Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121899
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
ALARCON RICARDO ADRIAN C/ PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A. S/ENFERMEDAD ACCIDENTE.
La Plata, 20 de marzo de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, de Lázzari y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó en todos sus términos la demanda instaurada por Ricardo Adrián Alarcón contra Prevención ART S.A., mediante la cual procuraba el cobro de las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos de Trabajo (v. fs. 223/232).
Para así decidir, en lo esencial, juzgó que el actor no había podido acreditar la existencia del accidente denunciado en el escrito de inicio, así como tampoco la incapacidad física que adujo padecer.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 244/248 vta.), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine a fs. 250 y vta.
En su presentación el recurrente cita las normas y la doctrina que considera violadas, a cuyo fin denuncia que el juzgador incurrió en absurdo al apreciar la pericia médica y las declaraciones testimoniales.
III. El recurso debe desestimarse, pues no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 250 y vta.), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
III.2. Ello así, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 115.015, "Acevedo", resol. de 10-VII-2013; L. 118.307, "Flores", resol. de 26-III-2015; L. 118.654, "Ministerio de Trabajo", resol. de 3-VI-2015; L. 118.996, "Cabaña", resol. de 28-X-2015 y L. 120.507, "Mereles", resol. de 7-VI-2017).
III.3. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, relativas a la valoración de los hechos y las pruebas, tales como la determinación de la existencia del accidente y la incapacidad denunciados, y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 97.242, "Mesías", sent. de 9-XII-2009; L. 111.316, "Acosta", resol. de 12-X-2011; L. 117.762, "Elormendi", resol. de 5-III-2014; L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017 y L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017).
III.4. Para más, y para mayor satisfacción del recurrente, tampoco habilita la revisión en el presente carril excepcional la doctrina que emerge de los precedentes invocados a fs. 247 vta., en tanto ha sostenido esta Corte que resultan ajenas al marco del citado art. 55 de la ley 11.653 las cuestiones relacionadas con la alteración del onus probandi (causas L. 105.058, "Ferreyra", sent. de 30-XI-2011 y L. 118.415, "Leguizamón", resol. de 11-III-2015).
III.5. Finalmente, corresponde señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 118.026, "González", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015 y L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015).
El señor juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a los fundamentos expuestos por los distinguidos colegas, a excepción de lo señalado en el apartado III.4, en razón de considerar suficiente lo demás argumentado para fundar la solución que se eleva a este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia