Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121149
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.149, "Gonzalo, Andrés Abel contra Dirección General de Escuelas-Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y otro. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes rechazó la impugnación formulada por la parte demanda a la liquidación practicada por el perito contador oficial y dispuso su formal aprobación (v. fs. 461 y vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 482/490 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Esta Suprema Corte hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada y revocó la sentencia impugnada en cuanto en ella se había declarado la inconstitucionalidad del régimen de consolidación consagrado en la ley 11.192, el que declaró aplicable al caso estableciendo que los intereses a computarse a partir de la fecha de corte prevista en dicha normativa debían calcularse con arreglo a lo dispuesto en su art. 6. Ordenó que los autos regresaran al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación de conformidad con lo decidido (v. fs. 342/363 vta.).
Radicadas las actuaciones en la instancia ordinaria, en lo que aquí interesa, el presidente del tribunal de grado resolvió remitir el expediente a la Asesoría Pericial Departamental a los fines que un perito contador proceda a practicar la liquidación ordenada por esta Corte (v. fs. 427).
La experta contable interviniente, tras expresar haber solicitado a la Gerencia de Estadísticas Monetarias del Banco Central información al respecto, practicó la liquidación de los accesorios, arribando al monto de $381.289,01 (v. fs. 429 vta.).
La parte demandada impugnó la liquidación alegando que en el dictamen ni siquiera se menciona a la ley de consolidación de la deuda pública provincial, ni tampoco a la Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía, autoridad de aplicación de la ley (v. fs. 436/438 vta.).
El órgano judicial de grado rechazó dicha impugnación al juzgar que la liquidación efectuada por la perito se ajustó a las pautas indicadas por esta Corte, teniendo en cuenta el valor de la tasa promedio de la Caja de Ahorro Común -capitalizable mensualmente- publicada por el Banco Central de la República Argentina y que abarcó el periodo desde la fecha 1 de abril de 1991 hasta la fecha en que se practicó la misma (conf. art. 6, ley 11.192); en consecuencia, declaró aprobada la liquidación y dijo que la intervención del órgano administrativo postulada por la accionada no es procedente en el ámbito judicial (v. fs. 461 y vta.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 43, 44, 47 y 48 de la ley 11.653; 472 del Código Procesal Civil y Comercial; 2, 3, 5, 6, 12 y 20 de la ley 11.192; 15, 31 y 155 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1, 5, 17, 18, 31 y 121 de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que identifica.
En sustancia, señala que el tribunal de grado, al aprobar la liquidación practicada por la perito oficial, incurrió en el vicio de absurdo y en la errónea aplicación del art. 6 de la ley 11.192. Explica que la tasa de interés utilizada no se compadece con aquella que se ordenó aplicar en la sentencia de esta Corte del 13 de mayo de 2015, conforme la tasa legal prevista en dicha norma.
Destaca que de acuerdo a la liquidación realizada en el expediente administrativo -que acompaña- por la Dirección Provincial de Presupuesto Público del Ministerio de Economía, el capital más los intereses al mes de febrero de 2017 alcanzan la suma de $68.890,71. En ese sentido, reputa necesaria la intervención de dicho organismo como autoridad de aplicación y control del régimen de consolidación provincial.
Alega que el informe pericial carece de fuerza probatoria porque no se sustenta en principios científicos, ni en la normativa aplicable.
Concluye que el juzgador, en definitiva, modificó el contenido de la sentencia dictada por esta Corte vulnerando los efectos de la cosa juzgada.
III. El recurso ha sido mal concedido.
III.1. El pronunciamiento atacado no constituye sentencia definitiva ni resulta equiparable a tal en los términos de los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653.
En efecto, tiene dicho esta Corte que el pronunciamiento que rechaza la impugnación a una liquidación no reviste carácter definitivo (causas Ac. 64.415, "Bibiloni de Canuso", resol. de 8-X-1996; Ac. 73.094, "Postizzi", resol. de 10-XI-1998 y L. 119.838, "Camaño", resol. de 1-VI-2016) tampoco, la decisión que aprueba la liquidación practicada y rechaza el planteo de la ejecutada sobre la tasa de interés, aplicándose el principio según el cual los pronunciamientos recaídos en la etapa de ejecución de sentencia, no son susceptibles de ser impugnados por medio del recurso deducido (causa C. 115.893, "Zanetta", resol. 29-II-2012).
En este contexto, se observa que el recurrente, al pretender justificar concretamente la definitividad de la decisión cuestionada, no logra evidenciar ninguna hipótesis que permita a este Tribunal apartarse de las reglas mencionadas, pues dejando de lado genéricas expresiones -verbigracia aquella fundada en el agravio económico que le genera lo resuelto-, en lo fundamental, trae a colación un precedente (causa Ac. 88.630, "Massaro", sent. de 27-X-2004) que no se condice con lo actuado en el caso sub examine (v. fs. 483 vta.). Lo expuesto es suficiente para dar una respuesta negativa al primer interrogante planteado en este acuerdo.
III.2. No obsta a lo dicho la circunstancia de haberse dictado la providencia de autos para resolver (v. fs. 518), en tanto no impide que esta Corte, al decidir la causa, examine si se han cumplido o no los requisitos de admisibilidad del medio extraordinario de impugnación sometido a su conocimiento (causas L. 81.262, "Sueiro", sent. de 26-V-2005; L. 88.627, "Gagliano", sent. de 10-II-2010 y L. 117.445, "Municipalidad de Bragado", sent. de 8-IV-2015).
IV. Por lo expuesto, corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Atento al resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde considerar la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/06/2020 12:36:06 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 19/06/2020 13:13:36 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 19/06/2020 13:15:15 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 21/06/2020 16:53:48 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 22/06/2020 08:42:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia