Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126830
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, en lo que interesa, rechazó la demanda promovida por Alejandro Lista contra la Provincia de Buenos Aires en cuanto pretendía el cobro de una indemnización por la incapacidad laboral derivada del accidente de trabajo que dijo haber protagonizado (v. fs. 420/427 vta.).
Para así decidir, tras valorar las pruebas producidas en la causa, juzgó no acreditado que el accionante hubiera sufrido el infortunio por el que reclamó en autos, ni que la disminución de su capacidad laborativa tuviera relación causal con las labores realizadas para la demandada.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 428/440), concedido por el a quo a 441.
En su presentación, cita las normas y doctrina que considera violadas.
En sustancia, bajo la denuncia de absurdo, cuestiona la valoración de la prueba y la interpretación de los escritos constitutivos del proceso. Alega violación del principio de congruencia pues sostiene que el juzgador de origen determinó erróneamente las cuestiones a resolver. En ese sentido, afirma que el a quo circunscribió el examen a la eventual existencia de un puntual accidente de trabajo, marginando de todo análisis las tareas que, como docente, desempeñó el actor a lo largo de su carrera resignando evaluar si éstas podrían haber causado una enfermedad profesional.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado en el caso por el monto de lo reclamado en la demanda de cuyo rechazo se agravia (v. apartado III. de la presentación)- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
III.2. Sentado ello, cabe destacar que luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 278, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Cabe agregar -como también ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.381, "Blanco" y L. 123.904, "González", resols. de 18-XII-2019).
III.3. Por lo expuesto, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
III.4. En ese contexto, la postulación resulta inadmisible.
Ello, en tanto los cuestionamientos que porta la impugnación, en cuanto se estructuran sobre la denuncia de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y las circunstancias fácticas de la causa -materia reservada privativamente a los jueces de grado, quienes tienen amplias atribuciones para delimitar el ámbito litigioso y determinar las cuestiones que integran la relación jurídico procesal- y en la alegada transgresión al principio de congruencia, exceden el estrecho marco de revisión que provee el art. 55 de la ley 11.653 ya citado (causas L. 98.026, "Gómez", sent. de 2-VII-2010; L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017 y L. 120.800, "Felita", sent. de 13-XI-2019).
Por lo demás, y en razón de los precedentes invocados por el interesado, corresponde recordar que reiteradamente ha dicho esta Corte que no se observa la concurrencia de la mentada excepción, en el sentido y con el alcance establecido por esta sede casatoria, cuando la doctrina que se invoca como violada refiere al vicio de absurdo (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019), ni tampoco cuando las citas jurisprudenciales aluden al principio de congruencia (causas L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.766, "Clemente", resol. de 28-X-2015 y L. 119.670, "Castagnola", sent. de 10-X-2018).
Finalmente, la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte y no de los fallos de otros tribunales o de la doctrina de los autores (causas L. 117.861, "Ale", sent. de 10-VI-2015; L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2021 20:30:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2021 10:10:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2021 11:51:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:12:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:47:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia