Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124720
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.) con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°2 de Mar del Plata hizo lugar a la demanda interpuesta por Jorge Alfredo Allerbón y condenó solidariamente a El Rápido Argentina S.A. y a Mapfre ART S.A. (hoy Galeno ART S.A.) al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización integral (v. fs. 485/524).
Para así decidir, tuvo por acreditado que las tareas realizadas para la demandada -chofer de larga distancia- actuaron como nexo causal con el estrés sufrido por el actor, el que derivó en un accidente cardio vascular que lo incapacita en un 100% del índice de la total obrera. En ese contexto, juzgó que el empleador resultó civilmente responsable por el daño causado. Del mismo modo, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, condenó a la aseguradora demandada en el marco del actual art. 1.749 del Código Civil y Comercial (anterior art. 1.074, Cód. Civ.) en vista, no sólo, del probado deliberado incumplimiento de prestaciones una vez denunciada la enfermedad en su súbita aparición, sino también, porque el daño padecido por el actor se vincula con las específicas medidas de seguridad que fueron omitidas por la aseguradora, siendo que era su obligación resguardar la salud del trabajador.
II. Frente a lo así resuelto se alza la aseguradora accionada con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 550/561 vta.), concedido por el tribunal de grado a fs. 562/563.
En su impugnación denuncia violación de doctrina legal, así como de los derechos constitucionales que cita.
En primer lugar, alega la inexistencia de incumplimiento en materia de higiene y seguridad causalmente relevantes por su parte, no resultando los mismos debidamente acreditados en autos. Por otra parte, que el tribunal se desentendió de la obligación del actor de probar los extremos de la responsabilidad civil.
También se agravia de la aplicación del instituto de la solidaridad ya que, en el caso, la responsabilidad sería de tipo concurrente, por ser sus obligaciones de distinta naturaleza a las del empleador directo.
Denuncia que el monto de condena resulta excesivo e irrazonable y configurativo de enriquecimiento sin causa, deviniendo absurdo por no estar fundado en los elementos objetivos obrantes en autos.
Finalmente apela los honorarios por altos.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado.
III. De modo liminar, corresponde señalar que esta Corte ha declarado que determinar las tareas desempeñadas por el trabajador, y si existe relación causal o concausal entre éstas y la incapacidad que aquél presenta, así como establecer su porcentual, en tanto constituyen el análisis de las cuestiones de hecho y de la apreciación del material probatorio, resultan atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 117.810, "Sperani", resol. de 20-XI-2014; L. 118.788, "Jaime", resol. de 2-IX-2015; L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016 y L. 121.187, "Ponce", resol. de 30-V-2018).
III.2. En el caso, la recurrente siquiera denuncia el mentado vicio, transitando la crítica sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, y poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.831, "Andrada", resol. de 12-XI-2015).
Sobre el particular, es dable destacar que deviene insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 118.172, "Delgado", resol. de 8-X-2014 y L. 121.641, "Ferreyra", resol. de 5-XII-2018).
III.3.a. Tampoco le asiste razón a la compareciente en cuanto sostiene que no se la puede responsabilizar civilmente por hallarse su obligación limitada únicamente a las prescripciones de la ley 24.557.
Al respecto, resulta oportuno destacar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sent. de 25-XI-2009, en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011; L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011 y L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014, en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ GulfOil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios", sent. de 31-III-2009 y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil", sent. de 26-III-2013.
Asimismo, cabe recordarle a la recurrente que a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujetos pasivos de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquéllas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015 y L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017).
III.3.b. Sentado ello, reiteradamente esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, y si media o no relación causal entre tales inobservancias y el daño comprobado, son cuestiones privativas de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013 y L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015), anomalía que, como se dijo anteriormente, no ha sido denunciada por la recurrente.
En ese sentido, cabe señalar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia del vicio de absurdo en la labor axiológica de los jueces de grado cuando se pretende la apertura de la instancia extraordinaria a la revisión de cuestiones fácticas y probatorias (causas L. 107.425, "Agüero", sent. de 6-VI-2012 y L. 106.464, "Núñez", sent. de 24-X-2012). (L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019).
III.4. Igualmente improcedente es el cuestionamiento relativo al monto indemnizatorio.
III.4.a. Tiene dicho esta Corte que la determinación del quantum resarcitorio en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común constituye, por regla, una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y, como tal, ajena al ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo absurdo (causas L. 107.730 "Medina", sent. de 30-X-2013; L. 117.226 "Guajardo", sent. de 25-II-2015 y L. 121.725, "Oviedo", resol. de 7-III-2019).
También es facultad de dichos magistrados la elección de las pautas que consideran adecuadas cuando se trata de establecer el referido monto, y en tal supuesto la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 103.345, "Pérez", sent. de 18-V-2011; L. 114.082, "Borda", resol. de 21-IX-2011 y L. 121.122, "Domínguez", sent. de 27-XI-2019).
III.4.b. En ese contexto, la interesada, además de no lograr evidenciar la configuración del mentado vicio, no logra rebatir la conclusión que impugna, ya que las alegaciones que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión en orden a las conclusiones arribadas por el sentenciante respecto al modo en que considera que aquél debió definir la determinación económica de la reparación de la minusvalía padecida, criterio que, indudablemente, no puede sustituir al de los jueces de mérito (causas L. 116.157, "Rosso", sent. de 25-IX-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014).
En ese sentido, basta con señalar que de la lectura del pronunciamiento puesto en crisis se observa que el juzgador realizó el cálculo indemnizatorio teniendo en consideración el porcentaje de incapacidad que presenta el señor Allerbón, con más sus remuneraciones y edad, aplicando a tal fin la fórmula "Méndez".
III.5. Luego, deviene inatendible el agravio relativo a los estipendios fijados por el a quo -que la recurrente considera elevados- pues sabido es que la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales no es revisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto a las bases adoptadas para fijarlos, salvo circunstancias excepcionales que no han sido siquiera invocadas en la especie (causas L. 106.998, "Fani de Berardo", sent. de 3-VII-2013; L. 117.483, "Riccele", resol. de 9-X-2013 y L. 120.822, "Chavez", resol. de 11-X-2017).
Sumado a ello, la interesada omitió la indispensable denuncia de transgresión de la norma legal que se vincula con los agravios que expone, exigencia de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 111.996, "Centurión", sent. de 4-XII-2013; L. 115.729, "Altube", sent. de 5-VI-2013; L. 101.011, "Nolasco", sent. de 6-III-2013 y L. 120.936, "Alarcón", resol. de 13-XII-2017).
III.6. Finalmente, deviene ineficaz la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia que se trata (causas L. 117.932, "Neyra", resol. de 25-VI-2014; L. 118.795, "Basse", resol. de 2-IX-2015 y L. 123.365, "Tunesi", resol. de 19-II-2020), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.) con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2020 18:54:05 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 26/06/2020 11:01:11 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 26/06/2020 16:00:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/06/2020 17:59:35 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 29/06/2020 09:01:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia