Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125980
I. Contra el pronunciamiento de esta Suprema Corte que rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora con fecha 23 de julio de 2020, ésta interpone recurso extraordinario federal en el que alega la vulneración de las garantías previstas por los arts. 14, 14 bis, 16, 18, 28, 75 incs. 18, 19 y 22, 109 y 116 de la Constitución nacional; 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 8.1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. Resol. de fecha 23-III-2021 y presentación electrónica de fecha 7-IV-2021).
II. Ordenado el traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído electrónico de fecha 9-IV-2021), el mismo no fue contestado.
III. En su presentación, desde un doble orden de razones -conforme se expondrá a continuación-, la recurrente intenta descalificar el pronunciamiento de esta Suprema Corte que, con ajuste a lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 121.939, "Marchetti", sent. de 13-V-2020; L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo", sents. de 28-V-2020, en lo vinculado a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), confirmó el fallo del tribunal de grado y, en consecuencia, su falta de aptitud jurisdiccional en este estado para entender en la presente causa (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.1. De un lado, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, denuncia que el fallo en crisis no puede convalidarse porque se encuentra desprovisto de una adecuada fundamentación.
En ese sentido, alega que el tribunal sentenciante arribó a la decisión que se impugna sin brindar tratamiento alguno respecto de los argumentos que la actora expuso en la demanda para justificar el planteo de inconstitucionalidad del régimen especial previsto por la ley 27.348, referidos a: la ausencia de independencia e imparcialidad de las comisiones médicas; falta de razonabilidad del nuevo sistema al pretender extraer los conflictos de los tribunales de trabajo para otorgar una previsibilidad y viabilidad económica a las aseguradoras de riesgos del trabajo; por hallarse vinculada la contienda a materia de derecho común y no federal; transgrediendo además el derecho de igualdad, los principios de progresividad e irrenunciabilidad y las disposiciones contenidas en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, en cuanto reglamenta los códigos de fondo y remite a las jurisdicciones provinciales el tratamiento de las cuestiones comunes, resultando inconstitucional que una contienda entre particulares sea resuelta por un organismo federal inserto en el Ministerio de Trabajo de la Nación y dependiente del Poder Ejecutivo Nacional.
III.2. Del otro, entiende que se halla configurada en la especie una cuestión federal genuina (definida en los términos del art. 14 inc. 2 de la ley 48) al encontrarse en juego la validez constitucional de la ley 27.348.
En este aspecto, señala que lo resuelto en autos desconoce los derechos constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y control judicial suficiente de lo actuado en sede administrativa, a la vez que transgrede la garantía de acceso a los jueces naturales.
Expresa además, que la intención de quitarle al trabajador -sujeto de preferente tutela constitucional- su derecho a accionar ante la justicia laboral, constituye una discriminación en beneficio de las aseguradoras de riesgos del trabajo que no supera el test de razonabilidad consagrado por los arts. 14 y 18 de la Constitución nacional.
IV. Con apoyo en lo que de seguido se expondrá, el embate revela el cumplimiento de las condiciones que habilitan la instancia federal.
IV.1. En lo concerniente a la arbitrariedad alegada no se advierte que en el escrito recursivo se formulen cuestionamientos suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN; Fallos 249:530; 250:373; 252:164; 310:1542; 322:1888).
En efecto, la argumentación que contiene el recurso no abastece la carga de una adecuada fundamentación, toda vez que no constituye más que una diferencia de opinión con el contenido de la decisión, insuficiente para habilitar la competencia federal que autoriza el art. 14 de la ley 48.
En orden a lo expuesto, es dable recordar que el más alto Tribunal de la República ha declarado que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, toda vez que su intervención se circunscribe a descalificar a aquellos que, por la extrema gravedad de sus desaciertos u omisiones, no pueden adquirir validez jurisdiccional (CSJN causas G.1999.XL "Gobet, Jorge Aníbal c/ Telefónica Argentina Entel Estado nacional s/ accidente de trabajo", sent. de 13-VI-2006; Fallos: 324:3421 y B.75.XLII "Benítez, Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero S.A. y otros s/ despido", sent. de 22-XII-2009, cons. 3°; e.o.).
IV.2. En cambio, corresponde brindar apertura de la instancia federal respecto de los agravios afincados en la supuesta transgresión de las garantías de defensa en juicio, acceso irrestricto a la justicia y juez natural, pues en este punto el remedio se muestra, prima facie valorado, hábil e idóneo para dar sustento a la pretensión de que sea considerado por el carril que autoriza el art. 14 de la ley 48, exhibiendo además la cuestión federal invocada relación directa e inmediata con el objeto del pleito y lo decidido en esta sede extraordinaria (arts. 14 y 15, ley 48).
Por lo dicho en el punto IV.2., encontrándose cumplida la condición de la habilitación de la instancia y demás requisitos formales exigidos por la citada ley y Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia
Conceder el recurso extraordinario federal deducido.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y remítase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2021 15:59:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2021 22:18:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2021 09:45:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2021 17:17:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2021 08:46:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia