Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120826
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada de conformidad con lo establecido en el último párrafo del punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, dicte nuevo pronunciamiento con los alcances indicados.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.826, "Pennone, Juan Carlos contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. fs. 108/122 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 136/144).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que Juan Carlos Pennone promovió contra la Provincia de Buenos Aires, reclamándole el pago de una indemnización integral -sustentada en las normas del derecho común- por las secuelas incapacitantes provocadas por lesiones en la columna vertebral vinculadas a las tareas que prestó en el Hospital Alejandro Korn de la localidad de Melchor Romero (v. fs. 108/122 vta.) .
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la legitimada pasiva con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 1.067, 1.068, 1.069 y 1.083 del Código Civil (ley 340); 4 de la ley 26.773; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 34 inc. 4, 163 incs. 4, 5 y 6 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773. Afirma que esa definición es incongruente, fruto de una absurda valoración del escrito de la demanda, que vulnera su derecho de defensa. Denuncia tergiversación de su objeto y contenido -comprensivo de un inexistente planteo de inconstitucionalidad- que derivó en una impropia acumulación de pretensiones, tal como postulara en su responde.
Sostiene que el tribunal de origen atribuyó al escrito de inicio un cuestionamiento al art. 4 de la ley 26.773 que claramente no contiene, incurriendo así en violación del principio de congruencia procesal que delimita el margen de decisión a las cuestiones positivamente solicitadas por las partes en los escritos constitutivos (conf. arts. 47, ley 11.653 y 163, CPCC).
Sin perjuicio de reconocer que los magistrados tienen atribuciones para declarar oficiosamente la invalidez constitucional de una norma, postula que el error denunciado deja al descubierto que la definición en disputa proviene de una equívoca interpretación de los términos de la demanda, en la que claramente la tacha no ha sido argüida.
Con apoyo en doctrina de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, refiere que la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad al que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución nacional.
Por aplicación de las señaladas directrices, afirma que la hermenéutica del art. 4 de la ley 26.773, cuya inconstitucionalidad se decidió, brinda al trabajador la opción de elegir la indemnización sistémica mediante el proceso correspondiente, o bien la que se determine con arreglo al derecho común. Vías que corrigen el error legislativo plasmado en el art. 39 de la ley 24.557.
Refiere que la interpretación literal del precepto llevada a cabo por el a quo resulta sesgada, puesto que, en rigor, el art. 4 ya mencionado prevé que la posibilidad de accionar sólo estará abierta una vez que el trabajador tenga cabal conocimiento si le corresponde una indemnización en el sistema especial, y eventualmente su monto. En consecuencia, no resulta un valladar irrazonable, pues garantiza al trabajador la posibilidad de aceptar la reparación y evitar la vía judicial, o en caso de serle negada la incapacidad, accionar por cualquiera de las vías que estime más conveniente.
Por ello considera ilógica la conclusión alcanzada en la sentencia, según la cual, la inconstitucionalidad de la norma radica en el hecho de negar al trabajador acceso a la justicia y obligarlo a aguardar una notificación que nunca sucederá. Afirma que, en la especie, ha sido el propio actor con su accionar quien provocó que no existiera intervención y decisión de los obligados al pago de las prestaciones dinerarias.
Con apoyo en lo expuesto, denuncia transgresión de los arts. 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 incs. 4 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 17 y 18 de la Constitución nacional; absurdo, vulneración del principio de congruencia y del derecho de defensa de su parte.
II.2. A todo evento, impugna la determinación del importe de condena.
Manifiesta que el juzgador soslayó considerar que el actor se encontraba jubilado por ser portador de una incapacidad psicofísica del 70% (en razón de habérsele diagnosticado diabetes, trastorno paranoide y depresión mayor, siendo todas patologías de carácter inculpable) desde tiempo antes de haber contraído la afección lumbar, hallándose acreditada dicha circunstancia con las constancias obrantes en los expedientes administrativos adjuntados a la causa.
Entiende que ello pone de manifiesto que la dolencia por la cual se condenó al Fisco provincial no pudo ocasionar en el accionante ningún desmedro a su capacidad laborativa, por cuanto esta última ya se encontraba limitada como consecuencia de una afección psíquica inculpable.
A lo expuesto añade, que tampoco se invocó y acreditó que el señor Pennone realizara alguna actividad económicamente valorable con posterioridad a la obtención del beneficio previsional que pudiera haberse visto disminuida en virtud de la lesión lumbar denunciada en autos.
En tales condiciones, asevera que lo reclamado en concepto de incapacidad laboral no podía tener favorable recepción en la instancia de grado, por representar un daño que no ha sido acreditado.
III. El recurso prospera.
III.1. Considero acertada la denuncia de absurdo y violación de la congruencia efectuada por la demandada.
En efecto, surge sin cavilaciones que aún frente al entramado normativo que rige el caso examinado (v. fs. 110 y remisión a liquidación de fs. 4 y 11 vta.), la actora no formuló análisis alguno en torno al nuevo diseño del régimen de riesgos del trabajo implementado por la ley 26.773.
Al igual que en el precedente L. 120.792, "Guarepi" (sentenciado en el día de la fecha), se detectan en la presente las mismas falencias que las señaladas por el doctor Soria en aquella causa. La lectura del escrito de inicio exhibe un desarrollo impreciso, consideraciones genéricas sobre normas inaplicables y citas aisladas sin soporte argumental. Nada se explica en dicha presentación acerca de la opción "excluyente" regulada por la norma que se descalificó en la sentencia; tampoco al evacuar el traslado conferido en los términos del art. 29 de la ley 11.653 (v. fs. 51), pues soslayando toda consideración sobre la defensa opuesta por la demandada, la actora se limitó a peticionar la apertura a prueba de las actuaciones.
Con lo dicho, se observa que el tribunal incurrió en una errónea interpretación de los escritos, sobre cuya base y con reproducción de lo argumentado en otro antecedente del mismo órgano jurisdiccional, evaluó en extenso la normativa en disputa, concluyendo sobre su invalidez constitucional.
III.2. Conforme tiene dicho esta Corte, la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del ordenamiento jurídico (CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 316:842 y 324:920; e.o.); por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (CSJN Fallos: 315:923; 321:441 y cons. 21° del voto en disidencia de los doctores Belluscio, Boggiano y Maqueda, in re "Provincia de San Luis v. Estado Nacional s/acción de amparo", sent. de 5-III-2003). Su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de modo tal que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo (Fallos: 306:1597 y, en especial, 325:1201, in re "T.V. Resistencia S.A.I.F. v. L.S. 88 T.V. Canal 11 Formosa s/daños y perjuicios", sent. de 28-V-2002, disidencia del doctor Adolfo R. Vázquez, cons. 8°; causa P. 100.629, "C., L. O. ó E., L. A.", sent. de 6-V-2009).
A tenor de las particularidades de esta causa, adiciono los fundamentos dados en los precedentes P. 104.710, "F., H. J.", sentencia de 25-VIII-2010 y P. 128.206, "Luna", sentencia de 5-VII-2017 -entre muchas- a la luz de los lineamientos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas F.274.XLIII "Fontenova", sent. de 3-VII-2007; T.400.XLIV "Trova", sent. de 10-XI-2009 y R.401.XLIII "Rodríguez Pereyra", sent. de 27-XI-2012) -a los que remito por motivos de brevedad-.
Por ello, corresponde revocar la sentencia de origen en cuanto juzgó la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773. Los autos deben regresar al tribunal de origen para que, debidamente integrado y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva nuevamente la controversia.
III.3. La propuesta formulada torna innecesario examinar los demás cuestionamientos traídos.
IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley instaurado, con el alcance indicado en el punto III.2. del presente. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. En orden al agravio referido a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada por el tribunal de grado, comparto las razones esgrimidas por el ponente en los puntos III.1. y III.2. -este último en su primer y tercer párrafos- de su voto para acoger el agravio fundado en la violación del principio de congruencia.
Para más, a tenor de su relación con lo aquí debatido, no puedo dejar de señalar -y en lo pertinente, a sus fundamentos remito- que en oportunidad de emitir mi opinión en el precedente L. 120.792, "Guarepi" (sentenciado en el día de la fecha), en razón de no hallar configurados los supuestos habilitantes a tales fines propuse revocar el pronunciamiento de grado que ante la ausencia de todo planteo de parte había juzgado de oficio la inconstitucionalidad de la referida norma.
I.2. Finalmente, comparto lo señalado por el mencionado colega en el punto III.3. de su opinión.
II. Con todo, corresponde acoger el recurso de inaplicabilidad de ley deducido y devolver las actuaciones al tribunal de grado para que, con distinta integración y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva el caso. Con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Como hube de hacerlo al emitir mi voto en la causa L. 120.792, "Guarepi" (sentenciada en el día de la fecha) - de connotaciones similares a la presente-, también comparto la solución propuesta por el colega doctor Genoud para revocar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 con fundamento en la transgresión del principio de congruencia, a cuyos argumentos -en ese aspecto- me remito.
I.2. Finalmente, también suscribo la opinión expuesta por el doctor Genoud en el punto III.3. de su propuesta.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Los autos deben ser devueltos al tribunal de origen a fin de que -con nueva integración y previa renovación o dictado de los actos procesales que estime necesarios- dicte un nuevo pronunciamiento.
Por lo expuesto, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Genoud, con excepción del segundo párrafo del punto III.2. de su sufragio.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada de conformidad con lo establecido en el último párrafo del punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, dicte nuevo pronunciamiento con los alcances indicados.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2020 12:25:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 20:02:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2020 09:35:54 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 15:50:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 17:09:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia