Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124732
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.732, "Soto, Elida contra Dirección General de Cultura y Educación y otro/a. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, de Lázzari, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes rechazó la acción deducida e impuso las costas -con el beneficio de gratuidad- a la parte actora (v. fs. 304/314 vta.).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6 de septiembre de 2019; v. copia, fs. 323/330).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Presidenta del tribunal de trabajo interviniente en etapa de ejecución de sentencia, hizo lugar al reclamo articulado por el representante legal del Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Tasa de Justicia (dependiente de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia), e intimó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a depositar en la cuenta bancaria destinada a aquellos fines, la suma correspondiente a los honorarios del médico laboralista Miguel Ángel Sirna, la contadora Inés Do Santos y la psicóloga María L. Sánchez, por su trabajo profesional efectuado en la causa, en su carácter de peritos oficiales dependientes de la Dirección General de Asesoría Pericial del Poder Judicial provincial (v. proveído electrónico de fecha 11 de julio de 2019).
Frente a ello, la Fiscalía de Estado formuló oposición (v. escrito electrónico de fecha 9 de agosto de 2019), la que posteriormente fue desestimada por el tribunal en pleno (v. fs. 321/322 vta.).
Para resolver de ese modo, sostuvo que los estipendios judiciales regulados a peritos oficiales de la Asesoría Pericial dependiente del Poder Judicial de la Provincia resultan ajenos a lo establecido en el decreto 2.125/62, el que -adujo- legisla sobre la situación de los agentes que se desempeñan en la Administración Pública y de los casos en que éstos lo hacen en representación del Fisco, como apoderados, patrocinantes, peritos, administradores, interventores o cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial, por la que pueda establecerse o regularse honorarios a su favor.
Afirmó que la ley 5.827 (y modif.) regula el funcionamiento de la Oficina Pericial de los Tribunales de Justicia, estableciendo las funciones de sus integrantes, sus prohibiciones y el devengamiento de honorarios en las causas y fueros judiciales, no encontrándose como excepción la situación en que el Estado provincial debe abonar honorarios, sea como condenado en costas o como producto de lo dispuesto en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Consideró que el Fisco provincial y los peritos oficiales -que prestan servicios en el ámbito del Poder Judicial- pertenecen a distintos poderes del Estado, con autonomía financiera y funcional (conf. arts. 5 y 6, Acuerdo 1.870/79 y modifs.), resultando inaplicable respecto de dichos agentes la prohibición del art. 1 del decreto ley 2.125/62, invocada por la parte demandada.
Concluyó que la Provincia de Buenos Aires debe cancelar los honorarios por la actuación de los peritos de la Asesoría Pericial.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 57,168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 724, 862 y 1.627 y concordantes del Código Civil velezano; 1 y 3 del decreto ley 2.125/62; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1 y 3 del decreto ley 2.125/62; 5 y 6 del Acuerdo 1.870/79; el decreto ley 8.904; la ley 5.827; ley 13.767 y la doctrina legal que identifica (v. escrito electrónico de fecha 6 de septiembre de 2019).
En sustancia, alega quebrantada la doctrina legal que emana del precedente B. 60.505, "Barbalarga, Elvira Anunciada contra Provincia de Buenos Aires (IPS)" (resol. de 21-VIII-2013), en el que se resolvió que "...conforme la condena en costas establecida en el presente (v. fs. 110/124), por imperio de lo normado por el art. 476 del C.P.C. y C., sumado al desinterés manifestado a fs. 42 por la parte demandada y en virtud de lo establecido en el art. 1 del decreto 2125/62, que dispone que cualquier funcionario o empleado de la administración cualquiera sea su vinculación con el Estado- no tendrá derecho a percibir honorarios en aquellos casos en donde deba actuar como perito y su satisfacción recaiga en el Provincia, corresponde al solicitante de la pericia, sufragar los gastos que generó la actuación del experto..." (pág. 5 del escrito recursivo).
En tal sentido, manifiesta que no resulta pertinente que la Provincia de Buenos Aires abone los honorarios regulados al perito oficial, dado que se trata de un funcionario del propio Estado provincial y, que en tal carácter, percibe un sueldo por parte de éste, por lo que, conforme lo dispuesto por el art. 1 del decreto ley 2.125/62, se encuentra –afirma- imposibilitado de cobrarle sus estipendios al Fisco.
Aduce que el Acuerdo SCBA 1.870/79 reglamenta lo atinente a los recursos y ejecución de costas devengadas en favor de los peritos de la Asesoría Pericial, pero nada dice cuando el obligado al pago es el mismo Fisco, a quien en definitiva, pertenece el perito de dicho organismo, y a cuyo patrimonio (el del Estado) va destinado el emolumento, esto último por cuanto se entiende no caben las distinciones entre los distintos poderes estatales, cuando en la realidad, éste aún bajo el ropaje de descentralizaciones y autarquías, es siempre el mismo (v. págs. 6/7 del escrito recursivo). Sostiene que se estaría frente a una situación de confusión -que es causal de extinción de la obligación de pago (conf. art. 724, Cód. Civ.)-, al reunirse en una única e idéntica persona la calidad de deudor y de acreedor.
Denuncia vulnerada la ley de administración financiera n° 13.767 y argumenta que el remunerar doblemente el trabajo de un agente estatal importa disponer de gastos arrogándose una función que pertenece al poder ejecutivo y usurpa la iniciativa presupuestaria en materia de nuevos gastos; contradiciendo el principio de división de poderes propio del sistema republicano de gobierno (arts. 1, Const. nac. y 1, Const. prov.) y violando el principio constitucional que establece que no hay gasto válido sin ley de presupuesto (art. 103 inc. 2, Const. prov.).
Por otro lado, alega que su parte peticionó la intervención de la Asesoría Pericial con la expresa finalidad de evitar erogaciones a cargo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la designación de peritos de lista, y el consecuente pago de honorarios. Argumenta que de ese objetivo tuvo pleno conocimiento el profesional al momento de aceptar el cargo, por lo que en ese momento la Asesoría Pericial debió oponerse y hacer saber que reclamaría en su oportunidad los estipendios por la labor de sus funcionarios. Ello hubiese permitido a su parte evaluar la postura esgrimida y la designación requerida. De este modo, explica que el acto de aceptación es una conducta jurídicamente relevante a la cual no pueden oponerse al culminar el pleito, reclamando honorarios en forma contradictoria con dicho acto de aceptación (v. pág. 13).
III. El recurso es inadmisible.
III.1. En primer lugar, corresponde poner de resalto que esta Corte reiteradamente expresó que las vías extraordinarias sólo proceden contra las sentencias definitivas, es decir, aquellas que ponen fin a la litis que motivó el pleito, pero no contra las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (causas L. 118.031, "Loupias", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.521, "García", resol. de 19-II-2015 y L. 121.076, "Matitti", resol. de 29-VIII-2017). Sin embargo, en el caso, la decisión del tribunal de grado, en cuanto desestimó la oposición formulada por la Fiscalía de Estado resolviendo el tópico desarrollado en torno a la obligación de pago de los honorarios regulados a los peritos oficiales -aspecto que se cuestiona en la impugnación-, reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 89.189, "Espósito", resol. de 3-XII-2003; Ac. 104.791, "Vizzocco", resol. de 30-IX-2009; L. 122.307, "Presta", resol. de 26-VI-2019; e.o.).
III.2. Sentado ello, se observa que el valor del litigio -representado por los estipendios estimados a los peritos oficiales en razón de la actividad profesional desarrollada en el presente- no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010; L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; e.o.).
Cabe agregar a lo dicho que, contrariamente a lo postulado por el interesado, no se encuentra en debate una cuestión que deba calificarse como de gravedad y trascendencia institucional susceptible de justificar la apertura de la instancia extraordinaria con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, toda vez que no se evidencia que la solución dada al conflicto exceda el interés de las partes para afectar de modo directo al de la comunidad.
III.3. Bajo esa directriz, la doctrina legal cuya transgresión se denuncia en la impugnación bajo estudio no resulta idónea para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017; L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; e.o.).
III.3.a. En efecto, y sin perjuicio de tratarse de una causa de naturaleza contenciosa administrativa, en la doctrina que emerge del precedente B. 60.505, "Barbalarga" (resol. de 21-VIII-2013) el núcleo central de la cuestión fue la revisión de una resolución dictada el 24 de agosto de 2011 por este superior Tribunal. Si bien en aquella oportunidad se desestimó la ejecución contra el Fisco provincial de los emolumentos fijados al perito contador oficial por su intervención en dichas actuaciones, estableciéndose -asimismo- que ellos deberían ser soportados por la demandante oferente de la prueba, el fundamento de la decisión encontró sustento en el desinterés expresado por la accionada al contestar la demanda respecto a la producción de la pericial contable ofrecida por la contraria, en lo normado por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial y, también, se tuvo en cuenta que la condena en costas establecida en la sentencia de fecha 27 de octubre de 2004 se estableció en el orden causado.
Dicho precedente difiere sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, en los cuales -en el ámbito de un proceso laboral- la propia demandada si bien se opuso a la designación de los peritos contador y psicólogo, solicitó a todo evento que "...la designación de la totalidad de los peritos sea efectuada a través de la Asesoría Pericial departamental" (fs. 96) y, luego, el tribunal de grado en su sentencia impuso las costas a cargo de la actora por los rubros que fueron rechazados y a la demandada por aquellos que prosperaron (v. sent., fs. 314).
En tales condiciones, y más allá de la interpretación que pudiera derivarse de la normativa en juego, el cuestionamiento traído a esta sede casatoria no puede ser atendido, dada -como anticipé- la ausencia de similitud de las bases fácticas del precedente cuya transgresión se invoca.
III.3.b. Finalmente, resta señalar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta de mi colega doctor Torres desde que, aun con ciertos matices propios, el caso bajo análisis presenta similares connotaciones a las verificadas en la causa L. 124.722, "Amatto" (sent. de 22-XII-2020).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2021 13:45:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/02/2021 18:52:43 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 10:20:07 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 12:54:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 14:30:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia