Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120760
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.760, "Fleita, Ceferino Esteban contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 273/285 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 293/306 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y rechazó la demanda deducida por el señor Ceferino Esteban Fleita, mediante la cual le había reclamado el pago de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 y la reparación integral por los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo y de las dolencias que contrajo a consecuencia de las tareas prestadas como agente de policía (v. fs. 273/285 vta.).
Con sustento en la pericia médica, las contestaciones a las impugnaciones formuladas por ambas partes litigantes, los estudios médicos complementarios e informes psiquiátricos y psicológicos agregados a la causa, el a quo tuvo por acreditado que el actor es portador de un trastorno por estrés postraumático, que se corresponde con una reacción vivencial anormal neurótica grado II, que lo incapacita de modo parcial y permanente en un 13% del índice de la total obrera. También, que padece una discopatía por sobrecarga estática dinámica del cuello, que le provoca una incapacidad del 14% del índice de la total obrera. En tales condiciones, refirió el juzgador que de la sumatoria de ambas minusvalías -psíquica y física- se arriba a una incapacidad permanente y definitiva, hipotéticamente indemnizable, del orden del 27% del índice de la total obrera (v. fs. 274 in fine y vta.).
Puntualizó luego el tribunal de origen, que todo el andamiaje del reclamo actoral tuvo su vértice en la certificación médica del 10 de junio de 2010 obrante a fs. 4/5, de la cual se extrae que Fleita presenta secuela de herida de bala en tórax, región dorsal y escapular derecha, alteración en la movilidad del hombro y columna y trastornos neurológicos periféricos en miembro superior derecho; entendiendo el profesional certificante que el paciente debe realizar rehabilitación durante seis meses, fisioterapia, kinesiología, terapia ocupacional y gimnasio (v. fs. 274 vta. in fine y 275).
Indicó que del análisis del escrito de demanda surgía que el promotor del pleito había relacionado las patologías por las cuales reclamaba al accidente de trabajo protagonizado el 26 de agosto de 2000 -ver fs. 105- y a las tareas realizadas como funcionario policial durante el curso de la relación laboral, precisando que las cervicalgias y cervicobraquialgias eran secundarias a su trastorno neuromuscular de dorsales y espinales, derivando las mismas de aquel hecho traumático (v. fs. 275).
Explicó el juzgador que, en su libelo de inicio, el accionante refirió haber participado de un enfrentamiento armado con delincuentes en el que recibió un disparo con orificios de entrada y salida en el omóplato, por lo que las lesiones -de carácter leve- fueron declaradas imputables al servicio por parte del Director General de Sumarios Administrativos mediante resolución n° 5.165, de fecha 7 de noviembre de 2003. Dejó sentado, asimismo, que en la actualidad Fleita se desempeña como perito en rastros y dibujo de rostros, y que las tareas realizadas le demandan concurrir a lugares donde se producen hechos violentos, vivenciando situaciones de riesgo de vida y de estrés (v. fs. 275 y vta.).
Destacó el tribunal de trabajo que con el expediente administrativo n° 5100-21.813/2012 se acreditó que el accionante dio inicio a una denuncia por accidente de trabajo el día 12 de septiembre de 2000, registrándose el siniestro bajo el n° 309.245, y que la aseguradora de riesgos del trabajo le otorgó las prestaciones en especie y dinerarias pertinentes. Asimismo, que la Comisión Médica n° 10D, en el expediente 10D-L-01084/02, determinó un 0% de incapacidad permanente, parcial y de carácter definitivo (v. fs. 276 vta.).
Sobre esa base, en lo que aquí interesa destacar por constituir materia de agravio, el sentenciante juzgó que resultaba gravitante determinar la fecha en que el trabajador había tomado cabal conocimiento de su incapacidad a los fines de resolver la defensa de prescripción opuesta por la demandada (v. fs. 276 vta.).
Sostuvo que con los elementos de prueba referenciados no cabía duda en cuanto a que la primera manifestación invalidante debía situarse cuando ocurrió el accidente de trabajo, esto es, el 26 de agosto de 2000. No obstante, lo cual, juzgó que en los términos del art. 7 apartado 2 inc. "c" de la ley 24.557, la consolidación del daño debía quedar establecida al año de su ocurrencia (26 de agosto de 2001), momento en el que el actor conoció que se encontraba incapacitado para la realización de sus tareas habituales (v. fs. 277).
Indicó luego, que al haberse iniciado la demanda el 15 de junio de 2012 (conforme sello fechador obrante a fs. 33 vta.), tanto la acción por la que se procuraba el resarcimiento previsto en el régimen especial de la ley 24.557, como aquella otra tendiente a obtener la indemnización derivada del derecho común, se hallaban prescriptas (v. fs. 277 in fine ).
Desestimó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 9 apartado 2 y 44 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, por entender que el accionante no había demostrado que las normas cuestionadas violaran derecho constitucional alguno (v. fs. 282 y vta.).
Desde otra perspectiva, indicó -con apoyo en los arts. 4.037, Código Civil (ley 340) y 2.554 y 2.562 inc. "b", Código Civil y Comercial- que si bien en principio, en los casos de responsabilidad extracontractual, el plazo prescriptivo se computa desde la producción del hecho generador, lo cierto es que el nacimiento de la acción está subordinado al conocimiento real y efectivo por parte del acreedor no solo del hecho, sino, además, del daño proveniente de él. En este contexto, entendió que el actor conoció el daño -aunque no con certeza del grado- al momento de su consolidación (26 de agosto de 2001), habiendo -asimismo- transcurrido en exceso el plazo bienal de prescripción liberatoria, por lo que también hizo lugar a la defensa de prescripción de la acción fundada en el derecho común opuesta por el Fisco provincial (v. fs. 282 vta./284).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 2.554 del Código Civil y Comercial; 258 de la Ley de Contrato de Trabajo; 9 apartado 2, 14 apartado 2, 21 apartado 1 inc. "a" y 44 apartado 1 de la ley 24.557; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, cuestiona la determinación del momento a partir del cual se computó el plazo prescriptivo previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo.
En esencia, afirma que según lo había expuesto en su escrito de demanda, la ley 24.557 dispone y estructura un sistema procedimental de tránsito obligatorio para que el trabajador pueda acceder a la reparación de su incapacidad; agregando que dicho "sistema" torna absolutamente imposible el nacimiento sin la intervención de los organismos pertinentes y la emisión de un acto que declare su "definitividad", resultando inimaginable que la mera existencia de una "primera manifestación invalidante" y el transcurso del tiempo a partir de ella, sean suficientes para exigir el otorgamiento de una prestación de pago único.
Alega que la cuestión de la exigencia del acto jurídico declarativo de la definitividad de la incapacidad fue una materia que se sometió a decisión del a quo , quien, pese a ello, omitió su tratamiento, dejando así de conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, evidenciando que la sentencia no se ha mostrado atenta a la pretensión jurídica que formó parte del contenido de la disputa, resultando por ello absurda.
Lo mismo acontece, afirma, en relación al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 9 apartado 2 y 44 apartado 1 de la ley 24.557, toda vez que, luego de plasmar meras consideraciones genéricas sobre el instituto de la prescripción, el sentenciante soslayó el tratamiento de esta cuestión sometida a su consideración.
II.2. En segundo término, controvierte la conclusión de origen que declaró prescripta la acción de derecho común.
En este sentido, alega -con arreglo a lo resuelto por esta Corte en los precedentes que individualiza- que el plazo prescriptivo comienza cuando el titular tiene la acción expedita, señalando que ello acontece cuando se tiene noción del daño ocasionado, la incapacidad por la que solicita el resarcimiento tiene carácter irreversible o permanente y, asimismo, se tiene conocimiento que las tareas prestadas han sido la causa o la concausa de aquella.
Refiere que, en rigor, la "acción expedita" jamás fue tenida en consideración por parte del tribunal de grado en el razonamiento que lo condujo a decidir la cuestión, pues, conforme resultó acreditado en el veredicto, la Comisión Médica fijó un 0% de incapacidad derivada del accidente de trabajo denunciado. De allí, que deviene contradictorio el fallo que determinó que la consolidación del daño quedaba establecida al año de la ocurrencia de dicho infortunio, porque en aquel momento el actor carecía de incapacidad producida por ese evento.
Aduce que tampoco, en parte alguna del veredicto y la sentencia, el juzgador se refirió al momento en que Fleita supo que su incapacidad era de carácter irreversible, no obstante colocar dogmáticamente la toma de conocimiento al año de producido el suceso que le provocó el daño en su salud.
Finalmente, argumenta que el fallo de grado se exhibe irrazonable e ilógico al concluir que el demandante supo que su incapacidad tenía origen en el trabajo cuando, de conformidad con las conclusiones plasmadas en el veredicto, tuvo por comprobado en un primer momento que la Comisión Médica le notificó que no poseía minusvalía alguna, y luego, ante una posterior solicitud (del día 7 de octubre de 2005) de reingreso y actual grado de incapacidad, dicha entidad rechazó tal petición indicando que su enfermedad era de carácter inculpable.
III. El recurso no prospera.
III.1. Es doctrina reiterada de esta Suprema Corte que determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, establecer el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción constituyen -en tanto involucran el análisis de cuestiones de hecho- temáticas privativas de los tribunales de trabajo en principio irrevisables en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 104.077, "Andersen", sent. de 23-II-2011; L. 114.305, "Batista", resol. de 28-IX-2011; L. 100.504, "Aredes", sent. de 28-XII-2011; L. 114.222, "Maggi", sent. de 29-V-2013; L. 117.901, "Fernández", sent. de 20-V-2015; L. 120.002, "Suvia", sent. de 27-VI-2018; e.o.).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016; L. 117.888, "Garrigou", sent. de 29-VIII-2017; L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; e.o.).
III.1.a. En lo que respecta a la declarada procedencia de la excepción de prescripción vinculada con la pretensión del pago de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557, no logra el recurrente evidenciar que el pronunciamiento de grado se encuentre afectado por tal vicio extremo al establecer la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad, pues la crítica es insuficiente.
III.1.a.i. El tribunal de grado sostuvo que la primera manifestación invalidante debía situarse el día 26 de agosto de 2000, esto es, cuando se produjo el accidente de trabajo; y la consolidación jurídica y definitiva del daño al año de ocurrencia de dicho evento, es decir, el 26 de agosto de 2001 (v. fs. 281).
Conforme la interpretación que llevó a cabo de las disposiciones contenidas en los arts. 9 apartado 2 y 44 de la ley 24.557, el a quo expresó que el momento en el cual la prestación debe ser "abonada" o "prestada" no puede ser otro que aquel en el cual el daño se exteriorizó, pues -explicó- no se indemniza al accidente o la enfermedad profesional en sí misma (v. fs. 281 in fine y vta.).
En ese orden de ideas, señaló que la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva reclamada en autos debió ser abonada desde la determinación de ese carácter, pudiendo configurarse tal situación desde el cese del carácter temporario de la incapacidad, lo que sucede por: a) alta médica; b) declaración de incapacidad laboral permanente; c) transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante y d) muerte del damnificado (art. 7, LRT; v. fs. 281 vta.).
En tales términos, concluyó que a partir del supuesto contemplado en el apartado 2 inc. "c" de la norma (transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante) las prestaciones debieron ser abonadas a partir del mes de agosto del año 2001. Por ello, iniciada la demanda el 26 de junio de 2012 había transcurrido en exceso y holgadamente el plazo legal de dos años para que opere la prescripción liberatoria (v. fs. 281 vta. in fine y 282).
Indicó además que el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora en relación a los arts. 9 apartado 2 y 44 apartado 1 de la ley 24.557 no podía tener favorable recepción. Ello así, porque, si bien es cierto que las normas que determinan prescripciones liberatorias son -en la mayoría de los casos- injustas, porque pueden quitar derechos de las personas, lo cierto es que el instituto ha sido adquirido en la legislación argentina con el fin de hacer operativa la seguridad jurídica, que -en más o en menos- debe prevalecer en todos los ordenamientos jurídicos (v. fs. cit.).
Agregó, con apoyatura en las distintas opiniones doctrinarias y jurisprudenciales que citó, que un somero examen de la cuestión permitiría sostener que este medio liberatorio contradice el principio de irrenunciabilidad, siendo tal incompatibilidad solo aparente, porque a través de la prescripción no se afecta la intangibilidad de los derechos, sino que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado. De lo contrario, continúa, se crearía una gran inseguridad jurídica en las relaciones laborales (v. fs. 282 y vta.).
Con todo, el tribunal sentenciante concluyó que no se había demostrado en autos que las normas cuestionadas violen derecho constitucional alguno (v. fs. 282 vta.).
III.1.a.ii. En la crítica el interesado denuncia que el tratamiento del tema ha sido absurdo, y que en él se ha omitido analizar las argumentaciones introducidas por su parte al interponer la demanda, violando de tal modo el principio de congruencia (v. rec., fs. 299 vta./303).
III.1.a.iii. Con tales argumentaciones no logra el recurrente evidenciar que, en el caso, se verifique un quiebre a dicho postulado, desde que el juzgador no se apartó de las propuestas hechas por las partes en relación a la fecha en que debía comenzar a correr el plazo de prescripción de la acción referida al otorgamiento de las prestaciones tarifadas de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Cabe indicar que el actor alegó en su escrito de inicio que dicho plazo no había comenzado a transcurrir porque no se había determinado aún el carácter definitivo de la incapacidad por parte de la Comisión Médica, presupuesto indispensable para poder establecer el momento en que la prestación dineraria de pago único debió abonarse en los términos de los arts. 7 apartado 2 inc. "c", 9, 14 apartado 2, 21 apartado 1 inc. "b" y 44 apartado 1 de la ley 24.557 (v. dem., fs. 24 y 26 vta./29). Y la accionada desconoció esas circunstancias invocando que el daño se consolidó transcurrido un año del hecho que lo originaría, es decir, el día 26 de agosto de 2001 (v. fs. 49).
En dicho contexto resulta de aplicación la doctrina legal de esta Corte en cuanto tiene establecido que el principio de congruencia solo se viola cuando se introducen en forma sorpresiva cuestiones de índole fáctica a cuyo respecto las partes no hubieran podido ejercer su plena y oportuna defensa, pero no cuando -como aquí acontece- se valora y decide sobre los hechos conducentes y controvertidos de la causa (causas L. 94.981, "Pace", sent. de 15-VII-2009; L. 99.448, "González", sent. de 3-III-2010; L. 118.981, "Pérez", sent. de 12-IX-2018; e.o.).
III.2. La misma suerte adversa ha de correr la objeción planteada en torno a la prescripción de la acción de derecho común, ya que el agraviado omitió denunciar la violación o errónea aplicación de la norma que, precisamente, tuvo en consideración el a quo para resolver como lo hizo.
Haber ignorado el sustrato normativo del tramo de la sentencia que ataca (esto es, los arts. 4.037, Cód. Civ. -ley 340- y 2.562 inc. "b", Cód. Civ. y Com.; v. sent., fs. 282 vta. in fine /284) no puede conducir a otra respuesta que no sea la del rechazo del agravio por insuficiente (causas L. 104.698, "Crizaldo", sent. de 26-IX-2012; L. 116.001, "Cabral", sent. de 26-III-2015; L. 120.519, "Barbas", sent. de 28-XI-2018; e.o.); sin que pueda la Suprema Corte suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse para sustentar la crítica (causas L. 117.697, "Pérez", sent. de 27-V-2015; L. 117.725, "Giribaldi", sent. de 10-VIII-2016; e o.).
Para más, no resulta idónea a los fines de modificar el fallo impugnado la doctrina legal citada en la postulación recursiva, en tanto ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se ventilan en autos (causas L. 103.554, "Velozo", sent. de 15-VI-2011 y L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/11/2020 13:02:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/11/2020 17:16:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/11/2020 09:47:04 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2020 12:42:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2020 12:53:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.