Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala II · Causa 40164
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación articulado por la defensa y revocar el auto atacado de fecha 05/10/2026, dictado por el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 Dptal., en cuanto estableció que la pena de un (1) año de prisión sustituido por el tratamiento destinado a superar su adicción a las drogas, impuesta respecto de A.E.K. operaría su vencimiento el día veinticuatro de marzo de dos mil veintiocho (24/03/2028), fecha en la cual debía un total de dos mil ciento veinticuatro (2124) horas de tratamiento; estableciéndose que la duración y modalidad del tratamiento dependerá de lo que determine el profesional interviniente, cuyo tratamiento para la deshabituación de las conductas adictivas se tendrá por cumplido con el alta o bien por el vencimiento del plazo establecido ; ello en cuanto fuera materia de apelación por parte de la Defensa particular (cfr. Ley 23.737, art. 16 y ss. y ccdtes.; CPPBA, arts. 421, 434, 435, 439, 498, 500 y ccdtes.).
C. 40164 . "K., A.E. s/ Encubrimiento (Hecho I) Tenencia Simple de estupefacientes (Hecho II) - IPP 08-00-050438-24".
En la ciudad de Mar del Plata.
La presente causa que lleva el n° 40.164 de registro de esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Deptal., caratulada "K., A.E. s/ Encubrimiento (Hecho I) Tenencia Simple de estupefacientes (Hecho II) - IPP 08-00-050438-24" , y de cuyas circunstancias,
1. Con fecha 05/10/2026, el titular del Juzgado de Ejecución Penal n° 1 Dptal., Dr. Ricardo G. Perdichizzi, resolvió aprobar el cómputo de pena practicado por el actuario, fijando el vencimiento de la pena de un (1) año de prisión sustituido por el tratamiento destinado a superar su adicción a las drogas, impuesta respecto de A.E.K. el día veinticuatro de marzo de dos mil veintiocho (24/03/2028), debiendo acreditar en esa fecha un total de dos mil ciento veinticuatro (2124) horas de tratamiento.
2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de apelación el abogado de confianza del causante, Dr. Osvaldo A. Verdi. Como motivos de agravio, la defensa formula cuatro cuestionamientos principales.
En primer orden, cuestiona una aplicación indebida del artículo 123 bis de la ley 12.256, al sostener que el tratamiento para superar una adicción no puede equipararse al trabajo comunitario no remunerado.
En segundo lugar, entiende que ha mediado una alteración de las condiciones de cumplimiento de la condena, al argumentar que el juez de ejecución incorporó una obligación cuantitativa que no surgiría de la sentencia condenatoria.
A su vez, refiere que media una ausencia de evaluación terapéutica individualizada. Cuestiona que se exija una cantidad predeterminada de horas sin considerar el plan de tratamiento indicado por los profesionales intervinientes.
Por su parte, sostiene que considera que existe una confusión entre duración del tratamiento y equivalencia horaria. Señala que las reglas que permiten computar el tratamiento a los efectos de la pena no autorizan automáticamente a convertir cada día de prisión en seis horas de terapia.
Concluye solicitando se revoque el auto puesto en crisis, en cuanto exige acreditar 2124 horas de tratamiento y fija el vencimiento del 24 de marzo de 2028 por aplicación del instituto de trabajos comunitarios, disponiendo el seguimiento conforme a la sentencia y al régimen pertinente del tratamiento curativo, mediante constancias e informes profesionales, sin aplicar la equivalencia horaria del art. 123 bis de la ley 12.256.
1. Ingresando en el análisis del recurso a la luz de los elementos incorporados a las presentes actuaciones, este Tribunal considera que el mismo debe prosperar, por los argumentos que pasamos a desarrollar.
En primer lugar, cabe destacar que con fecha 28/08/2026, el Juzgado en lo Correccional n° 4 Dptal., en causa n° 14476 (IPP 50438-24), hizo lugar al acuerdo alcanzado por las partes, imprimió a los presentes actuados el trámite de juicio abreviado y condenó a A.E.K. a la pena de un (1) año de prisión de efectivo cumplimiento , con más costas del proceso, en orden a los delitos de encubrimiento y tenencia simple de estupefacientes (CP, art. 277, inc. 1, apartado "a"; Ley 23.737, art. 14, primera parte) y sustituir la mencionada pena impuesta al nombrado por tratamiento destinado a superar su adicción a las drogas , que deberá iniciar en el establecimiento que informe la Defensa en el término de cinco (5) días de notificada (Ley 23.737, arts. 16 y ss.; Ley 12.256, art. 122).
A su vez, con fecha 23/09/2026, el órgano de juicio aprobó el cómputo de pena practicado por la actuaria, en el que se indició que el penado permaneció seis (6) días bajo encierro cautelar en este proceso que debían descontarse de al pena impuesta, determinándose que el causante deberá cumplir once (11) meses y veinticuatro (24) días de prisión, sustituidos por la realización de tratamiento para superar adicciones ; y estableció que dicho término debe computarse a partir de la acreditación por parte del causante de que ha realizado la entrevista inicial .
Ahora bien, se advierte que el órgano sentenciante dispuso sustituir la pena privativa de la libertad por la realización de un tratamiento destinado a superar su adicción a las drogas, con fundamento en los artículos 16 y siguientes de la ley 23.737 y 122 de la ley 12.256.
Importa destacar que, conforme surge de los fundamentos del pronunciamiento, la modalidad de cumplimiento del tratamiento debía establecerse de acuerdo con las necesidades concretas de la intervención terapéutica.
La aludida sentencia condenatoria firme, no estableció una cantidad predeterminada de horas de tratamiento ni sujetó su cumplimiento a una equivalencia entre horas de asistencia terapéutica y días de prisión.
Sin embargo, al aprobar el cómputo cuestionado, el magistrado de ejecución aplicó el mecanismo contemplado en el artículo 123 bis de la ley 12.256 y estableció que el condenado debía acreditar un total de dos mil ciento veinticuatro (2124) horas de tratamiento, dentro del plazo máximo de dieciocho (18) meses, fijando su vencimiento para el día 24 de marzo de 2028. Aquí cabe señalar que -incluso- el juez de ejecución ha tomado como fecha de inicio aquella en la cual el penado resultó notificado de las reglas comportamentales establecidas bajo el contralor del Patronato de Liberados -25/09/2026-, y no a partir de la acreditación por parte del causante de que ha realizado la entrevista inicial, como ordenaba la sentencia condenatoria
En efecto, el artículo 123 bis de la ley 12.256 contempla una modalidad específica de ejecución de la pena que permite, bajo determinados presupuestos, sustituir la prisión discontinua o la semidetención por la realización de trabajos para la comunidad no remunerados.
Es exclusivamente en ese marco que el legislador estableció una equivalencia de seis (6) horas de trabajo comunitario por cada día de prisión, así como un plazo máximo de dieciocho (18) meses para su cumplimiento. Así, la norma delimita expresamente su ámbito de aplicación a los supuestos contemplados en los incisos b) y e) del artículo 117 de la misma ley.
De ello se sigue que la equivalencia horaria allí prevista no constituye una regla general aplicable a cualquier modalidad alternativa de ejecución penal, sino un mecanismo de conversión destinado a un instituto determinado, cuyos presupuestos y finalidad difieren sustancialmente del tratamiento curativo dispuesto en el presente caso.
Por consiguiente, no resulta jurídicamente admisible trasladar aquella pauta cuantitativa al tratamiento de rehabilitación por adicciones, sin una disposición legal que autorice tal equiparación.
En esa dirección, corresponde recordar que el artículo 16 de la ley 23.737 contempla una medida de seguridad curativa orientada a la desintoxicación y rehabilitación de las personas que presentan dependencia física o psíquica de estupefacientes.
A su vez, el artículo 19 de la mencionada normativa establece que el tratamiento debe ser dirigido por un equipo de profesionales y que puede desarrollarse de manera ambulatoria, mediante internación o bajo modalidades alternativas, según las particularidades de cada situación.
La misma disposición prevé que, cuando el tratamiento se aplique a una persona condenada, su tiempo de duración será computado para el cumplimiento de la pena.
Sin embargo, dicha previsión no autoriza a transformar automáticamente los días de prisión en una determinada cantidad de horas de asistencia terapéutica, menos aún mediante la aplicación de una fórmula legislativamente establecida para un supuesto diferente.
Antes bien, el régimen legal exige que la modalidad, intensidad y continuidad del tratamiento respondan a criterios técnicos vinculados con las necesidades específicas de rehabilitación.
De allí que el control jurisdiccional deba orientarse a verificar el efectivo sometimiento del condenado a la medida impuesta, la observancia de las indicaciones profesionales y la evolución del tratamiento, sin desconocer las características propias de la intervención terapéutica.
En tales condiciones, la imposición de una cantidad rígida y predeterminada de horas, establecida mediante una equivalencia legal ajena al instituto aplicado, importa incorporar una exigencia que no surge de la sentencia condenatoria ni encuentra sustento en las disposiciones invocadas.
La cuestión adquiere particular relevancia si se considera que la modalidad de ejecución de la pena fue expresamente contemplada en el acuerdo de juicio abreviado homologado mediante sentencia firme.
Por otra parte, tampoco puede mantenerse, con los fundamentos invocados en la resolución recurrida, la fecha de vencimiento fijada para el 24 de marzo de 2028, desde que aquella determinación aparece vinculada al plazo máximo de dieciocho (18) meses previsto en el artículo 123 bis de la ley 12.256.
A ello se añade que, conforme surge de las actuaciones, se había establecido que el cómputo del tratamiento debía comenzar a partir de la acreditación de la entrevista inicial, circunstancia que exige una determinación específica de la fecha en que efectivamente tuvo inicio la intervención terapéutica. En este punto, surge de las constancias de la causa que el penado tenía programado un turno con SEDRONAR para el día 6 de noviembre del corriente año.
En consecuencia, corresponde disponer que se practique una nueva determinación fundada, respetando los términos de la sentencia condenatoria, el tiempo de detención ya reconocido y las disposiciones legales aplicables al tratamiento curativo ordenado.
Para ello, deberán recabarse, en caso de resultar necesario, las constancias del establecimiento interviniente y los informes profesionales que permitan establecer la fecha de inicio, modalidad, frecuencia, continuidad y evolución del tratamiento.
Tal solución importa asegurar que su ejecución se desarrolle conforme a los parámetros jurídicos y terapéuticos que resultan aplicables.
En definitiva, entendemos que la decisión impugnada ha efectuado una aplicación improcedente del artículo 123 bis de la ley 12.256, al extender su mecanismo de conversión horaria a una medida de naturaleza diferente, razón por la cual corresponde hacer lugar al recurso de apelación articulado por la defensa y revocar el auto atacado de fecha 05/10/2026, dictado por el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 Dptal., en cuanto estableció que la pena de un (1) año de prisión sustituido por el tratamiento destinado a superar su adicción a las drogas, impuesta respecto de A.E.K. operaría su vencimiento el día veinticuatro de marzo de dos mil veintiocho (24/03/2028), fecha en la cual debía un total de dos mil ciento veinticuatro (2124) horas de tratamiento; estableciéndose que la duración y modalidad del tratamiento dependerá de lo que determine el profesional interviniente, cuyo tratamiento para la deshabituación de las conductas adictivas se tendrá por cumplido con el alta o bien por el vencimiento del plazo establecido.
2. Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Tribunal ,
RESUELVE : Hacer lugar al recurso de apelación articulado por la defensa y REVOCAR el auto atacado de fecha 05/10/2026, dictado por el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 Dptal., en cuanto estableció que la pena de un (1) año de prisión sustituido por el tratamiento destinado a superar su adicción a las drogas, impuesta respecto de A.E.K. operaría su vencimiento el día veinticuatro de marzo de dos mil veintiocho (24/03/2028), fecha en la cual debía un total de dos mil ciento veinticuatro (2124) horas de tratamiento; estableciéndose que la duración y modalidad del tratamiento dependerá de lo que determine el profesional interviniente, cuyo tratamiento para la deshabituación de las conductas adictivas se tendrá por cumplido con el alta o bien por el vencimiento del plazo establecido ; ello en cuanto fuera materia de apelación por parte de la Defensa particular (cfr. Ley 23.737, art. 16 y ss. y ccdtes.; CPPBA, arts. 421, 434, 435, 439, 498, 500 y ccdtes.).
Regístrese, notifíquese electrónicamente (SCJBA, Ac. 3975/20) al penado, al Defensor particular (Dr. Osvaldo A. Verdi) y a la Fiscalía General. Radíquese electrónicamene en el organismo jurisdiccional de origen.
Firmas
Funcionario firmante: LODOLA Juan Pablo - JUEZ
Funcionario firmante: ANGULO Adrian - JUEZ
Funcionario firmante: MADINA Marcelo Augusto - JUEZ
Funcionario firmante: ROBLES Agustín - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 715-2026
Fin de la sentencia