Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121989
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas de esta instancia a la vencida (art 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.989, "Mosiejchuk, Ana Rosa contra Dirección General de Cultura y Educación. Enfermedad Accidente".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 345/351).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 383/392).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Ana Rosa Mosiejchuk y condenó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, al pago de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 (art. 14) por el accidente in itinere sufrido y a la reparación integral de los daños y perjuicios derivados de la enfermedad profesional que padece e impuso las costas a la demandada (v. fs. 225/258). En ese orden, reguló los honorarios de los letrados -con fundamento en el decreto ley 8.904/77- y de los demás profesionales que actuaron en el proceso (v. fs. 261 y vta.).
Luego, ante la impugnación formulada por la accionada alegando que la regulación de honorarios supera el tope establecido por la ley 24.432 (v. fs. 270/271 vta.), y conferido el traslado a la parte actora -quien la contestó a fs. 276- y peritos intervinientes, el tribunal se abocó a resolver la cuestión. En lo sustancial declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad y por ello la inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432. Juzgando que tales normas, al modificar los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo limitando la responsabilidad por el pago de las costas, contradicen los arts. 14, 14 bis, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (v. fs. 345/351).
II. Contra este pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 505 del Código Civil; 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 383/392).
Señala que el importe total de las costas a su cargo supera ampliamente el límite del 25% que establecen los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil.
Sobre esa premisa, alega que el tribunal de grado, al rechazar la impugnación formulada a la regulación de los honorarios y declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, ha vulnerado la doctrina legal que esta Corte estableció en los precedentes L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005); L. 117.427, "Caraballo" (sent. de 20-V-2015) y L. 118.223, "Cáceres" (sent. de 26-X-2016).
Añade que, asimismo, se ha apartado del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Villalba" (sent. de 27-V-2009); "Palacio" (sent. de 24-III-2013) y "Arriete" (sent. de 6-III-2014).
Destaca también que los preceptos objetados por el sentenciante, concernientes al límite de la responsabilidad por el pago de las costas, se han mantenido vigentes en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. De manera liminar, se impone destacar que habiéndose concedido en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la mencionada ley, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
Empero, no puede soslayarse que en la causa L. 119.955, "Duarte" (sent. de 14-VIII-2019), análoga a la presente, este Tribunal sostuvo que los agravios que contenía el recurso, destinados a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el a quo, involucra el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, se recordó allí que esta Corte sostuvo que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, el recurso bajo examen habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Ingresando a analizar la resolución recurrida, resulta pertinente precisar que los argumentos que esgrimió el tribunal de grado para declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 y juzgarlos además violatorios de diversos instrumentos internacionales, no tuvieron conexión con aquel cuestionamiento fundado en una supuesta alteración de la autonomía de las provincias por parte del legislador nacional (arts. 75 inc. 12 y 121, Const. nac.), tema -por cierto- resuelto por este Tribunal en reiteradas oportunidades (causas L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008 y L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012). Apartado de ello, y así expresamente lo indicó (v. fs. 347 y vta.), el tribunal de trabajo, diseñando un escenario con diferentes hipótesis, señaló que si por la aplicación de las normas impugnadas se sostuviera que el responsable por el pago de la diferencia de honorarios del letrado o de los peritos fuese el trabajador en su calidad de beneficiario de la labor, éste vería afectado su derecho de propiedad pese a su carácter de "vencedor", vulnerándose también el principio protectorio. Continuó diciendo que si por el contrario, se interpretara que el actor no es responsable, ni tampoco lo es el demandado, no quedaría otra posibilidad que estimar que aquella diferencia habría de ser soportada por el propio abogado vencedor y los auxiliares de la justicia, con la lógica mengua patrimonial que ello implicaría, lo cual también atentaría contra las normas constitucionales e internacionales que tutelan al trabajo (v. fs. 345/351).
Ceñido a estas motivaciones, y reiterando lo expuesto en oportunidad de emitir mi opinión en la citada causa L. 119.955, he de adelantar que las directrices que emanan de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que -invocadas por el recurrente- habré de seguir por razones de economía procesal, conducen a revocar el pronunciamiento.
Liminarmente, cabe recordar que en la causa A.151.XXXVII "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9688" (sent. de 5-V-2009) el Alto Tribunal dijo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución, atento a la finalidad tenida en miras por el legislador "...se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad..." (cons. 12°).
Concretamente, en el precedente V.1418.XXXVIII "Villalba, Matías Valentín c/ Pimentel, José y otros s/ accidente-ley 9688", (sent. de 27-V-2009), afirmó que en tanto la citada norma sólo limita la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados mas no respecto de la cuantificación de éstos "...no cabe vedarle al beneficiario de la regulación la posibilidad de reclamarle a su patrocinado el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la ley...", pues lo contrario significaría establecer una obligación sin sujeto pasivo alguno (cons. 6°). También sostuvo -y ello resulta trascendental en la especie- que la posibilidad de que los profesionales ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de honorarios que pudiese arrojar el prorrateo legal, no resulta violatoria del principio protectorio del trabajador ni el derecho de propiedad reconocidos en la Constitución nacional, toda vez que la naturaleza alimentaria del crédito del trabajador "...no empece a que éste deba contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio que decidió promover para el reconocimiento de su derecho..." (cons. 7).
Tales lineamientos, reiterados por la Corte federal en las causas P.752.XLVI "Palacio, Yanina Fernanda c/ Talyden S.A. y otro s/ accidente - acción civil" (sent. de 19-XI-2013); A.579.XLVII y otros, "Arriete, Julio Néstor c/ A.A. Aerolíneas Argentinas S.A. y otro s/ despido" (sent. de 6-III-2014) y CNT 13.512/2008/2/RHI, "Galván, Ornar Leónidas c/ Cayter Cielorrasos S.R.L. y otro s/ accidente - acción civil" (sent. de 5-IX-2017), y que entiendo aplicables no sólo en lo referido a los estipendios de los letrados sino también a los de los peritos actuantes, evidencian que debiéndose situar el análisis de la disposición legal referida en el primer supuesto plasmado en la resolución impugnada, los argumentos brindados en dicho marco por el tribunal de grado colisionan con el criterio adoptado por la Corte nacional.
III.3. En el caso, surge evidente del cotejo de la liquidación y de la regulación de honorarios que el tribunal de grado rebasó la limitación porcentual contemplada en la ley 24.432 y receptada en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
Corresponde entonces que -una vez devueltos los autos- el tribunal adecue su resolución a lo dispuesto en la citada norma efectuando el prorrateo pertinente, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de condena (causa L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. de la presente. Los autos deberán ser devueltos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto. Con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Soria.
Considero que le asiste razón a la parte agraviada cuando denuncia que el órgano judicial de grado transgredió la doctrina legal elaborada en torno a los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil (según ley 24.432).
La limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en las citadas normas legales ha sido considerada constitucional y aplicable en el ámbito provincial por esta Suprema Corte, en reiterados pronunciamientos emitidos por mayoría (así, causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002, citada por la recurrente; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013; L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015; L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017; e.o.). Además, como bien destaca la impugnante, fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del nuevo ordenamiento de fondo.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el ponente en el punto III.1. de su voto.
I.2.a. Sentado ello, y compartiendo la aclaración agudamente apuntada por mi distinguido colega en el primer párrafo del punto III.2. de su opinión, con relación al tratamiento dado al agravio por el que se cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432 (arts. 1 y 8) y el límite impuesto por dicha norma en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil -art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación- a la responsabilidad en el pago de las costas, lo haré conforme los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendía Rolón", sentencia de 18-VIII-2010, a la que remito.
Lo expresado en dicha causa, entre otras, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (Fallos: 332:921) y "Villalba" (Fallos: 332:1276), ratificados en recientes fallos dictados por el Alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido"; "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido", sentencias de 6-VIII-2015 y en "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A. y otro s/ accidente - acción civil", sentencia de 15-X-2015.
I.2.b. Me permito agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la primera de las causas citadas se expidió sobre el tema, revocando un pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VI) que declaraba la inconstitucionalidad del art. 8 de la ley 24.432. Juzgó, en base a las consideraciones planteadas por los recurrentes, que "...la aducida violación del derecho de igualdad cabe concluir, sobre la base de doctrina de esta Corte, que la ley en examen no conculca ese derecho, desde que no evidencia un fin persecutorio o discriminatorio sino que, por el contrario, otorga el mismo tratamiento a todos los profesionales que asisten a la parte no condenada en costas, sea ésta actora o demandada, trabajador o empresario, con el objetivo de disminuir los gastos procesales..." (punto 11). Especificó además que "...el texto agregado por la ley 24.432 al art. 277 de la L.C.T. limita la responsabilidad del condenado en costas en los juicios laborales y no el quantum de los honorarios profesionales. Tal limitación de responsabilidad, como las expresiones legislativas de topes indemnizatorios por razones de interés público, constituye un régimen especial en principio válido, siempre que el criterio de distinción adoptado no sea arbitrario, es decir, si obedece a fines propios de la competencia del Congreso y la potestad legislativa ha sido ejercida de modo conducente al objeto perseguido y de manera que no adolezca de inequidad manifiesta (Fallos: 250:410). En este sentido, atento a la finalidad tenida en vista por el legislador que se explicitara en los considerandos precedentes, la solución consagrada en el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando 'la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos' (cr. Mensaje del Poder Ejecutivo, antes citado)..." (punto 12). Por último, el Superior Tribunal puntualizó que "...la tacha de inconstitucionalidad [...] no resulta viable toda vez que los letrados de la parte vencedora no demostraron, mínimamente siquiera, en qué medida la aplicación al sub lite de la norma impugnada resultaría violatoria de la garantía constitucional a una retribución justa..." (punto 13).
Desde esa óptica, la ley 24.432 -sin entrar a considerar la técnica legislativa utilizada- obliga a los jueces a resolver considerando la totalidad del espectro jurídico.
I.2.c. Luego, y tal como quedó de manifiesto en el voto que abre el acuerdo, la responsabilidad de la condenada en costas ha de tener como límite el establecido por la normativa -25%-. Por ende, el tribunal deberá, en el momento procesal oportuno, obrar de conformidad con lo allí dispuesto (art. 277, LCT, texto según ley 24.432).
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance expuesto en el punto IV del voto que abre el acuerdo.
Con el alcance dado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la propuesta del colega ponente de rescindir la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432, de conformidad con la postura que sostuve al sufragar las causas L. 73.148, "Sciandra"; L. 75.196, "Santillán", sentencias de 12-III-2003; L. 117.427, "Caraballo", sentencia de 20-V-2015 y L. 118.411, "Scartoccio", sentencia de 21-XI-2018, a las que remito por motivos de brevedad.
Voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas de esta instancia a la vencida (art 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia