Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125234
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, por mayoría, rechazó la acción promovida por Rodolfo Ariel Moccio contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. mediante la que procuraba el cobro de las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 142/162).
Para así decidir, juzgó que el accionante no pudo acreditar que el hecho que denunció como ocurrido en fecha 6 de noviembre de 2016 fuera un accidente de trabajo, ni que padezca una enfermedad vinculada a las labores realizadas para su empleador.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 31-X-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 174/175 en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En su presentación denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de las normas, garantías y de la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, afirma la existencia de contradicción en el fallo, toda vez que del veredicto surge el reconocimiento del infortunio sufrido por el trabajador, el cual, en la sentencia, se lo rechaza.
Agrega que el tribunal no tuvo en cuenta que fue la propia demandada quien reconoció el accidente denunciado, aunque señalando que no había generado incapacidad en el trabajador.
Finalmente le cuestiona al juzgador de grado no aplicar, al respecto, la disposición del art. 6 del decreto 717/96.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
III.2. Sentado lo que antecede, corresponde destacar que el impugnante pretende prescindir del límite económico en la restricción de la admisibilidad (art. 278, CPCC) a la luz de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Mascio" (Fallos: 311:2478). Sin embargo, el tenor de los planteos ensayados por el interesado no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal (art. 14, ley 48; causas L. 109.338, "Santillán", resol. de 23-XII-2009; L. 117.172, "Corvalán", resol. de 5-IV-2013 y L. 121.042, "Vande Vrande", resol. de 11-IV-2018).
Como es sabido, dicho criterio jurisprudencial condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa (como -en el caso- el valor del litigio previsto en el citado art. 278) a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el acceso a esta instancia de embates que porten agravios federales.
Pues bien, ninguno de los planteos impugnativos introducidos en el sub lite permiten considerar que nos hallamos ante materias de las previstas en el art. 14 de la ley 48. Por el contrario, el embate de recurrente se relaciona con cuestiones de hecho y prueba, como así también de interpretación y aplicación del derecho común y procesal que resultan ajenas a la vía establecida en la citada norma (causas L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009; L. 121.039, "Juncos", resol. de 27-IX-2017 y CSJN Fallos: 310:1545, 325:2192, 1145).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, puesto que, dejando de lado que las objeciones que porta el recurso se refieren a típicas cuestiones fácticas y probatorias marginadas de la revisión por conducto de la excepción examinada, los precedentes invocados por el interesado, además de haber sido elaborados sobre presupuestos fácticos disímiles, se hallan vinculados a la definición del vicio de absurdo, los cuales, conforme se ha sostenido en reiteradas oportunidades, resultan carentes de idoneidad a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 120.492, "Olmos", resol. de 21-VI-2017).
III.4. Finalmente, cabe recordar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010 y L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2020 19:17:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/12/2020 21:31:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2020 09:44:11 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2020 11:46:17 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2020 10:16:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia