Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118509
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 118.509, "Magañini, Laura Elisabeth contra Dirección General de Cultura y Educación y otro. Enfermedad accidente" con arreglo al siguiente orden de votación (Acuerdo 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 294/311).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 325/335 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa señalar, el tribunal de trabajo interviniente tuvo por acreditado que Laura Elisabeth Magañini padece "disfonía funcional irreversible" que la incapacita en forma parcial, permanente y definitiva en un 31,8% del índice de la total obrera (v. vered. tercera cuestión, fs. 294 vta./296).
Determinó que la mentada incapacidad de la actora se fijó administrativamente el día 2 de marzo de 2009 (v. vered., primera cuestión apartado b. a fs. 294 y vta.) y que la acción de autos fue iniciada el día 8 de julio de 2010 (v. vered., octava cuestión, fs. 298 vta.).
En la sentencia, en primer término, desestimó íntegramente la demanda contra el Fisco provincial en procura de una reparación integral de daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. sent., fs. 303 y vta.).
En lo que respecta a la excepción de prescripción, rechazó su procedencia por considerar que, entre la fecha en que se fijó administrativamente la incapacidad de la actora y la fecha de interposición de la demanda, no había transcurrido el plazo bienal para la extinción de la acción establecido en el art. 44 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 303 vta. y 304).
Resuelto lo anterior, el sentenciante hizo lugar al reclamo resarcitorio dentro de los límites y con los alcances a los que alude la ley 24.557, en tanto tuvo por acreditada la vinculación entre las tareas desarrolladas como docente en distintos establecimientos educativos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la dolencia padecida por la actora (v. sent., fs. 304).
En ese contexto, declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y del tope indemnizatorio establecido en el art. 14. apartado 2 inc "a" de la misma ley, e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por las sumas que especificó en concepto de diferencias pecuniarias vinculadas a las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557.
Por último, dispuso calcular los intereses sobre el capital de condena, conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", declarando -al efecto y de oficio- la inconstitucionalidad de la ley 14.399 que modificó el art. 48 de la ley 11.653. Para el caso de incumplimiento del pronunciamiento y hasta su efectivo pago, fijó los intereses a la tasa activa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones corrientes de descuento comerciales a treinta días (v. sent., fs. 308 vta./311).
II. Contra dicha forma de resolver, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
Los agravios que estructuran su crítica pueden sintetizarse del siguiente modo:
II.1. En primer lugar, plantea su disconformidad en orden al rechazo de la defensa de prescripción, señalando que ese aspecto del decisorio vulnera los arts. 44 apartado 1 de la ley 24.557 y 31 de la ley 11.643 y la doctrina legal emergente de la causa L. 84.227, "Santillán" (sent. de 30-V-2007).
Afirma que el tribunal de origen incurrió en absurdo al determinar el punto de partida del cómputo de la prescripción en el momento en que se fijó administrativamente la incapacidad a la actora (2 de marzo de 2009), asimilando la mentada fecha al momento en que "la prestación debió ser abonada o prestada".
Expresa que el concepto de "toma de conocimiento" resulta completamente ajeno al sistema de la nueva redacción de la Ley de Riesgos del Trabajo aplicado al sub examine .
Alega que en materia de acciones iniciadas con el objeto de la reparación de padecimientos producto del trabajo regidos por la ley 24.557, en virtud de lo establecido por el art. 44 apartado 1, la prescripción corre desde que la acción se encuentra expedita, es decir, desde que "la prestación debió ser abonada o prestada". Expone que dicho momento equivale a aquél en que la actora efectuó la denuncia administrativa ante Provincia ART S.A. -es decir el día 10 de julio de 2008- en tanto se trata de un elemento objetivo de peso que marca el comienzo del plazo prescriptivo por cuanto a partir de allí pudo comenzar a gozar de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Concluye remarcando que en el mentado contexto resulta palmario que para el 8 de julio de 2010 -fecha de iniciación de la demanda- la acción se encontraba prescripta (v. rec., fs. 327/330).
II.2. En segundo término, denuncia que el tribunal de grado violó el art. 12 de la ley 24.557 e incurrió en absurdo al incluir para el cálculo del Ingreso Base Mensual la totalidad de las remuneraciones brutas percibidas por la actora.
Señala que las notas que definen a un rubro como remunerativo radican en la habitualidad, regularidad y permanencia, debiendo además estar sujeto a aportes y no ser otorgado exclusivamente en mérito al comportamiento del agente o a sus circunstancias especiales. Asevera que no corresponde que, para acrecentar el valor mensual del ingreso base, se adicionen sumas que no revisten el indicado carácter, por más que sean percibidas en forma habitual y regular.
Agrega que el a quo, arbitrariamente, modificó la fórmula indemnizatoria establecida en el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo aplicando un hito temporal ajeno al régimen por el que se ciñen los doce sueldos necesarios para calcular el salario base, cambiando dicho monto y el coeficiente etario (v. rec., fs. 330/331 vta.).
II.3. Asimismo, controvierte la declaración de inconstitucionalidad del tope previsto en el último párrafo del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Sostiene que tal aspecto del pronunciamiento viola reiterada doctrina legal que establece que los topes indemnizatorios no son en sí mismos inconstitucionales. En concreto, afirma que vulnera la doctrina establecida por esta Suprema Corte en las causas L. 68.511, "Onufrovich", sentencia de 17-XI-1999; L. 55.996, "Cortinez", sentencia de 5-VII-1996 y L. 71.154, "Corredera", sentencia de 18-IX-2002, en cuanto declaró que "el art. 8 inc. a) de la ley 9.688 -t.o., ley 23.643-, en cuanto establece el tope indemnizatorio no merece la tacha de inconstitucional por constituir su contenido una prudente reglamentación de los derechos constitucionales que se invocan".
Del mismo modo, denuncia transgredida la doctrina legal fijada en los precedentes L. 79.367, "Slobodian", sentencia de 14-IV-2004 -en el cual se estableció idéntico criterio en relación al tope previsto en el art. 8 inc. "a" de la ley 24.028- y L. 56.205, "Niz", sentencia de 27-VI-1995; L. 57.357, "Coelho Alves", sentencia de 1-X-1996 y L. 57.762, "Furci", sentencia de 8-IV-1997, en los que se declaró que "Infringe el art. 8 inc. 'a' de la ley 9.688 modificada por ley 23.643 el fallo que omite aplicar el tope indemnizatorio que establece la norma legal indicada".
Manifiesta que al no aplicar el tope establecido en la ley 24.557, el a quo le está reconociendo a la actora una indemnización integral como si su reclamo se hubiera sustentado en las normas del derecho civil, incurriendo en una evidente contradicción en tanto el mentado reclamo fue expresamente rechazado. Agrega que el fundamento brindado para no aplicar el mentado tope resulta débil, ajeno a las circunstancias de la causa y contrario a la doctrina legal citada.
Seguidamente cita -en sustento de su postura vinculada a los topes indemnizatorios- lo resuelto por esta Corte en las causas L. 81.795, "Bononi" (sent. de 8-XI-2006) y L. 84.179, "Larralde" (sent. de 22-XI-2006).
II.4. Por último, cuestiona la tasa de interés -pasiva digital- aplicada al capital de condena.
Afirma que el tribunal de origen utilizó una variante del tipo de tasa pasiva que se aparta de la doctrina legal vigente de este Tribunal emanada de los precedentes L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009); L. 92.637, "Sanchez" (sent. de 28-V-2010) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013).
Señala que la diferencia cuantitativa entre la tasa pasiva digital y la tasa pasiva publicada por la Corte es significativa -casi el doble- correspondiendo compararla con la tasa activa del mismo Banco, produciendo un evidente agravio al derecho de propiedad del Estado provincial.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tal como lo admite la propia recurrente a fs. 325 vta. y 326, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Siendo ello así, esta Suprema Corte debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por la recurrente (art. 55 primer párrafo in fine , ley 11.653). Empero, no puede soslayarse que los agravios dirigidos a rebatir la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, involucran el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, ameritan la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que -conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal- aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dichos cuestionamientos habrán de ser abordados con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Dicho esto, corresponde en primer término brindar tratamiento al agravio que se dirige a cuestionar el rechazo de la excepción de prescripción.
Debiendo resolverse la cuestión en el estrecho marco previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la exclusión de la hipótesis habilitante se impone claramente en tanto no se configura la mentada excepción cuando se traen a consideración de este Tribunal cuestiones de hecho, como lo es la determinación del punto de partida de la prescripción (causas Ac. 67.283, "Cáceres", resol. de 23-XII-1997; Ac. 69.062, "Eizaguirre", resol. de 26-V-1998; L. 97.077, "Escobar", sent. de 4-VI-2014; e.o.).
Aún, cuando lo expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa del agravio, solo para satisfacción de la recurrente he de puntualizar que esta parcela de la queja se revela insuficiente en tanto todo el esfuerzo de la impugnante se orienta a modificar la fecha de inicio del plazo prescriptivo, soslayando completamente que, aun cuando la misma se estableciera en la fecha por él propuesta (10 de julio de 2008), para la fecha en la que se interpuso la presente demanda (8 de julio de 2010), el plazo bienal previsto por el art. 44 apartado 1 de la ley 24.577 no se había consumado.
III.3. Luego -y sin dejar de destacar que conforme fuera mencionado ut supra , en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir; conf. art. 278, CPCC, texto según ley 14.141-, debo decir que esta Suprema Corte, en distintas oportunidades al desestimar recursos presentados por el Fisco provincial ha censurado aquella parte de la norma que establece que, para computar el ingreso base mensual, debían tomarse en cuenta "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017; L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017 y L. 120.292, "Leguizamón", sent. de 5-XII-2018; e.o.), disponiendo en su lugar que fueran incluídos todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario del trabajador.
III.4. La crítica vinculada a la tacha de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (texto según dec. 1.278/00) tampoco debe prosperar.
III.4.a. Más allá de lo que pudiera opinarse sobre el acierto sustancial de la conclusión a que arribara el tribunal de grado, lo cierto es que el embate intentado no satisface mínimamente los recaudos insoslayables previstos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
En efecto, en su escrito recursivo la interesada no se encarga de rebatir frontal y eficazmente las esenciales motivaciones que llevaron al sentenciante a objetar la validez supralegal de la norma en cuestión, a saber: i) que mantener vigente el "tope" nominal indemnizatorio dispuesto mediante decreto 1.278/00 resulta irrazonable en virtud de la evolución salarial habida desde el año 2001 (índice marzo 2012: 558,83; índice octubre 2001: 100,11; Coeficiente para el período considerado 5,58; fuente INDEC, Coeficiente de Variación Salarial - nivel general); ii) que el Poder Legislativo Nacional al sancionar la ley 26.773 reconoció la existencia del fenómeno inflacionario y la consecuente necesidad de actualizar periódicamente los resarcimientos por incapacidad laboral permanente, por accidentes o enfermedades que afecten a los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; y iii) que en la especie se encuentra claramente vulnerado el art. 14 bis de la Constitución nacional y el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial (v. sent., fs. 306/308 vta.).
Estas definiciones han sido marginadas de todo agravio en la queja que se analiza, erigiéndose tal circunstancia en un obstáculo insalvable para decretar su procedencia, ya que -como es sabido- es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no formula una crítica pormenorizada de las motivaciones esenciales que han dado contenido a la sentencia, concretando sólo un reproche parcial de estas últimas (causas L. 112.861, "Villagra", sent. de 6-III-2013; L. 112.468, "Boga", sent. de 13-XI-2013; L. 114.577, "Díaz", sent. de 24-VI-2015; e.o.).
Por lo tanto, trasladando dichos lineamientos al caso de autos, cabe concluir que no se presenta como eficaz la impugnación que -al cuestionar la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el tribunal de grado respecto del tope indemnizatorio establecido por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo- se desentiende de la línea argumental del fallo y se dedica a censurarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento.
III.4.b. Aunque lo expuesto en el apartado anterior resulta suficiente para rechazar este tramo de la queja, habré igualmente de manifestar que la doctrina legal que la compareciente denuncia transgredida fue elaborada sobre precedentes donde este Tribunal declaró que el tope establecido en el art. 8 inc. "a" de la ley 9.688 no es inconstitucional (v. fs. 332 vta.). Luego, no es idónea para sustentar el agravio, toda vez que se halla vinculada a una normativa que no es de aplicación al pleito.
Al respecto, expresamente se ha señalado que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si en los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediaron presupuestos de hecho y derecho diferentes a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 106.020, "A., V. N.", sent. de 12-XII-2012; L. 108.601, "Paradiso", sent. de 28-VIII-2013 y L. 116.824, "G., R. E.", sent. de 23-X-2013; e.o.).
Tampoco alcanza para modificar lo resuelto la cita de la doctrina que emana de las causas L. 81.795, "Bononi" (sent. de 8-XI-2006) y L. 84.179, "Larralde" (sent. de 22-XI-2006; v. rec., fs. 332 vta./333), en las que esta Corte procedió a descalificar la validez constitucional del tope indemnizatorio por despido previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, con arreglo al criterio delineado por la Corte federal en la causa "Vizzoti" (sent. de 14-IX-2004).
Ello es así, porque la agraviada ni siquiera ha reparado en la diferencia que existe entre ambos límites resarcitorios (el establecido en el art. 245 de la LCT afecta el salario que se utiliza como módulo para calcular la tarifa indemnizatoria, mientras que el contemplado por el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557 se aplica directamente sobre la propia indemnización tarifada), lo cual torna evidente la insuficiencia de la crítica, y define, al cabo, su suerte adversa.
III.5. Por último, el agravio por el que se cuestiona la tasa de interés aplicada en autos sobre el capital de condena, habrá de ser abordado en el estrecho marco del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, y tal como lo he sostenido en reiteradas oportunidades, la cuestión relativa al modo en que se calcularán los intereses moratorios devengados merece una especial consideración a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte -aunque, como habré de señalar luego, no haya contribuido a su conformación-, a pesar de que a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe" como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y
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