Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120801
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 7 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Negri , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.801, "Dagnone, Carlos contra Gas Areco S.A.C.I. y otro/a. Enfermedad accidente".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 399/411).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 424/429 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, acogió la pretensión deducida por el señor Carlos Dagnone contra Gas Areco S.A.C.I. mediante la cual procuraba la reparación de los daños y perjuicios derivados de la incapacidad resultante de las dolencias padecidas como consecuencia de las tareas desarrolladas bajo la dependencia de la demandada (v. fs. 399/411).
Juzgó acreditado que el accionante padece discopatías e hipoacusia bilateral, dolencias que lo incapacitan en un 35,2% del índice de la total obrera, las que juzgó causalmente vinculadas con las tareas y condiciones laborales en que desempeñaba sus funciones.
Luego, tras considerar configurados los presupuestos de responsabilidad civil del empleador, señaló que, en el marco del derecho común, la indemnización del daño causado por el hecho ilícito debe respetar el principio de reparación plena e integral que comprende el daño emergente, el lucro cesante y los perjuicios extrapatrimoniales. Agregó que, para llegar a un resultado justo, debe ponderarse en tales casos la disminución de la capacidad de ganancia del damnificado como también la posibilidad de su inserción futura dentro del mercado laboral y las circunstancias especiales de la víctima (v. fs. 405 vta.).
Entonces, indicó que, considerando la edad de la víctima a la época de toma de conocimiento de su incapacidad -cincuenta y cuatro años- y su ingreso anual de $118.492,29; la reparación debía consistir en una suma que puesta a un interés del 6% anual, se amortizara durante el período estimado de vida útil potencial que estableció en la edad de sesenta y cinco años. Por lo tanto, utilizó una ecuación: $41.709,28 (35,2% de su retribución anual) x (1-0,473213) x 16,666 (6% de interés) que dio como resultado la cifra de $328.943, a la que adicionó los importes que indicó en concepto de daño moral, merma en su integridad psicofísica y pérdida de chance.
Destacó que, en el caso, se encontraba verificada la insuficiencia de las prestaciones de la ley especial ante el daño acreditado por la ley civil y condenó al demandado a abonarle al actor la suma que especificó en concepto de indemnización integral por daños y perjuicios (v. fs. 406 y vta.).
Finalmente, sobre dicho monto dispuso aplicar intereses calculados según la tasa pasiva plazo fijo digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 407 y vta.).
II. Contra este pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 424/429).
II.1. Controvierte la cuantificación de la reparación integral efectuada en la sentencia.
Objeta, por un lado, que el juzgador hubiera tomado como pauta de vida útil la edad de sesenta y cinco años toda vez que denuncia que, conforme lo establecido en el decreto 1.805/73, resolución 716/05 y convenio colectivo de trabajo 592/10, los choferes de gas licuado y petróleo tienen derecho a la jubilación a los cincuenta y cinco años de edad.
Asimismo, alega que la reparación por daño material de acuerdo a la fórmula aplicada en la sentencia es desproporcionada y excesiva pues, a su juicio, el actor no ha perdido capacidad de ganancia -contrariamente a lo sostenido por el tribunal de grado- desde que -afirma- tiene derecho al beneficio previsional y, además, porque, conforme surge de las constancias de la causa, continuó trabajando para la demandada y percibiendo su salario.
II.2. A continuación, impugna el monto de los intereses fijados por el sentenciante de grado (v. fs. 428 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. El cuestionamiento en torno a la cuantificación del monto indemnizatorio no merece favorable recepción.
III.1.a. Es doctrina de este Tribunal que la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común constituye una cuestión privativa de los jueces de grado ajena -en principio- al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y violación de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 117.850, "Arguello", sent. de 10-VI-2015; L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016 y L. 119.580, "Mendieta", sent. de 2-III-2017).
Bajo tales lineamientos, también ha señalado esta Corte que es facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideren adecuadas para establecer el monto de la indemnización por un infortunio de trabajo cuya reparación se reclamó por vía del derecho común y que -en tal supuesto- la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016; L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016 y L. 117.653, "G., M. S.", sent. de 14-II-2018).
III.1.b. Partiendo de dichas directrices, la insuficiencia técnica del recurso aparece notoria, desde que el interesado no ha evidenciado que, en el pronunciamiento, se hubiera incurrido en absurdo (más allá de que, en el caso, tal vicio se hubiera invocado específicamente por el recurrente). La línea argumentativa desarrollada se reduce a discutir si el actor estaba o no en condiciones de jubilarse al momento del peritaje, o si continúa prestando servicios para la demandada, datos a todas luces inconducentes para volcar el decisorio, ya que revelan una evidente falta de contradicción de las razones en que los jueces fundaron su resolución.
En tal sentido, basta para desestimar la impugnación deducida, señalar que el interesado no aporta ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 105.816, "C., A.", sent. de 8-VIII-2012; L. 110.785, "Dinapoli", sent. de 14-VIII-2013 y L. 116.941, "G., P.A.", sent. de 15-VII-2015).
En efecto, los argumentos desplegados en torno a la edad que, para la obtención de la jubilación, se establece en la normativa que entiende aplicable al caso, como aquellos vinculados a que el trabajador no ha sufrido pérdida de ganancia -invocando a esos fines, indistintamente, que de haberse jubilado gozaría del beneficio previsional o bien que continuó trabajando, como en el caso, y por lo tanto, percibiendo su salario-, no exteriorizan más que la disconformidad del recurrente con las conclusiones del sentenciante, oponiendo a las pautas implementadas por el tribunal otras que considera más convenientes a sus intereses.
III.2. No corre mejor suerte el planteo concerniente al cálculo de los intereses aplicados sobre el monto de condena (v. rec., fs. 428 vta.).
Ello así porque la simple oposición que manifiesta el quejoso con relación al monto reconocido en el pronunciamiento en concepto de intereses y la sucinta manifestación exhibida (que parece sugerir la imputación de un eventual error en su liquidación -sin denunciar siquiera que la definición en crisis pudiera resultar fruto del absurdo-) se presenta marcadamente insuficiente para juzgar cumplidos los recaudos exigidos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Huelga recordar que una de las características específicas de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito en casación (causas L. 105.814, "Monte", sent. de 5-IX-2012; L. 115.885, "Ríos", sent. de 26-VI-2013 y L. 116.941, cit.).
III.3. Finalmente, en razón de lo expresado a fs. 428 vta. respecto de la prueba pericial contable, cabe recordar que resulta inadmisible la petición de producir prueba en sede extraordinaria, ya que su ofrecimiento se encuentra expresamente prohibido por el art. 284 apartado 2 del Código Procesal Civil y Comercial; ello, toda vez que el ejercicio de la potestad de revisión por parte del Superior Tribunal provincial no puede exceder los límites del ámbito del recurso de inaplicabilidad de ley, que no otorga acceso a una nueva instancia ordinaria con posibilidad de reexaminar los hechos (causas L. 93.114, "Torres", sent. de 21-IX-2011 y L. 112.084, "Garachena", sent. de 5-VI-2013).
IV. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia