Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121798
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.798, "Simón, Carlos contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Torres, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción deducida, imponiendo las costas -con el beneficio de gratuidad- a la actora vencida (v. fs. 174/178 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 181/189 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la excepción de prescripción opuesta por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y rechazó la demanda promovida por el señor Carlos Simón en cuanto procuraba el pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de riesgos del trabajo (leyes 24.557 y 26.773) en razón de la disminución de su capacidad derivada del infortunio que protagonizó el día 3 de agosto de 2008 (v. fs. 174/178 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditado que, en dicha fecha, como consecuencia de las tareas que prestaba para la Policía Bonaerense, el actor recibió un disparo de arma de fuego en su hombro izquierdo que le provocó un síndrome doloroso traumático y una lesión téndino-articular de tobillo derecho, que lo incapacitan en un 25% del índice de la total obrera, incluidos los factores de ponderación. Por otro lado, determinó que el peritaje llevado a cabo comprobó que no existía trastorno psiquiátrico vinculado con el accidente (v. vered., fs. 174 y vta.).
A su vez, juzgó que Provincia ART S.A. brindó al trabajador las prestaciones en especie hasta la fecha en que se le otorgó el alta sin incapacidad -el día 21 de agosto de 2008-. Asimismo, que dicha decisión fue ratificada posteriormente por los dictámenes de la Comisión Médica n° 11 y de la Comisión Médica Central, los días 2 de noviembre de 2009 y 25 de marzo de 2010, respectivamente (v. fs. cit.).
Luego, en la etapa de sentencia, brindó tratamiento a la defensa de prescripción opuesta por la aseguradora de riesgos del trabajo, confrontó estas dos últimas fechas con la de la interposición de la demanda (v. cargo, fs. 22 vta.) y señaló que en el caso había transcurrido el plazo bienal previsto en el art. 44 de la ley 24.557, lo cual condujo al tribunal de grado a rechazar la acción (v. sent., fs. 177/178).
Finalmente, desestimó el planteo que -subsidiariamente- interpuso el actor cuestionando la constitucionalidad del art. 9 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 177 vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 2.554 del Código Civil y Comercial de la Nación; 258 de la Ley de Contrato de Trabajo; 14 apartado 2, 21 apartado 1 inc. "a", 44 apartado 1 de la ley 24.557 y 44 inc. "d" de la ley 11.653 (v. fs. 181/189 vta.).
En esencia, cuestiona que se hiciera lugar a la defensa de prescripción opuesta por la demandada.
Se agravia de que el a quo se haya apartado de la fecha denunciada en el libelo inicial como punto de partida para computar el plazo prescriptivo, sostiene que el razonamiento empleado resulta absurdo, dogmático y carente de fundamentos lógicos (v. fs. 184 vta./185 vta.).
Argumenta que el tribunal de trabajo debió, además de determinar el momento en el que -a su criterio- había comenzado a transcurrir el plazo prescriptivo, mencionar los fundamentos e individualizar las normas que utilizó para determinar el hito temporal en cuestión (v. fs. 185 vta. y 186).
Aduce que el fallo de grado se apartó de forma arbitraria de las constancias de la causa y de las prescripciones contenidas en la Ley de Riesgos del Trabajo, puntualmente de su art. 44 apartado 1, en cuanto establece que para que la prestación sea abonada necesariamente debe existir incapacidad (v. fs. 186/187 vta.).
En este sentido, postula que, al momento del alta, el actor no se encontraba incapacitado y, por ende, la acción no había nacido; por lo cual -alega- menos pudo comenzar a correr el plazo prescriptivo (v. fs. cit.).
Manifiesta que la decisión atacada contraría la doctrina legal que esta Suprema Corte ha establecido sobre la interpretación restrictiva del instituto de la prescripción y en el sentido más favorable a la subsistencia de la acción (v. fs. 187 vta. y 188). Explica que para que esta última se encuentre expedita, el trabajador debe conocer la irreversibilidad de la incapacidad, es decir, concurrir la definitividad y sapiencia por parte de quien la padece. Agrega que en igual sentido lo ha establecido la Corte federal, sentando su posición respecto a que la determinación de la incapacidad a la que alude el art. 258 de Ley de Contrato de Trabajo nunca podrá ser anterior a la consolidación definitiva del daño y a su real y efectivo conocimiento por parte del damnificado (v. fs. 188 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho este Tribunal que determinar el momento en que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 103.553, "Leguizamón", sent. de 21-XII-2011; L. 117.772, "Batista", sent. de 27-V-2015 y L. 118.372, "Rotolo", sent. de 29-III-2017).
Dejando a un lado la inicial denuncia que realiza el impugnante en orden a la hipotética violación de ciertas normas (v. fs. 181 vta.), los agravios que trae se encuentran dirigidos a evidenciar la configuración de aquel vicio valorativo, propósito que no encuentro cumplido.
III.2. Bajo los concretos lindes de la impugnación, comienzo por señalar que aun cuando pueda resultar opinable el modo en que el tribunal de grado abordó la cuestión, lo cierto es que su decisión proviene de la apreciación de las constancias de la causa y se encuentra fundada en la inobjetable aplicación del art. 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Luego, entiendo que debe permanecer firme la esencial motivación del a quo que indica que no cabe considerar en el caso el punto de partida argumentado por la parte actora para computar el curso de la prescripción de la acción, situado en la toma de conocimiento de la incapacidad en el mes de abril de 2015.
Surge del escrito de la demanda que, si bien en autos se reclamó el pago de las prestaciones dinerarias previstas en las leyes 24.557 y 26.773 denunciando que el trabajador padece un 50% de incapacidad proveniente de una dolencia "psíquica" o "siquiátrica" -ambos términos han sido utilizados- y de secuelas físicas, al indicar el momento en el que aquel se habría anoticiado de la minusvalía (al volver a solicitar una licencia), la parte actora centró su relato en el primer padecimiento sin aludir concretamente a la presunta minusvalía física (v. fs. 6/8). Ello revela un déficit argumental que no debe ser soslayado si se recuerda que a raíz del accidente sufrido por el agente el día 3 de agosto de 2008, la Comisión Médica interviniente dictaminó con fecha 2 de noviembre de 2009 que no portaba porcentaje de incapacidad alguno por la herida en el hombro izquierdo y traumatismo de miembro inferior izquierdo (v. fs. 43/45), lo que fue confirmado por la Comisión Médica Central el día 25 de marzo de 2010 (v. fs. 46/51).
Y volviendo al liminar padecimiento que se denuncia, puede observarse que los citados organismos administrativos no evaluaron la presencia de otro tipo de minusvalía; al respecto sostuvo el revisor -en lo fundamental- que en su expresión de agravios el trabajador manifestó sufrir un daño psíquico pero que en tanto no lo había puesto en consideración oportunamente ante la Comisión Médica jurisdiccional no cabía ingresar en su análisis. Esto da cuenta que en dicha ocasión el trabajador ya había intentado encausar un reclamo por su hipotética incapacidad psíquica. Adicionalmente, también el perito psiquiatra designado en las presentes actuaciones dio cuenta que -al menos- ya en el año 2012 el accionante se hallaba bajo atención psiquiátrica (v. fs. 144 vta.).
Dicho contexto, claramente adverso a la posición del recurrente, me lleva a concluir que la definición del tribunal de grado que descartó la tesitura actoral debe permanecer incólume como el hito temporal que consideró para acoger la excepción.
Con lo afirmado no dejo de recordar que a pesar de lo opinable o discutible que puede ser lo expuesto en el pronunciamiento, no se divisa en ello el extremo vicio de absurdo, pues tal excepcional yerro hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación material de la prueba (causas L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2020 11:40:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 19:10:27 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 11:03:14 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 14:11:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2020 15:18:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia