Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120792
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.1.d. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva la controversia.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.792, "Guarepi, Bibiana Andrea contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. fs. 81/90).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 104/109).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa por constituir materia de agravio, el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que Bibiana Andrea Guarepi promovió contra la Provincia de Buenos Aires reclamándole el pago de una indemnización integral fundada en las normas del derecho común en razón de las secuelas incapacitantes provocadas por las dolencias que contrajo a consecuencia de las tareas que prestó como enfermera en el Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos Alejandro Korn de la localidad de Melchor Romero (v. fs. 81/90).
II. La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 4 de la ley 26.773 y 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
Se opone a lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 que establece la denominada opción excluyente para promover acciones judiciales en materia de responsabilidad por daños derivados de accidentes o enfermedades del trabajo.
Inicialmente, con fundamento en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los conocidos casos "Mill de Pereyra" y "Rodríguez Pereira" sostiene que en el caso no se verifican los extremos que habilitan a los jueces a descalificar de oficio la validez constitucional de una ley.
Luego, argumenta que la norma no transgrede el principio de progresividad, pues las modificaciones que introduce no implican un simple ajuste legislativo, sino una verdadera reforma de fondo del régimen de riesgos del trabajo.
Sostiene que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño amparados por la Constitución nacional. Un razonamiento en contrario -explica- importa tanto como acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando con ello un indebido enriquecimiento en cabeza de los trabajadores o sus derechohabientes.
Refiere que no es el camino correcto el de acudir a infundados argumentos a efectos de derribar una normativa que es de carácter público y ha sido creada con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema regulado por la ley 24.557.
Alega que si bien los jueces deben desentrañar la significación jurídica de las leyes y que ello los obliga a superar las rígidas pautas gramaticales que pudieran existir, también tienen la obligación de abstenerse de toda inteligencia que equivalga a prescindir de la norma aplicable, como ha sucedido en el sub judice .
Con todo, aduce que el tribunal de trabajo incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización integral del daño con fundamento en las normas del derecho común, pues la actora claramente ha optado por el régimen especial de reparación de infortunios laborales.
Por último, y para el caso de que prospere la condena con fundamento en la normativa civil, aduce que a la hora de determinar el porcentaje de incapacidad no pueden incluirse -tal como hubo de llevarlo a cabo el tribunal de grado en su pronunciamiento- los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96, ya que estos corresponden, exclusivamente, al sistema de reparación tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo.
III. El recurso prospera.
III.1.a. En votos anteriores he pregonado como una pauta general, más consistente con el respeto del debido proceso (art. 18, Const. nac.) aquella que, por principio, promueve que el debate constitucional sea instado oportunamente por la parte interesada (conf. mis votos en las causas L. 71.014, "Celaya", sent. de 29-X-2003; L. 76.279, "Castillo" y L. 76.687, "Páez Nolasco", sents. de 1-X-2003 y L. 77.727, "Vallini", sent. de 10-IX-2003), con el fin de garantizar la audiencia y bilateralidad en el trámite (causas L. 79.304, "Portal", sent. de 14-IV-2004; L. 69.523, "Barone", sent. de 1-IV-2004; e.o.) y permitir que los jueces, en el ejercicio de su jurisdicción (arts. 31, Const. nac. y 57, Const. prov.), se pronuncien sobre la norma objetada en posiciones sustentadas por los contendientes.
También he sostenido que el criterio sentado precedentemente no está exento de matices y ha de ceder cuando la norma legislativa o reglamentaria ha sido descalificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (así, v.gr., mi voto en la causa L. 86.269, "Gómez", sent. de 30-III-2005, reproducida en L. 81.577, "Guzmán", sent. de 8-VI-2005; CSJN "Banco Comercial de Finanzas S.A. [en liquidación BCRA] s/quiebra", causa B.1160.XXXVI, sent. de 19-VIII-2004) o por esta Suprema Corte (v. mi voto en las causas C. 88.046, "Pratesi", sent. de 6-V-2009 y C. 92.262, "Zarantonello", sent. de 10-VI-2009), cuando la solución contraria al abordaje constitucional pusiere en grave riesgo la efectividad de la tutela judicial (arts. 8 y 25, CADH) o trasuntare un ritualismo injustificado (v. mi voto en autos, Ac. 86.429, "Asociación", sent. de 22-VIII-2007).
III.1.b. Bajo estas consideraciones, cabe afirmar que en el sub examine el tribunal de grado declaró de oficio la inconstitucionalidad del citado art. 4 del "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", sin que se hallaran configurados los supuestos habilitantes a tales fines. Ello justifica el progreso de la impugnación extraordinaria fundada -entre otras disposiciones- en el art. 47 de la ley 11.653.
Algunas particularidades adicionales refuerzan la solución propuesta: a pesar de resultar aplicable según las pautas de orden temporal allí denunciadas (v. fs. 8 vta.), ningún análisis mereció en el escrito de demanda el nuevo diseño que trajo al ámbito de los infortunios laborales la ley 26.773 (cabe reconocer acaso cierta cita normativa, pero desconectada de toda línea argumental; v. fs. 10 vta.); fundamentalmente, con un discurso no exento de imprecisiones y en el cual abundan genéricas consideraciones sobre disposiciones legales inaplicables al caso, nada se dice en dicha pieza procesal en relación con la opción "excluyente" que regula el segundo párrafo de la norma descalificada en la sentencia. Resta decir, que tampoco en otras oportunidades procesales la parte actora se expidió acerca de la nueva legislación, ni aún frente al planteo que con tal sustento plasmó la contraria al diseñar su defensa (v. contestación de demanda, fs. 18/19).
III.1.c. En el contexto de la decisión a la que se arriba, resulta propicio añadir que incluso en el marco postulado por la Corte nacional en la causa R.401.XLIII "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" (sent. de 27-XI-2012), la posibilidad de una declaración oficiosa de la inconstitucionalidad de un precepto legal no puede prescindir del conjunto de directivas elaboradas por el Alto Tribunal relativas a las condiciones, requisitos y alcance del control de constitucionalidad (v. cons. 13°).
III.1.d. Con todo, corresponde revocar lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto allí se juzgó la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773. Los autos han de regresar al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva la controversia.
III.2. A partir de lo anterior, no queda margen para abordar los restantes cuestionamientos que contiene el medio de impugnación.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso deducido con el alcance indicado en el punto III.1.d. del presente. Con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera.
II. Conforme tiene dicho esta Corte, la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del ordenamiento jurídico (CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 316:842 y 324:920; e.o.); por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (CSJN Fallos: 315:923; 321:441 y cons. 21° del voto en disidencia de los doctores Belluscio, Boggiano y Maqueda, in re "Provincia de San Luis v. Estado Nacional s/acción de amparo", sent. de 5-III-2003). Su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de modo tal que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo (Fallos: 306:1597 y, en especial, 325:1201, in re "T.V. Resistencia S.A.I.F. v. L.S. 88 T.V. Canal 11 Formosa s/daños y perjuicios", sent. de 28-V-2002, disidencia del doctor Adolfo R. Vázquez, cons. 8°; causa P. 100.629, "C., L. O. ó E., L. A.", sent. de 6-V-2009).
A tenor de las sentadas directrices y dadas las particularidades de la causa relevadas por el colega doctor Soria, comparto la propuesta que eleva al acuerdo y remito, en lo pertinente, a lo señalado en las causas P. 104.710, "F., H. J." (sent. de 25-VIII-2010); P. 128.206, "Luna", sent. de 5-VII-2017) -entre muchas- a la luz de los lineamientos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas F.274.XLIII "Fontenova", sent. de 3-VII-2007; T.400.XLIV "Trova", sent. de 10-XI-2009 y R.401.XLIII "Rodríguez Pereyra", sent. de 27-XI-2012).
Con el indicado alcance, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Comparto la solución a la que arriba el doctor Soria en cuanto propicia revocar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, con fundamento -exclusivamente- en lo dispuesto por el art. 47 de la ley 11.653 (v. punto III.1.b. primer párrafo in fine y segundo párrafo).
I.2. Cabe agregar que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa R.401.XLII "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" (sent. de 27-XI-2012) expresó que "...la descalificación constitucional de un precepto normativo [de oficio] se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos argumentales los que debe poner de manifiesto tal situación..." (cons. 13°).
En la especie, considero que el tribunal de trabajo interviniente incurrió en arbitrariedad, pues los argumentos que expuso en su pronunciamiento para tachar de inconstitucionalidad el art. 4 de la ley 26.773 sólo evidencian un fundamento dogmático, toda vez que más allá de la invocación -previo repaso jurisprudencial- al "principio de progresividad" y a la garantía del libre y pleno acceso a la justicia (v. fs. 84 y vta.) no se ocupó de explicar su contenido y el alcance de la infracción a los mismos.
Frente a lo expuesto, cabe concluir que la decisión del juzgador desconoció la muy arraigada doctrina según la cual la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.". sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457; 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
I.3. Finalmente, también suscribo la opinión expuesta por el doctor Soria en el punto III.2. de su propuesta.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Los autos deben ser devueltos al tribunal de origen a fin de que -con nueva integración y previa renovación o dictado de los actos procesales que estime necesarios- dicte un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta lo que aquí se decide.
Por lo expuesto, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Comparto la propuesta del doctor Soria, toda vez que considero que el tribunal de origen soslayó tanto la jurisprudencia nacional como la de nuestro Tribunal sobre la trascendencia que importa la declaración de inconstitucionalidad de una norma, como bien lo evidencian mis colegas preopinantes en sus votos.
En este sentido, adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1.b. y IV, al igual que lo manifestado por el doctor Genoud en el primer párrafo del punto II.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.1.d. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva la controversia.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2020 12:25:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 20:02:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2020 09:35:57 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 15:50:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 17:04:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia