Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125790
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos, en tanto los agravios tratados en los puntos III. y IV.2. han sido insuficientemente fundados y el abordado en el punto IV.3. ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Los señores Jueces, doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda interpuesta por Alberto Ezequiel Molina contra la Municipalidad de Merlo y Provincia ART S.A. en concepto de indemnización por siniestro laboral con fundamento en el derecho común. Asimismo, también condenó a la citada aseguradora al pago de las prestaciones de la ley especial (v. fs. 559/572).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor sufrió un accidente de trabajo mientras patrullaba en un móvil conducido por un compañero en las calles del municipio de Merlo. Igualmente, consideró probado que a consecuencia del referido infortunio, Molina padeció un infarto de miocardio, que le causó una minusvalía parcial y permanente del 80% del índice de la total obrera, comprensiva de incapacidad física y psíquica.
En ese contexto, atribuyó responsabilidad a la empleadora, tras considerar que el evento dañoso fue causado por la actividad riesgosa que desarrollaba el actor, no demostrándose culpa de la víctima o de un tercero por quien la municipalidad demandada no debiera responder.
Por otra parte, circunscribió la condena contra la asegurada accionada únicamente en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo.
II. Contra dicho pronunciamiento, ambas codemandadas interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 26-XI-2019 y 27-XI-2019), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 611 y vta.
III. En la vía articulada por la Municipalidad de Merlo, se denuncia los vicios de absurdo y arbitrariedad. En sustancia, se agravia del excesivo quantum indemnizatorio al que arribó el tribunal de grado, al tiempo que le cuestiona a éste que no haya expresado qué formula o cálculo matemático utilizó a tal fin.
III.1. El remedio no prospera.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que la determinación de la cuantía resarcitoria en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común constituye, por regla, una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y, como tal, ajena al ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo absurdo (causas L. 117.226 "Guajardo", sent. de 25-II-2015; L. 121.725, "Oviedo", resol. de 7-III-2019 y L. 124.091, "Suchetti", resol. de 11-III-2020).
También es facultad de dichos magistrados la elección de las pautas que consideran adecuadas cuando se trata de establecer el referido monto, y en tal supuesto la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 114.082, "Borda", resol. de 21-IX-2011; L. 121.122, "Domínguez", sent. de 27-XI-2019 y L. 125.348, "Sánchez", resol. de 12-II-2021).
III.1.b. En ese contexto, la interesada no evidencia la configuración del mentado vicio, pues las alegaciones que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión en orden a las conclusiones arribadas por el sentenciante respecto al modo en que considera que aquél debió definir la determinación económica de la reparación de la minusvalía padecida, criterio que, indudablemente, no puede sustituir al de los jueces de mérito (causas L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014; L. 124.720, "Allerbón", resol. de 29-VI-2020 y L. 1.244.783, "Martínez", resol. de 24-VIII-2020).
III.1.c. Para terminar, no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018; L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por Provincia ART S.A., se denuncia absurdo, así como errónea interpretación de las normas que rigen el régimen de los accidentes y enfermedades profesionales, y los alcances de las obligaciones de las aseguradoras. Asimismo, acusa la aplicación errada de las disposiciones que gobiernan la distribución de las cargas probatorias.
Se agravia concretamente de la condena a abonar un siniestro que no constituye una contingencia laboral en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo, vulnerando su art. 6 y el decreto 659/96. En tal sentido, cuestiona que el pronunciamiento se haya basado en la pericia médica, como prueba adecuada para reputar existente el carácter laboral de la patología cardíaca que porta el actor.
Finalmente, objeta la tasa de interés impuesta sobre el capital de condena, por considerarla distorsiva.
IV.1. El recurso no es de recibo.
IV.2. En primer lugar, corresponde observar que determinar tanto la existencia de la relación causal o concausal entre el infortunio sufrido por el trabajador y/o las características de las tareas por él realizadas, y la minusvalía que lo afecta, como el análisis del material probatorio, son facultades privativas de los jueces de mérito, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración del absurdo (causas L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014; L. 122.053, "Montecitos", resol. de 10-IV-2019 y L. 124.789, "Díaz", resol. de 21-IX-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
IV.2.a. En el caso, si bien la recurrente denuncia el mentado vicio, sus alegaciones no son hábiles para comprobarlo, pues sólo exteriorizan una mera discrepancia con el pronunciamiento de origen en torno a la definición fáctica censurada, apoyándose en un nuevo análisis del material probatorio obrante en la causa según su personal criterio valorativo, método que reiteradamente esta Corte ha considerado ineficaz a dichos fines (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019 y L. 123.185, "Romero", resol. de 19-II-2020).
En efecto, la impugnante no concreta una réplica idónea que desvirtúe el razonamiento del sentenciante de grado, para quien las pruebas producidas en autos -especialmente la experticia médica- resultaron suficientes para acreditar que las secuelas que padece el actor por el infarto de miocardio sufrido guardan directa relación con la actividad desarrollada para su empleadora.
IV.2.b. En particular, y ante el reproche que gira en torno a la pericia médica, así como a su ponderación, corresponde memorar que en la tarea de valoración de la misma, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 123.054, "Militello", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.771, "Ruiz", resol. de 21-IX-2020 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020), el cual, como se anticipó, no logra ser acreditado.
IV.2.c. Tampoco evidencia la recurrente que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
IV.3. Para finalizar, no puede prosperar la crítica por la que se cuestiona la tasa de interés pasiva más alta aplicada por el tribunal de grado al capital de condena.
Al respecto, corresponde destacar que en la causa L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016, esta Suprema Corte-por mayoría-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016; L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016 y L. 119.603, "Quetglas", sent. de 6-XI-2019.
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas que me preceden y, respecto de lo resuelto en relación a la tasa de interés remito -en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. gr. L. 118.587, "Trofe", y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016, y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos, en tanto los agravios tratados en los puntos III. y IV.2. han sido insuficientemente fundados y el abordado en el punto IV.3. ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2021 18:55:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 20:03:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/03/2021 16:16:56 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/03/2021 11:27:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2021 09:02:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia