Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125383
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción incoada por Yanina Solange Duarte contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en concepto de indemnización por enfermedad accidente (v. fs. 126/131 vta.).
Para así decidir, tras valorar en conciencia las pruebas aportadas al proceso, juzgó que la actora no acreditó la realización de tareas pesadas y de esfuerzos repetitivos descriptas en la demanda, ni, por ende, su nexo causal con las patologías denunciadas.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 24-XII-2019), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 164 y vta.
En su escrito recursivo denuncia absurdo y la transgresión de principios, garantías y la doctrina legal que identifica.
En lo esencial objeta la conclusión de grado en cuanto rechazó la pretensión articulada. Sostiene que el a quo se apartó, sin fundamento científico, de las conclusiones vertidas en el dictamen pericial médico, en el que se determinó el porcentaje que padece la actora, y su vinculación directa con su actividad laboral.
III. El recurso no es de recibo.
III.1. Liminarmente corresponde recordar que este Tribunal ha sostenido que determinar tanto la existencia de nexo causal o concausal entre las labores desarrolladas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, así como la apreciación del material probatorio, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, que no resulta susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019; L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020 y L. 124.838, "Piciana", resol. de 16-X-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII- 2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.2. En el caso, el tribunal de grado tras evaluar la pericia médica y apreciando la carencia de elementos probatorios que acrediten las tareas pesadas y los esfuerzos repetitivos descriptos en el escrito de inicio, juzgó no acreditado que las patologías que presenta la trabajadora guarden relación con el trabajo realizado.
En ese marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido, por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar las pruebas aportadas al proceso, soslayando que el absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia, pues no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al a quo el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019; L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Asimismo, deviene necesario destacar que en el proceso laboral, la valoración de la prueba resulta materia privativa de los jueces de grado, facultad que comprende la evaluación de las pericias rendidas y la eficacia que le adjudiquen a las conclusiones de los expertos (causas L. 122.162, "Alarcón", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.931, "San Martín", resol. de 16-VI-2020), salvo la hipótesis de configuración del referido vicio de absurdo, que, en el caso, como se anticipó, no logra ser demostrado.
III.3. Tampoco resulta eficaz para controvertir el fallo el cuestionamiento que gira en torno a la infracción al principio in dubio pro operario, desde que esta Corte tiene dicho que no resulta tal si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 122.224, "Donadio", resol. de 10-IV-2019, L. 124.022,"Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020 y L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020).
III.4. Para más, en cuanto a la denuncia efectuada en torno a que su parte se vio privada de producir la prueba testimonial, cabe señalar que este tipo de cuestiones, preclusas y anteriores al dictado de la sentencia, son ajenas al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 124.782, "Ferreyra", resol. del 5-XII-2019 y L. 1, "Fleitas", sent. del 25-IX-2020).
III.5. Por otro lado, no se configura violación de la doctrina legal establecida en los precedentes de esta Corte citados en el escrito recursivo, pues han sido elaboradas sobre la base de disímiles presupuestos fácticos (causas L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.499,"Cabrera", resol. de 16-VI-2020).
Finalmente, carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019; L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020 y L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2021 14:00:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/03/2021 19:52:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2021 20:00:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2021 10:12:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2021 11:43:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia