Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123457
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley traídos y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto declaró su aptitud jurisdiccional para entender en la presente causa.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 289 y 298, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, en el marco del juicio iniciado por Mónica Beatriz Alonso contra La Segunda Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A., en procura del pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales por la incapacidad que dijo contraer como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 21 de abril de 2016, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557, 1 de la ley 14.997 e inaplicable a este proceso el art. 1 de la ley 27.348 y su competencia para entender en las presentes actuaciones (v. fs. 156/160).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 20-II-2019) -que fueron concedidos a fs. 163/164 vta.-, habiéndose conferido vista del primero al señor Procurador General.
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad deducido, la impugnante denuncia la violación del art. 168 de la Constitución provincial.
Sostiene que el tribunal de grado omitió el tratamiento de una cuestión esencial para la resolución de la litis, como lo es -a su juicio- la aplicación al caso de la ley 27.348 a los fines del tránsito de la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio, allí contemplada por parte del reclamante.
III.1.b. Sobre el particular, corresponde señalar que la cuestión que se invoca preterida fue abordada por el tribunal de grado al declarar expresamente "inaplicable a este proceso" la mencionada normativa (v. fs. 159 y vta.), por lo que resulta evidente que el agravio traído se encuentra dirigido a objetar -en rigor- el acierto jurídico de la decisión, lo que resulta ajeno al ámbito del medio de impugnación interpuesto(causas L. 120.325, "Pérez", sent. de 29-V-2019; L. 120.553, "Maldonado", sent. de 24-VIII-2020 y L. 121.197, "Cevey", sent. de 31-VIII-2020; e. o.).
Por lo demás, también se halla marginada de examen la alegación fundada en la afectación de garantías constitucionales (causa L. 98.699 "Juárez", sent. del 21-XII-2011; e.o.).
Finalmente, resta precisar que el fallo atacado -observando el mandato constitucional contenido en el art. 171 de la Constitución provincial- se encuentra fundado en ley, y no corresponde analizar -como se anticipó- su incorrecta o deficiente fundamentación jurídica (causas L. 116.963, "Lloret", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.636, "Medina", sent. de 28-II-2018; e. o.).
IV. Respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, cabe señalar que los agravios que definen su contenido deben ser desestimados, toda vez que al momento de interposición de la demanda (esto es, el día 15 de mayo de 2017; v. cargo de fs. 67 vta.) la ley de adhesión 14.997 (B.O. de 8-I-2018) no se encontraba vigente, encontrándose -por ende- la decisión del tribunal de grado ajustada al criterio delineado por esta Suprema Corte en la causa L. 121.895, "Orellana", sent. de 17-VI-2020, a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley traídos y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto declaró su aptitud jurisdiccional para entender en la presente causa.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 15:39:40 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:04:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:52:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 23:10:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 14:11:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia