Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122597
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que los planteos analizados en los apdos. IV.1., IV.2. y IV.3. han sido insuficientemente fundados, y el abordado en el punto IV.4. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
VARGAS ARQUIMIDES RICARDO GUSTAVO C/ GAS SPEGAZZINI S.R.L. Y OTROS S/ENFERMEDAD ACCIDENTE.
La Plata, 19 de junio de 2019.
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda incoada por Arquímedes Ricardo Gustavo Vargas y condenó, solidariamente, a Gas Spegazzini S.R.L. y a Asociart ART S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de reparación integral por daños y perjuicios, con sustento en el derecho común (v. fs. 396/412 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor padece una incapacidad laboral parcial y permanente del 29,4% del índice de la total obrera en relación causal con las tareas prestadas para la empleadora. En ese sentido, juzgó que las labores desarrolladas por el trabajador implicaban esfuerzo y debían considerarse riesgosas.
Asimismo, concluyó que la aseguradora era responsable en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil, por la omisión de cumplimiento de las obligaciones que le imponen los arts. 4 y 31 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
II. Contra dicha decisión, Asociart ART S.A. dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 9-X-2018), siendo concedido por el a quo solamente el mencionado en último término (v. fs. 430/431).
III. En el único remedio que corresponde abordar en esta sede, la impugnante denuncia absurdo y arbitrariedad, e indica las normas y la doctrina que considera violadas.
III.1. En primer lugar, se agravia de que el tribunal de trabajo no tuviera en cuenta que su obligación como aseguradora de riesgos del trabajo se encuentra limitada únicamente al otorgamiento de las prestaciones establecidas en la ley 24.557, y que el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene se encuentra a cargo del empleador.
Asimismo, alega que de la pericia técnica surge que siempre cumplió con las obligaciones que le impone la ley 24.557 y su reglamentación.
III.2. Luego, puntualiza que no surge acreditado de la causa cuál sería la tarea que la aseguradora omitió realizar, y que hubiera evitado la dolencia del accionante, manifestando que resulta absurda la valoración efectuada en el pronunciamiento tanto respecto de las pericias -técnica, médica y psicológica- como de la única declaración testimonial.
También denuncia que el juzgador de origen invirtió la carga de la prueba, por cuanto era el trabajador quien debía demostrar el incumplimiento que le imputaba a la aseguradora.
III.3. Por otro lado, objeta el monto de la condena, en tanto entiende que se le impone el pago de dos indemnizaciones, resultando -por ende- exorbitante y desproporcionado. Aduce que fue fijado sin fundamento jurídico ni jurisprudencial, y que no especifica cómo fue calculado.
III.4. Se agravia -asimismo- del porcentaje de incapacidad fijado, por cuanto no se utiliza el baremo de ley para calcular la incapacidad que le genera al accionante una afección netamente inculpable, y sin valorar sus antecedentes médicos.
III.5. Finalmente, denuncia vulnerada la doctrina de esta Corte respecto a la tasa de interés aplicada por el a quo .
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En primer lugar, y alterando -por cuestiones metodológicas- el orden de tratamiento de los agravios traídos, resulta insuficiente el embate dirigido a controvertir el porcentaje de incapacidad fijado en el pronunciamiento de origen, así como el relativo al carácter inculpable de la dolencia que afecta al trabajador.
IV.1.a. Al respecto, cabe recordar que esta Corte ha señalado que dichas cuestiones, como la apreciación del material probatorio, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de origen, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 116.862, "Rojas", sent. de 5-III-2014; L. 107.471, "López", sent. de 30-XI-2014 y L. 118.413, "López", resol. de 20-V-2015).
En el caso, si bien la recurrente denuncia el mentado vicio, sus alegaciones no son hábiles para comprobarlo, pues sólo exteriorizan una mera discrepancia con el pronunciamiento de origen en torno a la definición fáctica censurada, apoyándose en un nuevo análisis del material probatorio obrante en la causa según su personal criterio valorativo, método que reiteradamente esta Corte ha considerado ineficaz a dichos fines (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010 y L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016).
IV.1.b. Es del caso recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte (causas L. 102.928, "Mansilla", sent. de 21-XII-2011; L. 105.461, "Bertón", sent. de 22-VIII-2012; L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014 y L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016).
IV.1.c. Recuérdese que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico en el razonamiento del juzgador o de una grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 114.168, "Sánchez", resol. de 18-V-2011; L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011 y L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014), lo que -a tenor de lo dicho- no se verifica en la especie.
IV.2. Igualmente insuficiente es el reproche vinculado a la adjudicación de responsabilidad en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil.
IV.2.a. Liminarmente, cabe destacar que no le asiste razón a la compareciente en cuanto sostiene que no se la puede responsabilizar civilmente por hallarse su obligación limitada únicamente a las prescripciones de la citada ley 24.557.
Al respecto, resulta oportuno destacar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sent. de 25-XI-2009, en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011; L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011 y L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014, en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios", sent. de 31-III-2009 y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil", sent. de 26-III-2013.
Asimismo, cabe recordarle a la recurrente que a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujeto pasivo de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquéllas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015 y L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017).
IV.2.b. Sentado ello, reiteradamente esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, y si media o no relación causal entre tales inobservancias y el daño comprobado, son cuestiones privativas de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013 y L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015), anomalía que no ha sido evidenciada por la recurrente.
En ese sentido, cabe señalar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia del vicio de absurdo en la labor axiológica de los jueces de grado cuando se pretende la apertura de la instancia extraordinaria a la revisión de cuestiones fácticas y probatorias (causas L. 107.425, "Agüero", sent. de 6-VI-2012 y L. 106.464, "Núñez", sent. de 24-X-2012).
IV.2.c. Sin perjuicio de la insuficiencia apuntada, la argumentación de la recurrente exhibe, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin explicar de qué modo el a quo habría incurrido en las infracciones legales que se pretenden configuradas, toda vez que en la formulación del agravio la interesada se limita a enunciar en forma genérica errores interpretativos, soslayando hacer una crítica concreta, directa y precisa de la estructura esencial de la decisión (art. 279 y su doctrina, CPCC).
IV.2.d. Tampoco resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, ya que cabe recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado -como se dijo- no logra acreditar (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016).
IV.2.e. En definitiva, la compareciente incumple con la inexcusable carga de demostrar el vicio denunciado, único y excepcional supuesto en el cual correspondería a esta Corte abordar la revisión de lo decidido en la instancia ordinaria, pues sólo se limita a plantear en forma subjetiva su objeción a la decisión de grado, lo que demuestra la manifiesta orfandad argumental de la impugnación.
IV.3. También debe ser desestimado el agravio por el que se objeta el monto de condena.
Sabido es, que determinar el quantum indemnizatorio, en tanto constituye el análisis de cuestiones de hecho y de la apreciación del material probatorio, resulta una atribución privativa de los jueces de grado y exenta de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 117.241, "Sandes", sent. de 5-III-2014; L. 118.134, "Vaccarezza", resol. de 20-XI-2014 y L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016), el cual, como se dijo, no logra demostrarse.
Desde esa óptica, se advierte que el embate introducido por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no contiene un desarrollo argumental idóneo para demostrar el yerro valorativo que se le atribuye al juzgador, soslayando formular una réplica eficaz de las motivaciones esenciales esgrimidas respecto del tópico (art. 279, CPCC).
IV.4. Finalmente, tampoco puede prosperar la crítica por la que se cuestiona la tasa de interés pasiva, en su variante denominada "digital", aplicada por el tribunal de grado al capital de condena.
Al respecto, corresponde destacar que en la causa L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016, esta Suprema Corte -por mayoría-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016 y L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016.
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
V. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso, y mantener el pronunciamiento de grado en lo que fue motivo de agravio. Con costas (art. 289 CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas ponentes, y en relación al agravio tratado en el punto IV.4. remito -en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente", sents. de 31-X-2016 -entre otras-, pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
El señor Juez doctor de Genoud dijo:
Adhiero a lo manifestado por el doctor Soria y la doctora Kogan, y, en cuanto a la impugnación dirigida a objetar la tasa de interés, remito a las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducidas merced a razones de economía y celeridad procesal.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que los planteos analizados en los apdos. IV.1., IV.2. y IV.3. han sido insuficientemente fundados, y el abordado en el punto IV.4. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia