Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122656
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en lo que interesa destacar, hizo lugar a la demanda incoada por Héctor Javier Barrasa -luego continuada por sus sucesores universales- condenando en forma solidaria a Julio Alfredo De La Vega y a Asociart ART S.A., a pagarle a Bárbara Maylen Barrasa y a María Yanet Barrasa, la suma que indicó en concepto de indemnización por accidente de trabajo, lucro cesante, daño material y moral con fundamento en el derecho común; con más intereses fijados en la forma que estableció (v. fs. 833/6874 vta).
Para así decidir, juzgó probado que Barrasa sufrió un infortunio laboral por el hecho y en ocasión del trabajo, en el campo donde se hallaba trabajando en beneficio del demandado De La Vega, manipulando durante extensas jornadas bolsas de papas bajo la guarda del empleador. Asimismo, estimó que la aseguradora no cumplió con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo, ni con la capacitación tendiente a evitar el siniestro. Tampoco tuvo por acreditada la culpa o negligencia del actor o de un tercero por el cual las accionadas no deban responder.
II. Contra dicha decisión, la aseguradora demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 893/903 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 905. Habiéndose conferido vista al Procurador General en el proveído de fecha 27-XI-2020 (v. dictamen de fecha 30-III-2021).
En su presentación denuncia absurdo en la valoración de la prueba, violación del principio de congruencia, de la doctrina legal que cita y errónea aplicación de diversas normas de la ley 24.557. Invoca la doctrina de la gravedad institucional.
En tal sentido, se agravia, en lo esencial, de la condena solidaria que le fue impuesta, alegando que el sentenciante se apartó de la pericia médica. Señala que -en el caso- se aborda una típica enfermedad inculpable, independiente del trabajo y preexistente. Afirma que no es carga de las aseguradoras el deber de seguridad e higiene en el trabajo, sino del empleador.
Por otro lado, cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto dispuso que se liquiden intereses desde la primera manifestación invalidante. Al respecto, argumenta que el sistema de riesgos del trabajo prevé que los accesorios se deben desde que la prestación debió ser abonada y que, en este supuesto, su parte se vio imposibilitada de asistir al interesado, en tanto nunca recibió ninguna denuncia del trabajador o del empleador de la dolencia por la cual se la condena.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el capital de condena- no supera el importe mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Luego respecto del reproche dirigido a objetar desde cuándo debieron liquidarse los intereses sobre el capital de condena, la recurrente omitió cumplir con la carga procesal que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la citada norma para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021 y L. 124.717, “Cueva”, resol. de 4-III-2021; e. o.), al punto tal que ni siquiera estableció cómo estaría representado el mismo, ni cuantificó su importe.
Lo expuesto evidencia que no demostró el cumplimiento del requisito esencial normado en el mencionado art. 278, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial, falencia que no puede ser salvada por esta Corte, que -al respecto- expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la carga de acreditar que el valor de lo cuestionado excede la cuantía mínima fijada por la ley como recaudo de su admisibilidad (causas L. 122.894, "Casa", resol. de 14-VIII-2019 y L. 124.457, "Ramos", resol. de 3-VIII-2020).
Siendo ello así, el remedio procesal en examen, solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.2. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, tales como son, la valoración de los hechos y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021 y L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021).
Tampoco se advierte configurado en la especie el supuesto habilitante, toda vez que las doctrinas citadas como infringidas en el escrito recursivo, han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gomez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021).
III.3. Además, es dable recordar que la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, la emanada de la Corte nacional y la que deriva de la opinión de los autores, no constituye doctrina legal en los términos señalados (causas L. 126.487, "González", resol. de 8-II-2021; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
III.4. En cuanto al agravio destinado a cuestionar la fecha determinada por el Tribunal desde la cual se devengaron intereses en favor del actor, tampoco se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que resultan ineficaces las citas doctrinales traídas, en tanto la interesada limita su impugnación a su mera enunciación, sin explicar cómo o en qué forma habrían sido vulneradas. En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica de los recurrentes denunciar la doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se produjo (causas L. 121.311, "Encina", resol. de 26-IX-2018 y L. 124.717, "Cueva", resol. de 4-III-2021).
III.5. Finalmente, sobre la pretendida gravedad institucional invocada, se impone señalar que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera existencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la presencia de una con las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la misma, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (causas L. 123.376, "Parolini", resol. de 14-VIII-2019 y L. 124.132, "Velázquez", resol. de 23-IX-2020; CSJN, Fallos: 303:221).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2021 16:53:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/05/2021 20:04:26 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2021 15:24:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 11:06:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 14:21:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia