la oración principal, siendo el mismo la firmeza "de la primera condena", lo que descarta la necesidad de contar con dos condenas firmes anteriores y también excluye la posibilidad que se aluda a una segunda condena anterior no firme, toda vez que es claro que la existencia de un proceso pendiente no proyecta incidencia alguna para el instituto en cuestión.
En resumidas cuentas, el nuevo artículo 50 del Código Penal califica como reincidente a quien alcanza su segunda condena, por lo que puede ser declarado como tal en el momento en que es dictada esta última (situación verificada en autos), a condición que la primera se encuentre firme y siempre y cuando no hayan transcurrido entre ambas los términos previstos en el último párrafo de dicho artículo.
Ello llevaría a concluir que Roberto Ezequiel Sosa debería ser declarado reincidente por registrar una sentencia condenatoria firme anterior al hecho por el que aquí ha sido juzgado y condenado y en razón de no haber transcurrido entre ambas condenas los términos previstos por el art. 50 "in fine" del CP.
Sin embargo, entiendo que el punto que obsta a la declaración de reincidencia en la presente causa radica en que la primera condena fue impuesta bajo la modalidad de "ejecución condicional" (CP:26).
En principio, la voluntad del legislador al reformar el art. 50 del Código Penal mediante la sanción de la Ley 27.785, cabe entenderla coincidente con la expuesta en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo (n° 18/2024), según el cual uno de los objetivos de la misma ha sido incorporar al régimen de la reincidencia a quienes hubieran recibido anteriormente una condena a pena de prisión de ejecución condicional, los que se hallaban excluídos en la redacción anterior, de acuerdo al texto de la Ley 23.057.
Ello no obstante, coincido con la doctrina que sostiene que una interpretación sistemática y razonable del artículo 50, a partir de su redacción literal, conduce a sostener que solo habrá reincidencia cuando la condena anterior haya impuesto pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento (ver: De La Fuente, Javier E.: "El nuevo régimen de reincidencia del art. 50 del Código Penal. Reflexiones sobre la reforma de la ley 27.785", Rubinzal Culzoni, RC D 375/2025).
Lo contrario implicaría desconocer que dicho artículo no ha sido reformado en su tercer párrafo, el que aún después de la ley 27.785 sigue refiriéndose a una primera pena "sufrida", denotando claramente que se trata de una pena de prisión de efectivo cumplimiento, ya que las penas de prisión de ejecución condicional no se cumplen (ni se sufren) en tanto el condenado no cometa un nuevo delito dentro de un plazo determinado (CP: 27) o no infrinja las reglas de conducta que le hubiesen sido impuestas (CP: 27 bis).
Para concluir de este modo, basta con remitirse a la propia razón de ser de la pena de ejecución condicional, esto es, la de tratarse de una alternativa superadora para evitar los efectos disvaliosos y distorsivos que provocan en el condenado las penas efectivas privativas de libertad de corta duración, pero también atendiendo a la muy clara redacción del artículo 26 del Código Penal que la establece en esos términos: "En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena...".
Por más que no haya margen para sostener que una pena de ejecución condicional se cumple efectivamente, en tanto y en cuanto, reitero, dicha condicionalidad no sea luego revocada por inconductas posteriores del condenado, si de cualquier modo se pretendiera hacer prevalecer la interpretación teleológica por sobre estas consideraciones literales y sistemáticas para incorporar las condenas de ejecución condicional al nuevo régimen de reincidencia, subsiste aún otro impedimento.
El ya aludido tercer párrafo del art. 50 CP, aún después de la ley 27.785, sigue estableciendo la misma regla temporal con relación a la primera condena a fin de determinar hasta qué momento puede ésta ser tomada en cuenta para declarar a una persona reincidente en el futuro, cuando expresa que ella no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia cuando, desde su cumplimiento, hubiere transcurrido un término igual a aquel por el que fuera impuesta, que nunca excederá de diez años ni será inferior a cinco.
El problema -expuesto con toda claridad por la Dra. Luján Díaz- radica en la imposibilidad de aplicar a las penas de ejecución condicional, sin una base legal clara y sin afectar al principio de legalidad, una regla de depuración construida sobre un acontecimiento que, mientras subsista la condicionalidad, nunca se producirá (ver: "Reincidencia y condena condicional tras la Ley 27.785, una reforma frente al principio de legalidad" y "La condena condicional frente al nuevo régimen de reincidencia, revisión de una postura anterior", en Diario Judicial del 6 y 27 de julio de 2026; http://www.diariojudicial.com).
Se comparte lo allí señalado en cuanto a que el principio de legalidad impide completar en perjuicio del condenado la regla temporal omitida. Por más que la voluntad del legislador haya sido incluir a las sentencia de ejecución condicional al régimen de la reincidencia, el nuevo texto omite toda referencia al tiempo por el cual esa sentencia puede ser tomada en cuenta para una posterior declaración de reincidencia.
Frente a ello, no puede recurrirse a la fecha de esa sentencia, al vencimiento del período de prueba o al cumplimiento de las reglas de conducta (CP: 27 y 27 bis), porque estos hitos cumplen otra función dentro del sistema, se prevén a distintos efectos, no transforman a una pena suspendida en una pena cumplida, concluyendo que no significan ni equivalen al "cumplimiento" al que alude el art. 50 CP, por lo que acudir a éstos significaría crear un punto de partida que la norma legal no estableció.
Entonces, no advierto que pueda ser tomada en cuenta una pena de ejecución condicional para declarar reincidente a una persona mientras el artículo 50 del Código Penal no establezca "hasta cuándo se computan las condenas condicionales y desde qué momento comienza ese plazo".
Estas consideraciones me llevan a concluir que el recurso del Fiscal contra la sentencia dictada, en cuanto pretende que Roberto Sosa sea declarado reincidente no debe prosperar, por no resultar aplicable a su respecto el nuevo art. 50 del Código Penal (t.o. Ley 27.785).
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia recurrida, en cuanto fuera materia de recurso (conf. art. 50 "a contrario" del C.P.).
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez Pablo Martín Poggetto dijo:
Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal resuelve: confirmar la sentencia dictada con fecha 17 de julio de 2026 por la Dra. Lucrecia María Bustos, en su carácter de Jueza subrogante del Juzgado de Garantías N° 2 Dptal., en lo que respecta a la improcedencia de declarar reincidente a Roberto Ezequiel Sosa respecto de la condena anterior que le fuera impuesta el 14/04/2025, de dos (2) meses de prisión de ejecución condicional, por el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell (Dpto. Judicial Dolores), por los fundamentos que fueran expuestos precedentemente.
Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el Sr. Agente Fiscal, Dr. Daniel Vicente (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CP: 50 "a contrario", t.o. Ley 27.785; CPP: 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2026 11:02:49 - DELEONARDIS Alfredo José - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2026 11:12:10 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2026 13:19:01 - DE LEON PRANDI Juan Manuel - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 25/08/2026 13:34:38 hs. bajo el número RS-20-2026 por DE LEON PRANDI JUAN MANUEL.
Fin de la sentencia